La compra de material electoral a una sola empresa, en una amañada licitación que estaba destinada para que fuera ganada por el único proveedor que cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria, podría traer nuevos problemas a los ya desgastados consejeros y funcionarios del Instituto Electoral del Estado (IEE).

De acuerdo con fuentes cercanas al organismo, todo el material y paquetería electoral para la jornada del primer domingo de junio —urnas, mamparas para votación, mamparas especiales, bases para las urnas, paquetes electorales, bolsas de seguridad, lápices para marcar boletas y cajas de cartón— se adjudicó a Seriplast de México SA de CV.

El secreto para favorecer a esta empresa, de la cual es representante legal Tatiana Hernández Velázquez, estuvo en las propias bases de la licitación lanzadas por el IEE, y es que en ellas se introdujo un candado que sólo cumplía un concursante, el cual debía acreditar una experiencia de cuando menos tres años y ocho diferentes contratos de suministro de material electoral a institutos u organismos similares al OPLE de Puebla.

De acuerdo con el convenio suscrito entre Seriplast de México y el IEE, la empresa debía entregar todo el material que se le contrató el día 12 de mayo, lo que no ocurrió. La entrega del mismo se hizo hasta la semana siguiente sin que nadie se inconformara.

La planta de la compañía favorecida por la secretaria ejecutiva y la encargada de despacho de la Dirección Administrativa se ubica en el municipio de Ecatepec, Estado de México, en la calle dos número 18 de la colonia rústica Xalostoc.

***

En la carrera presidencial del 2018 el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, sigue rezagándose, al menos en cuanto a cobertura y menciones en medios de comunicación, a pesar de los recursos que invierte en la proyección de su imagen.

De acuerdo con el último análisis de reputación mediática (ARMA) elaborado por la firma Central de Inteligencia Política, el mandatario estatal es el presidenciable con menor cobertura y uno de los peores evaluados al cierre del primer cuatrimestre del 2016, “dado su 41% de negativos, contra su 19% de positivos”.

En contraste su compañera de partido y contrincante al interior del PAN, Margarita Zavala “ha incrementado su cobertura progresivamente, pasando de 86 a 125 puntos de enero a abril, que representa 32% de incremento”, además de que es la aspirante presidencial con más positivos, al abarcar el 69% de su cobertura total.

Para más detalles sobre este análisis aquí les comparto este link.

***

Este jueves falleció el político poblano Rodolfo Sánchez Cruz, cabeza de una de las familias priístas más influyentes en los últimos años.

El ingeniero Sánchez Cruz fue hijo del General Rodolfo Sánchez Taboada, fundador y dirigente del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del actual PRI.

Sánchez Cruz fue aspirante a la gubernatura de Puebla en 1976, y asesor político de Mariano Piña Olaya en su campaña política al gobierno del estado como sucesor de Guillermo Jiménez Morales.

Entre sus numerosos parientes destaca Germán Sierra Sánchez, actual delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovSt

Una denuncia delicada, por no decir gravísima, fue la que se recibió en la Fiscalía General del estado de Puebla el pasado 9 de enero en contra del secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida; del director general de los Centros de Reinserción Social, Alejandro Cruz Maya, y el director del penal de San Miguel de la capital, Rafael Carvajal Paz.

Lo delicado de la querella se deriva de los hechos que denuncia, el cobro de ilegales cuotas por la asignación de dormitorios a los internos, la autorización de visitas, la introducción y uso de celulares, la venta de alimentos, medicamentos, materiales de tlapalería y ferretería, bebidas alcohólicas y hasta drogas.

Lo grave radica en que tales actividades son toleradas o auspiciadas por las autoridades arriba señaladas con la participación del subdirector de Seguridad y Custodia del Cereso de Puebla, Orlando Velázquez Rojas, y del jefe general de custodios del mismo penal, Fausto González Méndez.

Y lo gravísimo es que la denuncia no proviene de los reos sentenciados o procesados del Cereso de San Miguel, sino de un funcionario del mismo penal: de Alejo Coatl Carmen, quien se desempeña como policía estatal custodio habilitado como supervisor en ese centro penitenciario.

¿Qué le parece?

***

Este sábado habrá de realizarse la primera sesión ordinaria del año del Consejo Estatal del PAN, ya bajo el control absoluto del morenovallismo.

La sesión se citó a las 11 horas en el Salón Estrellas del hotel NH del Centro Histórico de Puebla y entre los puntos a desahogar destacan la presentación y aprobación de la plataforma electoral del PAN para los comicios de gobernador del primer domingo de junio de este año y la aprobación de estrategias electorales internas y externas de cara a esos comicios.

