Una cargada agenda tendrá el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, este fin de semana en los Estados Unidos, donde se reunirá con organizaciones migrantes y de empresarios poblanos radicados en algunas ciudades de aquel país, como Houston, Nueva York y Nueva Jersey.

En la gira de trabajo, prevista del sábado 19 al lunes 21 de septiembre, López Zavala tiene programados encuentros con los presidentes de las Casas Puebla de Nueva York, Jaime Lucero, y de Houston, Alfonso Zapata, así como con otros empresarios poblanos de origen mixteco como Juan Cáceres y Gabriel Rincón, además de Erasmo Ponce y Félix Sánchez, éstos últimos conocidos como los reyes de la tortilla.

La apretada agenda de actividades del titular de la Sedeso incluye desayunos, comidas y cenas, reuniones con empresarios de Pasei y con organizaciones de mixtecos poblanos, así como un desfile dominical para celebrar la Independencia, por la avenida Lexington de Manhattan, con la participación de la comunidad mexicana en la ciudad de Nueva York.

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La designación de Marcelina Sánchez Muñoz como directora general del Instituto Electoral del Estado (IEE), en sustitución de José Antonio Bretón Betanzos, en poco contribuirá a la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia del órgano encargado de organizar las próximas elecciones locales.

Y no porque Marcelina Sánchez no tenga capacidad o experiencia en materia de procesos electorales, sino por los grupos de interés y personajes que impulsaron su nombramiento.

La hasta ayer directora de Organización Electoral es sobrina de dos históricos mapaches del PRI poblano, los Sánchez Moro, y ahijada del jefe político de éstos, José Alarcón Hernández, quien actualmente funge como representante del Revolucionario Institucional ante el Consejo General del IEE.

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Simón dice:

«Patriotismo es tu convencimiento de que este país es superior a todos los demás porque tú naciste en él».

George Bernard Shaw (1856-1950). Escritor irlandés.

* Jorge Sánchez, trata de imponer nuevo director en el IEE

* Fernando Morales, el diputado desobediente del PRI

La «gran obra» de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz —un Viaducto Elevado, si así puede llamarse una vialidad de 1,500 metros de longitud sobre el boulevard Atlixco—, podría convertirse, paradójicamente, en uno de sus peores yerros, por tratarse de una obra poco prioritaria, que endeudará las ya de por sí comprometidas finanzas del ayuntamiento con 180 millones de pesos adicionales, pero que además es rechazada por los vecinos y comerciantes de la zona.

El llamado Viaducto Elevado es una obra polémica en términos políticos, financieros y técnicos. Políticamente, porque la alcaldesa ha pretendido utilizarla para catapultar sus aspiraciones a la gubernatura, mientras que sus críticos y detractores —en particular el exalcalde Enrique Doger Guerrero y el regidor priísta Enrique «Kío» Chávez Estudillo— han buscado que, so pretexto de la obra y el crédito que contratará el ayuntamiento, Blanca Alcalá se comprometa públicamente a concluir su gestión de tres años.

En el plano técnico, el Segundo Piso que se planea sobre el boulevard Atlixco, es también controversial, empezando por el nombre. ¿Puede denominarse Viaducto Elevado una avenida de escasos 1,500 metros de longitud, que irá de la calle Matamoros, en la colonia La Paz, hasta el puente que cruza el Río Atoyac, casi enfrente de la plaza comercial JV San José?

Los segundos pisos se han diseñado como una alternativa para resolver problemas crónicos de tránsito en una ciudad, pero para que funcionen es necesario que éstos se conecten a vialidades menos congestionadas, lo que no ocurrirá con el Viaducto Elevado cuya rampa de salida va a desahogar en el Puente de la Juventud, que a horas pico está convertido en un nudo gordiano.

Un segundo piso corto no resolverá ningún problema de tránsito, si manda los congestionamientos viales va de una zona conflictiva a otra zona conflictiva.

De ahí la conveniencia de que antes de que se inicien los trabajos, el ayuntamiento —a través del secretario de Gestión Urbana y Obras Públicas, Jorge Rodríguez y Morgado— ponga del conocimiento de los especialistas, los estudios de origen y destino actualizados —no los que se hicieron en el sexenio de Manuel Bartlett—, así como el proyecto ejecutivo de la obra.

