Una partida de 120 mil pesos mensuales destinada al pago de tres asesores parlamentarios, es hoy motivo de fuertes diferendos entre los 15 legisladores de la bancada poblana del PRI en la Cámara de Diputados.

El origen del conflicto se remonta a la licencia que, como diputado federal propietario, presentó Juan Carlos Lastiri Quirós, para poder ser nombrado secretario de Desarrollo Social del estado, en sustitución de Javier López Zavala.

Con la salida de Lastiri Quirós, algunas diputadas federales, como Julieta Marín Torres, se pronunciaron por el despido de los tres asesores contratados por aquel, no sin antes reclamar para sí los sueldos que aquellos venían cobrando por el orden de los 120 mil pesos mensuales.

Según las cuentas de la legisladora federal por el distrito de Ajalpan, si la partida de asesorías se dividía entre los 15 diputados de la bancada priísta poblana, a cada uno le corresponderían 8 mil pesos adicionales.

Cuando Óscar Aguilar González se enteró de las maniobras y gestiones de Julieta Marín, con el apoyo de Blanca Estela Jiménez Hernández, María Isabel Merlo Talavera, Janet Graciela González Tostado y Leobardo Soto Martínez, para que el dinero de la partida de asesorías se repartiera entre ellos mismos, de inmediato puso el grito en el cielo.

De entrada, expresó que los 120 mil pesos mensuales no sólo cubrían el sueldo de los asesores, sino otros gastos administrativos de la fracción priísta.

Luego, encaró a las diputadas y diputados inconformes, advirtiéndoles que el grupo no podía quedarse sin asesores que los apoyaran en aspectos jurídicos y en la elaboración de iniciativas de ley y puntos de acuerdo.

Y al final no tuvo más remedio que acceder a las presiones de Julieta Marín y otros legisladores priístas, a los que tuvo que entregar no 8 mil pesos, sino 5 mil adicionales, a los 200 mil mensuales que ya de por sí cobran por concepto de dieta, pago de chofer y secretarios técnicos, vales de gasolina y tareas de gestión.

Pero la cosa no acaba ahí.

Resulta que dos de los asesores que dejó Juan Carlos Lastiri (José Antonio Argueta y Bernardo Barrios) —y que ya habían sido despedidos— regresaron a San Lázaro para ponerse de nueva cuenta al servicio de la bancada poblana del PRI.

Cuando se les dijo que ya no había presupuesto para cubrir sus honorarios, éstos respondieron que por eso ni se preocuparan, pues Juan Carlos Lastiri se haría cargo de los mismos.

Cuestión que ya provocó suspicacias entre los diputados poblanos, quienes se preguntan si esos «asesores» estarán siendo pagados con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social del estado o si a través de ellos Juan Carlos Lastiri querría seguir controlando el destino de la legisladores priístas que alguna vez coordinó.

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Javier Sánchez Galicia presentó este lunes una solicitud de licencia sin goce de sueldo, para separarse por tres meses de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, para integrarse de tiempo completo al PRI y a las campañas de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Lo anterior trascendió la noche de este lunes, en el marco de una cena que el candidato de la Alianza PRI-PVEM a la presidencia municipal de Puebla, Mario Montero Serrano, ofreció a columnistas y directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«El principal valor del dinero radica en que lo estimamos más de lo que vale.»

Henry-Louis Mencken (1880-1956). Periodista y escritor estadounidense.

Metrics, sin calidad moral para cuestionar al OFS 
Puja líder cenecista por un poblano para goberndor

Aún no concluye el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, y los problemas para el subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández Hernández ya comenzaron.

Hace unos días su despacho “Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales” perdió a uno de sus mejores clientes: Grupo Wal-Mart.

Este poderoso consorcio empresarial, que en Puebla se diversifica en los restaurantes Vips y El Porton, las tiendas departamentales Suburbia y las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Bodegas Aurrera y Superama, decidió removerlo como apoderado legal, tras una serie de escándalos laborales.