Los enterados aseguran que el Consejo Estatal panista podría hacer un pronunciamiento a favor de las alianzas amplias con el PRD y otros partidos políticos, y en contra de algunos panistas que hoy impulsan proyectos o candidaturas independientes.

***

Un escándalo mayúsculo está por sacudir en Puebla a las fundaciones e instituciones de beneficencia privada y a la Junta para el cuidado de las mismas que preside José Gustavo Garmendia Domínguez, a tal grado que éste pronto entenderá por qué le dijeron que se sacó la rifa del tigre cuando el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales renunció a la presidencia y él ocupó su lugar.

Por lo pronto le recomiendo que no deje de leer la columna Capitanes de este miércoles de la sección de Negocios del periódico Reforma, en la que se adelanta parte del escándalo en puerta.

Aquí lo dice:

«Secreto Poblano. Todo indica que en Puebla el escándalo de la Fundación Mary Street Jenkins se esconderá debajo del tapete. Nadie puede, ni quiere aclarar la situación.

«El año pasado Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia y expulsado del patronato en 2012, demandó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que dirige Gustavo Garmendia, que investigara las irregularidades de la Fundación. Decimos irregularidades, pero se presumen delitos.

«Entre ellos, que en 2010 se usaron 14.2 millones de dólares de la Fundación para comprar el inmueble de Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México, a través de una empresa que trianguló los recursos.

«Y luego, el año pasado la Fundación realizó una inusual donación de 228 millones 834 mil dólares, la cual prácticamente desapareció su patrimonio, según el Servicio de Recaudación Interna de Estados Unidos (IRS).

«La demanda pedía que se realizara un procedimiento para la remoción de los patronos, la restitución del patrimonio e incluso el inicio de acciones penales.

Pese a toda la documentación presentada, el 13 de enero de 2016 la Junta respondió que no estaba facultada para ninguna de esas acciones y que todo corresponde al orden judicial.

«Estamos hablando de una Fundación cuyo patrimonio fue heredado para realizar acciones de asistencia privada y no para formar una herencia familiar. Su futuro impacta a Puebla y seguramente el Gobernador Rafael Moreno Valle lo sabe».

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovSt

La historia política de las últimas sucesiones gubernamentales de Puebla no sólo juega en contra de Enrique Doger Guerrero, sino también del actual alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad.

Y es que desde hace al menos cuatro décadas el gobernador saliente de Puebla no ha podido dejar sucesor, es decir, heredarle el cargo a su precandidato favorito.

El último que lo intentó fue Mario Marín Torres, quien en 2010 impuso al que fuera su secretario de Gobernación y de Desarrollo Social como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla.

Alfredo Toxqui Fernández de Lara, como ayer le decía, operó para que su sucesor en Casa Puebla fuera el que había sido su tesorero y antes su senador suplente, Marco Antonio Rojas Flores, pero su intentona fracasó. En el verano de 1980, el entonces dirigente nacional del PRI, Gustavo Carvajal Moreno, convenció a su amigo José López Portillo de que la mejor opción para la gubernatura de Puebla era el diputado federal Guillermo Jiménez Morales y la balanza presidencial se inclinó hacia allá.

La historia se repitió con el mismo Jiménez Morales, quien pretendió heredar su cargo al que había sido su secretario de Finanzas y en ese momento se desempeñaba como presidente municipal de la capital, el profesor Jorge Murad Macluf, pero un amigo de correrías universitarias del presidente Miguel de la Madrid le ganó la partida.

A Mariano Piña Olaya ni siquiera se le permitió valorar la posibilidad de dejar sucesor. En febrero de 1992, el presidente Carlos Salinas le dio señales muy claras de que un compañero suyo en el gabinete delamadridista, Manuel Bartlett Díaz, sería compensado con una «presidencia chiquita», después de haber declinado la embajada de Francia que se le ofreció tras su relevo como secretario de Educación Pública del gobierno federal.

En la recta final de su sexenio y con la mira puesta en la candidatura presidencial, Manuel Bartlett pudo inclinar la balanza a favor de su secretario de Finanzas, José Luis Flores Hernández, pero en su afán democratizador del PRI convocó a una consulta directa a la base, en mayo de 1998, en la que el más popular entre la militancia local priísta ganó la contienda, dando al traste con lo que había proyectado para Puebla a través del programa de desarrollo regional Angelópolis.

