Cumple recomendaciones violando derechos humanos

Su supuesto cumplimiento raya en el cinismo y la desfachatez

Si las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador Rafael Moreno Valle sobre el caso Chalchihuapan resultaron tibias y anodinas respecto a la dimensión del conflicto y al montaje creado por el propio gobierno estatal para responsabilizar a los habitantes de esta junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, su supuesto cumplimiento raya en los límites del cinismo y la desfachatez.

El ombusdman nacional, Raúl Villanueva Plascencia, instruyó al mandatario estatal no sólo a ofrecer una disculpa institucional a las víctimas y familiares de Chalchihuapan que padecieron los excesos y atropellos policiacos que se cometieron durante el enfrentamiento del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, sino garantías de que estos abusos jamás volverían a repetirse.

Sin embargo, el gobierno de Moreno Valle se limitó a enviar el viernes por la noche a su consejero jurídico, José Montiel Rodríguez, al salón Oriental 1 del Centro de Convenciones de Puebla, para leer un comunicado de disculpa pública “a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos”, en la más absoluta opacidad. Al acto ni siquiera fueron convocados los medios supeditados al gobierno estatal.

Del hecho sólo se supo por un insulso comunicado de prensa emitido la mañana del sábado, después que por la madrugada del mismo sábado fueron detenidos, con lujo de violencia en sus domicilios, cinco vecinos de Chalchihuapan: Florentino Tamayo Ponce, 39 años; Raúl Contreras Montes, 36 años; Fausto Montiel García, 31 años; Vicente Juárez Varela, 57 años, y Álvaro García Xelhua, 32 años.

Los uniformados se presentaron a las 4 de la madrugada, armados y con la cara cubierta con pasamontañas para ejecutar las órdenes de aprehensión y cateo —obsequiadas por el Juzgado Tercero de lo Penal de Puebla—, rompieron puertas, chapas y cristales en las casas de los detenidos, quienes fueron recluidos en el penal de San Miguel.

Paradójicamente, el gobierno del estado únicamente multó y amonestó —sin que se revelara el monto de la sanción, ni los términos de la amonestación— al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, señalado por la CNDH como el principal responsable del fallido operativo y para quien la Comisión instruyó abrir un procedimiento de responsabilidad “con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos” observadas en la recomendación número 2VG/2014.

Este doble rasero está lejos de atender el fondo del resolutivo de la CNDH. Más bien parece una burla a los agraviados, a las organizaciones, partidos y actores políticos que han exigido el cumplimiento cabal de las 11 recomendaciones.

Cómo puede el gobierno de Moreno Valle decir que ya cumplió lo que instruyó el ombusdman nacional el pasado 11 de septiembre, si la Fiscalía Especial creada para investigar el caso —dependiente de la Procuraduría General de Justicia— ni siquiera ha revelado el alcance de sus pesquisas.

Si su titular, José Antonio Pérez Bravo, aún no explica quién de los policías que participaron en el operativo —o de los que el viernes por la noche fueron aprehendidos— fue el que disparó el proyectil que causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie; quién o quiénes fueron los autores intelectuales de la teoría del cohetón y/o la onda expansiva a la que recurrió la gestión morenovallista para evadir su responsabilidad; y qué responsabilidad tienen quienes montaron y financiaron las maniobras para inculpar a los vecinos y detenidos del fallecimiento del hijo menor de Elia Tamayo Montes.

Cómo puede el gobierno presumir el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH si las víctimas y familiares a quienes les fueron violados sus derechos humanos aún no reciben la reparación de los daños que sufrieron en los términos más amplios posibles y conforme a los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas.

Una cosa es que la administración estatal haya creado un Fideicomiso para hacer frente a esos compromisos e indemnizar a las víctimas que perdieron un hijo, un ojo, el habla, los dedos de la mano o resultaron gravemente lesionados, y otra muy diferente que estos daños se hayan solventado.

Con qué autoridad el gobierno morenovallista puede decir que ya ofreció una disculpa pública a las víctimas de sus excesos de San Bernardino Chalchihuapan, si estos fueron citados con todo sigilo a una reunión la noche del viernes en el Centro de Convenciones de Puebla, y horas más tarde sus familiares fueron detenidos con lujo de violencia y llevados al Cereso de Puebla acusados de diversos delitos.

