• En Cholula se autorizan obras y vialidades de manera discrecional
• Consejeros electorales pagan 100 mil pesos por su defensa jurídica

Rodolfo Ruiz R.

Algo raro, muy raro, viene ocurriendo en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso local y la presidencia municipal de San Andrés Cholula.

Da la impresión que se trata de un asunto de mutuas complicidades en beneficio de funcionarios estatales y el alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, y su hermano José Guillermo Margarito, quien también fue alcalde en el trienio 2002-2005.

De entrada no deja de sorprender que el viernes el Congreso del estado haya aprobado un dictamen elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado por el cual se establece que Guillermo Paisano no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron en la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2003 y por la cual ya había sido sancionado.

Sobre todo después de que el auditor David Villanueva Lomelí le había anticipado a Leoncio Paisano que su hermano sería multado con más de 100 millones de pesos e inhabilitado del servicio público por otros 12 años.

Otra cuestión que llama la atención es la negativa del ayuntamiento sanandreseño por publicar la nueva carta urbana del municipio, pese a los cerca de tres millones de pesos que se han gastado en su actualización. La gestión de Miguel Ángel Huepa Pérez pagó 2 millones de pesos al despacho del arquitecto Mauricio Romano del Valle para que revisara y modernizara la carta urbana, y el gobierno Leo Paisano contrató a un segundo despacho, al que le pagó 800 mil pesos, para que hiciera el mismo trabajo.

Tal situación, se dice, ha permitido al alcalde Leoncio Paisano, a su hermano Guillermo y algunos de sus principales colaboradores, manejar con discrecionalidad el otorgamiento de usos de suelo —comerciales, mixtos y residenciales, sin apegarse a los criterios de densidad vigentes—, la expedición de licencias de construcción y el canje de áreas de donación.

La construcción de un Centro Integral de Servicios (CIS) y un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) en el predio denominado Xaltepec es otro asunto extraño en la relación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Extraño porque la construcción de ambos inmuebles, a cargo de la administración morenovallista, se lleva a cabo en un predio que formalmente no pertenece al estado, ni al municipio de San Andrés, y en el cual se han invertido más de 20 millones de pesos.

Leoncio Paisano tiene que explicar quién autorizó y cómo se otorgaron los permisos para edificar un CIS y un CESSA en un terreno del que aún no existen escrituras a favor del municipio cholulteca.

Otro tema que tampoco se entiende es por qué el gobierno del estado no sólo ha sido tan complaciente con el ayuntamiento de San Andrés para liberar los predios afectados por la construcción de la Radial que cruzará la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, sino qué ha tolerado que los Paisano hagan negocio con los afectados por esa vialidad, pagándoles de más, condonando el pago de adeudos e impuestos, negociando licencias de construcción y cambios de uso de suelo, o la construcción de recámaras o locales comerciales.

Dicha obra, para la que existe un monto autorizado de casi 38 millones de pesos, de los cuales 26.5 millones serán aportados por el gobierno del estado dentro del programa 70-30, está detenida desde diciembre de 2014.

La Radial tendría que haber iniciado en enero de 2015 y haberse concluido en seis meses, sin embargo la obra continúa detenida por los moches que los Paisano tratan de obtener en las negociaciones con el centenar de supuestos afectados por la construcción de esa vialidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, lo que tiene hartos molestos a los vecinos de esa junta auxiliar.

¿Hasta qué punto esta tolerancia y benevolencia del Congreso local hacia los Paisano está supeditada a los permisos que el ayuntamiento de San Andrés ha dado para la construcción de 4 kilómetros de calles laterales en ambos sentidos de la Vía Atlixcáyotl a partir de la caseta de cobro?

¿Con quién están vinculadas las constructoras e inmobiliarias favorecidas con usos de suelo y licencias de construcción que la gestión de Leo Paisano ha otorgado o está por autorizar para decenas de terrenos ubicados después de la caseta de cobro, a los que ahora se podrá acceder por las laterales que ahí se construyen? ¿A poco los únicos beneficiados son los Posada Cueto y sus socios de Proyecta? ¿No será que entre los favorecidos por el ayuntamiento de San Andrés hay también varios funcionarios estatales a través de sociedades anónimas y prestanombres?

