Las versiones que han llegado a las oficinas de transición del presidente electo, José Antonio Gali Fayad, en el sentido de que la administración de Eduardo Rivera Pérez podría heredarle un adeudo millonario por supuestos juicios perdidos con las empresas Jajomar —que demanda una indemnización por 608 millones de pesos— y Tapsa —que exige el pago 100 millones de pesos por la terminación anticipada de un contrato de tratamiento de aguas—, son totalmente erróneas.

Más la segunda que la primera, ya que de entrada Tapsa (Tratamiento de Agua de Puebla SA) no demandó al ayuntamiento capitalino, sino al Soapap que decidió finiquitar un contrato con esta empresa —filial de la francesa Degremont— ya que el agua que supuestamente limpiaba en sus plantas de tratamiento no cumplía con los estándares mínimos de calidad, lo que suponía riesgos para la salud de la población.

Tapsa se inconformó con la rescisión, promovió dos amparos —que fueron desechados en las instancias judiciales poblanas— y exigió el cumplimiento de una cláusula que establecía que en caso de que el contrato se terminara de manera anticipada recibiría una indemnización por 100 millones de pesos.

El juicio todavía sigue, pero ahora en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil. La defensa del Soapap ya no está a cargo de Juan Pablo Piña, sino del abogado Vicente Corta del despacho White & Case, mientras que la demanda de Tapsa la lleva el bufete de Martínez, Algaba, Estrella, de Haro y Galván-Duque, también con sede en el Distrito Federal.

Por lo que hace a la demanda de Jojamar, hay que decir que esta data de la gestión de Blanca Alcalá Ruiz cuando el ayuntamiento de Puebla pidió al Congreso del estado suspender la concesión que inicialmente había adjudicado a esta empresa para la instalación de parquímetros o estacionómetros en el primer cuadro de la ciudad.

Jajomar se inconformó con esta decisión de última hora y promovió un juicio ante el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Puebla, asentándose en el expediente 909/2010, en el cual demanda el pago el 608 millones 164 mil pesos, cifra que resulta de sumar 15 millones 227 mil pesos por supuestos menoscabos patrimoniales que sufrió la empresa entre adjudicación del contrato y la suspensión de la concesión, y 592 millones 936 mil pesos por privación de ingresos lícitos.

Dicho juicio se encuentra actualmente en trámite en un Juzgado Federal Octavo de Distrito radicado bajo el número de amparo 857/2013.

El síndico Ernesto Bojalil Andrade cree que la demanda de Jojamar terminará siendo desechada por la justicia federal por la inconsistencia de las pruebas que ha presentado, tales como facturas con fecha anterior a la licitación, facturas de compra de materiales para otro municipio, y salarios de personas contratadas antes de la licitación o de que el contrato le fuera adjudicado.

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La especie de que el secretario General del Gobierno del estado, Luis Maldonado Venegas, se habría afiliado ya o estaría en proceso de convertirse en miembro del Partido de la Revolución Democrática, es completamente falsa.

Lo que sucede es que el ex senador y ex dirigente nacional de Convergencia (hoy partido Movimiento Ciudadano) fue invitado por una de las corrientes nacionales del PRD a integrarse a un Consejo Consultivo de 15 académicos, políticos e intelectuales latinoamericanos de la socialdemocracia.

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Esta mañana se comunicó a este espacio la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública del estado, Patricia Corro Vázquez, para aclarar que Jorge Muñoz Carballeda no ha sido nombrado como director de Recursos Humanos en sustitución de José Mariano Casas Sánchez, como aquí se escribió.

Nos precisó que Casas Sánchez sí dejó la Dirección de Recursos Humanos, pero que en su lugar fue nombrado Enrique Reinoso Dueñas, como encargado de despacho, y a la vez se mantendrá como director general de Administración de la SEP.

Reinoso –con i latina- fue catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, director de Finanzas y Administración en el Instituto de Educación y director general de Canacintra de esa misma entidad.

De paso Patricia Corro también nos adelantó que a partir de la próxima semana se integrará al equipo de Eukid Castañón Herrera como directora de Comunicación Social de la Secretaría de la Contraloría del estado.

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Este viernes estará en Puebla la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga del Carmen Sánchez Cordero, para impartir una conferencia sobre el caso de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, acusada de secuestro en México y liberada en enero de este año.

La conferencia se realizará al medio día en el Aula Magna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y responde a una invitación expresa del presidente del Consejo de Directores de la institución, abogado Gerardo Tejeda Foncerrada.

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Twitter: @periodistasoy

En lo que parece el colmo del cinismo, ante la pasividad, tortuguismo y complicidad de la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ahora quiere argumentar, para impedir su destitución, que el artículo 28 de la Ley de Transparencia que impide ser comisionado a quienes han sido dirigentes de partidos o agrupaciones políticas, es anticonstitucional al restringir la libertad de asociación tutelada por el artículo 6º de la Carta Magna.

