Para no pocos miembros del gabinete de Seguridad Pública, las reuniones que todos los días preside el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, se han convertido en un ejercicio inútil, de pérdida de tiempo y de asuntos sin la menor importancia.

De entrada, porque el encargado de conducirlas llega con 45 minutos o una hora de atraso; porque a las reuniones cada vez asisten menos personajes, o porque los titulares de las principales áreas involucradas en la materia -a nivel estatal, metropolitano y municipal- también llegan tarde o mandan a sus representantes.

Un personaje clave que acumula más faltas que asistencias en esos encuentros mañaneros —que tienen lugar los lunes y viernes en un restaurante, y de martes a jueves en Casa Aguayo— es el secretario de Seguridad Pública, el general Mario Ayón Rodríguez.

Otros ausentes frecuentes son el secretario de Gobernación municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez; el secretario de Seguridad Pública y Tránsito del ayuntamiento de Puebla, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, y el director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez.

Quienes por el contrario, casi siempre asisten aunque poco o nada aportan, más allá de su zalamería al secretario de Gobernación, con el que siempre están de acuerdo aunque en realidad no lo estén, son los subsecretarios Francisco Díaz Gil, Jurídico de Gobernación, y Armando Toxqui Quintero, de Seguridad Pública.

Entre los más inconformes con la dinámica que se establece en los encuentros —aderezados por las puyas y apodos que se lanzan y las críticas a costillas de los ausentes— figuran el propio general Ayón; el coronel José Luis Sobreira Hernández, director general de Seguridad Pública del estado; Joe Hernández Corona, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil; Ricardo Koller Martínez Escobar, asesor del secretario de Seguridad Pública y capacitador de la Policía Estatal en materia jurídica.

Sin embargo, ninguno de ellos se atreve en público o en privado a decirle al secretario de Gobernación lo inútil que consideran sus encuentros matutinos diarios.

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Tres cosas llamaron ayer la atención de la reunión convocada por Josefina Vázquez Mota en el hotel Mesón del Molino, hoy rebautizado como Hacienda del Molino.

La primera fue la presencia de casi 40 panistas de distintos grupos y corrientes, que hasta hace unos días parecían irreconciliables o difíciles de juntar. Ahí estuvieron, por citar algunos nombres: Héctor Montiel García y Francisco Fraile García; Pedro Plaza Montaño y Rafael Moreno Valle; Luis Olmos Pineda y Pablo Rodríguez Regordosa; Genaro Ramírez Rojas y Rafael Micalco Méndez.

La segunda cuestión que llamó la atención fue el encuentro privado de casi 20 minutos entre la coordinadora nacional de campaña del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez, sin más testigos que una taza de café.

Dicho encuentro provocó incluso que la primera se reunión se pospusiera por casi media hora.

Y la tercera cosa que no pasó inadvertida fue la ausencia de Ana Teresa Aranda, con todo y que en la noche del miércoles se le vio en una cena con Vázquez Mota, y de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Aguilar Coronado y Jorge Ocejo Moreno.

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Después de su lamentable fallecimiento, ocurrido el pasado viernes, varios de los que fueron sus alumnos se han dado a la tarea de proponer que la escuela preparatoria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec -de la que fue fundadora y directora- lleve su nombre en una especie de homenaje post mortem.

Nos referimos a la química de profesión y maestra de muchas generaciones del CENHCH, Marina Senties Lavalle.

La iniciativa le será presentada al gobernador Mario Marín Torres, acompañada de cientos de firmas de quienes fueron sus alumnos tanto en el Colegio América (antes Teresiano) como en el CENHCH, institución esta última de la que fue directora de la escuela preparatoria por 40 años.

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Simón dice:

“Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela”.
Albert Einstein (1879-1955). Científico alemán nacionalizado estadounidense.

Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Los policías estatales y agentes de vialidad están que trinan contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón Rodríguez, luego de que el miércoles ordenara detener a cuanta camioneta Lincoln estuviera en circulación, ante la sospecha de que los jefes de los sicarios que el sábado por la madrugada fueron linchados en el municipio de Tlapanalá andaban por la capital del estado.

El malestar de los agentes de tránsito es más que justificado, pues cómo los instruían a detener una camioneta con criminales abordo y armados hasta las cachas, mientras en general Ayón, el coronel José Luis Sobreira Hernández y el director de Seguridad Vial, Carlos Arroyo Salamanca, dirigían las operaciones por radio y desde la comunidad de su oficina.

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Este viernes estará en Puebla el ex procurador General de la República y ex procurador de Justicia en el Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga.

Oficialmente, Morales Lechuga viene a la capital como presidente de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, para donar al área de radiología del Hospital Universitario un tomógrafo axial y para dictar una conferencia magistral titulada “México en la encrucijada del siglo XXI”.

La ponencia de también rector de la Escuela Libre de Derecho –de la cual por cierto es egresado, lo mismo que el presidente Felipe Calderón Hinojosa– tendrá lugar a las 10:30 horas en el Paraninfo del edificio Carolino.

Sin embargo, Morales Lechuga se reunirá a comer en privado con el gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, para que en corto les comparta sus experiencias en materia de seguridad y procuración de justicia, ahora que el crimen organizado azota a la entidad.

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El de hoy será un día difícil para el ilegal e ilegítimo presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, como anfitrión de la IX Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que hoy inicia sus trabajos a las 9:30 horas en el Centro de Convenciones.

¿Con qué calidad y autoridad moral Juárez Acevedo puede ser anfitrión de los representantes de los institutos y comisiones garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información de todo el país, si hoy está más que confirmado que su nombramiento como comisionado de la CAIP es ilegal, por haber militado y sido dirigente de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro?

A ver si el capricho de sus padrinos y protectores políticos de tratar de sostenerlo al frente de la CAIP hasta diciembre, en que concluye el periodo de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, no se convierte en un escándalo nacional.

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Cuatro son las firmas que el ayuntamiento y la coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia evalúan para que analicen y dictaminen el proyecto ejecutivo presentado por la empresa Relleno Sanitarios (RESA) para continuar con la operación y explotación del relleno sanitario de Chiltepeque durante los próximos 15 años.

Las firmas en cuestión son: Fundación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, Ingeniería y Desarrollo Sustentable, Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi), y Toda Arquitecto.

Hasta ahora la favorita es Incremi.

Y la gran duda: ¿Cuánto nos costará su diagnóstico?

No hay que olvidar que Incremi fue el despacho contratado por la gestión de Enrique Doger Guerrero que dijo, con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas, que el relleno sanitario de Chiltepeque agotaría su capacidad de recepción de desechos en septiembre u octubre de 2008, y luego nadie le hizo caso.

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