Conste que son preguntas.

EN CORTO

Con la novedad que cinco de los siete consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) decidieron, por recomendación del presidente del organismo  y la ex magistrada Claudia Barbosa Rodríguez, recurrir a los servicios del despacho Reyes y Castillo Consultores para su defensa ante el Instituto Nacional Electoral (INE), frente a las denuncias promovidas en su contra por diversos partidos políticos acusándolos de parcialidad a favor de la coalición Sigamos Adelante.

Entre los socios de la firma figura el abogado Iván Castillo Estrada, quien además de haberse desempeñado como secretario de estudio y cuenta en diversos Tribunales Colegiados de Circuito y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es amigo del esposo de la consejera y ex magistrada Claudia Barbosa. Me refiero a Rubén Enrique Becerra Rojas-Vertiz, ex visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asesor del presidente del organismo.

Cada consejero pagará por su defensa ante el INE la módica cantidad de 100 mil pesos.

Los únicos consejeros que decidieron defenderse al margen del despacho Reyes y Castillo Consultores son Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez López.

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Tómelo con reserva pero una buena fuente me informa que la mayor parte del predio donde se ubican las instalaciones de Puebla Comunicaciones (lo que antes era el Sicom), en la Vía Atlixcáyotl antes de llegar a Cúmulo de Virgo en sentido de Norte a Sur, ya fue vendido a un particular.

Trascendió que incluso en los próximos días el personal que labora en este organismo gubernamental ya no podrá entrar ni usar el estacionamiento, ya que se abrirá una nueva entrada. Según esta versión –no confirmada pero tampoco desmentida– Puebla Comunicaciones se quedó con el edifico y el jardín que da hacia la Vía Atlixcáyotl.

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Este viernes habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que serán nombrados los presidentes y consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de Puebla y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo.

Y es que al más alto nivel hubo presiones para impedir que el OPLE de Puebla quedara bajo el control del gobernador Rafael Moreno Valle, con cuatro de los sietes consejeros, incluido el presidente del organismo.

Al representante del PRI ante el Consejo General del INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, y al mismo secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, se les enviaron sendas fichas en las que se detallan los nexos y vínculos de cuatro de los siete consejeros propuestos para integrar el OPLE de Puebla con el morenovallismo.

El nombramiento de los consejeros del OPLE Puebla será un claro indicativo de qué tan disputados serán los comicios para gobernador del 2016 entre el PAN y el PRI o de qué tamaño son los acuerdos entre el gobernador Rafael Moreno Valle y la Presidencia de la República de cara al 2018.

Si en la sesión de este viernes, los consejeros del INE votan por los siete candidatos propuestos inicialmente por la Comisión de Vinculación para integrar al OPLE de Puebla —Juan Pablo Mirón, Federico González Magaña, Jacinto Herrera Serrallonga, Flor de Té Rodríguez Salazar, José Luis Martínez López, Claudia Barbosa Rodríguez y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo— habría que poner en tela de duda la intención del PRI de buscar ganar la gubernatura del 2016.

¿Qué partido político que quiere ganar una elección tan competida como la del próximo año deja que el árbitro del proceso lo ponga su contendiente?

Pero si, por el contrario, resulta que en la sesión de este viernes el secretario particular del hoy diputado perredista Luis Maldonado Venegas es eliminado de la plantilla de consejeros del OPLE Puebla, u otro morenovallista como Federico González Magaña desaparece de la lista final, entonces dé por seguro que el PRI va con todo a los comicios del próximo año, aun a costa de Moreno Valle.

Por eso le digo que habrá que seguir con mucha atención la sesión del Consejo General del INE, pues este viernes se convertirá en el primer campo de batalla de panistas y priístas rumbo al 2016.

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Por cierto.

Este jueves fue visto en la Cámara de Diputados, haciendo las veces de secretario particular del perredista Luis Maldonado Venegas, el candidato a consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla, Juan Pablo Mirón Thomé.