Con la complicidad de algunos abogados especialistas en amparo, el ilegítimo Juárez Acevedo quiere argüir también que el procedimiento iniciado por la Comisión de Gobernación del Congreso local –a cargo del blandito Pablo Fernández del Campo Espinosa–  para removerlo del cargo, es improcedente, pues no partió del titular del Poder Ejecutivo (entiéndase el gobernador), ni de las dos terceras partes de los diputados de la actual legislatura (ja, ja, ja, ja).

Ambas argucias, sugeridas por quien fuera su compañero en la Escuela Libre de Derecho, Fernando Castillo Pacheco, podrían plasmarse hoy en un juicio de amparo contra la decisión de remover a Juárez Acevedo, y en el que los medios de comunicación que hemos criticado su cinismo, seremos llevados al banquillo de los acusados.

En sus palabras, “los medios de comunicación, en especial la prensa escrita y los programas amarillistas y tendenciosos tanto de radio como de televisión han hecho de este caso –en su hambre de notas sensacionalistas– su pan de cada día, lo cual ha mal informado a la ciudadanía poblana respecto del procedimiento iniciado en contra del licenciado Antonio Juárez Acevedo”.

En su afán de demostrar que él es el personaje idóneo para sacar del embrollo al titular de la CAIP, Castillo Pacheco presume que “ha logrado que los medios de comunicación vean con seriedad las acciones jurídicas” y apoyen a sus clientes en asuntos en los que son víctimas de la autoridad, como le ocurrió a la empresa Jajomar, concesionaria del sistema de estacionómetros en el municipio de Puebla.

Según él, desde su intervención en el caso de los parquímetros “se acabó el linchamiento mediático” en contra de Jajomar y el descontento social recayó en el ayuntamiento de Puebla y no en la empresa que limpiamente ganó la licitación (ja, ja, ja, ja).

Al margen de estas fanfarronadas de su amigo y el escándalo en que se ha visto envuelto por haber ocultado su pertenencia como miembro de la directiva de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo cierto es que Juárez Acevedo intenta ahora por la vía legal que el Congreso suspenda el procedimiento que le inició para destituirlo.

Como ya se dijo líneas arriba, el presidente de la CAIP recurrirá al juicio de amparo, valiéndose de nuevas argucias:

1. Que el procedimiento que le inició la Comisión de Gobernación es improcedente, al haber sido promovido sólo por el grupo parlamentario del PAN, atendiendo a cuestiones político partidistas y no legales;

2. Que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es anticonstitucional, por coartar el derecho a la libre asociación;

3. Que los diputados locales jamás podrán acreditarle su actuación como secretario de Plataforma Cuatro a partir de nombramiento como comisionado de la CAIP; y

4. Que su destitución no encaja en ninguna de las tres causales previstas por el artículo 29  de la Ley de Transparencia, como son trasgresiones graves a la Constitución federal y la particular del estado, haber incurrido en alguna responsabilidad administrativa o haber sido condenado por algún delito que merezca pena corporal.

¡Vaya cinismo!

El juicio de protección de garantías individuales que hoy seguramente promoverá Juárez Acevedo, de la mano de su compañero de Alma Mater, será una afrenta más del supuesto garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, pero ahora contra los blandengues diputados del PRI que han alargado y entorpecido su destitución por más de un año.

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Sesiones en lo oscurito

Desde el escándalo en que se encuentra inmersa la CAIP y su ilegítimo presidente, Antonio Juárez Acevedo, las sesiones del pleno de esta comisión se hacen a escondidas de la prensa.

Por decisión de quién sabe quién, los medios dejaron de ser convocados a las sesiones ordinarias y extraordinarias donde se resuelven recursos de impugnación contra negativas de información de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia.

Ahora estas sesiones se realizan en petit comite, con la presencia de los tres comisionados, sus secretarios particulares y los asistentes de sus asistentes.

¡Viva la transparencia y la rendición de cuentas!

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Freyssinier Morin descubre nuevas anomalías de JSM
López Zavala ofrece protección, a cambio de apoyos

Por si los abusos y excesos cometidos en 2007 por el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, no fueran suficientes, el despacho Freyssinier Morin acaba de hacerle llegar una nueva relación de 25 observaciones correspondientes sólo al mes de abril de 2008. (Ver hoja 1, ver hoja 2)

Entre las observaciones figuran –para variar– excesos en servicio de telefonía celular y radiocomunicación; compras fraccionadas en papelería; adjudicaciones directas en impresión, servicios de fotocopiado y arrendamiento de estacionamiento; la asignación de viáticos fuera de norma; errores en la clasificación de diversos gastos por concepto de mensajería, difusión e información, mantenimiento de equipo y el cobro de cheques supuestamente cancelados.

