Si el Congreso del estado se pone abusado y actúa con prontitud, Antonio Juárez Acevedo podría ser echado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) entre este miércoles y jueves.

Y es que al todavía comisionado de la CAIP se le olvidó solicitar en el juicio de garantías que promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito la suspensión del acto reclamado, es decir, la remoción que la LVII Legislatura local aprobó en su contra.

Pero si por el contrario, el Congreso se demora y deja correr los días, lo más seguro es que Juárez Acevedo se percate de su error y pida de inmediato que el juez ordene la suspensión de su destitución, en tanto se resuelve de fondo el amparo.

Los anteriores razonamientos, debo aclarar, no son míos sino de un despacho de abogados que brinda asesoría a la LVII Legislatura, y en particular al coordinador de Apoyo Parlamentario e Informática Legislativa, Gilberto Navarro Jiménez.

Dicho bufete se denomina Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C., y tiene entre sus integrantes al polémico Fernando Urbano Castillo Pacheco, quien antes, por petición del notario público José Bustos Jiménez, ofreció su asesoría al hoy defenestrado comisionado de la CAIP.

En un escrito de cuatro páginas, Fernando Castillo enfatiza que el Congreso debe actuar con prontitud, enviándole al presidente de la CAIP un oficio donde además de prohibirle a Juárez Acevedo el acceso a las instalaciones de la Comisión, se le retire el equipo físico, técnico, así como cualquier otro recurso material y humano que esté a su servicio dentro del organismo.

Para consultar con más detalle las recomendaciones de Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C. al coordinador de Apoyo Parlamentario del Congreso haga clic en los siguientes documentos.

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Este lunes y martes corrió como reguero de pólvora la versión de que Guillermo Nares Rodríguez había renunciado o solicitado licencia como director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, con el propósito de participar en las próximas elecciones para rector en la institución.

En breve entrevista, Nares Rodríguez me dijo que la especie era falsa, pero que está en espera de una reunión de trabajo con el rector Enrique Agüera Ibáñez después de la cual definirá si busca su reelección como director de la facultad de Derecho u opta por pedir licencia para estar de condiciones de contender por la rectoría de la BUAP.

Nares explicó que la versión a él también le llegó y que ésta puede tener su origen en una serie de licencias que el jueves se conocieron en el Consejo de Unidad de la facultad de Derecho por parte de profesores que solicitaron licencia para hacer una estadía en el extranjero o por superación académica.

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Simón dice:

“La ingratitud es hija de la soberbia”.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) Escritor español.

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotamil.com

Antonio Marín López, secretario de lujo en Salud
Letra muerta, las reformas al código electoral

¿En qué va a terminar el caso Juárez Acevedo?

A ciencia cierta no lo sé, aunque en estricto apego a derecho su caso debería terminar con su inmediata destitución como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), y el inicio de un procedimiento administrativo y penal por falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Juárez Acevedo no sólo violentó la convocatoria y el artículo 27 de la Ley de Transparencia, al participar y ser nombrado comisionado de la CAIP, pese a no reunir los requisitos de elegibilidad, sino que ha mentido recurrentemente sobre ese pasaje de su vida.

Cuando en el 2006 el Congreso del estado emitió la convocatoria para el nombramiento de tres comisionados propietarios y tres comisionados suplentes, clara y explícitamente se estableció que nadie que se hubiese desempeñado como dirigente de algún partido o asociación política durante los últimos tres años, podía ser designado para tal cargo.

Adicionalmente, la fracción V del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere de manera textual que “Para comisionado se requiere: No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación”.

Juárez Acevedo no puede argumentar demencia o ignorancia sobre este aspecto de la ley, y menos, como en su caso, tratándose de un abogado.

De ahí la conveniencia de que la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura, que esta semana revisará el expediente del presidente de la CAIP, no limite su acción al análisis de la procedencia o improcedencia de la remoción de Juárez Acevedo.

Que éste tiene que irse, es algo que se da por descontado.