El monto que la administración de Blanca Alcalá Ruiz tiene previsto gastarse en el llamado Viaducto Elevado, 280 millones de pesos, de los cuales 180 millones saldrán de un nuevo crédito bancario, es igualmente debatible.

De entrada, porque tal obra no es percibida por quienes vivimos en la capital como altamente prioritaria.

Nadie niega los graves problemas de tránsito que existen en la zona, pero la intención de hacer un segundo piso parece más una obra de relumbrón y orgullo personal, que una alternativa eficiente y eficaz para terminar con los congestionamientos viales que a horas pico se registran en los cruceros del boulevard Atlixco con la 25 y la 31 Poniente, y con el Circuito Juan Pablo II.

Si Blanca Alcalá quiere dejar huella a su paso por el gobierno de la ciudad, sería mejor que no aumentara la deuda del ayuntamiento, que gestionara del gobierno de Mario Marín y de la Federación mayores recursos para pavimentación de calles y alumbrado público, y que se concretara a cumplir las promesas que hizo en campaña.

¿O acaso ya se le olvidaron?

Cuando todos los consejeros y representantes de partidos políticos daban por hecho la ratificación de José Antonio Bretón Betanzos, como director general del Instituto Electoral del Estado (IEE), el viernes por la tarde el consejero presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, le giró un memorandum solicitándole dos cosas: uno, desocupar la oficina que desde el 12 de septiembre de 2003 ocupa y, dos, que hiciera la entrega de la misma a la Contraloría Interna.

El presidente del IEE tomó esa decisión a espaldas de sus homólogos, que en diferentes mesas de trabajo le plantearon discutir la ratificación o salida de José Antonio Bretón, a lo que éste siempre se rehusó.

Ahora el tema se analizará el martes, en sesión del Consejo General, y la intención de Jorge Sánchez es nombrar un nuevo director general, sin antes poner a la consideración de los consejeros y representantes de partidos políticos la ratificación del director saliente.

El problema es que tal decisión vulnera los derechos de José Antonio Bretón, quien tendría derecho a ser ratificado, en términos del artículo 96 del código electoral vigente, amén de que ésta contradice algunas jurisprudencias de la Suprema Corte, que refieren que en aquella instancia donde un nombramiento está por vencer y existe la posibilidad de la ratificación, lo primero que debe hacerse es revisar y evaluar el desempeño del que ocupa el cargo.

En ese escenario, lo más probable es que en la terna de candidatos que el presidente del IEE someta la consideración del Consejo General para ocupar el cargo de director general, éste incluya el nombre de José Antonio Bretón, para que primero se discuta el desempeño de éste y se evalúe la conveniencia de ratificarlo o no en el puesto.

Fernando Morales Martínez se ha convertido en un legislador incómodo para el coordinador formal y la coordinadora real de los diputados federales poblanos en San Lázaro, Juan Carlos Lastiri Quirós y Mercedes del Carmén Guillén Vicente, respectivamente.

Y es que aprovechando sus conectes, el hijo del exgobernador Melquiades Morales Flores prácticamente se ha deslindado de Lastiri y de Paloma, sobre todo de ésta última con quien no mantiene una buena relación desde la campaña política.

La aún delegada del CEN del PRI tuvo varias diferencias con Fernando Morales a causa de su protagonismo y de su comportamiento como «pobre niño rico» durante el reciente proceso electoral, de ahí que el hijo de Melquiades ha optado no sólo por ignorar sus llamados e invitaciones, sino por hablar mal de ella con otros legisladores del Congreso de la Unión.

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La declaración que este domingo hizo Blanca Alcalá, en el sentido de que será hasta enero cuando defina si participa o no en la contienda por la gubernatura, revela dos cosas: una, que sí aspira a sustituir a Mario Marín en Casa Puebla, aunque el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, diga lo contrario y, dos, que su expectativa de alcanzar la nominación depende, en buena medida, de lo que ocurra con Javier López Zavala de aquí hasta fin de año.

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Simón dice:

«Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río».

Nikita Jruschov (1894-1971) Presidente de la URSS.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) podría convertirse en el talón de Aquiles de los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, por el desgaste de su presidente Jorge Sánchez Morales y la desconfianza que sobre él tienen consejeros electorales y representantes de partidos políticos.

