LA CORTE DE LOS MILAGROS

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El Código de Proteo, o la propaganda oscura

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Este jueves participé, junto con la diputada electa Josefina Buxadé y mi colega del periódico Síntesis Mariano Morales, en la presentación del libro El Código de Proteo del politólogo Mauricio Saldaña Rodríguez.

Dicho texto, el tercero de la colección Polémicas de Ediciones de Educación y Cultura, que aborda el tema de la propaganda oscura y de sus perniciosos efectos sociales, me dejó las siguientes enseñanzas:

Que muchos son los políticos y consultores que se asumen como expertos en marketing o politing, pero contados aquellos que dominan los principios y conceptos teóricos de la propaganda o que siquiera conocen o han leído las motivaciones de sus creadores Adolfo Hitler y Joseph Goebbels.

Que en Puebla, como en otras ciudades de la República Mexicana, la mayoría de los periódicos y noticiarios de radio y televisión funcionan más como instrumentos de propaganda gubernamental o partidista que como medios informativos de la sociedad, a juzgar por los contenidos y materiales «noticiosos» que difunden, sobre todo en coyunturas electorales.

Que toda propaganda, aun la de aquellas organizaciones humanitarias o sin aparentes fines de lucro, debe verse con recelo y criticidad, pues lo que un mensaje propagandístico vende o promociona son expectativas, apariencias, percepciones; no realidades, ni proyectos viables y tangibles.

Como bien dice el autor «Aunque los mercadólogos insistan en que sus propósitos son nobles —por ejemplo, inducir al consumidor a la compra de un producto y con ello detonar decenas o cientos de empleos—, la realidad que no pueden ocultar es que la persuasión comercial en la que ellos fundamentan su trabajo, no tiene otro propósito que detener —por un instante— la capacidad reflexiva del inminente comprador, para aturdirlo lo suficiente con palabras, imágenes, sonidos que hagan del producto en cuestión una oferta atractiva, aunque más tarde el propio consumidor se pregunte por qué adquirió tal mercancía o tal servicio».

Que una buena campaña propagandística debe enfocarse preferentemente a las masas, a través de medios que lleguen a los individuos-masa con un nivel deficiente o posean una capacidad de razonamiento muy pobre, y con mensajes simples, emotivos, verosímiles y fáciles de entender y memorizar, dirigidos a las vísceras más que al cerebro.

Que los mensajes propagandísticos no funcionan si el portavoz central, los agitadores que los difunden y los miembros del equipo de campaña, no los asumen como propios, ni actúan en consecuencia, contagiando a las mayorías con su verdad.

Que la televisión es hoy por hoy el medio por excelencia para la manipulación propagandística, para cualquier lavado de cerebro en masa y para influir en el comportamiento de las personas, particularmente de niños y jóvenes, pues está comprobado —según las investigaciones del australino Frederick Edmund Emery del Instituto Tavistock— que la llamada caja idiota desactiva la capacidad cognitiva de la mente y logra un efecto similar al de un narcótico en el sistema nervioso central, convirtiendo al espectador habitual en un sujeto sugestionable y manipulable.

Que aquellos que compran servicios propagandísticos negros y oscuros terminan por depender de aquellos que los producen, de la misma manera que un drogadicto depende de la sustancia y de quien se la vende.

Que el discernimiento ciudadano es el mejor antídoto contra la propaganda negra y oscura, concebida con fines de control o manipulación social por gobiernos, partidos, mafias, organizaciones secretas y entes de poder.

Que las universidades, los intelectuales y los medios de comunicación deben convertirse en la conciencia crítica de la sociedad, para advertir a los ciudadanos de los riesgos de creer a pie puntillas todo aquello que los políticos —en su faceta de funcionarios, candidatos o dirigentes— ofrecen y hasta firman en presencia de notarios públicos.

Que un instrumento eficaz para combatir la impunidad declarativa de políticos y gobernantes es la creación de observatorios ciudadanos, con especialistas en la materia, que evalúen la coherencia, consistencia y factibilidad de lo que prometen a los votantes y gobernados.

Un ejemplo de lo anterior fue el portal Lupaciudadana.com que el director de la revista Letras Libres, Enrique Krauze, puso en marcha durante las elecciones presidenciales del 2006 para analizar las declaraciones de los entonces candidatos Felipe Calderón, Roberto Madrazo y López Obrador o el ejercicio, casi similar, que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias realizó en el reciente proceso para elegir gobernador de Puebla con las plataformas de Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968). Escritor argentino de origen italiano.

Saldos y retales de la CAIP

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Será a mediados de la próxima semana cuando Josefina Buxadé Castelán y sus abogados –entre los que no figura Fernando Urbano Castillo Pacheco— promuevan un amparo contra la decisión del Congreso del estado de nombrar a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Dicho amparo, a decir de la propia Josefina Buxadé, no tiene el propósito de echar abajo la designación de la ex titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, para que ella ocupe su lugar, sino sentar un precedente para que el Poder Legislativo se abstenga de elegir a comisionados que legalmente están impedidos para ocupar el cargo.

La ex comisionada fundadora de la CAIP dijo que por tal razón no pedirá en su amparo la suspensión del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra, sino que se revise el procedimiento y se emita una nueva convocatoria, ya que tanto aquella como su suplente Alexandra Herrera Corona incumplen con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

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Otro que también ya prepara su amparo contra la decisión unánime del Congreso del estado de revolcarle el nombramiento y destituirlo como presidente de CAIP, es Antonio Juárez Acevedo.

Este, a diferencia de Buxadé, sí solicitará antes de que concluya el año la suspensión del resolutivo aprobado el lunes pasado por la LVII Legislatura local.

Si esta solicitud procediera, los diputados locales estarían metidos en brete, pues por un lado tendrían como presidente de la CAIP a un personaje deslegitimado y sin autoridad moral, y a una comisionada impugnada por incumplir a cabalidad los requisitos que se exigen a los aspirantes a formar parte del órgano garante de la transparencia en la administración pública estatal.

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El teziuteco Jorge Carlos Juraidini Rumilla, quien se desempeñaba como director de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, fue separado del puesto y está sujeto a investigación, junto con otros funcionarios a su cargo y de la dependencia, por el accidente aéreo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pasado 4 de noviembre.

Carlos Juraidini es hijo del empresario y ex presidente municipal de Teziutlán, Miguel Juraidini Kuri y de la señora Petruca Rumilla Fayad.

Antes de incorporarse a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, Carlos Juraidini trabajó en Canadá como miembro del Servicio Exterior y más tarde como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde conoció a Elba Esther Gordillo, quien lo recomendó para trabajar en el gobierno calderonista.

En las investigaciones que se realizan en torno al accidente del Lear Jet 45 en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, el titular de la Dirección de Adquisiciones de Gobernación aparece como uno de los responsables de la compra de la aeronave de segunda mano, y de la contratación de los pilotos sin experiencia, así como de su deficiente capacitación y entrenamiento para pilotear la nave del ex número 2 del gobierno federal.

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Apunte usted el nombre del director de Planeación de la Coordinación de Políticas Públicas del ayuntamiento de Puebla, Octavio Castilla Kuri, como uno de los prospectos con más posibilidades para suceder el año entrante a Isidro Honorio Ojeda Lara en la presidencia del Colegio de Economistas de Puebla.

Octavio Castilla fue secretario particular del ex presidente del Colegio de Economistas, José Alarcón Hernández, en la dirigencia del PRI, y subdirector de la Promotora Universitaria de la BUAP en el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Vaya cinismo el de Antonio Juárez Acevedo

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotamil.com

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