Uno de los grandes absurdos de la última reforma política y que explica, en buena medida, el desmedido aumento en el costo de los comicios, es la existencia de dos estructuras encargadas de la organización de las elecciones locales.

Sólo en Puebla, por citar un ejemplo, los comicios para elegir minigobernador por un periodo de un año ocho meses costarán 601 millones 416 mil pesos, cifra que representa un incremento del 112% en comparación con la elección de 2010 que tuvo un costo de 283 millones 374 mil pesos.

El costo de la elección de minigobernador de Puebla surge de sumar 122 millones 403 mil pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) destinará a la organización de los comicios en 2016, a los 479 millones 13 mil pesos que el Instituto Electoral del Estado (IEE) presupuestó para este año.

Esta última cantidad se integra de la siguiente manera: 180 millones que corresponden al gasto del órgano comicial, 99 millones 671 mil al financiamiento público de los partidos, y 199 millones 342 mil pesos al gasto ordinario de los institutos políticos.

Por absurdo que parezca con la última reforma política, que dio origen a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), los comicios locales ahora son organizados por dos estructuras, que a veces se enciman o duplican actividades.

Funciones que antes era competencia del IEE (el OPLE de Puebla), ahora están en manos del INE, a saber:

1. La capacitación electoral;
2. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, y
3. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos.

Lo paradójico del asunto es que a pesar de que estas funciones ya son responsabilidad del INE, el IEE sigue contando con áreas que se encargan de las mismas, como la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que tiene como propósito “coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica”; la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, que vigila la correcta aplicación de las prerrogativas y el financiamiento público a partidos y candidatos independientes; y la Unidad Técnica de Fiscalización, que audita y fiscaliza a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un partido político estatal y a las organizaciones de observadores en elecciones locales.

El INE, según el acuerdo INE/CG830/2015 aprobado el 3 de septiembre de 2015, también es responsable en los comicios locales de organizar y reglamentar el sistema de Resultados preliminares, las Encuestas o sondeos de opinión, la Observación electoral, los Conteos rápidos y la Impresión de boletas y la producción de materiales electorales, atribuciones que antes eran competencia del IEE.

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el INE está facultado, además, para fijar criterios en el nombramiento de consejeros distritales y municipales de los OPLES; en la recolección de paquetes; en la integración de fórmulas y listas para el registro de candidatos; en la organización de debates y el monitoreo de noticiarios; en la asistencia electoral, que incuye el conteo, sellado y agrupamiento de boletas; en el diseño y operación del Sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral; y en la construción de candidaturas independientes y coaliciones partidistas.

Ahora entiende por qué los comicios se han encarecido y por qué las elecciones de gobernador de Puebla costarán hoy 112% más caras que hace seis años.

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A cinco días de que venza el plazo que se dio a los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura de Puebla, para entregar más de 127 mil firmas de ciudadanos que apoyen su registro, sólo dos podrían cumplir la meta: Ana Teresa Aranda Orozco y Ricardo Jiménez Hernández.

Ambos aspirantes, además de ser los más activos en el proceso, han demostrado mayor capacidad de organización y logística para llenar los formatos de apoyo y obtener 4 mil 300 firmas diarias con su respectiva copia de la credencial de elector de los ciudadanos que respaldan su candidatura.

Tanto Ana Teresa Aranda como Ricardo Jiménez quieren llegar el domingo no con 127 mil firmas de apoyo, sino con 135 mil o 150 mil, considerando que algunas podrían estar repetidas o ser anuladas por errores en la transcripción de la clave o por diferencias entre las firmas de la credencial de elector y la que rubrique el formato autorizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Quien fuera titular de la Sedesol en el último tramo del sexenio foxista ha logrado vencer varios obstáculos que pretendían impedir su registro como candidata independiente, no reconociendo su carta de renuncia al PAN con un año de anticipación u obligándola a que los ciudadanos que respaldan su registro fueran de al menos 145 de los 217 municipios de la entidad.

La aportación más creativa del equipo de Ana Teresa Aranda fue la elaboración de una App mediante la cual los ciudadanos pueden registrar sus datos, tomar fotografías de su credencial para votar y hasta enviar su firma.

Ojalá el IEE no vaya a rechazar tal innovación digital con el peregrino argumento de que el Código y la convocatoria no consideran esta modalidad.