La gota que derramó el vaso fue un juicio promovido por César Navarrete Hernández en contra de Suburbia y que el despacho de Carlos Hernández perdió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde se supone que es imbatible, al actuar como juez y parte en los asuntos que se ventilan en ese tribunal laboral.

El trabajador, asesorado por el despacho Jara y Navarro, no sólo logró una sentencia favorable a su demanda por despido, sino que evidenció ante los medios de comunicación que siguieron su caso —El Sol de Puebla, de manera destacada— lo que todos los abogados en la JLCyA saben: que Carlos Hernández usa su cargo para hacerse de clientes y bloquear las demandas en perjuicio de sus representados.

De ahí que los directivos de este importante consorcio empresarial hayan tomado la decisión de finiquitar su relación profesional de más de diez años con Carlos Hernández, en aras de evitar nuevos escándalos y denuncias mediáticas, como las de César Navarrete y otras extrabajadoras de Suburbia como Virginia Rodríguez y Rosalinda Zenteno, que ya también litigan sus casos en las páginas de algunos diarios locales.

INTRAMUROS

Hace unos días se publicó en algunos medios y columnas políticas una evaluación efectuada por el despacho Metrics, Gestión y Consultoría, sobre el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Dicha evaluación puso por los suelos al OFS y el desempeño de su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, en materia de revisión y aprobación de más de 360 cuentas públicas de los años 2007 y 2008.

Según lo publicado en El Sol de Puebla, Poblanerías y Puebla on line, el multicitado reporte elaborado por el director general de la consultora Metrics, Rafael Zepeda Morales, obedeció a una petición del diputado local priísta Víctor Huerta Morales, en su carácter de secretario de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Aquí quiero detenerme.

De entrada hay que decir que Rafael Zepeda no es un consultor cualquiera. Para nada.

Se trata de un abogado con experiencia y oficio en la materia, que prestó sus servicios para el OFS hasta noviembre de 2007, primero como director del Comité de Auditoría de Desempeño y luego como director del Comité de Fiscalización.

Pero que además cuenta información privilegiada, no sólo por lo que a él se refiere, sino porque su hermano, que en algún tiempo fue su subordinado, trabajó hasta abril de 2009 como jefe del Departamento de Fiscalización Municipal, cargo que le permitía conocer en detalle qué presidentes municipales eran auditados y cuáles eran las observaciones y cargos que se les formulaban.

De ahí que a su salida del OFS, Rafael Zepeda tomara la decisión de constituir, junto con otros exfuncionarios de esta dependencia del Poder Legislativo, como Rafael Velasco Oliver, un despacho de asesoría jurídica dirigido a presidentes y expresidentes municipales con problemas en sus cuentas públicas.

En otras palabras, Zepeda y socios pasaron en menos de un  año, de octubre de 2007 a abril de 2008, de acusadores a defensores de presidentes y expresidentes municipales, a través del bufete Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La pregunta es: ¿se vale?

En un situación similar se encuentra el diputado Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora del OFS.

Y es que como presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 se le hicieron observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año nuevas observaciones por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

Ambos pliegos de cargos, hay que decirlo también, ya fueron solventados.

En estas condiciones y circunstancias, vale la pena preguntar: ¿Qué calidad moral puede tener la consultora Metrics para cuestionar el desempeño del OFS y su auditor general, o el diputado Víctor Huerta para proponer una unidad que supervise y evalúe la eficiencia de Hernández Quintana?

Verdad que muy poca…

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Hete aquí la respuesta a la pregunta dominical lanzada por las Angelopolitanas del diario Milenio Puebla: ¿qué alto funcionario, que aspira a la gubernatura, no resistió la indiferencia con que fue tratado por sus compañeros de partido y abandonó el acto de ayer al que fue invitado antes de que terminara?  Pista: su gente le pidió a los porristas de los candidatos a diputados lo vitoreasen, pero la respuesta fue negativa y el berrinche del personaje, mayor.

