Para ciertos consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), el representante del partido estatal Compromiso por Puebla (CPP), José Alarcón Hernández, se ha convertido en un dolor de cabeza, en una especie de piedra en el zapato, por sus críticas y comentarios irónicos en mesas de trabajo o en sesiones ordinarias o extraordinarias del organismo.

Aquí tres botones de muestra:

En la sesión del lunes 18 de diciembre ante el pleno del Consejo General del IEE, José Alarcón le soltó a bocajarro al consejero presidente del Instituto, Jacinto Herrera Serrallonga, en asuntos generales: “Queremos saber de cuánto fue el moche para cambiarnos de edificio”.

Por respuesta Jacinto Herrera sólo manifestó una mueca de resignación.

Meses atrás, en marzo, a los pocos días de que José Alarcón se reintegró al Consejo General del IEE, pero ahora como representante de CPP, pues antes lo fue del PRI, quiso saber qué estudios y de dónde habrían egresado los consejeros.

El consejero Juan Pablo Mirón Thomé le respondió que era contador por la Universidad de las Américas, maestro en Ciencias Políticas y Gestión Pública, estudiante de maestría o doctorado en la Universidad George Washington y que había estudiado la licenciatura en Derecho en la Universidad del Desarrollo (Unides) de Puebla.

De sus estudios profesionales a José Alarcón le llamó la atención su paso por la Unides. Y más palabras más, palabras menos, dijo: Veo que salió de una Universidad patito, por lo que espero que su título no sea también patito.

Mirón Thomé aguantó la broma de muy mal modo.

Su más reciente crítica la dirigió al conjunto de los consejeros del IEE el miércoles 20 de diciembre, cuando éstos se rehusaban a cambiar el proyecto de lineamientos para regular en Puebla la paridad de género en el registro y postulación de candidatos a diputados locales y presidentes municipales.

Ese día el representante de CPP los encaró cuestionándoles su falta de independencia: ¿Por qué no quieren modificar el proyecto? ¿Qué les preocupa? ¿Les preocupa que el emperador (refiriéndose al ex gobernador Rafael Moreno Valle) se enoje y los regañe?

La respuesta de los consejeros fue un intercambio de miradas nerviosas y un incómodo silencio.

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• En Cholula se autorizan obras y vialidades de manera discrecional
• Consejeros electorales pagan 100 mil pesos por su defensa jurídica

Rodolfo Ruiz R.

Algo raro, muy raro, viene ocurriendo en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso local y la presidencia municipal de San Andrés Cholula.

Da la impresión que se trata de un asunto de mutuas complicidades en beneficio de funcionarios estatales y el alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, y su hermano José Guillermo Margarito, quien también fue alcalde en el trienio 2002-2005.

De entrada no deja de sorprender que el viernes el Congreso del estado haya aprobado un dictamen elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado por el cual se establece que Guillermo Paisano no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron en la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2003 y por la cual ya había sido sancionado.

Sobre todo después de que el auditor David Villanueva Lomelí le había anticipado a Leoncio Paisano que su hermano sería multado con más de 100 millones de pesos e inhabilitado del servicio público por otros 12 años.

Otra cuestión que llama la atención es la negativa del ayuntamiento sanandreseño por publicar la nueva carta urbana del municipio, pese a los cerca de tres millones de pesos que se han gastado en su actualización. La gestión de Miguel Ángel Huepa Pérez pagó 2 millones de pesos al despacho del arquitecto Mauricio Romano del Valle para que revisara y modernizara la carta urbana, y el gobierno Leo Paisano contrató a un segundo despacho, al que le pagó 800 mil pesos, para que hiciera el mismo trabajo.

Tal situación, se dice, ha permitido al alcalde Leoncio Paisano, a su hermano Guillermo y algunos de sus principales colaboradores, manejar con discrecionalidad el otorgamiento de usos de suelo —comerciales, mixtos y residenciales, sin apegarse a los criterios de densidad vigentes—, la expedición de licencias de construcción y el canje de áreas de donación.