A Melquiades Morales la sucesión se le complicó desde el comienzo de su mandato. Su primera carta, el empresario radiofónico Rafael Cañedo Benítez, falleció de manera intempestiva; su segunda opción, el secretario de Gobernación Carlos Alberto Julián y Nacer fue derrotado en las elecciones intermedias de 2001, y ninguna de sus dos cartas restantes salía mejor en las encuestas que ex alcalde capitalino Mario Marín Torres, quien entonces amagaba con dividir al PRI e irse como candidato del PRD.

Marín Torres desafió la conseja política de que gobernador no pone gobernador y maniobró para que su delfín, Javier López Zavala, fuera el candidato a sucederlo. El resultado es de todos sabido: el PRI perdió por primera vez la gubernatura de Puebla en 2010 a manos de un ex priísta: Rafael Moreno Valle, quien se convirtió en el primer gobernador de alternancia en la historia pos revolucionaria de Puebla.

¿Podrá el presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, romper esta inercia histórica en 2016?

¿El hecho de que el próximo gobernador del estado no sea de seis años, sino de sólo un año ocho meses jugará a su favor, dando al traste con el paradigma que reza gobernador no pone gobernador?

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Un dato curioso extraído de las últimas sucesiones gubernamentales de Puebla es que los priístas que en más de una ocasión han figurado como precandidatos de su partido a la gubernatura del estado difícilmente logran su propósito.

Alfredo Toxqui Fernández de Lara, Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz y Mario Marín Torres sólo en una ocasión fueron precandidatos a la gubernatura y lograron su anhelo.

En cambio, ha habido otros aspirantes priístas que han buscado afanosamente dos, tres y hasta cuatro veces convertirse en gobernadores de Puebla sin conseguirlo, al menos como militantes del mismo partido político.

Para no ir muy lejos, hagamos un breve recuento histórico de las seis últimas sucesiones de gobernador en Puebla y de algunos personajes que fueron mencionados como precandidatos.

Comencemos por Carlos Fabre del Rivero, secretario auxiliar de Luis Echeverría en su campaña presidencial y oficial mayor de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio echeverrista. Este personaje quiso ser gobernador, pero perdió la partida en 1974 con Alfredo Toxqui Fernández de Lara, y luego en 1980 con Guillermo Jiménez Morales.

Marco Antonio Rojas, quien fue senador suplente de Toxqui y su tesorero en el gobierno del estado, y que ha sido diputado federal y presidente municipal de Puebla, aspiró a relevar al gobernador Alfredo Toxqui y luego al gobernador Mariano Piña Olaya. En la primera sucesión fue vencido por Guillermo Jiménez Morales y en la segunda por Manuel Bartlett Díaz.

El ex presidente municipal de Puebla y ex diputado federal Miguel Quirós Pérez también buscó ser gobernador de la entidad. La primera vez al concluir el sexenio de Alfredo Toxqui y la segunda al término de la gestión de Mariano Piña Olaya.

Otro precandidato que figuró hasta en cuatro procesos fue Guillermo Pacheco Pulido, sobre quien incluso se acuñó la frase: «No hay terna que valga sin Pacheco Pulido». El nombre del popular ex diputado federal, ex alcalde de Puebla y ex presidente en dos ocasiones del CDE del PRI se mencionó en las sucesiones de Alfredo Toxqui, Guillermo Jiménez, Mariano Piña y Manuel Bartlett Díaz.

Al grupo hay que agregar el nombre del extinto senador y diputado federal Ángel Aceves Saucedo, quien fue precandidato en las sucesiones de Guillermo Jiménez y Mariano Piña, y del dos veces senador Germán Sierra Sánchez, quien participó en las sucesiones de Mariano Piña, Manuel Bartlett y Melquiades Morales.

El caso de Melquiades Morales hay que tomarlo con reserva, pues aunque su nombre llegó a mencionarse entre los aspirantes a sustituir a Guillermo Jiménez y Mariano Piña, en realidad la única vez que él realmente anduvo a la caza de la gubernatura fue al término del sexenio de Manuel Bartlett.

Otro caso de excepción es el actual gobernador Rafael Moreno Valle, pues aunque en dos ocasiones fue precandidato a la gubernatura —la primera vez como priísta y la segunda como miembro del PAN— cuando logró su propósito ya no era militante del PRI.

¿Qué pasará con Enrique Doger Guerrero en 2016? ¿Vencerá este maleficio?

Y es que el ex rector de la BUAP, ex presidente municipal de Puebla, y ex diputado federal ya fue precandidato del PRI en la sucesión de Mario Marín Torres, nominación que perdió frente al entonces secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala.

