Dos poblanos figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres plazas de consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedarán vacantes el próximo 15 de agosto: Alfredo Figueroa Fernández y Maurcio García León.

Ambos, por cierto, serán entrevistados por los diputados que integran la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el mismo día, jueves 28 de mayo, aunque en distintas horas.

Figueroa funge actualmente como consejero local del IFE y en la anterior convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de la que salieron como nuevos consejeros Leonardo Valdés, Benito Nacif y Marco Baños, fue uno de los finalistas con la segunda mejor calificación de los 35 que se colaron a la última ronda.

Maurcio García León, el segundo de los poblanos, fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, en la gestión de León Dumit Espinal, director Jurídico del Instituto Electoral del Estado, y secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula en la pasada administración municipal. Es hijo del ex procurador y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas.

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Trivia facilona.

¿Quien es el diputado federal poblano que ya incursionó en el vecino estado de Tlaxcala como concesionario de un expendio de Pemex, dedicado a la venta de gasolina y diesel?

Tres tips.

Es priísta y uno de los más influyentes por la Comisión que preside en San Lázaro.

Su inversión se ubica en el municipio de Apizaco.

Tuvo que desembolsar 200 mil pesos en mordidas para la apertura de su establecimiento.

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Ayer rindió protesta como nuevo director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Salud Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, en sustitución de José Luis Palafox Krayevsky, quien desde hace meses había perdido la confianza del gobernador Mario Marín Torres, que lo puso ahí.

Al darle posesión de su cargo, el secretario de Salud Roberto Morales Flores exhortó a los funcionarios de la dependencia a trabajar con unidad y armonía, haciendo de lado los chismes e intrigas que afectan la imagen del gobierno y la institución.

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Desde el miércoles 7 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) es objeto de una auditoría que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El motivo, según trascendió, son diversas omisiones en el pago de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios en la institución universitaria por un monto de 14 millones de pesos.

Como responsables de esta irregularidad aparecen Alejandro Fernández, Urbano Ponce, Clara Elena Torres, María de los Ángeles Sánchez, Gonzalo Gómez, Alfredo Miranda y Javier Cabanas.

Se sabe que como parte de la auditoría el IMSS también investiga la existencia de algunas empresas “fantasma” utilizadas para evadir o eludir impuestos y el pago de seguridad social.

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Nuestros consejeros electorales no serán de los que más trabajan, pero sí de los que más ganan en el país.

De acuerdo con un análisis efectuado por Consultoría Contracorriente, los consejeros electorales de Puebla son los quintos mejor pagados en la República Mexicana, sólo superados por los del Distrito Federal, estado de México, Tabasco y Guanajuato.

Un consejero de Puebla gana 6.6 veces más que su similar de Chihuahua, 4.9 veces más que su homólogo de Nuevo León y 4.2 veces más que su par de San Luis Potosí.

En la entidad el sueldo mensual de cada consejero asciende a 72 mil 164 pesos, mientras que en Chihuahua a 10 mil 797, y en Nuevo León a 14 mil 717 pesos.

La diferencia, como se podrá observar, es abismal.

Puebla, según esta evaluación que en los siguientes días difundirá el periódico digital e-consulta, es de las pocas entidades, cinco en total, donde el presidente del instituto electoral gana lo mismo que el resto de los consejeros que lo integran.

El presidente del organismo electoral mejor pagado del país corresponde al Distrito Federal, con 118 mil 60 pesos mensuales.

En Puebla, el consejero presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, percibió el año pasado además de su sueldo mensual, cuatro bonos trimestrales, que en conjunto ascendieron a más de 280 mil pesos.

Si estos bonos se suman a su sueldo mensual, Jorge Sánchez pudo haberse colocado en el 2007 como el presidente del organismo electoral mejor pagado del país.

Ahora sí, como decía ese viejo comercial de L’Oréal: es un pequeño lujo, pero creo que vale.

Ajá.

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¿Qué consejeros han comenzado a filtrar información administrativa y financiera del Instituto Electoral del Estado (IEE) con el fin de apresurar la salida del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, ahora que éste ha caído de la gracia de la cúpula gobernante?

¿No acaso algunos de ellos se comprometieron, delante del representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández, a cerrar filas en torno a Jorge Sánchez, el pasado 1 de abril en un desayuno efectuado en el Fiesta Americana de La Vista?

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¿A quién en realidad representa el rector de la Universidad de América Latina, Jesús López Chargoy, como comprador del paquete del 5.3% de acciones que tenía Emilio Maurer Espinosa en el Puebla de la Franja?