La construcción de un Centro Integral de Servicios (CIS) y un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) en el predio denominado Xaltepec es otro asunto extraño en la relación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Extraño porque la construcción de ambos inmuebles, a cargo de la administración morenovallista, se lleva a cabo en un predio que formalmente no pertenece al estado, ni al municipio de San Andrés, y en el cual se han invertido más de 20 millones de pesos.

Leoncio Paisano tiene que explicar quién autorizó y cómo se otorgaron los permisos para edificar un CIS y un CESSA en un terreno del que aún no existen escrituras a favor del municipio cholulteca.

Otro tema que tampoco se entiende es por qué el gobierno del estado no sólo ha sido tan complaciente con el ayuntamiento de San Andrés para liberar los predios afectados por la construcción de la Radial que cruzará la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, sino qué ha tolerado que los Paisano hagan negocio con los afectados por esa vialidad, pagándoles de más, condonando el pago de adeudos e impuestos, negociando licencias de construcción y cambios de uso de suelo, o la construcción de recámaras o locales comerciales.

Dicha obra, para la que existe un monto autorizado de casi 38 millones de pesos, de los cuales 26.5 millones serán aportados por el gobierno del estado dentro del programa 70-30, está detenida desde diciembre de 2014.

La Radial tendría que haber iniciado en enero de 2015 y haberse concluido en seis meses, sin embargo la obra continúa detenida por los moches que los Paisano tratan de obtener en las negociaciones con el centenar de supuestos afectados por la construcción de esa vialidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, lo que tiene hartos molestos a los vecinos de esa junta auxiliar.

¿Hasta qué punto esta tolerancia y benevolencia del Congreso local hacia los Paisano está supeditada a los permisos que el ayuntamiento de San Andrés ha dado para la construcción de 4 kilómetros de calles laterales en ambos sentidos de la Vía Atlixcáyotl a partir de la caseta de cobro?

¿Con quién están vinculadas las constructoras e inmobiliarias favorecidas con usos de suelo y licencias de construcción que la gestión de Leo Paisano ha otorgado o está por autorizar para decenas de terrenos ubicados después de la caseta de cobro, a los que ahora se podrá acceder por las laterales que ahí se construyen? ¿A poco los únicos beneficiados son los Posada Cueto y sus socios de Proyecta? ¿No será que entre los favorecidos por el ayuntamiento de San Andrés hay también varios funcionarios estatales a través de sociedades anónimas y prestanombres?

Conste que son preguntas.

EN CORTO

Con la novedad que cinco de los siete consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) decidieron, por recomendación del presidente del organismo  y la ex magistrada Claudia Barbosa Rodríguez, recurrir a los servicios del despacho Reyes y Castillo Consultores para su defensa ante el Instituto Nacional Electoral (INE), frente a las denuncias promovidas en su contra por diversos partidos políticos acusándolos de parcialidad a favor de la coalición Sigamos Adelante.

Entre los socios de la firma figura el abogado Iván Castillo Estrada, quien además de haberse desempeñado como secretario de estudio y cuenta en diversos Tribunales Colegiados de Circuito y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es amigo del esposo de la consejera y ex magistrada Claudia Barbosa. Me refiero a Rubén Enrique Becerra Rojas-Vertiz, ex visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asesor del presidente del organismo.

Cada consejero pagará por su defensa ante el INE la módica cantidad de 100 mil pesos.

Los únicos consejeros que decidieron defenderse al margen del despacho Reyes y Castillo Consultores son Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez López.

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Tómelo con reserva pero una buena fuente me informa que la mayor parte del predio donde se ubican las instalaciones de Puebla Comunicaciones (lo que antes era el Sicom), en la Vía Atlixcáyotl antes de llegar a Cúmulo de Virgo en sentido de Norte a Sur, ya fue vendido a un particular.