Ricardo Jiménez, quien es percibido por varios actores políticos con desconfianza, llevaba hasta el domingo pasado 109 mil firmas recabadas.

Su objetivo es llegar el domingo 13 de marzo con 150 mil, de ciudadanos de más de la mitad de los municipios del estado, sobre todo de aquellos con mayor número de habitantes como Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan y las Cholulas.

El que estos dos aspirantes puedan obtener su registro como candidatos independientes a la gubernatura de Puebla constituye una buena noticia, sin embargo lo más probable es que uno anule al otro.

Lo ideal sería que hubiera un sólo candidato independiente y que éste entrara en una auténtica competencia con los abanderados del PAN y el PRI que son los únicos con posibilidades de ganar la minigubernatura.

Sin embargo con dos candidatos independientes este escenario se ve muy pero muy lejano.

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Si bien hasta ahora todo ha quedado en simples acercamientos e intercambio de opiniones, no descarte que Ana Teresa Aranda Orozco comience a ser valorada como una alternativa del partido de Andrés Manuel López Obrador a la gubernatura de Puebla.

Tal escenario, que hoy parece descabellado, podría tomar forma si el Instituto Electoral del Estado (IEE) decide negar a la ex directora del DIF y ex secretaria de Desarrollo Social su registro como candidata independiente y si continúan dándose los acercamientos de ésta con algunas figuras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Aunque Ana Teresa Aranda le negó a quien esto escribe que en días recientes haya sostenido un encuentro con el ex gobernador Manuel Bartlett Díaz sobre el proceso electoral en marcha en Puebla, militantes panistas confiaron al reportero que tal reunión sí se dio.

Las mismas fuentes revelaron que Ana Teresa Aranda ha tenido también algunos acercamientos con dirigentes locales de Morena y la posible abanderada de este partido a la gubernatura de Tlaxcala, la senadora Martha Palafox Gutiérrez.

A pregunta expresa, la ex panista se limitó a responder que sí ha platicado con algunos enviados de Morena que han querido conocer su posición sobre la elección de junio, pero que por el momento está metida en la ruta de ser candidata independiente.

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De lo que sí le puedo informar con plena certeza es que el domingo a las 10 de la mañana se reunieron a desayunar en el Sanborn’s del Bulevar 5 de Mayo Javier López Zavala y Alberto Jiménez Merino.

Y que en la reunión el ex diputado federal y ex candidato al gobierno del estado planteó al actual delegado de la Sagarpa la conveniencia de hacer un solo equipo para buscar la nominación del PRI a la gubernatura de Puebla.

Se sabe que López Zavala se ha reunido también con el delegado del CEN del PRI, Rogelio Cerda Pérez, a quien ha manifestado su intención de registrarse como candidato a la gubernatura, sin importar el hecho que la senadora Blanca Alcalá Ruiz también lo haga y no se logre el propósito de construir una candidatura de unidad.

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Entre los priístas de la Sierra Norte de Puebla no han caído nada bien las versiones sobre el posible nombramiento de Ramiro Hernández Charolet como dirigente del Comité Municipal del PVEM en Zacatlán, pues tienen razones para suponer que podría traicionarlos como ya lo hizo en anteriores elecciones.

Hernández Charolet fue miembro del PRI, pero en la elección local de 2013 se pasó al PAN y en la federal de 2015 hasta se encargó de coordinar la entrega de despensas del ex alcalde de Zacatlán, Mario Alberto Cruz González, quien también traicionó al PRI.

La duda que asalta a los priístas de la Sierra Norte gira en torno a la confianza que pueden llegar a tener de un partido aliado como el PVEM, si este designa como dirigentes a cuadros que en el pasado reciente traicionaron al PRI.

Por si fuera poco, recuerdan que Ramiro Hernández también tiene antecedentes de violencia porril que se encuentran acreditados en la denuncia 226/2010 ante el Ministerio Público de Zacatlán.

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Con tantas reformas y parches que se han hecho al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, hay cuestiones tan confusas que nadie sabe con precisión, por ejemplo, el plazo límite para registrar coaliciones entre dos o más partidos.