En diferentes fotos enviadas a e-consulta, Mirón Thomé aparece como acompañante de Luis Maldonado en una comida que este jueves por la tarde tuvo el hoy presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos Esquerra, en el restaurante La Mansión.

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Cuatro de los 7 consejeros pertenecen a su grupo

Dalhel Lara será la nueva secretaria ejecutiva del IEE

Si uno de los propósitos de la última reforma político electoral, en la que el Instituto Federal Electoral (IFE) fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE), era eliminar el control y manipulación que ejercían los gobernadores sobre los institutos electorales estatales, en Puebla simplemente pasó de noche.

Al menos a juzgar por los nombres de los siete consejeros que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), perfiló para Puebla, y que esta semana serán aprobados por el Consejo General del INE.

Para ningún observador o analista político son desconocidos los nexos y ligas de Juan Pablo Mirón Thomé, Federico González Magaña, Jacinto Herrera Serrallonga, y Flor de Té Rodríguez Salazar con el morenovallismo.

Mirón Thomé fue particular de Luis Maldonado Venegas, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la Secretaría General de Gobierno (SGG). En 2010 fue consejero municipal e intentó destituir a la presidenta del Consejo Municipal Electoral del IEE, Sonia de la Luz Duarte Ávila Sosa, por no hacer lo que él quería.

González Magaña fue asesor electoral de Moreno Valle en la campaña electoral de 2010 y en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se ha distinguido como uno de los comisionados que menos facilitan la transparencia y la rendición de cuentas.

Jacinto Herrera Serrallonga es hijo del director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la SEP, Jacinto Herrera Rivera, a quien le debe en buena medida su ingreso al servicio público en organismos vinculados a la dependencia como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, y el Consejo de Ciencia y Tecnología, ambos en la administración morenovallista.

Flor de Té Rodríguez es la actual titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), es decir la instancia que ocultó o manipuló la información sobre la falta de título y cédula profesional del consejero presidente del organismo, Armando Guerrero Ramírez, con quien también laboró a través del despacho Daja Grupo Consultor SC. Como funcionaria del IEE ha ocultado a los consejeros y al Comité de Transparencia información sobre los expedientes reservados y no reservados.

En el reparto de posiciones del OPLE Puebla al PRI le correspondieron tres lugares: el de José Luis Martínez López, actual consejero del IEE, y los de las concuñas Claudia Barbosa Rodríguez y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo.

José Luis Martínez llegó al Consejo General del IEE como cuota del PRI, por su parentesco con la secretaria privada del secretario de Hacienda del gobierno federal, Luis Videgaray Caso. Claudia Barbosa es actualmente magistrada del Tribunal Electoral del Estado, cargo al que llegó con la ayuda de su esposo Rubén Enrique Becerra RojasVértiz, funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Alejandra Gutiérrez se desempeña como consejera local del INE. A esta última se le vincula políticamente con el ex diputado federal José Luis Márquez Martínez, actual dirigente estatal de la CNOP.

Por lo que respecta a la terna que se presentó la semana pasada, para designar al sustituto de Miguel David López Jiménez al frente de la Secretaría Ejecutiva del IEE, se sabe que la elegida será la actual consejera Dalhel Lara Gómez, por su cercanía con el grupo morenovallista desde que ésta laboró en la Secretaría de Finanzas como titular de la Unidad de Fideicomisos y Fianzas.

Antes de ser nombrada consejera, Dalhel Lara fue titular de la Unidad de Fiscalización, Contralora Interna, y Comisaria del Comité de Adquisiciones, a diferencia de los dos integrantes restantes de la terna, quienes sólo se han desempeñado como encargados de despacho. La contadora Iris del Carmen Conde Serapio, de la Unidad de Fiscalización y el abogado Julio César Barreto Ariza, de la Unidad Jurídica.

La terna, pues, está viciada de origen con candidatos de relleno para cubrir las formas.

Así las cosas valdría la pena preguntar: ¿qué sentido tuvo la última reforma electoral, cambiar para que todo siguiera igual? ¿No con el INE se acabaría el reparto de cuotas partidistas? ¿No que con la centralización de los nombramientos de consejeros y funcionarios de los OPLES, los gobernadores ya no los controlarían?

