Arrecia la disputa por el Colegio de Economistas
Quiere el huracán Arandia la Comisión de Seguridad

En la primera sesión del año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), efectuada el viernes por la tarde, el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dejó en claro dos cosas: su animadversión hacia Rafael Guzmán Hernández como representante del Partido Acción Nacional, y su opacidad en torno a las finanzas y administración del máximo organismo electoral de la entidad.

El primer tema quedó de manifiesto cuando se rehusó a que Rafael Guzmán rindiera protesta como representante del PAN y participara en la sesión, arguyendo que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tenía que corroborar con la dirigencia estatal panista la legalidad y autenticidad del oficio de acreditación que éste presentó.

Su exabrupto, porque no se puede calificar de otra forma, fue tan burdo que hubo consejeros que se desmarcaron de él y pidieron se asentara en actas que nada habían tenido que ver con esa decisión personal del consejero presidente, que hasta el representante del PRI, José Alarcón Hernández, mostró su extrañamiento con ese proceder.

Rafael Guzmán, hay que decirlo, ha sido uno de los representantes partidistas que en el pasado reciente más han criticado la falta de transparencia en las finanzas del Instituto, así como los excesos y la opacidad del consejero presidente en los ejercicios presupuestales de los dos últimos años.

La segunda cuestión que también quedó de manifiesto en esa sesión del IEE, fue que Jorge Sánchez Morales sigue haciendo de las suyas con los recursos públicos asignados al organismo electoral.

Cuando la consejera Olga Lazcano Ponce le solicitó, en asuntos generales, que aclarara quién había autorizado, qué beneficios se habían obtenido y a qué se habían aplicado los intereses por 849 mil pesos de algunos fondos de inversión contratados por el Instituto con instituciones financieras y bancos como HSBC, Jorge Sánchez simplemente eludió el tema.

Éste afirmó que el asunto de las inversiones debía abordarse con la encargada de la Dirección de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, o en todo caso con el director general del Instituto, Antonio Bretón Betanzos, por ser el jefe de aquella.

El consejero Fidencio Aguilar Víquez le pidió, por su parte, una explicación sobre los 4.3 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado había transferido al IEE, como parte de su presupuesto autorizado para el 2009 por parte del Poder Legislativo local.
Jorge Sánchez intentó evadir el tema, y nuevamente solicitó que éste se tratara con la responsable del área, Paola Cruz, o con su jefe inmediato, Antonio Bretón.

Fidencio Aguilar insistió que el asunto se resolviera ahí.

Y fue entonces que se le explicó que las transferencias por 4.3 millones de pesos se habían canalizado a compensar los sueldos de los consejeros electorales y a cubrir diversos gastos de la Unidad de Transparencia.

A Jorge Sánchez le replicó que la compensación de los sueldos de los consejeros ascendía a 1.2 millones de pesos y que los gastos de la Unidad de Transparencia a poco más de 200 mil pesos, por lo que las cuentas no salían.

Terció en la discusión el director general del IEE, al señalar que propondría a la Contraloría llevar a cabo una auditoría para conocer el destino de tales transferencias por 4.3 millones, que en ese momento no pudieron ser justificadas por Jorge Sánchez, ni por su encargada de administración.

EN CORTO
Apenas se publicó el jueves la convocatoria para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Puebla, arreció la disputa entre dos de los tres aspirantes a suceder a Honorio Isidro Ojeda Lara en la presidencia del organismo: Jorge Moreno Valle Buitrón y José Octavio Castilla Kuri.

El primero, empresario deportivo y hermano del actual director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Rafael Moreno Valle Buitrón, tiene el apoyo del mandamás de Casa Puebla, y de algunos ex presidentes del Colegio como Lauro Sánchez López, con quien ocupó el cargo de vicepresidente.

El segundo aspirante, Octavio Castilla Kuri se desempeña actualmente como director de Planeación del ayuntamiento de Puebla; fue asesor del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; subdirector de la Promotora Universitaria de la misma institución, y ex secretario particular de José Alarcón Hernández. Este último también fue presidente del Colegio de Economistas, y es hoy uno de sus principales impulsores.