El reporte del auditor externo del IEE, enviado en junio pasado a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, detalla tres observaciones al consejero presidente por rebasar los límites establecidos en telefonía celular y servicio de Nextel en el acuerdo IEE/JE-008/08.

Se trata de las observaciones 2, 9 y 17; en las primeras dos, Hermilo García Carreón, del despacho Freyssinier Morin, asienta que Jorge Sánchez se gastó 2,447 pesos y 2,518 pesos en el teléfono móvil que tiene asignado cuando su límite mensual es de 1,295 pesos. En el punto 17, se repite la misma situación pero con su equipo de radiocomunicación: tiene un límite autorizado de 534 pesos, pero se gastó 1,115 pesos.

Las 25 observaciones suman un total de 844 mil pesos, y de éstas las de mayor cuantía se refieren a contratos asignados sin concurso o licitación pública.

En el punto 12 se cuestiona la falta de justificantes para arrendar una bodega a nombre de Comercializadora MP S.A. de C.V., en 73 mil 600 pesos; en el punto 15, la falta de al menos tres cotizaciones para el suministro de bienes y servicios de los contratos D04/040 y D04/044 por un monto 183,831 pesos; en el punto 16, la asignación a Sistemas Contino S.A. de C.V. de un contrato por 62,016 pesos para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, y en el punto 20, la ausencia de cotizaciones y tabla comparativa de los invitados a proveer los bienes y servicios que se describen en el contrato D04/068 por un monto de 83,921 pesos.

Otra irregularidad destacada por los auditores del despacho Freyssinier Morin es la enumerada en el punto 24, la cancelación de un cheque por 33,250 pesos, que, no obstante, fue considerado en el gasto y descargado de la cuenta bancaria del Instituto Electoral del Estado.

Las compras fraccionadas de papelería continúan siendo motivo de observaciones. En el reporte se menciona el caso de dos compras de papel de seguridad a la empresa Carbopapel S.A. de C.V. por 9,269 pesos.

Otra constante en el reporte son los errores cometidos por el encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz, en la clasificación del gasto. La póliza E04/146 se registró a la cuenta 3103 cuando debió hacerse a la 3101 por tratarse de un servicio de mensajería y no telefónico; lo mismo con que las pólizas B04/003, por un monto de 148,350 pesos, que se cargó la cuenta 3602 cuando en realidad correspondía a la 3605 denominada Otros Gastos de Difusión e Información, y la D04/032, por un monto de 7,192 pesos, que se registró a la cuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuando en realidad debería asentarse en la cuenta 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por tratarse de un servicio a la camioneta asignada del presidente del Instituto.

La pregunta es: ¿hasta cuándo se tolerarán los abusos y excesos del consejero presidente del IEE y su encargada de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, integrante de una influyente familia en el ámbito del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, de la que pronto, pronto, nos ocuparemos?

EN CORTO
Los aspirantes del PRI a la gubernatura del estado se han encontrado con una queja recurrente, cuando en sus giras de trabajo se reúnen con ex presidentes municipales de su partido y les piden su apoyo: que muchos de éstos no se quieren comprometer por el temor de que sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2007 no se aprueben o el Congreso les finque responsabilidades.

Y es que se sabe que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, ha prometido a no pocos ex munícipes que si lo apoyan con gente y recursos él sabrá corresponder esos respaldos, cuando en el Congreso del estado y el Órgano de Fiscalización Superior se revisen y discutan sus cuentas públicas.

Según esta versión, López Zavala ha ofrecido gestionar la aprobación de algunas cuentas públicas de ex presidentes municipales siempre que éstos también lo ayuden a posicionarse en las comunidades y poblaciones que gobernaron hasta febrero de 2008.

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La posición que ayer fijó Blanca Alcalá Ruiz sobre la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar refleja en buena medida el estilo de gobernar de la primera alcaldesa de Puebla: esquivar broncas y remitir al Congreso los asuntos calientes.
Así ocurrió con la cuenta pública de su antecesor en el cargo, Enrique Doger Guerrero, y con las observaciones y anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
Sobre la papa caliente de los parquímetros, la presidenta municipal explica en su comunicado que ella ya hizo lo que debía –¿o lo que le ordenaron?– y que ahora toca al Congreso del estado, sin prisas ni precipitaciones analizar y en su caso aprobar la concesión a la empresa Jajomar.
En su comunicado, Blanca Alcalá exhorta “de manera respetuosa a los diputados a no precipitarse en la decisión; a considerar el tiempo a su favor; a actuar con autonomía y libertad; a que de manera serena y sensata se revisen los contenidos y los alcances;  a cuidar los intereses colectivos; a privilegiar el diálogo, a lograr que en el debate se construya el mejor futuro para Puebla”.
Pregunta: ¿por qué ella no actuó en consecuencia, es decir, sin prisas, ni precipitaciones, revisando –de nueva cuenta– y con plena autonomía, los contenidos y los alcances de la concesión; cuidando los intereses colectivos, contra la segunda tarifa más cara del país, y privilegiando el Centro Histórico, pero también la economía de cientos o miles de poblanos que por necesidad usan la vía pública como estacionamiento y que ahora deberán destinar una cuarta o tercera parte de sueldo en beneficio de la empresa Jajomar y sus padrinos políticos?