Sí, como no.

EN CORTO

Este sábado se reunieron los casi cien participantes que darán vida a los cuatro tomos de la colección «Encuentro con la historia. Puebla a través de los siglos», en los que se resumirá la historia de la entidad desde la época prehispánica hasta nuestros días.

El impulsor de esta iniciativa, Marco Antonio Rojas Flores, detalló que la obra será editada y resguardada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y presentada a los poblanos el próximo 18 de noviembre.

La colección se integra con investigaciones, ensayos y trabajos, la mayoría de ellos inéditos, de historiadores, antropólogos, arqueólogos, cronistas, periodistas y especialistas de distintas áreas y abarca la época prehispánica, la Conquista, el Virreinato, la Independencia, la Reforma y la Intervención, la batalla del 5 de Mayo, el Porfiriato, la Revolución y el periodo postrevolucionario.

Entre los participantes destacan Efraín Castro Morales, Sabino Yano Bretón, David La France, Alicia Tecanhuey, Emilio Maceda, Juan Pablo Salazar Abrew, Antonio Quintana Fernández, Guadalupe Pérez Maurer, Gloria Tirado Villegas, Eduardo Merlo, Jorge Arrazola Cermeño, Raúl Bringas Nosti, María Pía Benítez de Unanue, Abraham Quiroz Palacios, Mariano Torres Bautista y Luis G. Benavides Ilizaliturri, entre otros.

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Columna Invitada / María Pineda

Han pasado 60 días desde que Armando Guerrero Ramírez dio a conocer a través de un escueto comunicado de prensa su renuncia a la presidencia del Instituto Electoral del Estado (IEE), sin embargo en la sede del órgano comicial la presencia del exconsejero continúa por medio de Magaly Blanco Villasuzo.

Luego de que Guerrero Ramírez la nombró como su representante para el proceso de entrega-recepción, Blanco Villasuzo se convirtió en la asistente de la consejera Olga Lazcano, quien de manera interina fue designada como presidenta del IEE.

Aunque al interior del órgano comicial esperaban que con la salida del expresidente se acabaran las preferencias hacia los colaboradores de los consejeros, esto no sucedió y una prueba fue que Lazcano Ponce la convirtió en su mano derecha.

Incluso, en los pasillos del IEE se habla que el mantener a Blanco Villasuzo en la Coordinación del área de Presidencia fue uno de los acuerdos que Guerrero Ramírez alcanzó tras su escandalosa salida.

Los enterados también señalan que el proceso de entrega-recepción se dio en completo silencio y con la complacencia de todos los integrantes del Consejo General del IEE, de los cuales Dahlel Lara Gómez, Fidencio Aguilar Víquez y José Luis Martínez López, son aspirantes a ingresar al Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Otra de los temas que los consejeros electorales guardan con recelo es la liquidación que se le dio a Guerrero Ramírez y si ésta se consideró un bono.

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Un oneroso pendiente que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) dejarán seguramente a su salida, prevista para agosto o septiembre del año en curso, serán las demandas laborales que por despido injustificado han promovido decenas de empleados del organismo.

Demandas que seguramente se incrementarán en los próximos días cuando otros 30 o 40 empleados del Instituto sean despedidos por recortes presupuestales que, desgraciadamente, se aplican en forma selectiva en perjuicio de quienes carecen de padrino o madrina política.

El tema no es desconocido para el consejero José Luis Martínez López, presidente de la Comisión Permanente del Servicio Electoral Profesional (SEP), quien poco o nada ha hecho para evitar los despidos injustificados o para impedir que el personal inscrito en esta asignatura —y que suele ser el mayor experiencia— sea echado a la calle.

Entre los empleados del organismo el malestar es creciente, pues por un lado se habla de austeridad y de la urgente necesidad de realizar recortes presupuestales, pero por otro se suben sueldos, se otorgan ascensos y se hacen contrataciones que dan pie al sospechosismo.