Para la renovación del Consejo Estatal Directivo 2009-2011 se tenía prevista la participación de Jorge Pérez Mejía, actual vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, y coordinador de comisiones del Colegio de Economistas de Puebla. Sin embargo, trascendió que la semana pasada, en la víspera de la publicación de la convocatoria, declinó a su aspiración para sumarse al equipo de Moreno Valle Buitrón.

Quien hasta ahora se ha mantenido al margen de la contienda, como un actor imparcial, es el actual presidente del organismo, quizás porque quiere evitar lo que a él le ocurrió en su elección de hace dos años, cuando en la disputa por la presidencia del Colegio su contrincante Leonardo Peña Jacobo, entonces gerente regional de Bancomext, impugnó el proceso y desconoció al presidente de la Comisión Electoral, Lauro Sánchez.

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Trivia:

¿Qué aspirante priísta a la gubernatura de Puebla canceló un contrato de asesoría a una prestigiada firma consultora cuando supo que ésta tenía como cliente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto?

Dos tips.

1. El susodicho tiene pacto en la contienda interna del PRI por la presidencia de la República con el senador y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

2. En el estudio comparativo que le hizo la mencionada consultora, midiendo sus atributos y defectos con otros aspirantes a la gubernatura de Puebla, no sale muy bien librado.

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El próximo martes 24 de los corrientes, en el auditorio de la facultad de Derecho de la BUAP, se efectuará una mesa de análisis sobre las elecciones federales de este año, en la cual participarán el doctor Francisco Aceves González de la Universidad de Guadalajara; el doctor Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de las Américas Puebla; el maestro Elías Aguilar García, director de la firma de estudios de opinión Indicadores; el periodista Arturo Luna Silva, director del nuevo portal Puebla on line, y el que esto escribe.

La mesa de análisis será coordinada por el doctor Jorge Calles Santillana, en el marco de la Semana de la Sociología, que del 23 al 27 de marzo se efectuará en esta escuela adscrita a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

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Raúl Sergio Arandia Jiménez “El Huracán” no sólo quiere ser diputado federal por la vía plurinominal, sino que el PAN lo considere como una de sus cartas fuertes para presidir la Comisión de Seguridad Pública en la entrante legislatura, dada su experiencia de 19 años en puestos policíacos y en áreas de readaptación social y protección civil.

Arandia fue propuesto por los panistas del distrito 15 de Tehuacán como precandidato a diputado de representación proporcional.

Para hacerse de esta nominación, Raúl Arandia tendrá que conseguir una alta votación de los miembros y adherentes del PAN en la entidad, sobre todo considerando que no es de los favoritos del Comité Directivo Estatal, que tiene como prioridades a Pablo Rodríguez Regordosa y a Augusta Valentina Díaz de Rivera.

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Simón dice:

“Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”
Antonio Machado, poeta y prosista español.

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Por Eduardo González

El Congreso del estado de Puebla siguió los pasos tomados por los legisladores priístas de Colima y aprobó una reforma en materia electoral que no asumió en su totalidad los cambios dictados a nivel federal.

La homologación de las elecciones para 2010, en el mes de julio, es de entrada el punto más cuestionado y meterá en un brete al poder legislativo en caso de que una controversia constitucional prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados que conocen de derecho electoral, que en Puebla son muy pocos, sostienen que las posibilidades de que ganen los partidos de oposición -que han anunciado su intención por impugnar la reforma- son amplias y eso obligará a que se aborte la fecha de los comicios.

De acuerdo con un artículo transitorio incluido por la bancada del PRI, en 2010 la contienda fue propuesta para noviembre y no para el mes de julio.

¿Pero qué pasaría si los cambios a la constitución en Puebla van para atrás, se obliga a realizar la elección en julio, y el proceso electoral comienza en noviembre de 2009?

De entrada el arranque de los comicios se empatarán con el proceso de renovación de la dirección general del Instituto Electoral del Estado previsto para el mes de septiembre.

En caso de que el actual titular –José Antonio Bretón Betanzos– no sea ratificado en el cargo, el nuevo funcionario apenas ingrese deberá ya estar al frente de la organización de los comicios estatales.

Además al interior del organismo debería existir preocupación de acercarse al tercer año de gestión de los actuales consejeros electorales y a un nuevo proceso estatal, con cuatro funcionarios como encargados de despacho, sin que se haya convocado a un concurso para seleccionar a sus titulares.