Incluso si usted le pregunta a un magistrado del Tribunal Electoral o a un consejero del Instituto Electoral del Estado (IEE) cuál es esa fecha, como ya lo hice, lo más seguro es que le den dos diferentes.

Y si esta misma pregunta la formula a representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE lo más probable es que la confusión se haga mayor.

Hagamos juntos el ejercicio.

Según el artículo 62 del Código Electoral, el convenio mediante el cual se constituye una coalición deberá presentarse a más tardar treinta días antes de que inicie el registro de candidaturas de la elección de que se trate ante el Consejo General para su registro, quien dentro de los diez días siguientes a su presentación resolverá lo conducente, debiendo ordenar la publicación de la resolución en el Periódico Oficial del Estado.

Si en el mismo Código vamos al apartado relativo al registro de candidatos a gobernador, es decir, al artículo 206 el galimatías puede complicarse, si no hay el cuidado de revisar la última de las últimas reformas electorales, que es la del 22 de agosto de 2015.

(Hago un paréntesis aquí para anotar que el Código de marras será nuevamente modificado en siete de sus artículos la próxima semana, para dar a cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de candidaturas independientes).

Hay que destacar que el Código Electoral de Puebla sólo es posible hallarlo en internet. Pero que hay tantas versiones, supuestamente actualizadas, que pueden llevarlo a cometer un error, ya que en algunas se asienta que el registro de candidatos a gobernador debe efectuarse en la última semana del mes agosto del año de la elección; y en otras, como la que aparece en el portal Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el registro se realizará durante la tercera semana de abril del año de la elección.

Sin embargo, ambas fechas son incorrectas, pues según la última reforma hecha al primer párrafo del artículo 206 del Código Electoral vigente, correspondiente al 22 de agosto del año pasado, el registro de candidaturas debe realizarse —en realidad— durante la segunda semana de marzo del año de la elección.

Lo que significa que el plazo para presentar ante el Consejo General del IEE un convenio de coalición como el que pretenden celebrar el PAN y el PRD y otros partidos, o el que seguramente suscribirá el PRI con el PVEM concluye el 12 de febrero.

Un magistrado electoral me dijo que en la tercera semana de febrero, un representante partidista que el 3 de marzo, un consejero que el 7 de febrero y un aspirante a la gubernatura que el 23 de enero.

Así de enredada y confusa está la legislación electoral en Puebla.

Y el embrollo, ya de por sí grave, se vuelve mayúsculo por una cuestión elemental: no hay códigos electorales actualizados, porque ni el Congreso local, ni el Instituto Electoral del Estado han tenido el tiempo, la disposición o la voluntad política de mandarlos a imprimir.

Abur.

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Ayer le decía que la propuesta de redistritación para el estado de Puebla, presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), estaba encaminada a terminar con el fenómeno de gerrymandering que presenta la actual división electoral del estado, para favorecer al Partido Acción Nacional (PAN).

El gerrymandering —también conocido como efecto salamandra— es una técnica de diseño geográfico de los distritos electorales empleada para favorecer o perjudicar a un determinado partido o candidato, principalmente en sistemas electorales mayoritarios.

La técnica consiste en la conformación de demarcaciones a partir del tipo de electores, ya sea para concentrarlos en un solo distrito, si lo que se busca es acotarlos o que no inclinen la balanza en otros, o para dispersarlos en varios, si lo que se pretende es el efecto contrario.

En la distritación que el Instituto Electoral del Estado (IEE) hizo en agosto de 2012 se optó por lo que se denomina gerrymandering en su modalidad de dispersión activa, por la cual se sobrerrepresentó un tipo de elector o mayoría urbana, ubicándola en dos o más distritos cuando podría localizarse en uno solo.

Lo que se hizo con las Cholulas, que en la distritación vigente son cabeceras de los distritos 8 y 9, es el más claro ejemplo de dispersión activa. En lugar de conformar una sola demarcación con ambos municipios, como se plantea ahora, se optó por separarlos con el claro propósito de beneficiar al PAN por encima del PRI.

Así como en los gobierno priístas se crearon distritos sobrerrepresentados para favorecer a los candidatos emanados del tricolor en regiones rurales o semi urbanas, la distritación aprobada en 2012 tuvo el objetivo de ayudar a las organizaciones partidistas que tradicionalmente obtienen altas votaciones en municipios urbanizados y de alta concentración poblacional como Puebla, Tehuacán y las Cholulas.