No por nada en el proyecto de reformas electorales que este día harán llegar a la LVII Legislatura local los miembros del Consejo General del IEE hay varias propuestas con clara dedicatoria al presidente del Instituto, como aquella que plantea que éste debe integrar a sus informes anuales las auditorias internas y externas que se realicen a la presidencia y a las direcciones ejecutivas del organismo.

O aquella otra que lo hace responsable no sólo del ejercicio presupuestal y financiero del Instituto, sino de vigilar y velar por el patrimonio del organismo y los recursos humanos y materiales a su cargo.

Jorge Sánchez no es ninguna garantía para sacar adelante el proceso electoral del año entrante, pues no sólo carece de la confianza y estima de sus compañeros consejeros —en particular de Alicia Olga Lazcano Ponce, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López— sino de la menguada estructura operativa del Instituto, comandada por el director general José Antonio Bretón Betanzos, cuya ratificación o salida tendrá que analizarse en un par de meses.

Además, mantiene una abierta confrontación con dirigentes y representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, entre los que destacan Rafael Guzmán Hernández, del PAN y Jorge Luis Blancarte Morales, de Convergencia.

Pero por si eso no fuera suficiente, hay que agregar que una buena parte de las direcciones ejecutivas y demás oficinas del aparato operativo del Instituto están desmanteladas o sin titular. En el mejor de los casos funcionan con un encargado de despacho.

A la fecha están vacantes la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Contraloría Interna, la Oficina del Área de Trámite de la Secretaría General, y la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General. Y otras como la Dirección Administrativa y la Unidad del Servicio Electoral Profesional operan desde hace más de dos años con encargados de despacho.

De ahí, la fundada preocupación de no pocos actores políticos sobre el riesgo de que Jorge Sánchez Morales se mantenga como organizador y árbitro del adelantado proceso electoral del año próximo.

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Simón dice:

“Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”.
Publio Terencio Afer (195 AC-159 AC). Autor cómico latino.

Por Eduardo González

Si alguna duda queda sobre la oscuridad –ya no opacidad- con la que se manejan los recursos del Instituto Electoral del Estado, ésta puede quedar despejada al revisar el cumplimiento de las solicitudes de información hechas a la Dirección Administrativa del organismo, a cargo de Verónica Paola Cruz Castillo.

Y es que no se trata sólo de la ocurrencia de uno, dos o tres consejeros que piden el detalle de los movimientos financieros, el resultado de las auditorías o la justificación de los gastos, sino que a la propia Comisión de Administración se le ha negado acceso a los documentos que avalan el “transparente” uso de los recursos públicos en esa entidad electoral.

Por ejemplo, éste órgano auxiliar del Consejo General, presidido por Miguel David Jiménez López e integrado por Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano, solicitó desde el 30 de abril del año pasado a la encargada de despacho diera cumplimiento “en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a los acuerdos tomados en las sesiones de la comisión, pero a la fecha, esa cuestión elemental, no ha sido acatada.

Prueba de ello es que el 25 de julio de 2008 se solicitó al consejero presidente Jorge Sánchez Morales y, al director general José Antonio Bretón Betanzos, el detalle de las observaciones y solventaciones de las auditorias 2008 hechas por la Contraloría Interna, el despacho externo Freyssinier Morín y en su caso el Órgano de Fiscalización del estado.

Incluso la Dirección General por medio de los memorándums IEE/DG-352/08 y el IEE/DG-353/08 ordenó a la encargada del despacho que enviara dicha información a la comisión para su análisis, pero la encargada ni siquiera dio respuesta a los documentos que le fueron girados.

El 7 de noviembre de 2008 la Comisión Administrativa requirió el informe a detalle de los pagos realizados por el concepto de telefonía celular y de radio comunicación de acuerdo con el número de equipos que se tiene autorizados por área, personal al que le ha sido asignado, planes contratados y el importe del recurso para el pago respectivo.

Sin embargo al acuerdo no se cumplió.

Lo mismo sucedió con el análisis sobre los recursos sobrantes del presupuesto 2008 y la información correspondiente al diseño y planeación presupuestal de gasto en nómina para 2009 que se le pidieron en agosto y diciembre del año pasado.

En el mejor de los casos, si es que así se puede considerar, los acuerdos fueron acatados después de 3 meses de su firma.