Trascendió que incluso en los próximos días el personal que labora en este organismo gubernamental ya no podrá entrar ni usar el estacionamiento, ya que se abrirá una nueva entrada. Según esta versión –no confirmada pero tampoco desmentida– Puebla Comunicaciones se quedó con el edifico y el jardín que da hacia la Vía Atlixcáyotl.

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Ahora resulta que los medios de comunicación fueron los que tergiversaron las palabras del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, sobre su amago de cerrar el micrófono al candidato o candidata que incurriera en agresiones y ataques a sus demás contendientes.

Falso.

La verdad es que fue el propio Jacinto Herrera, a pregunta expresa de una reportera sobre la guerra sucia entre candidatos a la gubernatura, el que hizo el amago en los siguientes términos: “en los lineamientos sí quedó muy establecido que no se van a permitir ese tipo de agresiones y ataques entre los propios candidatos”.

La misma reportera (María Guadalupe Pineda, de e-consulta) insiste ¿Qué va a pasar si empiezan a agredirse, les van a quitar el micrófono?

Textualmente el presidente del IEE respondió: “En los propios lineamientos se establece que se les va retirar el uso de la palabra y van a perder ese turno”.

¿De dónde sacan las consejeras Flor de Tila Rodríguez Salazar y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo que las declaraciones del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga fueron descontextualizadas por los reporteros que lo entrevistaron el viernes pasado?

Al contrario, la manipulación de los “Lineamientos para la realización de debates públicos entre candidatos y candidatos a cargos de elección popular” salió de ellos, pues en ninguno de los 44 artículos del documento se dice que los ataques entre candidatos están prohibidos.

El artículo 31 refiere que los candidatos pueden auxiliarse únicamente de documentos impresos que no contengan palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de las y los demás contendientes.

De manera similar el artículo 32 establece que los candidatos deben evitar proferir en su discurso palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de las y los demás contendientes.

Sobre las atribuciones del moderador para cerrar el micrófono a algún candidato o candidata, el artículo 37 es claro en precisar que tal situación sólo se dará previa advertencia al infractor y en caso de reincidencia de alguno de los supuestos de los artículos 31 y 32, pero nunca por ataques o descalificaciones entre ellos acerca del origen de sus fortunas, sus conflictos de interés y su trayectoria y desempeño en el servicio público.

Si en un debate los candidatos no pueden criticar de frente a sus adversarios, acusarse y defenderse de los señalamientos que éstos les lanzan en spots de radio y televisión, o de las campañas negras que elaboran sus cuartos de guerra, entonces para qué diablos son los debates.

Si estos encuentros, en aras de una malentendida civilidad y urbanidad política, sólo son para que los candidatos nos repitan sus inocuas plataformas o planes de gobierno, mejor evitémoslos. Así no sirven para nada, ni aportan nada a la democracia que no sea un rollo falso, utópico o demagógico.

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Por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a enmendarle la plana a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya actuación como árbitros de la contienda está dejando mucho que desear.

Tanto que entre éstos han comenzado las rivalidades y grillas internas por la actuación unilateral del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga en varios asuntos, la fuga de información supuestamente confidencial, y la injerencia de personajes ajenos al Instituto –como el ex secretario ejecutivo Miguel David Jiménez López y otros operadores morenovallistas– en casos controversiales.

Los consejeros saben que sus últimas decisiones, algunas de las cuales han sido aprobadas por unanimidad como la de suspender las prerrogativas al PRD por la ausencia de plataforma electoral, les han restado legitimidad, y que si esta situación continúa corren el riesgo de perder autoridad y no llegar a las elecciones del 2018.

Los resolutivos de la Sala Superior del TEPJF se veían venir. Era obvio que los magistrados del Tribunal Federal iban a darle la razón al PRD, que se inconformó por la suspensión de sus prerrogativas (por un monto de 9.9 millones de pesos) por supuestamente no contar con plataforma electoral, luego que la originalmente registrada fue invalidada.