Otro caso de dispersión activa en la distritación vigente fue la conformación de los distritos 1 y 2 con cabeceras en Xicotepec y Huauchinango. En vez de agruparse en una sola demarcación, como sería lo más natural por compartir límites, vías de comunicación, usos y costumbres, se optó por separarlos para sobrerrepresentar a los votantes de esa región.

La opción que se plantea hoy de agrupar a Huauchinango y a Zacatlán en un solo distrito parece mejor, pero con cierto sesgo a favor del tricolor. Habría que revisar con más detalle la propuesta formulada por Carlos Alberto Montero Catalán, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Puebla.

Un criterio que sí mejora —y sustancialmente— el primer escenario planteado por el INE es el de compacidad, que se refiere a la forma geométrica que deben tener los distritos lo más cercana a un polígono regular.

Basta comparar el mapa de la distritación vigente con la propuesta del INE para corroborarlo.

Este criterio de compacidad se pasó por alto en la conformación de los distritos 8 y 9 de San Andrés y San Pedro Cholula, respectivamente. Este precepto establecía que ningún distrito podría rodear a otro y que en la delimitación de las demarcaciones se procuraría que los territorios fueran lo más parecido a una figura geométrica regular: cuadrado, círculo, rectángulo o polígono.

Sin embargo, basta ver el mapa electoral de la entidad para percatarse que el distrito 8 de San Andrés Cholula rodea al 9 de San Pedro Cholula, y que aquel está lejos de asemejarse a una figura geométrica regular.

Así las cosas, me parece que el primer escenario elaborado por el Registro Federal de Electores sí corrige el gerrymandering en su modalidad de dispersión activa, pero presenta algunos sesgos que tienden ahora a favorecer al PRI por la conformación de tres distritos indígenas y la reducción en el número de distritos con cabecera en la capital del estado de siete a seis.

Esto último habremos de analizarlo más adelante.

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Con un lacónico pero rotundo no, el otro aspirante a la dirigencia nacional del PRD, el senador Armando Ríos Piter, también expresó su rechazo a una eventual alianza de su partido con el PAN morenovallista en las elecciones locales de 2016 y 2018.

Nuevamente fue el empresario y activista Eduardo Cortes Rivadeneyra @cecortesr quien cuestionó al senador Ríos Piter respecto a si apoyaría al gobernador Moreno Valle en los comicios del año próximo.

La respuesta del senador y aspirante perredista a suceder a Carlos Navarrete Ruiz en la presidencia del CEN del sol azteca fue corta pero categórica: ¡No!

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Cuentan que la primera opción para sustituir a Armando Guerrero Ramírez como presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) no fue la doctora en antropología Alicia Olga Lazcano Ponce sino el consejero Paul Monterrosas Román, pero que éste declinó el ofrecimiento para no hacerse cargo del proceso de entrega-recepción del organismo y de solventar los pendientes que dejó aquél tras su intempestiva renuncia.

Según esta versión los consejeros habían decidido dos cosas: una, no proponer como sustituto a alguno de los consejeros que llegaron a la etapa final del proceso de selección de consejeros para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) –Fidencio Aguilar Víquez, Dalhel Lara Gómez y José Luis Martínez López– y, dos, que el sucesor de Armando Guerrero saliera por amplio consenso.

Fue así que los consejeros salientes del IEE eligieron a Paul Monterrosas como presidente, tras lo cual éste declinó el nombramiento, sin explicar públicamente las causas de su negativa. Y digo públicamente porque se sabe que éste llegó a comentar con algunos empleados y funcionarios del Instituto que su decisión obedeció a que no quería estar sujeto a ningún proceso administrativo por el desorden que dejó Armando Guerrero tras renunciar el pasado domingo 26 de julio.

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Si ya se sabe que desde la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado se controla el presupuesto, los salarios y prestaciones de los funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de Puebla, al menos estos deberían guardar las formas y no ventilarlo en documentos como el signado por el secretario de Acuerdos del pleno del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Bernardo Villar Osorio, y que apareció en el portal electrónico de esta instancia gubernamental.

