Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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El secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Javier López Zavala, viajó el miércoles a la ciudad de México. Al medio día llegó al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acompañado por el secretario técnico del Consejo Político Estatal, Antonio Hernández y Genis, y más tarde se trasladó al Hotel Presidente Intercontinental, donde saludó y se entrevistó con varios personajes.

En el edificio de Insurgentes Norte número 59 de la ciudad de México, López Zavala se reunió con la dirigente de su partido, Beatriz Paredes Rangel, y los miembros de la Comisión Nacional Organizadora de la XX Asamblea Nacional del PRI.

Y más tarde se trasladó con algunos de ellos al restaurante Balmoral del Hotel Presidente Intercontinental, donde pudo saludar a los coordinadores de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Pregunta: ¿para cumplir con su agenda partidista López Zavala pidió permiso, sin goce de sueldo, para ausentarse el miércoles de sus actividades como servidor público o lo hará de manera retroactiva, una vez que haya leído este blog?

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A propósito.

¿Sabe quién es el personaje que en Puebla se pondrá feliz con las reformas que se aprueben a los estatutos del PRI en su asamblea nacional de agosto y que eliminarán los candados que hoy lo dejan fuera de la puja por la gubernatura del estado?

No lo cuente en voz alta, pero el susodicho despacha actualmente en la oficina principal del edificio Carolino de la UAP.

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Para sembrarla como candidata a diputada federal por Cholula, la ex diputada local Sara Chilaca Martínez fue nombrada delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en San Pedro Cholula, por donde ya fue regidora y quiso ser presidenta municipal en las pasadas elecciones locales.

De la lista de delegados de la SDS, saldrán al menos tres candidatos a diputados federales. Una de ellos delo por seguro será la ex directora administrativa de Carreteras de Cuota Puebla, y el otro el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, Fernando Morales Martínez, a quien se le nombró como delegado de Desarrollo Social en Tecamachalco.

Y si no, al tiempo.

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Este viernes algunos panistas poblanos viajarán al municipio de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, invitados por el ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a la inauguración del llamado Centro Fox.

Entre los 300 invitados al evento figuran el presidente y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como los integrantes de su Consejo Nacional, algunos gobernadores, diputados federales y senadores de la República.

Uno de los grandes ausentes en la cena será Humberto Aguilar Coronado, quien, por cierto, es el único poblano que forma parte del CEN del PAN. Y es que El Tigre, como gusta que le llamen, será sometido a una cirugía de muelas.

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Cuatro serán los municipios poblanos –dos panistas y dos priístas– que el presidente Felipe Calderón Hinojosa visite el próximo 5 de agosto en su enésima gira por la entidad poblana: Tlaola, Xicotepec de Juárez, Venustiano Carranza y Teziutlán.

Para conocer la ruta que recorrerá el presidente y los sitios en que hará acto de presencia, ayer estuvieron en la Sierra Norte miembros del Estado Mayor Presidencial. A Xicotepec arribaron a las 12:05 horas en un helicóptero Puma, y 60 minutos después se trasladaron a otra población.

Felipe Calderón estará acompañado en la gira por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, el gobernador Mario Marín Torres y el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

En Xicotepec de Juárez, el alcalde panista del lugar, Juan Carlos Valderrábano, pedirá el apoyo del presidente de la República para que en la autopista que se proyecta de México a Tuxpan se contemple un entronque hacia este municipio, a la altura de la colonia El Tabacal, pues en el trazo que actualmente se tiene de esta carretera el entronque más cercano se localiza a 35 kilómetros de distancia.

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Ayer le comentaba que se recibió en mi oficina un sobre color manila, de parte de una persona de entre 35 y 40 años que no quiso identificarse, con información interesante sobre proveedores y funcionarios de la Secretaría de Salud involucrados en pingües negocios.

En las 10 hojas tamaño carta contenidas dentro del sobre se describen de manera cronológica algunos cambios y nombramientos al seno de la Secretaría de Salud, y el rol que han jugado algunos proveedores con esos funcionarios, ya sea en su ascenso o en su caída.

A grosso modo, el informe se centra en tres funcionarios, que en distintos momentos, fueron designados como contrapeso del secretario Roberto Morales Flores. Ellos son Marco Antonio Rivera Martínez, quien fue separado de la Dirección de Operación e Infraestructura; Alejandro del Castillo Ávila, quien por unos cuantos meses fue nombrado coordinador de Administración y Finanzas; y Leopoldo Eusa Dobbie, quien actualmente despacha como director de Operación e Infraestructura.

Y en tres proveedores que, todavía hoy, siguen haciendo millonarios negocios con la venta y renta de equipo médico, hospitalario y de oficina, con contratos y pólizas de servicios de mantenimiento y con suministro de todo tipo de bienes a la Secretaría de Salud: Rafael Zabalza Veraza, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo Gómez.

El documento dedica especial atención en el último de los proveedores y su intrincada red de corrupción, tejida en más de un sexenio y que involucra, según esta denuncia anónima, a una docena de funcionarios de la Secretaría, entre los que figuran el secretario, jefes de departamento, almacenistas y recepcionistas.

Además se acompaña de un mensaje a este reportero y de una presunta carta enviada en enero de 2006 a Fortino Morales Pacheco, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, en la que se advierte sobre la existencia de un video que registra una conversación de negocios entre Genaro Castillo y el entonces diputado local Fernando Morales Martínez.

El anónimo, cuya información aún corroboro con funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Salud, es rico en detalles sobre los padrinos políticos de los proveedores y su modus operandi.

Según estas mismas fuentes, Rafael Zabalza se mete al año entre 250 y 300 millones de pesos por la venta y renta de equipos médicos y hospitalarios por conducto de distintas empresas en las que no siempre aparece como socio, pues se vale de diferentes prestanombres.

Lo curioso es que las empresas de Zabalza únicamente le trabajan al sector salud en Puebla.

Lo mismo sucede con el compadre de Roberto Morales, Dionisio Rodríguez, que opera a través de dos compañías: D R Sagitario y Comercializadora Sevilla, y con Genaro Castillo que tiene operando a más de diez empresas como proveedoras de la Secretaría de Salud, que lo mismo arreglan un refrigerador o dan mantenimiento a computadoras y aparatos de oficina, que surten de equipo e instrumental médico a las clínicas y hospitales de las jurisdicciones sanitarias.

Conservadoramente, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo se embolsan cada año, sólo como proveedores del sector salud, no menos de 50 millones de pesos, descontando por supuesto lo que salpican hacia arriba, hacia abajo y a los lados.

Pronto le tendré más información.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com