En esta situación se encuentra la Unidad del Servicio Electoral Profesional, la Dirección Administrativa, la Contraloría Interna y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Al paso que va, no sería extraño que el Consejo General organice otra elección y termine su periodo de gestión con un encargado de la presidencia.

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Este jueves sesionará el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, encuentro del que surgirán las tres propuestas de candidatos a diputados plurinominales.

Augusta Valentina Díaz de Rivera -también conocida como “Tití”- y Pablo Rodríguez Regordosa están asegurados, pero aunque se mencionó en tercer lugar el arribo de Óscar Anguiano Martínez, su lugar será ocupado por otra figura del partido.

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En la misma sesión se integrarán como miembros del Comité Directivo Estatal el ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez y el actual encargado de prensa de la bancada del PAN en el Congreso local, Ignacio Dávila Mora.

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En la colonia Del Valle, ubicada en el distrito 6 del municipio de Puebla, se presentó el precandidato a diputado por parte del PRI, Francisco Ramos Montaño, ex director del Instituto Poblano de la Juventud.

Con tal de hacerse de la simpatía de los vecinos, vociferó que gracias al PRI se lleva a cabo la urbanización de la avenida Valle Nacional, sin embargo al priísta le pasó por alto que la obra enfrenta un severo retraso y para rematar está mal hecha.

Al enfrentar los reclamos de los colonos, el joven Ramos sólo atinó a decir que las irregularidades se originaron por las gestiones del ayuntamiento. Por fin, ¿la obra la gestionó el PRI o la Comuna?

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Al presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, la crisis parece hacerle los mandados, y el Órgano Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado también.

A un año de su gestión, el munícipe priísta ha estrenado dos camionetas último modelo: una Ford Lobo de lujo, que adquirió con recursos del ayuntamiento en febrero de 2008 y que ahora es propiedad del constructor Alberto Alvarado, y otra camioneta de la misma marca y tipo, pero modelo 2009.

Además ha incorporado a su parentela a la nómina municipal, comenzando por su sobrino político, Jorge Hernández Tepanhuey ––que de wey no tiene nada––, a quien nombró contralor del ayuntamiento.

Lejos de combatir la corrupción, Hernández Tepanhuey es su principal promotor, pues con el consentimiento de su tío se encarga de cobrar el “diezmo” a los proveedores, constructores y materialistas que prestan o venden sus productos y servicios a la presidencia municipal, así como de cambiar por efectivo los vales de gasolina y diesel adquiridos por el ayuntamiento de Zacapoaxtla, dizque para el parque vehicular de la comuna.

Hay que decir que la fama de pillo del contralor municipal no es reciente: lo acompaña desde que fue despedido, por malos manejos administrativos, de las oficinas regionales de la Secretaría de Salud, dependencia contra la que promovió un juicio por despido injustificado, por el cual logró su reinstalación.

Las arbitrariedades de Justino y familia han llegado a tal extremo que hasta los priístas zacapoaxtecos han integrado un frente para defenderse de los abusos y excesos de su presidente municipal.

Y el Frente Priísta Zacapoaxteco ha sido tan bien recibido que, a escasos cuatro meses de su creación, ya tiene presencia y representantes en 10 de las 28 comunidades del municipio.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a distanciarse ya no sólo de sus pares (los consejeros electorales), sino de los representantes partidistas acreditados ante al máximo órgano electoral del estado.

Su distanciamiento es consecuencia de la crisis económica, la estrechez presupuestal y la retención de algunas partidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

En concreto: la mayoría de los representantes de los partidos políticos están inconformes porque a estas alturas del año no han recibido los 15 mil pesos de dieta o compensación que venían cobrando mensualmente y porque, además, ya les avisaron que esta prebenda podría cancelarse debido a los ajustes presupuestales del Instituto Electoral del Estado.

Anoche, al cierre de este blog, recibì un correo con información interesante sobre futuros cambios y enroques en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz. Le recomiendo revisarlo en la sección de comentarios.

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Simón dice:

“El dinero es como el estiércol: no es bueno, a no ser que se esparza”
Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico.

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Si algo quedó claro ayer con la aprobación de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), por parte de los miembros de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, es que la corrupción en Puebla tiene carta de impunidad.