Según este documento fue la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas la que mediante oficio SFA/SA/0001/2015 le hizo saber al pleno del Poder Judicial del estado los días inhábiles correspondiente del 1 de enero al 31 de julio, y las fechas en que los empleados y funcionarios adscritos al Tribunal Superior de Justicia tendrían su primer periodo vacacional del año 2015.

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Tómelo con reserva pero una fuente confiable me asegura que el escándalo de los policías chupa ductos, que ya le costó la cabeza al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, aún podría escalar y afectar a mandos medios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, coludidos con las bandas dedicadas al robo de combustible en la entidad.

Según esta fuente, que dice tener información privilegiada de la PGR, uno de los funcionarios de la PGJ involucrados en la protección del robo y la venta ilegal de combustible de Pemex sería el comandante de la Policía Ministerial, José Luis Briones.

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Aunque la senadora Blanca Alcalá Ruiz ha dicho que ella preferiría ser gobernadora de seis años y no de un año ocho meses, también ha dejado en claro a la dirigencia nacional de su partido que está puesta para la elección del 2016 si es que se le requiere.

En ese sentido valdría la pena no descartarla como una de las posibles contendientes en los comicios locales del próximo año, considerando que hoy por hoy es la mejor carta del PRI, según diversas encuestas electorales.

Blanca Alcalá fue entrevistada este martes en la Cámara Alta y ahí precisó que lo importante es la unidad del PRI y que ella hará lo necesario para construirla, ya sea sumándose al candidato o candidata que elijan los priístas o aceptando la postulación si es que fuera la nominada para contender por la gubernatura de Puebla en el 2016.

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Es increíble lo que sucede en el Instituto Electoral del Estado (IEE) para solapar y encubrir a Armando Guerrero Ramírez, tras su renuncia como consejero presidente del organismo.

Ahora resulta que éste, en lugar de hacer la entrega de la presidencia y la administración del IEE, se le permite que una representante suya lo haga en su nombre, en abierta violación a la normatividad vigente. Pero además fuera de los tiempos legales permitidos.

Los artículos que se violan con este anómalo e irregular procedimiento son los 1, 6, 7, 11 y 12 de los Lineamientos para los actos de entrega-recepción del Instituto Electoral del Estado, en los que se establece que la entrega de los asuntos que tiene encomendados el funcionario saliente debe ser personalísima.

Textualmente el artículo 1 de este reglamento interno del IEE dice: “… por lo que respecta a los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así como al Consejero Presidente estos deberán hacer entrega de toda la documentación relativa a las Comisiones que hayan presidido durante su gestión, así como del mobiliario y equipo que en ese momento se encuentre bajo su resguardo, lo anterior, en el marco de sus atribuciones.

“Además, el Consejero Presidente deberá observar todo lo referente al presente artículo”.

Pero por si lo anterior no fuera suficiente, hay que agregar que este mismo artículo fija un plazo de máximo cinco días para el proceso de entrega-recepción, a partir de la fecha de separación del funcionario en cuestión.

Si Armando Guerrero renunció la noche del domingo 26 de julio, qué no debió entregar su oficina y los asuntos a su cargo a más tardar el 31 de julio. Por qué hasta hoy 10 de agosto se formaliza el tema, si el artículo referido que norma este proceso dice textualmente que la entrega deberá hacerse “en un término no mayor de cinco días hábiles”.

¿Por qué hacer una excepción con Armando Guerrero? ¿Por qué el Congreso del estado que lo nombró consejero y presidente del IEE se rehúsa a sancionarlo, pese a haber incurrido en diversos delitos como falsedad de declaraciones, falsificación de documentos en general, usurpación de funciones públicas o de profesión y hasta fraude?

Con esas consideraciones, a ver si no la entrega-recepción de la oficina de la Presidencia y de la administración del IEE, en lugar de hacerse en las instalaciones del Instituto se lleva a cabo en un café o en el domicilio particular de Armando Guerrero o su asistente y representante en ese proceso, Magaly Blanco Villasuzo.

¿No que nadie por encima por de la Ley?

Ajá.

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El sábado de esta semana el dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, estará de gira por el estado de Puebla en las ciudades de Puebla, Atlixco y San Martín Texmelucan.

La intención del adelantado aspirante en la carrera presidencial por el 2018 es impartir tres conferencias al público que acuda a escucharlo en la Plaza de la Democracia, a un costado del edificio Carolino de la BUAP, en el zócalo de Atlixco y en el zócalo de Texmelucan.