***

Por la oposición los únicos candidatos a la gubernatura de Puebla cuyos nombres han aparecido dos veces en las boletas electorales —o en los procesos internos de su partido— sin lograr su intención de gobernar la entidad son Ricardo Villa Escalera, que fue candidato del PAN en las sucesiones de Guillermo Jiménez y Mariano Piña, y abanderado del PRD en el relevo de Manuel Bartlett; y Ana Teresa Aranda Orozco, quien fue candidata en la sucesión de Manuel Bartlett y precandidata por el mismo PAN en la sucesión de Mario Marín.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Anodinas las once recomendaciones de la CNDH

La tibia y anodina resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan está en trance de convertirse en causa de frustración para quienes la promovieron, y en trofeo de impunidad para los responsables de las graves violaciones que se cometieron durante el desalojo y el posterior proceso de criminalización de los manifestantes y detenidos en ese fallido operativo del 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Es absurdo, por no decir ridículo, que el ombudsman nacional recomiende al gobernador Rafael Moreno Valle cree una Fiscalía Especial que investigue lo que —se supone— la CNDH ya investigó y para que garantice que no quedarán en la impunidad los abusos en que incurrieron jefes y elementos de seguridad pública durante el operativo y los funcionarios encargados de procurar justicia con las averiguaciones y procesos de criminalización que iniciaron en contra cuatro pobladores detenidos de Chalchihuapan.

La incoherencia de esta recomendación —la segunda de once que giró al mandatario estatal el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva— radica en dos puntos básicos: Uno, que la mentada Fiscalía Especial será creada y auspiciada por una autoridad que ideó y propagó la versión oficial que un cohetón o su onda expansiva habían provocado la muerte del menor de José Luis Tehuatlie Tamayo y no un proyectil disparado por la Policía.

Y dos, que el fiscal especial designado para el caso, José Antonio Pérez Bravo, tendrá como jefe inmediato al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a quien se supone también tendría que investigar por ser parte fundamental del montaje construido por el gobierno estatal para ocultar y encubrir a los verdaderos homicidas del menor de Chalchihuapan.

Tan es su jefe que el propio procurador Víctor Carranca fue quien el viernes le tomó la protesta de ley, como se puede observar en esta imagen difundida por la oficina de prensa del gobierno del estado, junto con comunicado que textualmente dice: “Con la toma de protesta de José Antonio Pérez Bravo, Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla, refrenda su compromiso de actuar con objetividad, legalidad y transparencia en la investigación que se lleva a cabo”.

¿Qué imparcialidad puede tener una Fiscalía Especial creada y auspiciada por un gobierno que mintió sobre el origen de las lesiones que llevaron a la muerte a José Luis Tehuatlie y ocultó los diagnósticos de los médicos y especialistas que lo atendieron, sino que además distorsionó los hechos y contaminó el sitio donde se produjeron para criminalizar a los manifestantes y detenidos durante el desalojo?

¿Qué tanta libertad y margen de acción puede tener un fiscal como José Antonio Pérez Bravo para investigar lo ocurrido el 9 de julio, y garantizar que no gozarán de impunidad los responsables del montaje oficial que se construyó en torno al cohetón y la onda expansiva, si éste en realidad es un subordinado de uno de los que tendrían que ser investigados por el caso?

El gobernador debe ir más allá de las recomendaciones de la CNDH y refrendar en los hechos tres cuestiones fundamentales, para recuperar la credibilidad y confianza ciudadanas, y garantizar que no quedarán en la impunidad los abusos cometidos en el caso Chalchihuapan:

1. Ofrecer personalmente una disculpa institucional a las víctimas, en especial a la madre del menor muerto por un proyectil de la Policía, Elia Tamayo Montes; y asegurar, en la medida de lo posible, la reparación de los daños y la indemnización de las víctimas que resultaron con lesiones permanentes.

2. Comprometerse a no aplicar la llamada Ley Bala, para evitar sucesos como los de Chalchihuapan, hasta que los encargados de la seguridad  pública y la procuración se capaciten en materia de derechos humanos,  y se le adicionen artículos que impidan a los jefes de las instituciones policiacas el uso indebido o excesivo de la fuerza pública en contra manifestantes.

3. Garantizar que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo gozará de autonomía y amplios márgenes de acción incluso para investigar a su jefe jerárquico inmediato, el procurador Carrancá por la criminalización de los manifestantes y los cuatro detenidos de Chalchihuapan —Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero— que inicialmente fueron acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales terminaron desvaneciéndose.