Nadie se explica, por ejemplo, por qué fue contratado como jefe del Departamento de Normatividad y Procedimientos del SEP, Ángel López Santamaría, de 75 años de edad, si su expertis en materia electoral es casi nulo; por qué si son tan pocos los empleados con carrera electoral acreditada se contrata a un directora para encabezar esta unidad; o por qué se hacen promociones y se otorgan ascensos a favor de empleados consentidos del director administrativo del Instituto, Ricardo Aguilar Ramírez, como Viridiana Daniela Cerezo Morales.

Lo que los empleados carentes de padrino o madrina política sí saben es que Ángel López Santamaría no será despedido por ser padre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

Lo que también saben es que la recién nombrada titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional, Noemy Itzetl Tapia Trujillo es esposa del vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Montero Catalán.

Y que Viridiana Cerezo Morales fue promovida en enero de este año de analista II-1 a analista 1-A por ser la consentida de su jefe, Ricardo Aguilar, y que éste pretendió disfrazar el ascenso de aquella con otras siete promociones donde los aumentos salariales son casi simbólicos en comparación con el otorgado a Viridiana.

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¿Martín Fuentes a la PGR?

Si en los próximos días se anuncia que el abogado poblano Martín Fuentes es nombrado en algún puesto de la Procuraduría General de la República (PGR) por la nueva procuradora Arely Gómez González es importante que sepa lo siguiente.

Primero que no se trata de Martín Fuentes Morales, el que fue procurador del Ciudadano en el gobierno de Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres, sino de Martín Emiliano Fuentes Holland, que es hijo de aquel y ha trabajo como asesor en temas de transparencia y combate la corrupción con la ex senadora Arely Gómez.

Martín Emiliano es un joven abogado de 23 años, egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y que desde hace dos años forma parte del equipo de trabajo de la hoy titular de la PGR.

En cambio su papá, Martín Fuentes Morales, despacha actualmente en la Delegación federal de la Sedesol como secretario técnico social, cuya función consiste en vigilar que los programas sociales de la dependencia lleguen a los verdaderos beneficiados de estos.

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Despedirán no al 30, sino al 40% del personal del IEE

José Antonio Quintana Gómez, futuro líder de Coparmex

Si algo revela la lista de plurinominales del PRI por la cuarta circunscripción que comprende al estado de Puebla, junto con el Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, es el menosprecio de la dirigencia nacional hacia los priístas poblanos.

El hecho de que la Comisión Política Permanente del PRI haya otorgado a priístas poblanos las posiciones 6 (la única con posibilidades), 11, 16, 19, 29, 36 y 39, confirma lo que todo mundo sabe: el escaso o nulo peso político de los cuadros locales del tricolor en la toma de decisiones nacionales.

Con excepción de Antorcha Campesina, que amarró la posición 6, los demás grupos políticos del priísmo poblano fueron marginados, por no decir ninguneados. Y eso incluye a los últimos gobernadores emanados del tricolor: Mario Marín Torres y Melquiades Morales Flores, y a los aspirantes a la gubernatura de Puebla para el 2016: la senadora Blanca Alcalá Ruiz, cuyo yerno fue enviado a la posición 29; al diputado federal Enrique Doger Guerrero, y al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, cuyo ahijado político ocupa el lugar 39 de la lista de plurinominales de la cuarta circunscripción.

Otra cuestión que también pone de manifiesto esa relación es el cobijo del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia el líder nacional de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán, quien otra vez volvió a privilegiar a los miembros de su amplia familia en la repartición de cargos de elección popular.

Así hay que leer la inclusión de la profesora Hersilia Córdova Morán en la sexta posición de la lista de candidatos a diputados federales de representación proporcional por la cuarta circunscripción.

La dirigente del movimiento magisterial antorchista es hermana del líder nacional de esta organización y de la diputada federal saliente —también por la vía plurinominal— Frine Soraya Córdova Morán, así como tía del diputado federal saliente por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan, Lisandro Campos Córdova.

Originalmente la profesora Hersilia iba a ser candidata de mayoría por el distrito 13 de la entidad, con cabecera en Atlixco, pero ahora esa posición será para su cuñado, el dirigente estatal antorchista, Juan Manuel Celis Aguirre.