Gracias a la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, podrá presumir —como ya lo está haciendo desde ayer a través de sus paleros en los medios de comunicación— que nada de lo cual fue acusado —compras fraccionadas, sobregiros presupuestales, daño patrimonial, pago de aviadores, desvío y malversación de recursos públicos— se le pudo comprobar.

Nada más falso que eso.

Su condición de mentiroso y corrupto ha quedado plenamente acreditada —y no por la prensa—, sino por sus propios homólogos, y las instancias encargadas de auditar su ejercicio durante el 2007. Me refiero a la Contraloría Interna del Instituto, al despacho Freyssinier Morin y al Órgano de Fiscalización Superior.

Los auditores del Orfise están al tanto de la corrupción del presidente del IEE, y del enorme esfuerzo que tuvieron que hacer para limpiar su cuenta pública, y cuadrar los números de un balance plagado de anomalías, excesos y abusos.

No en balde un ejército de auditores tomó, en la segunda quincena de mayo, las oficinas administrativas del Instituto, llevándose consigo 14 cajas que contenían todo el soporte documental de algunas partidas, que amparaban los gastos por combustible, alimentación y papelería. 

El objetivo de ese operativo fue borrar cualquier evidencia que inculpara al consejero presidente Jorge Sánchez, y a su directora administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, cuñada por cierto del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava.

Los auditores de Freyssinier Morin, despacho que hace las veces de auditor externo del IEE, también saben de los excesos y corruptelas cometidos por Jorge Sánchez, y del desorden que priva en la Dirección Administrativa del Instituto, pero tuvieron que tragarse sus observaciones, no sólo por presiones del Orfise, sino para mantener su millonario contrato.

Pero quien también supo —y hasta pudo documentar— las anomalías en que incurrió Jorge Sánchez durante el 2007 fue la ex contralora interna del Instituto, Dalhel Lara Gómez.

Sus observaciones —que el presidente del IEE trató de acallar ofreciéndole una generosa liquidación— quedaron plasmadas en siete reportes de igual número de auditorías, que a la fecha se han mantenido bajo llave.

Estas observaciones se publicaron en este blog los días 7, 8 y 9 de mayo.

Hoy vale la pena reproducirlas, para que este jueves los diputados que seguramente aprobarán la cuenta pública del Instituto nos digan cómo se solventaron —si es que así ocurrió— y nos aclaren por qué el Orfise no observó lo que la contralora interna del Instituto catalogó como compras fraccionadas, sobregiros y hasta como daño patrimonial.

De la larga relación de anomalías documentadas por Dalhel Lara destacan las siguientes:

1. Erogaciones por más de 853 mil pesos que se cargaron a la partida «gastos de propaganda», pero que en realidad corresponden a otras partidas. Esta manipulación se hizo con el objeto ocultar sobregiros presupuestales en algunos rubros y dar suficiencia presupuestal a la partida 3601.

2. El desembolso de 96 mil 842 pesos a favor Katy Pacheco Pérez, quien supuestamente prestaba servicios de asesoría, pero con un contrato de arrendamiento. Sus servicios profesionales, los cuales cobró a tráves de los recibos de honorarios 0024 y 0025, no se cargaron a la partida 3301 de asesorías, sino a la 3901 que corresponde a penas, multas, accesorios y actualizaciones.

3. El pago no autorizado de 15 mil pesos mensuales a los representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, con cargo a la partida 4311 que corresponde a otras transferencias.

4. El pago de compras fraccionadas y sin licitación a la empresa Target Eye, a la cual se le contrató y pagó el diseño creativo de la campaña del IEE en 287 mil pesos, otras compras por 320 mil pesos y 350 mil por la producción de spots publicitarios.

Adicionalmente a esta empresa de Jorge Espino Flores se le pagaron 450 mil pesos por la pinta de bardas, 1 millón 381 mil pesos por anuncios espectaculares, y 450 mil pesos por publicidad en autobuses, servicios que en realidad hacían proveedores particulares y otras como Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencia.

5. El pago de compras fraccionadas de material de impresión, servicios de informática, consumibles, papalería y equipo de cómputo a empresas como Colorset y otros proveedores que ni siquiera figuraban en el padrón de proveedores del Instituto.