También era lógico que los magistrados federales echarían abajo el acuerdo de validar en campo las firmas de apoyo obtenidas por Ana Teresa Aranda para obtener su registro como candidata a la gubernatura, toda vez que esta no es una atribución o facultad del IEE, que el Código Electoral no establece que las firmas tengan que verificarse en los domicilios de quienes las otorgaron y que tal actividad nunca se incluyó en el protocolo de los consejeros para aprobar o rechazar las candidaturas independientes.

El recurso promovido por el aspirante a candidato independiente Ricardo Jiménez Hernández, para dejar sin efecto el candado de territorialidad que introdujeron los consejeros del IEE, era obvio que también iba a ser aprobado.

Si el TEPJF ya había echado abajo ese requisito extralegal en el juicio que promovió Ana Teresa Aranda, ¿por qué esta misma resolución no tendría que beneficiar a Ricardo Jiménez?

Los magistrados federales no lo entienden, pero comienzan a sospechar –por los asuntos que han tenido que resolver en los últimos días– que tal situación obedece a la falta de independencia de los consejeros y magistrados locales electorales.

Para contextualizar esta afirmación sólo hay que recordar que el TEPJF ha resuelto –además de los tres caso anteriores– validar la renuncia que presentó Ana Teresa Aranda como militante del PAN y el registro de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura, avalar la nominación de Blanca Alcalá Ruiz como abanderada del Partido Encuentro Social (PES) bajo la figura de candidatura común y la exigencia del magistrado Jorge Sánchez Morales de que su sueldo se homologue con el de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En términos futbolísticos diríamos que los consejeros y magistrados locales pierden por goliza, y todo por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna.

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En la ficha curricular que el hoy consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) hay una omisión inconfesable, que tiene la complicidad de importantes actores del PRI que la conocen con detalle.

Esta tiene que ver con la actividad que el hijo del director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la SEP estatal, Jacinto Herrera Rivera, desempeñó a su salida del Ayuntamiento de Puebla, en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, y su incorporación al gobierno de Rafael Moreno Valle.

La omisión no es fortuita, pues en 2010 el hoy consejero presidente del OPLE de Puebla trabajó en el PRI, en concreto en la campaña de Javier López Zavala como subordinado de Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien fue designado coordinador de campaña del candidato priísta en la zona metropolitana.

¿Por qué este relevante dato fue ocultado por Herrera Serrallonga en el currículum que entregó al INE? ¿Qué hizo entre enero de 2010 y febrero de 2011? ¿Por qué el flamante diputado federal Víctor Giorgana ha mantenido un cómplice silencio sobre esta omisión de quien fuera su secretario particular en la Coordinación de Políticas Públicas y en la Secretaría de Desarrollo Social del ayuntamiento de Puebla?

La explicación es simple: Jacinto Herrera Serrallonga fue un infiltrado en la campaña de López Zavala, junto con otros compañeros suyos de la Sedeso municipal como Abraham Quezada Toscano, director general de giras, y Cristian Cervantes Garzón, secretaria técnica y secretaria particular de Giorgana.

No por nada los tres dejaron el ayuntamiento de Blanca Alcalá cuando su jefe fue nombrado por López Zavala coordinador de campaña de la zona metropolitana, y no por nada los tres se enrolaron en el gobierno de Moreno Valle en los primeros meses de 2011.

Herrera Serrallonga como particular del subsecretario de Vinculación Institucional de la Secretaría General de Gobierno, Mario Rincón González, y más tarde como director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas; Quezada Toscano como director de Promoción de la Secotrade; y Cervantes Garzón como secretaria técnica de Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno.

¿Simple casualidad? Por supuesto que no.

Ahora que algunos partidos como el PRI ya anticiparon que impugnarán algunos nombramientos de consejeros del OPLE Puebla no estaría de más que indagaran sobre el pasado reciente del consejero presidente y qué rol desempeñó como particular de Víctor Giorgana en la coordinación de campaña de López Zavala en la zona metropolitana de Puebla.

Para su impugnación los abogados del PRI podrían recurrir a dos de sus distinguidos cuadros que conocen perfectamente a Jacinto Herrera Serrallonga. Me refiero a su flamante coordinador de diputados federales, Víctor Giorgana, y a su precandidata a la gubernatura de Puebla, la senadora Blanca Alcalá.

