Aunque el gobernador substituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha dicho que por el momento descarta que vaya a realizar cambios en el gabinete que heredó de Luis Miguel Barbosa Huerta, la verdad es que sí lo hará y éstos incluirán a las dependencias clave de la administración estatal.

Los ajustes como se lo había anticipado se darán en enero y pondrán de manifiesto que en los casi dos años que le restan, Céspedes Peregrina buscará imprimirle su sello personal.

¿Qué significa eso?

Que el nuevo gobernador reemplazará a varios secretarios del gabinete legal y ampliado, pero sin rompimientos y sin cacería de brujas, en el entendido de que la nueva administración necesita operar y dar resultados en el corto plazo con la gente que conoce y goza de su confianza.

Céspedes Peregrina se comprometió con el presidente Andrés Manuel López Obrador a ganar en Puebla las elecciones de 2024 a favor de Morena y sus candidatos, y sabe que para eso su gobierno necesita dar resultados en materia de obra pública, seguridad, crecimiento económico y desarrollo social, y que sólo así mejorará la percepción de los ciudadanos y aumentarán los bajos indicadores de aprobación que le heredó Miguel Barbosa.

A estas alturas, el gobernador Céspedes ya tiene claro en qué dependencias realizará ajustes, cuáles de los secretarios y secretarias, coordinadores y directores del primer círculo del gabinete serán reemplazados y quiénes serán los que lo sustituyan.

De hecho, se sabe que han sido invitados al nuevo gobierno políticos y empresarios que militan en otros partidos diferentes a Morena, con el compromiso de que antes de incorporarse al gabinete legal y ampliado renuncien o se separen de éstos.

Otra cuestión que se pondrá de manifiesto con los próximos cambios al gabinete es la desaparición de las corcholatas barbosistas, es decir de los secretarios que se habían destapado como aspirantes a la gubernatura de Puebla con miras al 2024.

En la nueva estructura gubernamental, Céspedes Peregrina ya no impulsará tres o cuatro opciones para sucederlo, como sucedía en la gestión de Miguel Barbosa, sino un solo proyecto, y un conjunto de acciones encaminadas a cumplirle al presidente López Obrador la promesa de que en Puebla la Cuarta Transformación ganará las elecciones de 2024.

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Si las relaciones entre el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, y el anterior director general del organismo, José Antonio Bretón Betanzos, eran pésimas, las que mantiene con la actual directora Marcelina Sánchez Muñoz son francamente nocivas.

A tal grado, que uno y otra han convertido al Instituto en campo de batalla de sus confrontaciones y zancadillas políticas, en al menos cinco frentes, en perjuicio del desarrollo, organización, credibilidad y certidumbre del proceso electoral en marcha.

El primer frente de batalla lo es la investigación sobre la desaparición y venta del material electoral en buen estado, por parte de Marcelina Sánchez, en perjuicio del patrimonio del IEE.

De acuerdo con distintos oficios y memorandums que el propio presidente del Instituto ha circulado, Marcelina Sánchez sería responsable de la desaparición de urnas, mamparas y otros materiales que se adquirieron para el proceso electoral del 2007 —en alrededor de 8 millones pesos— y que en las elecciones de julio de este año serían reutilizados.

En febrero de 2009, siendo directora de Organización Electoral, Marcelina Sánchez reportó la existencia en buen estado de 5,340 urnas para la elección de miembros de ayuntamientos, de 5,440 urnas para la elección de diputados, así como otros materiales y utensilios electorales como cintas de seguridad, cajas contenedoras y tijeras.

El caso es que diciembre del mismo año, la Contraloría Interna del Instituto emitió un reporte al consejero presidente de la Comisión Administrativa, Miguel David Jiménez López, informándole que en bodega sólo se hallaron 1,700 urnas de la elección de miembros de ayuntamientos, y 1,700 mamparas, las cuales fueron vendidas al ingeniero Roberto Ruiz Ríos en 129 mil pesos.

La investigación que el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, solicitó para saber qué pasó con el grueso de las urnas y mamparas que Marcelina Sánchez reportó en buen estado, sigue empantanada, por la negligencia del contralor interno del Instituto, Paul Rodríguez Barragán, y de la hoy directora general del Instituto.

Un segundo punto de conflicto entre el presidente del IEE y la directora general es la resolución de la Contraloría Interna sobre el desempeño de Verónica Paola Cruz Castillo como encargada administrativa hasta el viernes 6 de noviembre de 2009.

Marcelina Muñoz apoya la resolución del contralor Paul Rodríguez para que la exprotegida de Jorge Sánchez —a quien se le responsabiliza de la pérdida de los depósitos que el Instituto pagó por la renta de diversos inmuebles en las elecciones de 2007— sea sancionada e inhabilitada del servicio público un año, cuestión a la que el susodicho se opone, postergando el tema en las sesiones y mesas de trabajo del Consejo General.

El cambio de sede del Instituto, de las oficinas de 15 Poniente 3515 de la colonia Belisario Domínguez, al edificio del boulevard Atlixco 2103, es otro motivo de controversia.

Jorge Sánchez no sólo se abstuvo en la votación donde los consejeros decidieron cuál sería la nueva sede del Instituto, sino que ha dejado correr la especie de que ésta obedece a un pago de facturas de Marcelina con los hijos de quien fuera su jefe en el ISSSTEP, el extinto Miguel Martínez Villalpando, propietarios del edificio del boulevard Atlixco.

La jerarquía sobre algunos directores y funcionarios que noviembre de 2009 llegaron al Instituto, muchos de ellos sin antecedentes en el Servicio Electoral Profesional del IEE, es un cuarto campo de batalla entre el consejero presidente y la directora general del organismo.

A diferencia de lo que ocurría hasta noviembre de 2009, donde Jorge Sánchez hacía y deshacía en la Dirección Administrativa, con la complicidad de la entonces encargada de despacho Verónica Paola Cruz, el margen de acción del consejero presidente en esta y otras direcciones del Instituto ahora es limitado.

De entrada, el nuevo director Administrativo, Francisco Rivera Morán, no fue propuesto por él, sino enviado por la Secretaría de Finanzas y Administración para poner orden en el Instituto.

El nuevo contralor interno Paul Rodríguez Barragán —quien de 2004 a 2007 fue jefe de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General del IEE, de la que salió por diferencias con José Antonio Bretón — tampoco es una propuesta suya, sino de los consejeros Paul Monterrosas Román y Joel Paredes Olguín.

De la actual estructura administrativa y operativa del IEE, el consejero presidente sólo tiene como aliado al director de Organización Electoral, Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, a quien incluso intentó llevar a la Dirección General, en lugar de Marcelina Sánchez Muñoz, cuyo nombramiento fue impulsado y consensuado por el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto, José Alarcón Hernández.

El quinto frente de batalla está relacionado con la falta de códigos electorales y el atraso en la impresión de éstos, lo que afecta a los consejeros distritales, que ahora tienen que andar sacando copias para saber cómo aplicar la legislación vigente.

Uno y otra se echan la culpa.

Para que el Instituto cuente con códigos requiere convocar a una licitación pública o convocar a un concurso por invitación a un mínimo de tres proveedores, lo que de cualquier manera demorará la dotación de ejemplares a los consejos distritales y municipales por otros 30 días.