6. La compra de canastas navideñas a la empresa Prissa Vinos y Licores por más de 19 mil pesos y de 40 arcones navideños, un reproductor de video, un minicomponente y una pantalla plana por un total de 429 mil pesos que supuestamente se entregaron a los reporteros de cubren el Instituto como regalo de fin de año.

7. Erogaciones por 460 mil 995 pesos en gastos de representación, que en un 90% fueron ejercidos por el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, con cargo a la partida 3810.

El día de mañana le contaré otros sobregiros e incongruencias que aparecen en los informes admistrativos y financieros del Instituto, y los cuales fueron ignorados por el Orfise y los diputados priístas de la Comisión Inspectora —como Luis Alberto Arriaga Lila— que hoy actúan como cómplices del corrupto presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales.

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En la Secretaría de Salud del estado siguen rodando cabezas. Ayer, Antonio Marín López le pidió la renuncia a Ricardo Villa Issa y a Jorge George Sánchez, quienes venían desempeñándose como coordinador de Servicios de Salud y director de Atención a la Salud, respectivamente.

Ambos, parar variar, pidieron entrevistarse con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para ver si conseguían mantenerse en el cargo en lo que resta del sexenio.

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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 Este día un grupo de empleados de confianza y de base del Instituto Electoral del Estado (IEE), podrían protagonizar un paro laboral en demanda de mejoras salariales y prestaciones económicas.

Su inconformidad radica en que sus salarios siguen siendo los mismos de hace tres años, a diferencia de lo que sucede con los consejeros electorales, directores, coordinadores y jefes de departamento del Instituto, y representantes de los partidos políticos.

En el último año, las dietas de los consejeros han subido dos veces, de 68 mil a 70 mil y de 70 mil a 72 mil pesos mensuales, al igual que las compensaciones de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, al pasar a 13 mil y luego a 15 mil pesos mensuales.

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El jueves de la semana pasada, el gerente general de Grupo Acir Puebla, antes Corporación Puebla de Radiodifusión, Jaime Briseño Orozco, fue materialmente puesto de patitas en la calle por los enviados del dueño de ese corporativo nacional, Francisco Ibarra López.

Esta situación tiene nerviosos a los empleados de Acir Puebla, pues no se sabe qué otros cambios se darán, ni quién vendrá a ocupar la gerencia general del grupo radiofónico compuesto por cinco estaciones radiofónicas de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada.

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Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado acordaron fijar para el viernes 19 de los corrientes a las 10 horas, la comparecencia del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, pero en su calidad de presunto responsable de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Transparencia.

En el proceso administrativo de inició de responsabilidades, Juárez Acevedo tendrá que explicar y demostrar –lo que hasta ahora no ha conseguido ante el Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– porque dice que no era secretario general de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, al momento de su nombramiento como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004, a pesar de todas las evidencia documentales y testimoniales que demuestran lo contrario.

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Otro influyente miembro de La Hermandad que se incorpora a la Dirección de Vialidad del estado, gracias a los buenos oficios de su jefe político Héctor Guerra Montiel, es José Luis Segrestre.

Segreste, quien prestaba sus servicios para la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla, primero como jefe de sector y luego como subdirector operativo, hasta que una organización de transportistas de materiales lo acusó de extorsión, labora ya como supervisor general de la Dirección de Vialidad del estado.

Su contratación deja una pésima lectura en materia de impunidad, pues en lugar de que estos elementos salgan del servicio público, siguen en él y lo único que hacen es pasar de la administración municipal a la estatal y viceversa.

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Continúan los problemas en la Universidad Cuauhtémoc de Puebla. A un mes del inicio de ciclo escolar, la institución aún no logra cubrir su plantilla docente, por lo que los alumnos carecen de un horario corrido y tienen que esperar varias horas después de salir de una materia para cursar otra.

Esta deficiencia no ha sido obstáculo, sin embargo, para que los directivos de la Cuauhtémoc, apliquen a los estudiantes recargos mensuales del 20% si no pagan a tiempo su colegiatura.

Otra situación que tiene inconformes a los alumnos es la política de becas aplicada arbitrariamente por la Universidad a pesar de la existencia de un reglamento interno que supuestamente regula su entrega.