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Este viernes habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que serán nombrados los presidentes y consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de Puebla y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo.

Y es que al más alto nivel hubo presiones para impedir que el OPLE de Puebla quedara bajo el control del gobernador Rafael Moreno Valle, con cuatro de los sietes consejeros, incluido el presidente del organismo.

Al representante del PRI ante el Consejo General del INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, y al mismo secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, se les enviaron sendas fichas en las que se detallan los nexos y vínculos de cuatro de los siete consejeros propuestos para integrar el OPLE de Puebla con el morenovallismo.

El nombramiento de los consejeros del OPLE Puebla será un claro indicativo de qué tan disputados serán los comicios para gobernador del 2016 entre el PAN y el PRI o de qué tamaño son los acuerdos entre el gobernador Rafael Moreno Valle y la Presidencia de la República de cara al 2018.

Si en la sesión de este viernes, los consejeros del INE votan por los siete candidatos propuestos inicialmente por la Comisión de Vinculación para integrar al OPLE de Puebla —Juan Pablo Mirón, Federico González Magaña, Jacinto Herrera Serrallonga, Flor de Té Rodríguez Salazar, José Luis Martínez López, Claudia Barbosa Rodríguez y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo— habría que poner en tela de duda la intención del PRI de buscar ganar la gubernatura del 2016.

¿Qué partido político que quiere ganar una elección tan competida como la del próximo año deja que el árbitro del proceso lo ponga su contendiente?

Pero si, por el contrario, resulta que en la sesión de este viernes el secretario particular del hoy diputado perredista Luis Maldonado Venegas es eliminado de la plantilla de consejeros del OPLE Puebla, u otro morenovallista como Federico González Magaña desaparece de la lista final, entonces dé por seguro que el PRI va con todo a los comicios del próximo año, aun a costa de Moreno Valle.

Por eso le digo que habrá que seguir con mucha atención la sesión del Consejo General del INE, pues este viernes se convertirá en el primer campo de batalla de panistas y priístas rumbo al 2016.

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Por cierto.

Este jueves fue visto en la Cámara de Diputados, haciendo las veces de secretario particular del perredista Luis Maldonado Venegas, el candidato a consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla, Juan Pablo Mirón Thomé.

En diferentes fotos enviadas a e-consulta, Mirón Thomé aparece como acompañante de Luis Maldonado en una comida que este jueves por la tarde tuvo el hoy presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos Esquerra, en el restaurante La Mansión.

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Cuatro de los 7 consejeros pertenecen a su grupo

Dalhel Lara será la nueva secretaria ejecutiva del IEE

Si uno de los propósitos de la última reforma político electoral, en la que el Instituto Federal Electoral (IFE) fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE), era eliminar el control y manipulación que ejercían los gobernadores sobre los institutos electorales estatales, en Puebla simplemente pasó de noche.

Al menos a juzgar por los nombres de los siete consejeros que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), perfiló para Puebla, y que esta semana serán aprobados por el Consejo General del INE.

Para ningún observador o analista político son desconocidos los nexos y ligas de Juan Pablo Mirón Thomé, Federico González Magaña, Jacinto Herrera Serrallonga, y Flor de Té Rodríguez Salazar con el morenovallismo.

Mirón Thomé fue particular de Luis Maldonado Venegas, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la Secretaría General de Gobierno (SGG). En 2010 fue consejero municipal e intentó destituir a la presidenta del Consejo Municipal Electoral del IEE, Sonia de la Luz Duarte Ávila Sosa, por no hacer lo que él quería.

González Magaña fue asesor electoral de Moreno Valle en la campaña electoral de 2010 y en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se ha distinguido como uno de los comisionados que menos facilitan la transparencia y la rendición de cuentas.