La primera conferencia en la capital del estado será en punto de las 12:30 horas, la segunda a las 16 horas y la tercera a las 18:30 horas.

Trascendió que la gira de López Obrador está siendo coordinada por el senador Manuel Bartlett Díaz junto con la dirigencia estatal de Morena encabezada por María Luisa Albores González, quien a pesar de haber nacido en Ocosingo, Chiapas, tiene más de 8 años laborando en Puebla como agrónoma en apoyo de la organización indígena Tosepan Titataniske, en la Sierra Nororiental, en actividades relacionadas con la producción orgánica, el ecoturismo y la educación.

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Para dejarle en claro al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco Méndez, que ya no es bien visto en Casa Puebla y tampoco sus aliados y recomendados, este día le pidieron la renuncia a Martha Patricia Velázquez Aguilar como directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Antes de ser nombrada en el IEE, en febrero de 2012, la maestra Patricia Velázquez se desempeñaba como directora jurídica de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo titular era precisamente Rafael Micalco.

La aún directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEE es también consejera electoral suplente, y en marzo del año pasado buscó ser electa por el Congreso del estado como consejera, en sustitución de Víctor Cánovas Moreno, que renunció al ser descubierto como operador panista del gobernador Rafael Moreno Valle en el estado de Tlaxcala.

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Trivia:

¿Qué candidato a diputado federal del PAN quiso llevar al futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo como suplente, pero no le llegó al precio?

Varios tips:

El delantero mexicano y actual jugador del Puebla de la franja se dejó pedir 3 millones de pesos, más 200 mil pesos mensuales durante los meses de abril y mayo.

En lugar del Cuau —quien, por cierto, es actualmente abanderado del Partido Socialdemócrata de Morelos a la presidencia de Cuernavaca—, el candidato panista lleva como suplente a un ex modelo de la cantante Paulina Rubio.

El susodicho candidato panista ha sido acusado de tener un avión en propiedad con otros funcionarios y proveedores de la dependencia que encabezó en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

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Pregunta:

¿La fusión de la Policía de Seguridad Vial con la Policía Preventiva no es violatoria del artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Puebla, que divide los cuerpos de seguridad pública en ramas o de los artículos 5 y 9 de la Ley de Vialidad que atribuyen facultades específicas a los policías viales como autoridad en la materia?

¿O es que ahora cualquier policía preventivo será también autoridad vial?

¡Dios nos agarre confesados!

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En el Instituto Electoral del Estado (IEE) continúan entrampados con la revisión y fiscalización de los recursos públicos entregados a los partidos políticos en 2013.

La razón, para variar, es política.

En noviembre de 2014, la Unidad de Fiscalización del IEE, a cargo de Iris del Carmen Conde Serapio, presentó en mesa de trabajo sus primeros dictámenes sobre la revisión de los gastos ordinarios y de campaña de los partidos políticos acreditados ante el organismo.

El representante del PRI, Silvino Espinoza Herrera, quien ya sabía que el dictamen venía negativo para su partido y el PVEM, pidió un receso para negociar con los consejeros electorales; el secretario ejecutivo del IEE, Miguel David Jiménez López, y la titular de la Unidad de Fiscalización, el retiro de ese punto de la orden del día.

Silvino Espinoza logró su propósito: ocultar a los miembros del Consejo General del IEE y a la opinión publica una multa por 60 mil 200 pesos derivada del no registro contable de los gastos que supuestamente hizo para la difusión de los debates protagonizados por varios de sus precandidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La intención del representante del PRI era reducir el monto de esa multa a unos 15 mil pesos, cuestión en la que estaban de acuerdo algunos consejeros, pero no la titular de la Unidad de Fiscalización.

Y es que aparte de esa sanción, existía otra por 548 mil 528 pesos por diversas anomalías en la justificación del gasto ordinario de 2013, como el no registro de activo fijo por más de 500 mil pesos; la negativa del PRI de permitir el acceso a sus instalaciones de auditores de la Unidad de Fiscalización y la entrega de comprobantes por más de 205 mil pesos que no correspondían a gasto ordinario, sino a actividades de campaña.