Según dicho reglamento, sólo pueden acceder a becas al 100% aquellos estudiantes que después de al menos un año de inscritos en cursos regulares alcancen promedio de diez en sus materias del último semestre, cuestión que de manera frecuente es violentada por el propio rector Francisco Martínez Briones, quien asigna esas becas a alumnos de nuevo ingresos, que son hijos de políticos o recomendados de algún funcionario de gobierno.

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¿Nepotismo en órganos fiscalizadores?
Contraloría y Orfise, conflicto de interés

Un personaje de bajo perfil, pero muy influyente entre los administradores públicos del gobierno marinista y las instancias encargadas del control y la fiscalización de los recursos, es José Armando Sánchez Nava.

Su nombre quizás no le diga mucho, pero se trata del director administrativo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise), que es la dependencia de mayor rango en la entidad en materia de auditoría y fiscalización de recursos públicos, detección y prevención de desviaciones, y la encargada de corregir y sancionar a funcionarios ineficientes o deshonestos.

La influencia de Sánchez Nava radica, como ya se indicó, en los estrechos vínculos que mantiene con directores de Administración de varias dependencias, cuyas cuentas públicas son revisadas por el Orfise, y en el poder que ejerce sobre el personal de auditoría interna y los auditores externos encargados de dictaminar las cuentas públicas de ayuntamientos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de paraestatales, paramunicipales y organismos operadores de agua potable.

Su error —y vaya que lo es— ha sido recomendar y colocar a parientes suyos en áreas y cargos no sólo muy visibles, sino que además conllevan un innegable conflicto de interés, por la posición que tiene en el Orfise y los puestos que desempeñan sus hermanos, cuñados y demás consanguíneos.

Juzgue usted si no:

Su cuñado Raúl Egremy Palomeque es jefe del Departamento Administrativo del Instituto de Artesanías e Industrias Populares.

Su cuñada Paola Verónica Cruz Castillo es la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado.

Su hermano José Alfredo Sánchez Nava es director administrativo del Tribunal Electoral del Estado.

Y su otro hermano, Luis Sánchez Nava, es director administrativo del Hospital General de Puebla.

Ahora si que como decía el fallecido cómico Pompín Iglesias: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

INTRAMUROS
Otros personajes que también cojean del mismo pie que José Armando Sánchez Nava son el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana.

Entre los parientes del titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) destacan:

Su hermano Salvador Sánchez Ruiz, quien se desempeña como auditor externo autorizado del Orfise.

Su sobrino Salvador Sánchez Martínez, quien acaba de ingresar Orfise como auditor interno.

Su hermano Alfredo Willehado Sánchez Ruiz, quien funge como director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Competitividad.

Y su también hermano Roberto Sánchez y Ruiz, a su cargo la Subdirección de Planeación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.

Por lo que hace al auditor general del Orfise, su lista de parientes es más bien reducida, no así los conflictos de interés en que se encuentra inmerso en función de su cargo y sus subordinados.

Y es que su hijo Pául Hernández Argüelles es el contralor municipal de San Andrés Cholula; su secretario particular, Andrés Morales Hernández, es socio de un despacho de contadores — Grupo Caballero— dedicado a la asesoría de presidentes municipales; su pareja Araceli Ratoni Hernández en su asesora jurídica, y la hermana de su pareja, María del Rosario Olga Ratoni Hernández, su secretaria privada.

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Hace un par de semanas, la consejera electoral Olga Lazcano Ponce le dio las gracias a su asistente Salvador Jiménez Martínez, por una falta no menor: traición.

Y es que el susodicho fue sorprendido por su supuesta jefa en varios actos de deslealtad, ante los cuales ésta no tuvo más remedio que pedirle la renuncia, el pasado 9 de julio, por pérdida de confianza.

Antes de laborar en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Salvador Jiménez lo hizo en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde conoció y entabló amistad con Jorge Sánchez Morales.

De hecho, fue éste último, ya en su calidad de presidente del IEE, quien se lo recomendó a Olga Lazcano, sin imaginarse siquiera los problemas que tendría después.

Salvador Jiménez se convirtió en el espía del consejero presidente, y Olga Lazcano en la espiada.

Jorge Sánchez le prometió, a cambio de sus servicios, promoverlo como director de Capacitación Electoral y Educación Cívica a la salida de Ana Silvia Santillana García, pero no le cumplió o no pudo cumplirle.