Los diputados de la Comisión de Gobernación –que preside el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa– deben ir más allá de la destitución de aquel, una vez que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han resuelto que Juárez Acevedo era miembro y directivo de Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP.

El gobernador Mario Marín Torres o –en su defecto– el contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz también deberían pronunciarse por el inicio de un proceso administrativo y penal en contra de Juárez Acevedo, considerando que la CAIP era y sigue siendo un órgano del Poder Ejecutivo del estado.

Antes de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, la CAIP era un órgano auxiliar del Ejecutivo; hoy continúa como un órgano especializado de la administración pública estatal.

Dejar en la impunidad las falsedades, mentiras y violaciones legales cometidas por Juárez Acevedo, sería tanto como premiar a la opacidad y el cinismo de quien en la práctica ha sido el principal lastre de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, así como del descrédito de la CAIP como órgano garante del derecho a la información.

EN CORTO
La versión de que Antonio Marín López será el nuevo secretario de Salud de Puebla, en sustitución de Roberto Morales Flores es una magnífica noticia, que ojalá se confirme, no sólo porque se trata de un prestigiado hematólogo reconocido local y nacionalmente, sino porque se trata de un especialista en salud pública con amplia experiencia.

Antonio Marín es médico egresado por la UAP, con posgrado en el Hospital Civil de Puebla y especialidad en Hematología por el Instituto Nacional de la Nutrición de la ciudad de México.

Ha sido catedrático en las facultades de Medicina y Ciencias Químicas de la UAP, coordinador de la División de Enseñanza del Hospital Universitario de Puebla y jefe del Departamento de Hematología y Banco de Sangre del mismo nosocomio; director del Hospital General de Puebla (1994-1995), jefe del Departamento de Investigación y Enseñanza de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1996-1998), director general de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1998-1999), y director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (1999 a la fecha).

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Este fin de semana llegaron a mi buzón sendos correos electrónicos que documentan cómo las últimas reformas al código electoral del estado, plasmadas en el artículo 200 bis, tendientes a evitar las precampañas y el uso de recursos públicos con fines de posicionamiento político o clientelar, no sirvieron de nada.

En un primer mail, un lector de este espacio me envía tres fotos de bardas rotuladas con el apellido del ex presidente municipal de Puebla, Doger, en el municipio de Zaragoza, en la Sierra Norte de Puebla.

Las coloridas bardas llevan además de la palabra Doger la firma y logotipo de la asociación que el ex presidente municipal de Puebla utiliza para promoverse como aspirante a la gubernatura: el Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema).

El segundo mail contiene seis fotografías de anuncios espectaculares, tomadas en Ciudad Universitaria y en el campus de Tehuacán, en las cuales el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez aparece en obras, saludando a estudiantes y profesores, o dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la institución.

Este correo electrónico de un supuesto grupo de estudiantes rechazados de la UAP cuestiona: “¿Qué onda, no que no se puede usar la imagen de un funcionario público para promocionarse?

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El ex director y fundador de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, Ismael Ledesma Mateos, rendirá protesta el próximo jueves 11 de septiembre como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología.

La ceremonia, prevista para las 17 horas, tendrá lugar en el Paraninfo del Palacio de Medicina (Antigua Escuela de Medicina y también Palacio de la Inquisición) de la ciudad de México.

Durante el acto, el doctor Antonio Lazcano-Araujo, profesor de la facultad de Ciencias de la UNAM y experto internacional en el tema del origen del universo, dictará la conferencia magistral “El Origen de la vida, de Oparin al experimento de Millar: Atmósferas primitivas, atmósferas políticas”.

El doctor Ismael Ledesma, quien actualmente presta sus servicios como profesor investigador de la UNAM, ha publicado a la fecha dos obras: Historia de la Biología, y De Balderas a la Casa del Lago: La institucionalizacion de la Biología en México.

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El director de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla, Pedro Valdez Martínez, sigue empeñado en ganarse el repudio de los principales académicos de la institución, al insistir en su intentona de desaparecer la Maestría en Formación Docente para el ámbito regional.