Juan Manuel Celis es esposo de la diputada federal Frine Soraya Córdova, y por tanto cuñado de Aquiles y Hersilia, y tío de Lisandro Campos Córdova.

¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

EN CORTO

Con tal de conservar a sus asistentes, que son los que muchas veces hacen su chamba, los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) no recortarán al 30%, sino al 40% del personal del organismo.

En reunión de trabajo celebrada el pasado miércoles 25 de febrero, los consejeros definieron los nombres de quiénes dejarán de laborar en el IEE, para dar cumplimiento a la exigencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

Durante la reunión el consejero José Luis Martínez López propuso que el ajuste incluya al funcionario electoral con más experiencia y conocimientos jurídicos en la materia: Noé Julián Corona Cabañas, quien hasta hoy funge como director técnico del Secretariado del IEE.

Trascendió que el recorte llegará al 40% del personal, debido a que el sueldo de un asistente de consejero equivale al doble de lo que gana un analista o un jefe de departamento en el Instituto.

De los ocho consejeros que aún quedan en el IEE, los únicos que regularmente asisten a trabajar y medio cumplen con el horario asignado son tres: el presidente Armando Guerrero Ramírez, Alicia Olga Lazcano Ponce y Fidencio Aguilar Víquez. Los otros cinco son una especie de ninis: ni van, ni trabajan.

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Esta semana se hará oficial el nombre del próximo presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), que a finales de marzo relevará a José Carlos Montiel Solana en la dirigencia de este sindicato patronal.

Se trata del constructor José Antonio Quintana Gómez, quien se desempeña como tesorero en el Consejo Directivo de la Coparmex Puebla.

Quintana Gómez es arquitecto egresado de la UPAEP de la generación 1992-1997, director de Proyectos de la constructora Quintana de Puebla, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de Puebla (Implan) como representante de organismos sociales, e hijo del que fuera presidente del Patronato y Junta de Gobierno de la UPAEP, José Antonio Quintana Fernández.

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Como aquí se lo adelanté hace ocho días, Ana Teresa Aranda Orozco declinó ser candidata externa de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla capital. En su lugar será nominada otra panista, muy lastimada y resentida con el morenovallismo, pero que además tiene sus raíces políticas en el partido verde: la ex diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros.

Violeta Lagunes es abogada, con maestría en derecho constitucional, y ha ocupado diversos cargos como secretaria de Estudio y Cuenta del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del estado de Puebla; coordinadora de Reglamentos y Dictámenes, y asesora jurídica del Ayuntamiento de Puebla; diputada federal en la LX Legislatura de 2006 a 2009; y delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El otro candidato de la coalición PRI-PVEM que aún estaba pendiente por el distrito 13 con cabecera en Atlixco será, como de lo comenté líneas arriba, Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal de Antorcha Campesina.

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Entre algunos miembros del PRI no cayó nada bien la nominación de José Mario Conde Rodríguez, coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal en la lista de candidatos a diputados federales de representación proporcional por la cuarta circunscripción.

Los inconformes aseguran que si bien no tiene ninguna posibilidad de ocupar una curul en la próxima legislatura, al aparecer en el lugar 19 de la lista, su nominación no deja de resultar controversial, pues al mismo tiempo que es coordinador jurídico del PRI es asesor legal de algunos candidatos de Morena.

Entre ellos el sobrino político del ex gobernador Manuel Bartlett Díaz, Rodrigo Abdala Dartigues, candidato a diputado federal de Morena por el distrito 12 de Puebla y candidato del mismo partido por la vía plurinominal en la posición 3 de la cuarta circunscripción, y con quien se reunió el pasado viernes en el Centro Mexicano Libanés de Puebla.

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En julio los reparte por coalición y este sábado por partido político

Con el nuevo criterio serán diputados Cirilo Salas, Mondragón y Moreno Valle

La forma en que repartió anoche el Instituto Electoral del Estado las 15 diputaciones de representación proporcional es a todas luces polémica.

De entrada llama la atención la discrecionalidad de los consejeros para aplicar la fórmula de asignación de diputados plurinominales, una veces por coalición y otras por partido político, según convenga.