El susodicho funcionario fue el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, que fue incluso fue abucheado por algunos seguidores priístas de la profesora Julieta Marín Torres, candidata a diputada federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

Otro detalle que llamó la atención de ese mitin sabatino fue la insistencia del dirigente nacional de la CNC, Cruz López Aguilar, en el sentido de que su organización no tiene gallo para el 2010 y que este asunto lo deben definir los poblanos.

El énfasis que puso Cruz López en la palabra poblanos pareció llevar dedicatoria para el secretario de Desarrollo Social, quien por alguna razón tampoco fue invitado a la comida que el líder nacional cenecista encabezó en el hotel Holiday Inn con algunos políticos y candidatos poblanos como Jesús Morales Flores y Alberto Jiménez Merino.

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Simón dice:

“Aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber”.
 Anthelme Brillat-Savarín (1755-1826). Gastrónomo y escritor francés.

Salvo honrosas y contadísimas excepciones, los nombres que integran la lista de candidatos del PRI a diputados federales por la entidad están francamente para llorar.

La lista —que más bien parece tonta, por el bajísimo nivel político y parlamentario de la mayoría de sus integrantes— parece confeccionada no para ir a una elección difícil y competida, sino para mantener el equilibrio de las fuerzas y actores locales rumbo al 2010.

La primera lectura que, a vuelo de pájaro, puede hacerse de los candidatos del PRI es que el gobernador Mario Marín Torres y la dirigencia de su partido deben estar, seguramente, muy confiados en ganar los comicios del primer domingo de julio de este año.

De otra manera uno no se explica cómo el PRI puede atreverse a postular a personajes que, de antemano, se sabe que serán diputados del montón, es decir, del “Bronx legislativo”, que sólo sirven para levantar el dedo en las votaciones mas no para elaborar o discutir una iniciativa de ley, argumentar en tribuna o gestionar recursos extraordinarios para Puebla ante las instancias federales.

¿Qué pueden aportar al debate parlamentario figuras como Juan Carlos Lastiri Quirós, Francisco Ramos Montaño, Blanca Jiménez Hernández o Julieta Marín Torres? ¿Acaso algún día uno de ellos subirá a tribuna, aunque no sea más que para leer un documento redactado por alguien más?

Otra lectura que se desprende de los hombres y mujeres que ayer se registraron ante el PRI como candidatos, es que Marín y sus principales operadores siguen empecinados en mantener secuestrado al PRI poblano con políticos afines a su grupo, de pocas luces pero disciplinados e institucionales. No en balde la frase que, en corto, Marín ha repetido varias veces a sus secretarios de despacho: “Prefiero colaboradores leales antes que brillantes.”

Una tercera —y no menos preocupante— lectura, es que una parte de la mentada lista obedece en realidad a un reparto de cuotas entre grupos políticos y precandidatos a la gubernatura de Puebla.

Baso mi afirmación en lo publicado ayer lunes por Ricardo Morales, en su columna “Serpiente y Escaleras”, bajo el sugerente título “De cómo se palomeó la lista”, donde sostiene —palabras más, palabras menos— que los candidatos son producto del jaloneo y pataleo de dos de los aspirantes a suceder al gobernador Mario Marín.

“En la integración de la lista priista se mezclaron diversos intereses y de nueva cuenta se dieron los tradicionales encontronazos entre el secretario de Gobernación, Mario Montero, y el de Desarrollo Social, Javier López Zavala; así como las presiones de las organizaciones nacionales y personajes con suma influencia en las altas esferas del tricolor como Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones”.

Según Ricardo Morales, los candidatos pertenecientes al corral del secretario de Gobernación son: Carlos Peredo Grau, del distrito 3 de Teziutlán; Juan Pablo Jiménez Concha, del distrito 10 de San Pedro Cholula; así como Efraín García Bello, dirigente de los maiceros del estado, quien se inscribió como aspirante por el distrito 8 de Ciudad Serdán.

Y los de López Zavala: Juan Carlos Lastiri, del distrito 2 de Zacatlán; la diputada local Janet González Tostado, del distrito 5 de San Martín Texmelucan; el junior Francisco Ramos Montaño, del distrito 6 de Puebla; e Isabel Merlo Talavera, del distrito 13 de Atlixco.