¿Es así como se da cumplimiento a la cuarta y quinta recomendaciones de la CNDH en el sentido de que el gobierno estatal debe implementar mecanismos efectivos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, y eviten la criminalización de la protesta social?

La CNDH está en condiciones de rechazar este falso cumplimiento y exhibir a las autoridades y al fiscal especial del caso, José Antonio Pérez Bravo, por esta simulación que sólo polariza los ánimos de los agraviados, ridiculiza al ombusdman nacional, y deja a los poblanos en estado de indefensión frente a los abusos y excesos del Ejecutivo estatal.

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Juran y perjuran los enterados que en estos días comenzará una limpia en el seno del Poder Judicial, que abarcará al segundo círculo, es decir a los jueces de primera instancia.

Esta depuración seguirá el mismo patrón que la renovación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues llegarán nuevos jueces —muchos de ellos sin carrera ni experiencia en el Poder Judicial— pero amigos o recomendados de El Señor de Los Cerros o del magistrado presidente, Roberto Flores Toledano; así como del subsecretario Jurídico de la SGG, Enrique Quiroz Acosta; y del secretario de Servicios Legales y Defensoría de Oficio, José Montiel Rodríguez.

De acuerdo con algunos magistrados que están al tanto de la situación, el saneamiento —o purga— se extenderá en una primera etapa a quince jueces, entre ellos algunos en edad de jubilación como Rodolfo Arana Santiesteban, de Tecali; Armando Pérez Acevedo, del Cuarto Civil; y María Carrasco Sandoval, del Cuarto Familiar, ambos de la ciudad de Puebla.

Sin embargo lo más probable es que alcance a otros jueces implicados en casos o quejas de corrupción, o enriquecimiento inexplicable, entre ellos los siguientes:

Felipe de Jesús Ventura, juez de Acatlán, por su escandalosa riqueza con propiedades en Xilotzingo (Quinta Ventura), Haras Flor del Bosque y El Cristo, entre otras.

Domingo Alberto Bagatella Bermúdez, juez de Izúcar, y a quien se le adjudican 22 inmuebles. Este personaje fue procesado en el Juzgado Séptimo de Distrito y liberado en apelación.

Venustiano Islas López, quien tiene una averiguación iniciada en la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI), por un asunto de unos zetas a los que presuntamente ayudó cuando era juez Penal de Tepeaca, haciendo pasar a uno de ellos por menor de edad.

Helmo Mayoral Bello, juez Penal de Atlixco, quien compró una mansión en efectivo en 1.6 millones de pesos, pero que actualmente cuesta unos cinco millones de pesos.

Carlos Ramírez Nava, juez Civil de Tehuacán, propietario de varios inmuebles en Zavaleta y Cholula.

A la lista podrían sumarse otros que en su ejercicio judicial se han visto involucrados en escándalos políticos o mediáticos, como:

Isauro Romero Limón, juez Penal de Tehuacán, involucrado en el fraude multimillonario cometido en perjuicio del Poder Judicial desde el Juzgado Tercero Penal, del que aquel era titular, y quien enfrenta quejas del personal femenino que ha laborado con él y de abogados litigantes como Víctor León Rueda, quien liberó al ex presidente municipal de Palmar de Bravo, Pedro Gabino Barojas de Rosas.

Rosa Celia Pérez González, jueza Segundo Penal implicada en el escándalo de la periodista y escritora Lydia Cacho; y Blanca Laura Villeda Martínez, juez Civil de Atlixco, y ex procuradora en el sexenio de Mario Marín Torres.

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Otro magistrado que también podría salir del Poder Judicial del estado, pero por jubilación y con el reconocimiento de sus pares, es León Dumit Espinal, quien sin embargo podría ser sustituido por la jueza Octavo de lo Civil, María Rosalba Pantoja Vázquez, recomendada del presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz.

Los enterados aseguran que la referida juez es parte de un acuerdo político de López Muñoz con Casa Puebla o Casa Aguayo, antes de aceptar retirarse y jubilarse del Poder Judicial del estado.

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Simón dice:

“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.”

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.