LA CORTE DE LOS MILAGROS

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De curas, líderes sindicales, penales y cosas peores

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Este jueves un grupo de entre 80 y 100 amigos se reunirá en el Salón Country de la colonia San Manuel para festejar con un banquete al párroco del templo de Xonaca, Froilán González Pérez, con motivo de su cumpleaños número 75.

Los enterados del tema aseguran que en el banquete habrá dos tipos de comida: oaxaqueña y poblana. La primera será de la región del Istmo, y la segunda de la zona de Tochtepec, de donde es originario Monseñor Froilán.

Los 75 años del sacerdote católico, muy socorrido por la clase política poblana dada su cercanía con los últimos arzobispos de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco y Víctor Sánchez Espinosa, se cumplieron el martes 17 de junio.

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El destronado líder sindical del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, ya promovió un amparo contra la directora de Ceresos del estado, que ordenó su traslado por supuestas razones de seguridad del penal de Cholula al penal de Tepexi de Rodríguez, en pleno corazón de la Mixteca poblana.

Su solicitud de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito quedó registrada bajo el número 726/2014, y las posibilidades de que lo obtenga son amplias, considerando que Israel Pacheco no ha sido sentenciado por el delito o delitos por los fue detenido el sábado 12 de abril.

La audiencia constitucional en la que la justicia federal resolverá si otorga o no el amparo a Israel Pacheco se fijó para el 8 de julio a las 11:37 horas.

La orden de traslado del destituido líder del Sindicato Unido de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, al penal de Tepexi, se firmó el 14 de mayo. Su defensa penal se encuentra a cargo del abogado José Luis Zimbrón Vidal.

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Quien ya consiguió su regreso al Cereso de Puebla, tras ampararse contra su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez, es Leonardo Tiro Moranchel, principal socio accionista de Sitma, empresa inmobiliaria que defraudó con cerca de mil millones de pesos a cientos de familias Puebla y otros estados circunvecinos.

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Si de por sí es grave el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y alta la incidencia de delitos de alto impacto en la Mixteca poblana, con la decisión del procurador Víctor Carrancá Bourguet de cerrar todas las oficinas del Ministerio Público y comandancias de la Policía Ministerial asentadas en edificios o casas de alquiler, lo más probable es que la inseguridad en esta región del estado se dispare.

Quienes al interior de la PGJ de Puebla decidieron cerrar las oficinas de la dependencia en varios municipios y cabeceras distritales, argumentando falta de recursos para cubrir las rentas, y ordenaron que los agentes y policías ministeriales se concentren en las instalaciones centrales de la Procuraduría o que vayan y regresen todos los días a las plazas donde están adscritos, no conocen el estado o se hacen como el Tío Lolo.

¿O usted cree que un agente del Ministerio Público o un comandante de la Policía Ministerial, por muy responsable que sea, va a ir y regresar todos los días de Puebla a Acatlán de Osorio y viceversa, cuando en cada viaje se hace por lo menos tres horas?

¿Hasta cuándo en estos municipios y cabeceras distritales se reanudarán los servicios de la PGJ?

¿No sería más fácil que en estas poblaciones los alcaldes fueron presionados a pagar las rentas de las oficinas de la PGJ, tal como se hizo con los leoninos contratos de prestación de servicios del alumbrado público, en vez de dejarlas sin ministerios públicos y policías ministeriales?

¿Por qué se gasta tanto dinero en cuestiones superfluas y banales y en otras que resultan fundamentales o básicas no hay dinero?

¿Será por eso que la encuesta del Inegi ubicó a Puebla como el tercer estado más corrupto del país en 2013 y con el peor nivel de satisfacción de sus contribuyentes respecto al trato que reciben de funcionarios y servidores públicos que los atienden?

Conste que son preguntas.

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Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Pero qué necesidad…

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Los terrenos de San Andrés Calpan, que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguró a Grupo Inmobiliario Sitma, como garantía para la reparación del daño de cientos de afectados por esta empresa, fueron ya embargados a favor de 14 clientes, entre los que figuran Tomás Alarcón y María Eugenia Murgia.

Esto significa que si el gobierno estatal pretendía hacerse de tales terrenos para venderlos y, con el producto de esa transacción reparar el daño causado a docenas de defraudados de Puebla y otras ciudades de la entidad, alguien se le adelantó.

Y ese alguien es el bufete jurídico «Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C.», dirigido por Fernando Urbano Castillo Pacheco, que este jueves logró que el juez tercero de distrito, Juan Pablo Bonifaz Escobar, ordenara el embargo de las 87 hectáreas que estos terrenos comprenden.

El embargo quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad con motivo de diversos juicios ejecutivo mercantiles promovidos por el despacho Ibarra, Castillo y Santander Abogados, en contra de Leonardo Tiro Moranchel, Grupo Sitma, y las empresas de éste: Construcciones Mauri, Inmobiliaria Loreti y Servicios Inmobiliarios y Computación, que figuran como copropietarias de los predios embargados.

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Flaco favor le hacen a Javier López Zavala, y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla los funcionarios del gobierno del estado que han llevado a diferentes columnistas y medios de comunicación las encuestas del CISO que ubican al secretario de Desarrollo Social del estado como el puntero en la contienda interna del PRI por la gubernatura de Puebla.

Lo primero que dejan ver con su actitud es que no lo hacen de motu propio, sino por encargo de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, y que éste lejos de asumir un rol de imparcialidad en la sucesión gubernamental actúa como jefe de campaña de aquel.

El hecho de que no filtren toda la encuesta del CISO, sino sólo cuatro páginas, más la ficha metodológica, deja también la impresión de que el estudio de opinión fue rasurado para ocultar información o porque hay páginas que podrían arrojar una lectura diferente a la versión oficial.

Pero lo más delicado, es que en aras de revertir la idea del empate técnico vendida por el expresidente municipal Enrique Doger, los funcionarios marinistas están comprometiendo la pluralidad de la BUAP y el prestigio de un Centro de Investigación como el CISO, al que a fuerza de periodicazos quieren convertir en una especie de legitimador mediático del Proyecto Z.

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Simón dice:

«De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos».

Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931). Pintor y escritor español. 

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