Y, por cierto, ¿hay algún parentesco de este personaje con Carlos Hugo López Chargoy, apoderado legal de la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Caren, e influyentísimo contratista de obra en la Universidad Autónoma de Puebla?

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¿Por qué a la reunión de trabajo que hoy sostendrá el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y los integrantes del gabinete de Seguridad Pública, con una comisión de legisladores locales, no fue invitado el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto?

¿No que se trata de una reunión del gabinete de seguridad en pleno con los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil?

¿Por qué Alejandro Fernández tampoco ha sido convocado para la reunión de mañana viernes con los dirigentes de los organismo cúpula de la Iniciativa Privada, para abordar temas relacionados con la seguridad pública?

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¿Qué ex presidente municipal de la entidad podría dejar de ser consejero nacional del PRI y miembro de la Comisión Política Permanente, tras el proceso de renovación que se avecina en estos dos órganos nacionales de dirección partidaria, una vez que el próximo 26 de mayo se publique la convocatoria respectiva?

A propósito, ¿qué político poblano forma parte de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, que tiene a su cargo la renovación del Consejo Político Nacional?

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De las muchas observaciones que aparecen en los reportes de las siete auditorias realizadas por la Contraloría Interna al ejercicio presupuestal del Instituto Electoral del Estado (IEE) durante el 2007, la más recurrente son las compras fraccionadas  en papelería, consumibles, equipo de cómputo e impresiones.

Otra de las empresas —además de Target Eye— beneficiadas con esta irregularidad fue Colorset, a la cual se le hicieron compras fraccionadas por más de cien mil pesos, no obstante los errores cometidos desde su primer contrato: la impresión de las convocatorias para los aspirantes al cargo de consejeros distritales.

La primera remesa de estas convocatorias salió con tantos errores de impresión que, de plano, hubo necesidad de repetirla, pero con cargo a las finanzas del IEE. Y en la segunda remesa, a Colorset se le olvidó escanear la firma del consejero presidente, por lo que éste tuvo que firmar una por una las nuevas convocatorias.

A la empresa que proveyó las lonas también se le hicieron compras fraccionadas por más de 130 mil pesos.

Las compras hechas a ambos proveedores —de los que no existen antecedentes en el IEE— fueron observadas por la Contraloría Interna, cuya entonces titular, Dalhel Lara Gómez, estimó que éstas infringían los artículos 26 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Otra irregularidad que también fue observada en una de las auditorías fue la compra de canastas navideñas a Prissa Vinos y Licores por un monto de 19 mil 869 pesos. Dichas canastas —cuyo destino jamás se informó en un reporte por escrito— se cargaron a la partida 3810 denominada Gastos de Representación.

Lo mismo ocurrió con la compra de libros, 40 arcones, un reproductor de video, un minicomponente, una pantalla plana y demás regalos, por un total de 429 mil 997 pesos, que supuestamente se distribuyeron entre los representantes de los medios de comunicación en una cena de fin de año.

A manera de colofón, habría que apuntar que en agosto de 2007, por instrucciones del consejero Jorge Sánchez Morales, la partida 3810 —que por normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración estaba cancelada— fue dotada de suficiencia presupuestal, y que de los 460 mil 995 pesos que se ejercieron en los últimos cinco meses del año, el 90% fue absorbido por la presidencia del Instituto Electoral del Estado.

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La versión que anoche corrió en el sentido de que el general Mario Ayón Rodríguez presentaría hoy su renuncia como secretario de Seguridad Pública y Vialidad del estado, y que en su lugar sería nombrado Alejandro Fernández Soto, es totalmente falsa.

Tan falsa que hoy, en un acto público de la Policía Metroplolitana, el general Ayón dejará en claro que no tiene la mínima intención de irse, hasta que oficialmente se lo pida quien lo designó en el cargo.

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Una de las empresas favorecidas por el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, en el ejercicio del gasto del 2007 fue Target Eye SA de CV, de la que Jorge Espino Flores es su principal accionista.  A esta compañía no sólo se contrató el concepto creativo de la campaña publicitaria del IEE durante el pasado proceso electoral por un monto de 287 mil pesos, sin licitación de por medio, sino el pago de diversos servicios que van desde la pinta de bardas y la producción de spots publicitarios hasta la colocación de anuncios móviles y espectaculares.

En las auditorías realizadas por la Contraloría Interna y el despacho de Freyssinier Morin, Target Eye fue objeto de diversas observaciones, debido a sus contratos nunca pasaron por el Comité de Adquisiciones, y a que sus servicios y productos fueron fraccionados, en franca violación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Con la complicidad del consejero presidente, a Target Eye —“empresa de reciente creación y sin experiencia en material electoral”— se le contrataron compras fraccionadas de abril a noviembre de 2007 por 320 mil pesos, amén de otros servicios que supuestamente ofrecían otros proveedores como Garabed Nathael Hernández, quien cobró 350 mil pesos por la producción de spots publicitarios, y un pintor de bardas que entregó facturas por 450 mil y 500 mil pesos más IVA.