La razón ya la expliqué: Olga Lazcano descubrió a su asistente pasándole información y datos sobre sus actividades al consejero presidente, quien –hay que decirlo– expuso de más a su infiltrado con las consecuencias ya conocidas, pues lo citaba en su oficina del Instituto o la salida del estacionamiento propiedad de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, donde guarda su lujosa camioneta Suburban que le costó al IEE 434 mil 508 pesos.

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A propósito.

Entre algunos consejeros electorales y funcionarios del Comité de Adquisiciones causó sorpresa un detalle que omití sobre el reporte de observaciones del despacho Freyssinier Morin a la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado, Verónica Paola Cruz Castillo.

Me refiero al punto 8 del pliego de 25 observaciones, donde se advierte la “falta de procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas por parte del Comité de Adquisiciones y contrato a nombre de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, sobre arrendamiento de estacionamiento”.

La duda de algunos consejeros es por qué se asienta una cantidad de 28,637 pesos, si en el contrato que se les pasó para revisión la renta pactada era de 8,000 pesos más IVA, como se puede ver en la página 2 de este archivo electrónico

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La tarde del domingo falleció Humberto Pacheco, padre de Luis Pacheco Cervantes, ex secretario particular de Javier Sánchez Galicia en la Dirección de Comunicación Social y actual gerente de Proyectos Especiales de la agencia Kratos. Desde aquí un abrazo y nuestro más sentido pésame.

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Freyssinier Morin descubre nuevas anomalías de JSM
López Zavala ofrece protección, a cambio de apoyos

Por si los abusos y excesos cometidos en 2007 por el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, no fueran suficientes, el despacho Freyssinier Morin acaba de hacerle llegar una nueva relación de 25 observaciones correspondientes sólo al mes de abril de 2008. (Ver hoja 1, ver hoja 2)

Entre las observaciones figuran –para variar– excesos en servicio de telefonía celular y radiocomunicación; compras fraccionadas en papelería; adjudicaciones directas en impresión, servicios de fotocopiado y arrendamiento de estacionamiento; la asignación de viáticos fuera de norma; errores en la clasificación de diversos gastos por concepto de mensajería, difusión e información, mantenimiento de equipo y el cobro de cheques supuestamente cancelados.

El reporte del auditor externo del IEE, enviado en junio pasado a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, detalla tres observaciones al consejero presidente por rebasar los límites establecidos en telefonía celular y servicio de Nextel en el acuerdo IEE/JE-008/08.

Se trata de las observaciones 2, 9 y 17; en las primeras dos, Hermilo García Carreón, del despacho Freyssinier Morin, asienta que Jorge Sánchez se gastó 2,447 pesos y 2,518 pesos en el teléfono móvil que tiene asignado cuando su límite mensual es de 1,295 pesos. En el punto 17, se repite la misma situación pero con su equipo de radiocomunicación: tiene un límite autorizado de 534 pesos, pero se gastó 1,115 pesos.

Las 25 observaciones suman un total de 844 mil pesos, y de éstas las de mayor cuantía se refieren a contratos asignados sin concurso o licitación pública.

En el punto 12 se cuestiona la falta de justificantes para arrendar una bodega a nombre de Comercializadora MP S.A. de C.V., en 73 mil 600 pesos; en el punto 15, la falta de al menos tres cotizaciones para el suministro de bienes y servicios de los contratos D04/040 y D04/044 por un monto 183,831 pesos; en el punto 16, la asignación a Sistemas Contino S.A. de C.V. de un contrato por 62,016 pesos para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, y en el punto 20, la ausencia de cotizaciones y tabla comparativa de los invitados a proveer los bienes y servicios que se describen en el contrato D04/068 por un monto de 83,921 pesos.

Otra irregularidad destacada por los auditores del despacho Freyssinier Morin es la enumerada en el punto 24, la cancelación de un cheque por 33,250 pesos, que, no obstante, fue considerado en el gasto y descargado de la cuenta bancaria del Instituto Electoral del Estado.

Las compras fraccionadas de papelería continúan siendo motivo de observaciones. En el reporte se menciona el caso de dos compras de papel de seguridad a la empresa Carbopapel S.A. de C.V. por 9,269 pesos.