La semana pasada, Pedro Valdez no sólo aumentó de 2000 a 4,500 pesos la cuota de inscripción para el propedéutico de este posgrado de calidad, sino que amenazó a los alumnos y profesores con cerrarlo, si no se inscribían al menos 15 estudiantes.

Su amago no deja de resultar absurdo, pues la verdad es que los 2,500 pesos adicionales que mensualmente tendrán que aportar los nuevos alumnos de la maestría, no garantizan nada, ni la calidad del posgrado, ni la permanencia de los profesores que actualmente integran su planta académica, y menos con el clima de hostilidad que desde la dirección de la UPN Puebla se impulsa contra varios de ellos.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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¿Con qué cara Puebla será sede la COMAIP?
Plataforma Cuatro, piedra en el zapato del IFE

El escándalo que envuelve al Congreso del estado y al cuestionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, podría alcanzar dimensiones nacionales. No exagero. Sólo analice el contexto.

De entrada, Puebla será sede, durante la última semana de agosto, de la IX Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya presidencia recayó —por razones propias de la organización del evento— en el ilegal e ilegítimo presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo.

Una semana antes de la Asamblea Nacional de la CAMAIP, el Congreso regresará de su periodo vacacional para entrar —según el dicho del presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— a fondo en la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, en especial ahora que su pertenencia y posición dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, al momento de su designación como comisionado de la CAIP, está más que demostrada.

¿Qué va a pasar el 19 de agosto, cuando el diputado Pablo Fernández del Campo y los demás legisladores de la Comisión de Gobernación conozcan oficialmente el expediente publicado el viernes por e-consulta, donde el IFE admite —por conducto de su director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar— que el presidente de la CAIP sigue siendo el secretario general de Plataforma Cuatro?

¿A poco la mayoría priísta del Congreso va a seguir sosteniéndolo, a sabiendas que su nombramiento es ilegal de origen?

¿Con qué cara Juárez Acevedo puede ser anfitrión en Puebla de los garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública de los 27 institutos y comisiones invitados a la IX Asamblea Nacional COMAIP?

Un ingrediente adicional para que el escándalo de Juárez Acevedo adquiera dimensiones nacionales, es la controversia que él mismo interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la afirmación del IFE sobre su pertenencia a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Juárez Acevedo basa su argumentación en un hecho sin duda controversial y controvertido: la ausencia de su firma en el acta constitutiva de Plataforma Cuatro.

El presidente de la CAIP sostiene que si tal documento no fue suscrito por él, entonces los actos y actuaciones posteriores de esta agrupación política nacional tampoco tienen validez legal, por lo que nadie puede acreditarle la representación de una organización que en términos formales jamás se constituyó.

Esta situación explica en parte la actuación poco diligente que ha mostrado el IFE en el caso Juárez Acevedo, primero ante la Contraloría del estado cuando ésta le requirió información sobre el cuestionado presidente de la CAIP y sus vínculos con Plataforma Cuatro, y luego ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.

En el oficio DEPPP/DPPF/3659/2008 que el IFE envió al Congreso del estado, el pasado 9 de julio, se reconoce que el acta constitutiva que da cuenta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, de fecha 8 de enero de 1999, “no obra en los archivos de este Instituto”.

Esta omisión no deja de resultar extraña.

¿Cómo el IFE, que por siete años financió con recursos públicos a Plataforma Cuatro, ahora dice que no cuenta con el acta constitutiva de esta agrupación política?

¿Cómo Juárez Acevedo, que por siete años gozó de las prerrogativas del IFE, ahora se inconforma ante el mismo organismo con el argumento de que no puede ser secretario general de una agrupación que legalmente nunca se constituyó, o al menos no con su firma?

¿Ahora entiende por qué le digo que la CAIP y su ilegal e ilegítimo comisionado presidente meterán a Puebla en otro escándalo nacional?

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La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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