En los comicios de hace tres años, la fórmula se aplicó por coalición, y en julio de este año se adoptó el mismo criterio. Sin embargo ayer el razonamiento cambió y la asignación se hizo con base en partidos políticos.

El proyecto que anoche se votó a favor, con el rechazo del consejero José Luis Martínez López y de los representantes de la Coalición 5 de Mayo (C5M), Silvino Espinosa Herrera y de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Luis Blancarte Morales, fue elaborado por Noé Julián Corona Cabañas, director técnico del Secretariado del IEE.

Éste dijo a los consejeros que existía una tesis de la Suprema Corte por la cual la asignación de diputados de representación proporcional tenía que hacerse a partir de los candidatos registrados por los partidos, en lo individual, y no por los candidatos inscritos por las coaliciones.

Argumentó que las coaliciones sólo tenían fines electorales, más no de representación en el Congreso, donde lo que existen son fracciones parlamentarias por partido. Su criterio fue avalado por siete de los ocho consejeros del Instituto que anoche sesionaron.

Las réplicas del representante de MC de que las coaliciones se tratan igual que partidos, como ocurrió en julio de este año y en julio de 2010 no tuvieron eco en la mayoría de los consejeros, a quienes el diputado del PRI, Gerardo Mejía Martínez, llamó vergüenza para la democracia en Puebla.

Hasta donde se sabe dicha tesis de la SCJN ya existía en julio de 2013, pero entonces no se aplicó.

El por qué ahora sí, es algo que deberá explicar el consejero presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y el autor del nuevo proyecto de asignación de diputaciones plurinominales, Julián Corona.

Lo que sorprende es que la fórmula se hubiera aplicado de manera distinta, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió a favor del priísta Víctor Giorgana Jiménez la disputa por la diputación de mayoría relativa del distrito 16 con cabecera en la capital del estado.

El triunfo de Giorgana lejos de beneficiar al PRI y a la C5M que lo postuló, terminó afectándola, pues a pesar de haber obtenido una curul adicional de mayoría relativa, pasó de seis a cinco diputaciones de representación proporcional, ya que perdió la que se había asignado a su compañera de partido Silvia Guillermina Tanús Osorio.

En cambio, la Coalición Puebla Unida (CPU) —conformada por el PAN, el PRD, el PNA y el partido estatal Compromiso por Puebla— a pesar de haber perdido una diputación de mayoría subió de tres a seis diputaciones plurinominales, que se asignaron a Cirilo Salas Hernández, Juan Carlos Mondragón Quintana y Sergio Moreno Valle Germán, éste último primo del gobernador Rafael Moreno Valle.

La decisión del IEE tiene, por supuesto, inconformes a los dirigentes del PRI, MC y partido estatal Pacto Social de Integración (PSI).

Los del PRI porque con el nuevo reparto se quedan con los mismos ocho diputados locales que ya tenían, no obstante la victoria de Víctor Giorgana en el distrito 16.

Pero además porque el PAN sube de 14 a 15 diputados, y la CPU pasará de 26 a 28 diputados, con lo que asegura mayoría calificada.

Los de MC porque pierden uno de los diputados de representación proporcional que tenían y porque el sacrificado, Ignacio Alvízar Linares, es un personaje cercano al diputado José Juan Espinosa.

Y los de PSI porque también pierden uno de los dos diputados plurinominales que tenían y el marginado es ni más ni menos que su fundador y dirigente estatal, Carlos Froilán Navarro Corro.

La asignación, como es de suponerse, será impugnada tanto a nivel del Tribunal Electoral del Estado como del Tepjf, instancia que tendrá la decisión final sobre cuál de los dos criterios es el correcto para asignar las 15 diputaciones de representación proporcional, si el aplicado el 10 de julio o el de este sábado 21 de diciembre.

EN CORTO

Claudio Limón de Unanue, director administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, presentó hace unos días su renuncia, presionado por algunas cuentas que no le salen y otros gastos que no ha podido comprobar, pero se la rechazaron, lo cual encendió algunos focos rojos en esa importante dependencia del ayuntamiento de Puebla, ante el fundador temor de anomalías administrativas y financieras con algunas partidas federales del Subsemun.

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