La cuarta y última lectura que deja al descubierto la relación es que el PRI ya sabe que el PAN poblano no irá con candidatos fuertes a las elecciones federales sino más bien con figuras de relleno, de escaso liderazgo y pobre capital político y social, y con pocas o nulas oportunidades de ganar o de revertir las tendencias electorales que hoy le son negativas en la mayoría de los distritos de la entidad.

En otras palabras, el PRI sabe que la mayoría de los candidatos del PAN serán como los suyos: pura pipitilla.

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Simón dice:
¡Qué asquerosidad es todo esto! ¿No?
Kamel Nacif Borge, empresario y tahúr

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

De la lista (o listas) de nombres de posibles aspirantes del PRI a una diputación federal, publicada(s) en diferentes medios y columnas periodísticas, la gran duda que persiste es: ¿y dónde están los políticos marinistas que se encargarán de defender al gobernador en tribuna o de gestionar ante los secretarios o instancias federales obras, proyectos y recursos, como lo hace hoy el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Jorge Estefan Chidiac?

La constante en todas las listas (¿o serán tontas?), que hasta el momento se han difundido, es la ausencia de personajes de relevancia plenamente identificados con el gobernador en turno.

Aclaro: no digo que los nombres manoseados como posibles aspirantes a una diputación federal por cada uno de los 16 distritos electorales de la entidad no guarden ningún sentimiento de lealtad hacia el gobernador. No. Lo que cuestiono es que muy pocos de ellos muestran el talento o la capacidad necesarias para desempeñar un rol protagónico en la próxima legislatura federal.

Salvo honrosas excepciones, como Alberto Jiménez Merino ––que será postulado por el distrito de Izúcar de Matamoros––, la verdad es que la mayoría de los precandidatos del PRI a una diputación federal por el estado de Puebla parecen condenados a ser parte del montón, o del llamado “Bronx” legislativo.

Para empezar, son contados, contadísimos, los que tienen experiencia parlamentaria, y menos aún los que podrían llegar a presidir una de las 44 comisiones y comités de la Cámara Baja. Los únicos que, por su currículum y trayectoria, podrían aspirar a formar parte de la élite parlamentaria son Alberto Jiménez y María del Carmen Izaguirre Francos.

De los nombres que a la fecha se han ventilado, tampoco hay muchos que, desde ahora, pueda decirse que jugarán un rol importante en el debate parlamentario, la integración de comisiones o la construcción de la agenda legislativa.

El único que quizá logre desempeñar un papel estratégico, por su experiencia en temas de seguridad nacional y seguridad pública, y por su trayectoria en instituciones como el CISEN, la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, es Ardelio Vargas Fosado.

De los nombres y nombres que se han publicado, no hay uno que, ante una eventual crisis, escándalo o denuncia en contra la administración marinista, pueda encargarse de la defensa pública del gobernador en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Hoy esa función la realizan con decoro los priístas Alberto Amador Leal y Jorge Estefan.

¿Quién la hará en la siguiente legislatura?

¿A poco Fernando Morales Martínez o Julieta Marín Torres, o Antonio López Malo Capellini?

¿Verdad que no se ve de dónde?

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El senador Melquiades Morales Flores fue designado delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el estado de Sonora, donde este año habrá elecciones de gobernador y donde mantienen una fuerte disputa el Ejecutivo de aquella entidad, Eduardo Bours Castello, y el presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

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Uno de los mejores funcionarios y médicos del sector salud en Puebla, Miguel Ángel García Martínez, fue relevado ayer de la jefatura del Departamento de Trasplantes de Órganos.

En su lugar, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, nombró a Jesús Guzmán Cabrera, quien se desempeñaba como subcomisionado estatal de Arbitraje Médico.

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Simón dice:
«Hoy ya no tenemos detenidos políticos en hospitales psiquiátricos. Ahora cada uno puede hacer política, independientemente de su salud mental»
Valeriu Butulescu, escritor y político rumano.

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