El 29 de septiembre de 2008 los integrantes de la Comisión solicitaron a Verónica Paola Cruz Castillo un análisis del programa operativo anual de la dirección a su cargo, pero aunque de manera previa se le indicó que los acuerdos los respondiera en un máximo de 5 días, en el caso de éste tardó 100 días.

Para el 14 de octubre le fue requerido un informe a detalle de las transferencias realizadas para el pago de nómina, tanto ampliaciones como reducciones, e indicara a qué partidas se transfirieron los recursos, y ello lo realizó 105 días después.

Ya en el colmo de las negativas, el 16 de febrero de 2009 los consejeros pidieron a Cruz Castillo diera cumplimiento a doce acuerdos emitidos por la Comisión desde abril de 2008 a enero de 2009, pero ¿qué cree? A la fecha esta petición tampoco ha sido respondida.

¿Incapacidad? ¿Descaro? O ¿Ilegalidad?

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Si algo quedó demostrado ayer, durante la presentación del informe financiero del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ante los integrantes del Consejo General del organismo, es su falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales se había comprometido, ante sus pares en el IEE, a entregar por escrito el informe financiero del 2008 la tarde del miércoles, a fin de que éstos pudieran revisarlo antes de que se presentara al pleno.

El consejero presidente no lo hizo, y trató de justificar su incumplimiento en la negativa del director general del Instituto, José Antonio Bretón Betanzos, de avalar y supervisar las cifras y datos contenidos en éste.

A su vez, Bretón Betanzos le mandó a decir por oficio que no era competencia suya la supervisión del informe financiero, sino de la Contraloría Interna, en términos del artículo 109 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, y del artículo 7 fracción XI del Manual de los Funcionarios de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado.

La sesión en la que Sánchez Morales rindió su informe financiero correspondiente al año 2008 debió iniciar a las 14 horas de este jueves, pero se pospuso hasta las 18 horas porque el documento aún no estaba concluido.

El presidente del IEE se presentó con un informe de nueve hojas, que a esa hora leyó y distribuyó a los miembros del Consejo General.

Éstos para variar le criticaron que en el documento no se incluyeran los reportes de la Contraloría Interna, ni del auditor externo, el despacho Freyssinier Morín, así como las contradicciones entre lo informado por él y la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, sobre el monto total de las ampliaciones presupuestales hechas por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al Instituto.

Sánchez Morales quiso salirse por peteneras. Sobre las auditorías internas dijo que éstas no se incluyeron pues todavía estaban en proceso, y acerca de los reportes del auditor externo apuntó que éstos no podían difundirse por cuestiones de normatividad interna y la Ley de Transparencia.

Sus excusas y argumentos fueron tan malos que en la sesión de este jueves nadie, pero absolutamente nadie, salió a defenderlo. Vaya, ni siquiera el representante del PRI, José Alarcón Hernández, para quien los consejeros electorales sólo están para votar y cobrar.

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Simón dice:

“Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa”.
Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

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Arrecia la disputa por el Colegio de Economistas
Quiere el huracán Arandia la Comisión de Seguridad

En la primera sesión del año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), efectuada el viernes por la tarde, el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dejó en claro dos cosas: su animadversión hacia Rafael Guzmán Hernández como representante del Partido Acción Nacional, y su opacidad en torno a las finanzas y administración del máximo organismo electoral de la entidad.

El primer tema quedó de manifiesto cuando se rehusó a que Rafael Guzmán rindiera protesta como representante del PAN y participara en la sesión, arguyendo que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tenía que corroborar con la dirigencia estatal panista la legalidad y autenticidad del oficio de acreditación que éste presentó.

Su exabrupto, porque no se puede calificar de otra forma, fue tan burdo que hubo consejeros que se desmarcaron de él y pidieron se asentara en actas que nada habían tenido que ver con esa decisión personal del consejero presidente, que hasta el representante del PRI, José Alarcón Hernández, mostró su extrañamiento con ese proceder.

Rafael Guzmán, hay que decirlo, ha sido uno de los representantes partidistas que en el pasado reciente más han criticado la falta de transparencia en las finanzas del Instituto, así como los excesos y la opacidad del consejero presidente en los ejercicios presupuestales de los dos últimos años.

La segunda cuestión que también quedó de manifiesto en esa sesión del IEE, fue que Jorge Sánchez Morales sigue haciendo de las suyas con los recursos públicos asignados al organismo electoral.