El caso es que el pasado 17 de febrero el punto volvió a ponerse a la consideración de los consejeros y estos, otra vez, vacilaron en sancionar al PRI y al PVEM ante las presiones de su representante.

Silvino Espinoza consiguió nuevamente que el punto se retirara de la orden del día, pero también que otros representantes partidistas como Alfonso Rodríguez Periañez, del PT, y Jorge Luis Blancarte Morales, de Movimiento Ciudadano, negocien la reducción de las multas que por un millón de pesos pretende aplicarles la Unidad de Fiscalización por distintas irregularidades.

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A propósito.

Será a finales de mes, posiblemente el 26 de los corrientes, cuando se publique la convocatoria para la renovación de los consejeros del Instituto Electoral del Estado que, con base en las nuevas reglas electorales, se convertirá en Organismo Público Local Electoral dependiente del Instituto Nacional Electoral.

De los ocho consejeros del IEE, al menos cuatro pretenden mantenerse en el cargo, lo que explica en buena medida por qué algunos de ellos no quieren aprobar el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IEE para que el PRI y el PVEM sean sancionados por diversas anomalías respecto a los recursos que recibieron en 2013.

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Un oneroso pendiente que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) dejarán seguramente a su salida, prevista para agosto o septiembre del año en curso, serán las demandas laborales que por despido injustificado han promovido decenas de empleados del organismo.

Demandas que seguramente se incrementarán en los próximos días cuando otros 30 o 40 empleados del Instituto sean despedidos por recortes presupuestales que, desgraciadamente, se aplican en forma selectiva en perjuicio de quienes carecen de padrino o madrina política.

El tema no es desconocido para el consejero José Luis Martínez López, presidente de la Comisión Permanente del Servicio Electoral Profesional (SEP), quien poco o nada ha hecho para evitar los despidos injustificados o para impedir que el personal inscrito en esta asignatura —y que suele ser el mayor experiencia— sea echado a la calle.

Entre los empleados del organismo el malestar es creciente, pues por un lado se habla de austeridad y de la urgente necesidad de realizar recortes presupuestales, pero por otro se suben sueldos, se otorgan ascensos y se hacen contrataciones que dan pie al sospechosismo.

Nadie se explica, por ejemplo, por qué fue contratado como jefe del Departamento de Normatividad y Procedimientos del SEP, Ángel López Santamaría, de 75 años de edad, si su expertis en materia electoral es casi nulo; por qué si son tan pocos los empleados con carrera electoral acreditada se contrata a un directora para encabezar esta unidad; o por qué se hacen promociones y se otorgan ascensos a favor de empleados consentidos del director administrativo del Instituto, Ricardo Aguilar Ramírez, como Viridiana Daniela Cerezo Morales.

Lo que los empleados carentes de padrino o madrina política sí saben es que Ángel López Santamaría no será despedido por ser padre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

Lo que también saben es que la recién nombrada titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional, Noemy Itzetl Tapia Trujillo es esposa del vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Montero Catalán.

Y que Viridiana Cerezo Morales fue promovida en enero de este año de analista II-1 a analista 1-A por ser la consentida de su jefe, Ricardo Aguilar, y que éste pretendió disfrazar el ascenso de aquella con otras siete promociones donde los aumentos salariales son casi simbólicos en comparación con el otorgado a Viridiana.

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¿Martín Fuentes a la PGR?

Si en los próximos días se anuncia que el abogado poblano Martín Fuentes es nombrado en algún puesto de la Procuraduría General de la República (PGR) por la nueva procuradora Arely Gómez González es importante que sepa lo siguiente.

Primero que no se trata de Martín Fuentes Morales, el que fue procurador del Ciudadano en el gobierno de Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres, sino de Martín Emiliano Fuentes Holland, que es hijo de aquel y ha trabajo como asesor en temas de transparencia y combate la corrupción con la ex senadora Arely Gómez.

Martín Emiliano es un joven abogado de 23 años, egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y que desde hace dos años forma parte del equipo de trabajo de la hoy titular de la PGR.

En cambio su papá, Martín Fuentes Morales, despacha actualmente en la Delegación federal de la Sedesol como secretario técnico social, cuya función consiste en vigilar que los programas sociales de la dependencia lleguen a los verdaderos beneficiados de estos.

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