Lo curioso, en el caso de la rotulación de bardas, es que Target Eye facturó en una primera etapa 90 bardas cuando en realidad sólo había pintado 26.

Otras empresas que también fueron utilizadas para favorecer a Jorge Espino fueron Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencias, a las cuales se les adjudicaron de manera directa —y por recomendación del consejero presidente Jorge Sánchez Morales y la entonces encargada de Comunicación Social, Adriana Álvarez Hernández— la contratación de anuncios móviles y espectaculares por un monto de 1 millón 381 mil pesos.

El presidente del IEE y la hoy titular de la Unidad de Acceso a la Información del organismo electoral argumentaron que tales compañías no sólo tenían los derechos de los anuncios móviles y espectaculares de mayor impacto visual (cuestión que nunca se justificó mediante un estudio), sino que ofrecían los mejores precios del mercado.

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Hete aquí, para conocimiento de los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), un primer extracto de las anomalías y observaciones que la Contraloría Interna hizo al ejercicio presupuestal de 2007, y que el consejero presidente Jorge Sánchez Morales trata de esconder a toda costa.

1.- De enero a septiembre de 2007 se cargaron errónea y, en algunos casos, deliberadamente 853 mil 141 pesos a la partidas 3601 denominada Gastos de Propaganda que en realidad corresponden a otros rubros como Impresiones, Servicios de Informática, Otros Gastos de Difusión e Información, de acuerdo con el Clasificador por objeto de gasto emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.
Lo anterior no es, como alguien pudiera pensar, un simple error de registro. En realidad, el propósito de esas “equivocaciones” cometidas por la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, era ocultar el sobregiro en algunas partidas altamente observables para cualquier auditor.

Estos errores de registro explican, de paso, por qué nunca coincidieron los reportes del consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, con los de la consejera Olga Lazcano Ponce, presidenta de la Comisión Permanente de Comunicación Social del IEE, sobre la controvertida partida 3601 Gastos de Propaganda.

2.- El pago de servicios de asesoría por un monto de 96 mil 842 pesos con cargo a la partida 3901, denominada Servicios Diversos y que según el clasificador de la Secretaría de Finanzas está destinada a la cobertura de penas, multas, accesorios y actualizaciones.

La asesora, contratada por el presidente del IEE y adscrita a la Dirección Administrativa, es la contadora Katy Pacheco Pérez —sobrina, por cierto, del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido—, quien entregó los recibos de honorarios 0024 y 0025 por concepto de Servicios Profesionales.

Una irregularidad adicional en este punto es que el contrato que ampara su asesoría no es un contrato de prestación de servicios profesionales, sino de arrendamiento.

3.- De enero a septiembre de 2007, el Instituto Electoral del Estado destinó 15 mil pesos mensuales a cada representante de partido político por concepto de “apoyo y colaboración”. Dicha erogación se registró en la partida 4311, que corresponde a Otras Transferencias.

Según la auditoría practicada por Dalhel Lara Gómez ese gasto no está contemplado, ni autorizado en ninguna normativa, amén de que carece de soporte fiscal y documental.

Hasta aquí este primer compendio de observaciones al ejercicio presupuestal del 2007 del IEE. Mañana ofrezco presentarle una segunda parte, acerca de lo que las auditorías arrojaron al comparar los reportes entregados por la Dirección Administrativa a los consejeros de la Comisión Permanente Administrativa y a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, que simplemente no concuerdan.

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Este viernes el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estará de gira en la Sierra Norte, concretamente en Francisco Z. Mena, y aprovechará el viaje para reunirse con un grupo de simpatizantes del “Proyecto Z” en el rancho Palo Blanco del ganadero Ángel Salas.

El problema es que uno de los organizadores de su gira, el legislador local Carlos Barragán Amador, quien se ya promueve para diputado federal, no goza del aprecio de muchos de los políticos de aquella región de la entidad, debido a sus frecuentes escándalos.

El último de ellos ocurrió el viernes pasado, después de una cabalgata por Francisco Z. Mena, en compañía del diputado federal Alberto Amador Leal. Carlos Barragán se quedó en Rancho Nuevo, donde se organizó una comida y un baile, que terminó a golpes entre el legislador local y el ganadero Miguel Guidobro, de Mecapalapa.

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