Cuando la consejera Olga Lazcano Ponce le solicitó, en asuntos generales, que aclarara quién había autorizado, qué beneficios se habían obtenido y a qué se habían aplicado los intereses por 849 mil pesos de algunos fondos de inversión contratados por el Instituto con instituciones financieras y bancos como HSBC, Jorge Sánchez simplemente eludió el tema.

Éste afirmó que el asunto de las inversiones debía abordarse con la encargada de la Dirección de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, o en todo caso con el director general del Instituto, Antonio Bretón Betanzos, por ser el jefe de aquella.

El consejero Fidencio Aguilar Víquez le pidió, por su parte, una explicación sobre los 4.3 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado había transferido al IEE, como parte de su presupuesto autorizado para el 2009 por parte del Poder Legislativo local.
Jorge Sánchez intentó evadir el tema, y nuevamente solicitó que éste se tratara con la responsable del área, Paola Cruz, o con su jefe inmediato, Antonio Bretón.

Fidencio Aguilar insistió que el asunto se resolviera ahí.

Y fue entonces que se le explicó que las transferencias por 4.3 millones de pesos se habían canalizado a compensar los sueldos de los consejeros electorales y a cubrir diversos gastos de la Unidad de Transparencia.

A Jorge Sánchez le replicó que la compensación de los sueldos de los consejeros ascendía a 1.2 millones de pesos y que los gastos de la Unidad de Transparencia a poco más de 200 mil pesos, por lo que las cuentas no salían.

Terció en la discusión el director general del IEE, al señalar que propondría a la Contraloría llevar a cabo una auditoría para conocer el destino de tales transferencias por 4.3 millones, que en ese momento no pudieron ser justificadas por Jorge Sánchez, ni por su encargada de administración.

EN CORTO
Apenas se publicó el jueves la convocatoria para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Puebla, arreció la disputa entre dos de los tres aspirantes a suceder a Honorio Isidro Ojeda Lara en la presidencia del organismo: Jorge Moreno Valle Buitrón y José Octavio Castilla Kuri.

El primero, empresario deportivo y hermano del actual director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Rafael Moreno Valle Buitrón, tiene el apoyo del mandamás de Casa Puebla, y de algunos ex presidentes del Colegio como Lauro Sánchez López, con quien ocupó el cargo de vicepresidente.

El segundo aspirante, Octavio Castilla Kuri se desempeña actualmente como director de Planeación del ayuntamiento de Puebla; fue asesor del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; subdirector de la Promotora Universitaria de la misma institución, y ex secretario particular de José Alarcón Hernández. Este último también fue presidente del Colegio de Economistas, y es hoy uno de sus principales impulsores.

Para la renovación del Consejo Estatal Directivo 2009-2011 se tenía prevista la participación de Jorge Pérez Mejía, actual vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, y coordinador de comisiones del Colegio de Economistas de Puebla. Sin embargo, trascendió que la semana pasada, en la víspera de la publicación de la convocatoria, declinó a su aspiración para sumarse al equipo de Moreno Valle Buitrón.

Quien hasta ahora se ha mantenido al margen de la contienda, como un actor imparcial, es el actual presidente del organismo, quizás porque quiere evitar lo que a él le ocurrió en su elección de hace dos años, cuando en la disputa por la presidencia del Colegio su contrincante Leonardo Peña Jacobo, entonces gerente regional de Bancomext, impugnó el proceso y desconoció al presidente de la Comisión Electoral, Lauro Sánchez.

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Trivia:

¿Qué aspirante priísta a la gubernatura de Puebla canceló un contrato de asesoría a una prestigiada firma consultora cuando supo que ésta tenía como cliente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto?

Dos tips.

1. El susodicho tiene pacto en la contienda interna del PRI por la presidencia de la República con el senador y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

2. En el estudio comparativo que le hizo la mencionada consultora, midiendo sus atributos y defectos con otros aspirantes a la gubernatura de Puebla, no sale muy bien librado.

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El próximo martes 24 de los corrientes, en el auditorio de la facultad de Derecho de la BUAP, se efectuará una mesa de análisis sobre las elecciones federales de este año, en la cual participarán el doctor Francisco Aceves González de la Universidad de Guadalajara; el doctor Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de las Américas Puebla; el maestro Elías Aguilar García, director de la firma de estudios de opinión Indicadores; el periodista Arturo Luna Silva, director del nuevo portal Puebla on line, y el que esto escribe.

