Una de las empresas favorecidas por el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, en el ejercicio del gasto del 2007 fue Target Eye SA de CV, de la que Jorge Espino Flores es su principal accionista.  A esta compañía no sólo se contrató el concepto creativo de la campaña publicitaria del IEE durante el pasado proceso electoral por un monto de 287 mil pesos, sin licitación de por medio, sino el pago de diversos servicios que van desde la pinta de bardas y la producción de spots publicitarios hasta la colocación de anuncios móviles y espectaculares.

En las auditorías realizadas por la Contraloría Interna y el despacho de Freyssinier Morin, Target Eye fue objeto de diversas observaciones, debido a sus contratos nunca pasaron por el Comité de Adquisiciones, y a que sus servicios y productos fueron fraccionados, en franca violación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Con la complicidad del consejero presidente, a Target Eye —“empresa de reciente creación y sin experiencia en material electoral”— se le contrataron compras fraccionadas de abril a noviembre de 2007 por 320 mil pesos, amén de otros servicios que supuestamente ofrecían otros proveedores como Garabed Nathael Hernández, quien cobró 350 mil pesos por la producción de spots publicitarios, y un pintor de bardas que entregó facturas por 450 mil y 500 mil pesos más IVA.

Lo curioso, en el caso de la rotulación de bardas, es que Target Eye facturó en una primera etapa 90 bardas cuando en realidad sólo había pintado 26.

Otras empresas que también fueron utilizadas para favorecer a Jorge Espino fueron Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencias, a las cuales se les adjudicaron de manera directa —y por recomendación del consejero presidente Jorge Sánchez Morales y la entonces encargada de Comunicación Social, Adriana Álvarez Hernández— la contratación de anuncios móviles y espectaculares por un monto de 1 millón 381 mil pesos.

El presidente del IEE y la hoy titular de la Unidad de Acceso a la Información del organismo electoral argumentaron que tales compañías no sólo tenían los derechos de los anuncios móviles y espectaculares de mayor impacto visual (cuestión que nunca se justificó mediante un estudio), sino que ofrecían los mejores precios del mercado.

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Hete aquí, para conocimiento de los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), un primer extracto de las anomalías y observaciones que la Contraloría Interna hizo al ejercicio presupuestal de 2007, y que el consejero presidente Jorge Sánchez Morales trata de esconder a toda costa.

1.- De enero a septiembre de 2007 se cargaron errónea y, en algunos casos, deliberadamente 853 mil 141 pesos a la partidas 3601 denominada Gastos de Propaganda que en realidad corresponden a otros rubros como Impresiones, Servicios de Informática, Otros Gastos de Difusión e Información, de acuerdo con el Clasificador por objeto de gasto emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.
Lo anterior no es, como alguien pudiera pensar, un simple error de registro. En realidad, el propósito de esas “equivocaciones” cometidas por la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, era ocultar el sobregiro en algunas partidas altamente observables para cualquier auditor.

Estos errores de registro explican, de paso, por qué nunca coincidieron los reportes del consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, con los de la consejera Olga Lazcano Ponce, presidenta de la Comisión Permanente de Comunicación Social del IEE, sobre la controvertida partida 3601 Gastos de Propaganda.

2.- El pago de servicios de asesoría por un monto de 96 mil 842 pesos con cargo a la partida 3901, denominada Servicios Diversos y que según el clasificador de la Secretaría de Finanzas está destinada a la cobertura de penas, multas, accesorios y actualizaciones.

La asesora, contratada por el presidente del IEE y adscrita a la Dirección Administrativa, es la contadora Katy Pacheco Pérez —sobrina, por cierto, del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido—, quien entregó los recibos de honorarios 0024 y 0025 por concepto de Servicios Profesionales.

Una irregularidad adicional en este punto es que el contrato que ampara su asesoría no es un contrato de prestación de servicios profesionales, sino de arrendamiento.

3.- De enero a septiembre de 2007, el Instituto Electoral del Estado destinó 15 mil pesos mensuales a cada representante de partido político por concepto de “apoyo y colaboración”. Dicha erogación se registró en la partida 4311, que corresponde a Otras Transferencias.

Según la auditoría practicada por Dalhel Lara Gómez ese gasto no está contemplado, ni autorizado en ninguna normativa, amén de que carece de soporte fiscal y documental.

Hasta aquí este primer compendio de observaciones al ejercicio presupuestal del 2007 del IEE. Mañana ofrezco presentarle una segunda parte, acerca de lo que las auditorías arrojaron al comparar los reportes entregados por la Dirección Administrativa a los consejeros de la Comisión Permanente Administrativa y a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, que simplemente no concuerdan.

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Este viernes el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estará de gira en la Sierra Norte, concretamente en Francisco Z. Mena, y aprovechará el viaje para reunirse con un grupo de simpatizantes del “Proyecto Z” en el rancho Palo Blanco del ganadero Ángel Salas.

El problema es que uno de los organizadores de su gira, el legislador local Carlos Barragán Amador, quien se ya promueve para diputado federal, no goza del aprecio de muchos de los políticos de aquella región de la entidad, debido a sus frecuentes escándalos.

El último de ellos ocurrió el viernes pasado, después de una cabalgata por Francisco Z. Mena, en compañía del diputado federal Alberto Amador Leal. Carlos Barragán se quedó en Rancho Nuevo, donde se organizó una comida y un baile, que terminó a golpes entre el legislador local y el ganadero Miguel Guidobro, de Mecapalapa.

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