Otra constante en el reporte son los errores cometidos por el encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz, en la clasificación del gasto. La póliza E04/146 se registró a la cuenta 3103 cuando debió hacerse a la 3101 por tratarse de un servicio de mensajería y no telefónico; lo mismo con que las pólizas B04/003, por un monto de 148,350 pesos, que se cargó la cuenta 3602 cuando en realidad correspondía a la 3605 denominada Otros Gastos de Difusión e Información, y la D04/032, por un monto de 7,192 pesos, que se registró a la cuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuando en realidad debería asentarse en la cuenta 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por tratarse de un servicio a la camioneta asignada del presidente del Instituto.

La pregunta es: ¿hasta cuándo se tolerarán los abusos y excesos del consejero presidente del IEE y su encargada de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, integrante de una influyente familia en el ámbito del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, de la que pronto, pronto, nos ocuparemos?

EN CORTO
Los aspirantes del PRI a la gubernatura del estado se han encontrado con una queja recurrente, cuando en sus giras de trabajo se reúnen con ex presidentes municipales de su partido y les piden su apoyo: que muchos de éstos no se quieren comprometer por el temor de que sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2007 no se aprueben o el Congreso les finque responsabilidades.

Y es que se sabe que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, ha prometido a no pocos ex munícipes que si lo apoyan con gente y recursos él sabrá corresponder esos respaldos, cuando en el Congreso del estado y el Órgano de Fiscalización Superior se revisen y discutan sus cuentas públicas.

Según esta versión, López Zavala ha ofrecido gestionar la aprobación de algunas cuentas públicas de ex presidentes municipales siempre que éstos también lo ayuden a posicionarse en las comunidades y poblaciones que gobernaron hasta febrero de 2008.

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La posición que ayer fijó Blanca Alcalá Ruiz sobre la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar refleja en buena medida el estilo de gobernar de la primera alcaldesa de Puebla: esquivar broncas y remitir al Congreso los asuntos calientes.
Así ocurrió con la cuenta pública de su antecesor en el cargo, Enrique Doger Guerrero, y con las observaciones y anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
Sobre la papa caliente de los parquímetros, la presidenta municipal explica en su comunicado que ella ya hizo lo que debía –¿o lo que le ordenaron?– y que ahora toca al Congreso del estado, sin prisas ni precipitaciones analizar y en su caso aprobar la concesión a la empresa Jajomar.
En su comunicado, Blanca Alcalá exhorta “de manera respetuosa a los diputados a no precipitarse en la decisión; a considerar el tiempo a su favor; a actuar con autonomía y libertad; a que de manera serena y sensata se revisen los contenidos y los alcances;  a cuidar los intereses colectivos; a privilegiar el diálogo, a lograr que en el debate se construya el mejor futuro para Puebla”.
Pregunta: ¿por qué ella no actuó en consecuencia, es decir, sin prisas, ni precipitaciones, revisando –de nueva cuenta– y con plena autonomía, los contenidos y los alcances de la concesión; cuidando los intereses colectivos, contra la segunda tarifa más cara del país, y privilegiando el Centro Histórico, pero también la economía de cientos o miles de poblanos que por necesidad usan la vía pública como estacionamiento y que ahora deberán destinar una cuarta o tercera parte de sueldo en beneficio de la empresa Jajomar y sus padrinos políticos?

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El miércoles pasado, después de reunirse con Javier López Zavala y con Beatriz Paredes Rangel en la ciudad de México, Antonio Hernández y Genis, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI logró amarrar la vicepresidencia de la mesa de Estatutos de la XX Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en Aguascalientes.
López Zavala, quien también forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, participará —en cambio— en la mesa de Declaración de Principios.

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Desde aquí envío mis condolencias al doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), por el lamentable fallecimiento de su hijo, ocurrido el viernes pasado en Acapulco.

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Este día, en conferencia de prensa, en el salón Los Girasoles de Cholula, se anunciará la designación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico y Social en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, luego de que quien ocupara esta cartera, el ex diputado local y ex candidato a la presidencia de Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos fuera nombrado subdelegado de Desarrollo Social.

En el evento también se anunciará la puesta en marcha de un programa de vinculación laboral, capacitación para el trabajo y de recursos humanos que aplicará el ayuntamiento de San Andrés Cholula en colaboración con algunas empresas sanandreseñas y de la región, denominado Chambandrés.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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