La mesa de análisis será coordinada por el doctor Jorge Calles Santillana, en el marco de la Semana de la Sociología, que del 23 al 27 de marzo se efectuará en esta escuela adscrita a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

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Raúl Sergio Arandia Jiménez “El Huracán” no sólo quiere ser diputado federal por la vía plurinominal, sino que el PAN lo considere como una de sus cartas fuertes para presidir la Comisión de Seguridad Pública en la entrante legislatura, dada su experiencia de 19 años en puestos policíacos y en áreas de readaptación social y protección civil.

Arandia fue propuesto por los panistas del distrito 15 de Tehuacán como precandidato a diputado de representación proporcional.

Para hacerse de esta nominación, Raúl Arandia tendrá que conseguir una alta votación de los miembros y adherentes del PAN en la entidad, sobre todo considerando que no es de los favoritos del Comité Directivo Estatal, que tiene como prioridades a Pablo Rodríguez Regordosa y a Augusta Valentina Díaz de Rivera.

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Simón dice:

“Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”
Antonio Machado, poeta y prosista español.

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Por Eduardo González

El Congreso del estado de Puebla siguió los pasos tomados por los legisladores priístas de Colima y aprobó una reforma en materia electoral que no asumió en su totalidad los cambios dictados a nivel federal.

La homologación de las elecciones para 2010, en el mes de julio, es de entrada el punto más cuestionado y meterá en un brete al poder legislativo en caso de que una controversia constitucional prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados que conocen de derecho electoral, que en Puebla son muy pocos, sostienen que las posibilidades de que ganen los partidos de oposición -que han anunciado su intención por impugnar la reforma- son amplias y eso obligará a que se aborte la fecha de los comicios.

De acuerdo con un artículo transitorio incluido por la bancada del PRI, en 2010 la contienda fue propuesta para noviembre y no para el mes de julio.

¿Pero qué pasaría si los cambios a la constitución en Puebla van para atrás, se obliga a realizar la elección en julio, y el proceso electoral comienza en noviembre de 2009?

De entrada el arranque de los comicios se empatarán con el proceso de renovación de la dirección general del Instituto Electoral del Estado previsto para el mes de septiembre.

En caso de que el actual titular –José Antonio Bretón Betanzos– no sea ratificado en el cargo, el nuevo funcionario apenas ingrese deberá ya estar al frente de la organización de los comicios estatales.

Además al interior del organismo debería existir preocupación de acercarse al tercer año de gestión de los actuales consejeros electorales y a un nuevo proceso estatal, con cuatro funcionarios como encargados de despacho, sin que se haya convocado a un concurso para seleccionar a sus titulares.

En esta situación se encuentra la Unidad del Servicio Electoral Profesional, la Dirección Administrativa, la Contraloría Interna y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Al paso que va, no sería extraño que el Consejo General organice otra elección y termine su periodo de gestión con un encargado de la presidencia.

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Este jueves sesionará el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, encuentro del que surgirán las tres propuestas de candidatos a diputados plurinominales.

Augusta Valentina Díaz de Rivera -también conocida como “Tití”- y Pablo Rodríguez Regordosa están asegurados, pero aunque se mencionó en tercer lugar el arribo de Óscar Anguiano Martínez, su lugar será ocupado por otra figura del partido.

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En la misma sesión se integrarán como miembros del Comité Directivo Estatal el ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez y el actual encargado de prensa de la bancada del PAN en el Congreso local, Ignacio Dávila Mora.

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En la colonia Del Valle, ubicada en el distrito 6 del municipio de Puebla, se presentó el precandidato a diputado por parte del PRI, Francisco Ramos Montaño, ex director del Instituto Poblano de la Juventud.

Con tal de hacerse de la simpatía de los vecinos, vociferó que gracias al PRI se lleva a cabo la urbanización de la avenida Valle Nacional, sin embargo al priísta le pasó por alto que la obra enfrenta un severo retraso y para rematar está mal hecha.

Al enfrentar los reclamos de los colonos, el joven Ramos sólo atinó a decir que las irregularidades se originaron por las gestiones del ayuntamiento. Por fin, ¿la obra la gestionó el PRI o la Comuna?

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