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El miércoles pasado, después de reunirse con Javier López Zavala y con Beatriz Paredes Rangel en la ciudad de México, Antonio Hernández y Genis, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI logró amarrar la vicepresidencia de la mesa de Estatutos de la XX Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en Aguascalientes.
López Zavala, quien también forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, participará —en cambio— en la mesa de Declaración de Principios.

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Desde aquí envío mis condolencias al doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), por el lamentable fallecimiento de su hijo, ocurrido el viernes pasado en Acapulco.

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Este día, en conferencia de prensa, en el salón Los Girasoles de Cholula, se anunciará la designación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico y Social en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, luego de que quien ocupara esta cartera, el ex diputado local y ex candidato a la presidencia de Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos fuera nombrado subdelegado de Desarrollo Social.

En el evento también se anunciará la puesta en marcha de un programa de vinculación laboral, capacitación para el trabajo y de recursos humanos que aplicará el ayuntamiento de San Andrés Cholula en colaboración con algunas empresas sanandreseñas y de la región, denominado Chambandrés.

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¿Qué pasa con la cuenta pública de Enrique Doger Guerrero, correspondiente al ejercicio del 2007?

¿Por qué ni siquiera los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior saben el estado en que ésta se encuentra?

¿Por qué se guarda con tanto sigilo?

¿Será acaso que alguna mente perversa quiere usarla como cortina de humo, o como un distractor, ahora que el Congreso del estado entre a la discusión de la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar?

¿O es que cuenta pública del ex presidente municipal de Puebla no será sometida al pleno del Congreso en este periodo, que concluye el próximo jueves 31 de julio, sino hasta el tercer periodo ordinario de sesiones que se inicia el 15 de octubre?

¿Cuál es la intención?

¿Acaso usar esa cuenta pública como arma política para desactivar o descarrilar a Enrique Doger Guerrero como aspirante a la gubernatura en el 2010?

¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior decidió pasar de los pliegos de observaciones a los pliegos de cargos?

¿Por qué Enrique Doger ha guardado un prudente silencio sobre esta situación?

¿Por qué no ha salido a denunciar que desde el Orfise le están haciendo observaciones –o cargos– por diversas anomalías –reales o ficticias– que suman decenas de millones de pesos?

¿Será acaso que él también está negociando su cuenta pública e inmunidad, a cambio de abandonar, en definitiva, la puja por la sucesión gubernamental?

Que conste que son preguntas, meras preguntas.

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El secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, está por enfrentar un nuevo escándalo, de abuso y autoridad y prepotencia, a causa de la golpiza que su hijo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, propinó el viernes por la noche a un parroquiano de San Andrés Cholula, que responde al nombre de Fernando Alberto Tepeyahuil.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron el viernes 18 de julio, luego de que la camioneta en que viajaba el hijo del secretario de Seguridad Pública embistiera el vehículo en que viajaba el cholulteca. Ambos se hicieron de palabras y luego se enfrentaron a golpes.

La golpiza que se llevó Fernando Alberto Tepeyahuil fue tan salvaje, que los vecinos a punto estuvieron de linchar al hijo del secretario de Seguridad Pública, de no ser por la intervención de la Policía que se lo llevó en una patrulla.

No está de más apuntar que el joven Hidalgo Montes, además de ser un experto en artes marciales, trabaja para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que gracias a ello y a la influencia de su padre quisieron parar el asunto en el Ministerio Público, pero sin conseguirlo, pues hasta donde se sabe el afectado finalmente logró interponer una denuncia contra aquel por el delito de lesiones.

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El ex secretario general de la Asociación Sindical del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), Héctor Mario Hernández Lobato, fue designado director de la Fundación BUAP, cargo que estaba vacante desde que Luis Alberto Arriaga Lila fue postulado por el PRI como candidato a diputado local, en las elecciones de noviembre de 2007.

Ojalá la gestión de Hernández Lobato al frente de la Fundación BUAP no sea tan gris como su desempeño sindical, que concluyó a mediados del 2006.

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 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

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