EN CORTO

Pronto podrían ponerse al descubierto nuevas anomalías en el Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa Audi que se construye en el municipio de San José Chiapa que alcanzarían al subsecretario de Planeación, Evaluación e Innovación Educativa, Máximo Romero Jiménez, por su favoritismo hacia algunos proveedores, entre ellos Gerardo Reinking, quien a través de su empresa y otras ha vendido computadoras, software, y consumibles al gobierno del estado, y con el que tendría algunas alianzas en negocios como el restaurante bar Salomé.

***

Cuentan que el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales anda con la moral baja, no sólo por algunos conflictos familiares, sino porque algunos dirigentes de su propio partido lo tachan de traidor, luego de haber aceptado un nombramiento del gobernador Rafael Moreno Valle como presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del estado de Puebla.

Los enterados aseguran que su decisión de renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia la tomó luego de que la ex secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Silvia Elena del Valle Balbuena, le mandó a decir traidor a través de Raúl Castillo Ramírez.

Jiménez Morales había sido invitado a recibir un reconocimiento, junto con otros distinguidos priístas poblanos el pasado 3 de agosto, pero no pudo ir por lo que envío en su representación a Raúl Castillo.

La ceremonia terminó y Raúl Castillo se acercó a preguntar por qué habían omitido el nombre del ex gobernador, y la respuesta que le dieron lo dejó destemplado: los traidores no son bien vistos en el partido.

Tal situación, dicen, llevó al exgobernador a renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia una semana después.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Una pregunta recurrente entre algunos empresarios y panistas poblanos interesados en el escándalo que se generó por la donación de más de 105 vehículos a la Fundación Cáritas, y por los cuales esta institución de beneficencia privada obtuvo 200 mil pesos, cuando el avalúo de estos automotores era superior a los 3 millones de pesos, es cómo quedó la relación entre el arzobispo Rosendo Huesca Pacheco y el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

El tema para los empresarios está aderezado de cierto morbo, debido a que el puente o vínculo entre ambos personajes era uno de los suyos: Alejandro Carreto Ceballos, el dueño de la fábrica de candiles El Arte Francés, y que en los corrillos políticos y patronales es conocido como Don Candelabro.

Carreto Ceballos, quien fue dirigente de la Coparmex Puebla y presidente del Comité de la Feria en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, fue incluido en la nómina de asesores del ayuntamiento dogerista, y una de sus funciones, sino es que la principal, era servir de enlace entre Doger y Huesca.

De ahí el morbo de ciertos empresarios, ligados ideológicamente al PAN, por saber cómo Don Candelabro le hará para deshacer ese entuerto maquinado por personajes cercanísimos al ex edil que involucraron al Arzobispado y a la Iglesia Católica, vía la Fundación Cáritas, en un escándalo de corrupción.

***
Muy a su pesar, Manuel Bartlett no tuvo más remedio que llegar al Club de Empresarios, donde ayer dictó la conferencia Reforma energética y sus alcances, en un automóvil deportivo, color blanco y de dos plazas, marca Mercedes Benz, conducido por su ex secretario de Gobernación y próximo dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros.

“A poco me vas a llevar en eso… voy a hacer el ridículo”, le comentó el ex gobernador al también notario público número 56 de Puebla, poco después de abandonar el edificio Carolino, para trasladarse al hotel Presidente Intercontinental.

Apenado, Carlos Meza le suplicó: “No me haga el desaire”, y entonces Bartlett no tuvo más alternativa que subirse al deportivo Mercedes, con todo y su traje de nacionalista a ultranza.

***
Mientras las autoridades de Puebla y Veracruz siguen echándose la bolita sobre el lugar donde fue hallado el cadáver de  la sobrina del arzobispo de Xalapa, Karina Reyes Luna, las evidencias de que esta estudiante de la UPAEP, de la carrera de Diseño y Producción Publicitaria, pudo haber sido secuestrada en la capital poblana son crecientes.

Por lo pronto se sabe, y con certeza, que Karina Reyes asistió el jueves a clases y que ese mismo día partió con destino a Xalapa, ciudad en la que viven sus padres, y a la que ya no llegó.

Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades veracruzanas es la del novio y su hermano, quien al parecer tendría antecedentes penales.

¿Si la sobrina del arzobispo Hipólito Reyes Larios estudiaba en Puebla, de dónde podría ser su novio?

¿Acaso también de Puebla?

¿Y si Karina Reyes estudiaba en la UPAEP?

¿Entonces…?

Para críticas, comentarios o aportaciones haga clic aquí