Jacinto Herrera Serrallonga es hijo del director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la SEP, Jacinto Herrera Rivera, a quien le debe en buena medida su ingreso al servicio público en organismos vinculados a la dependencia como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, y el Consejo de Ciencia y Tecnología, ambos en la administración morenovallista.

Flor de Té Rodríguez es la actual titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), es decir la instancia que ocultó o manipuló la información sobre la falta de título y cédula profesional del consejero presidente del organismo, Armando Guerrero Ramírez, con quien también laboró a través del despacho Daja Grupo Consultor SC. Como funcionaria del IEE ha ocultado a los consejeros y al Comité de Transparencia información sobre los expedientes reservados y no reservados.

En el reparto de posiciones del OPLE Puebla al PRI le correspondieron tres lugares: el de José Luis Martínez López, actual consejero del IEE, y los de las concuñas Claudia Barbosa Rodríguez y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo.

José Luis Martínez llegó al Consejo General del IEE como cuota del PRI, por su parentesco con la secretaria privada del secretario de Hacienda del gobierno federal, Luis Videgaray Caso. Claudia Barbosa es actualmente magistrada del Tribunal Electoral del Estado, cargo al que llegó con la ayuda de su esposo Rubén Enrique Becerra RojasVértiz, funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Alejandra Gutiérrez se desempeña como consejera local del INE. A esta última se le vincula políticamente con el ex diputado federal José Luis Márquez Martínez, actual dirigente estatal de la CNOP.

Por lo que respecta a la terna que se presentó la semana pasada, para designar al sustituto de Miguel David López Jiménez al frente de la Secretaría Ejecutiva del IEE, se sabe que la elegida será la actual consejera Dalhel Lara Gómez, por su cercanía con el grupo morenovallista desde que ésta laboró en la Secretaría de Finanzas como titular de la Unidad de Fideicomisos y Fianzas.

Antes de ser nombrada consejera, Dalhel Lara fue titular de la Unidad de Fiscalización, Contralora Interna, y Comisaria del Comité de Adquisiciones, a diferencia de los dos integrantes restantes de la terna, quienes sólo se han desempeñado como encargados de despacho. La contadora Iris del Carmen Conde Serapio, de la Unidad de Fiscalización y el abogado Julio César Barreto Ariza, de la Unidad Jurídica.

La terna, pues, está viciada de origen con candidatos de relleno para cubrir las formas.

Así las cosas valdría la pena preguntar: ¿qué sentido tuvo la última reforma electoral, cambiar para que todo siguiera igual? ¿No con el INE se acabaría el reparto de cuotas partidistas? ¿No que con la centralización de los nombramientos de consejeros y funcionarios de los OPLES, los gobernadores ya no los controlarían?

Sí, como no.

EN CORTO

Este sábado se reunieron los casi cien participantes que darán vida a los cuatro tomos de la colección «Encuentro con la historia. Puebla a través de los siglos», en los que se resumirá la historia de la entidad desde la época prehispánica hasta nuestros días.

El impulsor de esta iniciativa, Marco Antonio Rojas Flores, detalló que la obra será editada y resguardada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y presentada a los poblanos el próximo 18 de noviembre.

La colección se integra con investigaciones, ensayos y trabajos, la mayoría de ellos inéditos, de historiadores, antropólogos, arqueólogos, cronistas, periodistas y especialistas de distintas áreas y abarca la época prehispánica, la Conquista, el Virreinato, la Independencia, la Reforma y la Intervención, la batalla del 5 de Mayo, el Porfiriato, la Revolución y el periodo postrevolucionario.

Entre los participantes destacan Efraín Castro Morales, Sabino Yano Bretón, David La France, Alicia Tecanhuey, Emilio Maceda, Juan Pablo Salazar Abrew, Antonio Quintana Fernández, Guadalupe Pérez Maurer, Gloria Tirado Villegas, Eduardo Merlo, Jorge Arrazola Cermeño, Raúl Bringas Nosti, María Pía Benítez de Unanue, Abraham Quiroz Palacios, Mariano Torres Bautista y Luis G. Benavides Ilizaliturri, entre otros.

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