¿Por qué en Puebla no se respeta la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable ni la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas, que exigen a los fraccionadores y desarrolladores de vivienda la donación, a título gratuito, de hasta el 20% del área neta que construyan?

¿Por qué si la capital poblana, según la Organización Mundial de la Salud, tiene un déficit de más de seis metros cuadrados de área verde por habitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Puebla es omisa en el cumplimiento de ambas legislaciones, al aceptar porcentajes de donación muy por debajo del 20%?

¿Por qué si en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla de 2013 se prohibió expresamente la permuta de áreas de donación por pagos en especie o en efectivo, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano lo siguen haciendo?

¿Por qué el ayuntamiento de Puebla no clausura al menos cinco fraccionamientos residenciales autorizados entre 2011 y 2013 que aún no pagan ni cumplen con la entrega de áreas de donación?

¿De qué privilegios gozan los propietarios de los fraccionamientos Los Cipreses (Grupo Constructor Bemaro), Rinconada Amparo (Javier Adolfo Barron González), Edificio RS-28 (Inmobili e Construzione) y Torrecillas (Galpin Construcciones), entre otros, para no cumplir con el porcentaje de terreno que deben donar a título gratuito para área verde?

¿Por qué si el artículo 67 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas establece que el área de donación es del 20%, la Secretaría de Desarrollo Urbano —a cargo de Felipe Velázquez Gutiérrez— acepta porcentajes mucho menores o pagos muy por debajo del valor comercial o catastral de los terrenos?

¿Por qué esta administración no cumplió con la actualización del Programa de Desarrollo Urbano Municipal, que debe revisarse cada cinco años, si el programa vigente es de 2007?

¿Quiénes son influyentes socios de la empresa LT Real State S.A. de C.V., constructora de fraccionamientos como La Cima en la ex hacienda de San José Mayorazgo, que se dio el lujo de donar al Ayuntamiento de Puebla —durante la gestión de Blanca Alcalá Ruiz— un predio de 10 mil metros cuadrados, colindante con el relleno sanitario de Chiltepeque, que ni siquiera le pertenecía?

¿Por qué a Felipe Serafín se le permitió terminar un edificio sobre la avenida Teziutlán Sur, en la colonia La Paz, frente a las instalaciones de Radio Oro, que no sólo violentó las densidades y coeficientes de ocupación de la zona, sino que invadió espacio público y se pasó por el arco del triunfo la Ley de Fraccionamientos?

¿No que nadie por encima de la Ley?

Conste que son preguntas.

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Tres exfuncionarios municipales del ayuntamiento de Puebla están por enfrentar una demanda civil por la venta fraudulenta de un terreno de 650 metros cuadrados, ubicado sobre el Periférico Ecológico a altura de la gasolinera de Ciudad Judicial.

El predio se vendió, con engaños, al empresario Carlos Antonio Magaña, que en Puebla tiene los derechos de la franquicia Equipos y Albercas Igui Sol Azul, y que lo adquirió para montar ahí una sala de exhibición de sus albercas residenciales.

El primer engaño es que el terreno carece de uso comercial, como le habían dicho incluso con el cuento de que uno de los socios tenía previsto montar ahí una nueva franquicia del taller de servicio de mantenimiento automotriz Midas. Y el segundo es que el predio tiene un derecho de afectación de 25 metros de fondo, por encontrarse dentro del derecho de vía del Periférico Ecológico.

Los copropietarios del inmueble son Enrique “Kio” Chávez Estudillo, Humberto Vázquez Arroyo y Héctor Sulaimán Safi, quienes lo adquirieron en 2010 mediante una extraña compra-venta que estuvo antecedida de un juicio de usucapión.

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Lic. Rodolfo
Ruíz Rodríguez

Director General
E-Consulta

PRESENTE

En referencia a la columna que publica el
día de hoy, le comento que este Gobierno ha sido escrupuloso en el apego a las
leyes de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas y a la Ley de Desarrollo
Urbano Sustentable del Estado.

En todos los casos se ha solicitado a los
fraccionadores el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que
establece tanto la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable, la Ley de Fraccionamientos
y Acciones Urbanísticas, así como nuestro Código Reglamentario, haciendo
énfasis en que las áreas de donación han sido solicitadas puntualmente a cada
uno de ellos y en ningún caso han sido aceptados porcentajes menores al 20%.

Fue hasta el presente año que se eliminó de
la Ley de Ingresos la posibilidad de permutar por pago en efectivo el
equivalente al área de donación o el déficit de la misma, por lo que ningún
trámite iniciado este año ha tenido la autorización de permutar su área de donación
por pago en efectivo; sin embargo, aquellos casos iniciados en años anteriores
que ya contaban con esta autorización han continuado con su trámite y han hecho
sus pagos en 2013, ya se aplica el principio de no retroactividad.

Referente a la pregunta que usted realiza
de por qué no se clausuran cinco fraccionamientos que aún no pagan o cumplen
con su área de donación, le comento que  la ley no establece en qué parte del proceso
se debe hacer dicha donación, por lo que en el procedimiento de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se definió que fuera antes del trámite de
la CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA, lo que significa que si aún no la han
solicitado están dentro del periodo para poderlo hacerlo, y de no ser así, se
ha establecido la medida de no liberar cuentas catastrales y prediales ni
autorizar los traslados de dominio producto de la venta de casas o lotes.

Los casos expuestos en la nota son
proyectos autorizados en la administración pasada como el del Fraccionamiento
La Cima, donde la actual administración retomó la investigación de expedición
de licencias irregulares y detectó violaciones tanto en los coeficientes como en
las densidades; motivo por el cual fueron clausuradas las obras y se impusieron
multas o pagos pendientes. Casos similares son el de los fraccionamientos Los
Cipreses y Torrecillas, además del edificio ubicado en Teziutlán Sur de la
colonia La Paz, a quién se le suspendió la obra y se le requirió un pago de 1
millón ochocientos mil pesos para regularizar su edificio. El empresario ya
contaba con las licencias, mismas que autorizaban así el proyecto; y al haber
hecho el pago correspondiente ante la Tesorería, el contribuyente adquirió los
derechos para realizar lo que le autorizan las instancias correspondientes.

Respecto de la actualización del Programa de
Desarrollo Urbano, no existe ningún ordenamiento que establezca que deba
hacerse cada CINCO años; sin embargo nosotros ya lo hicimos y sólo está en
periodo de revisión para ser sometido a consulta pública y posterior
publicación.

Finalmente solicito su apoyo para la
publicación de la presente, a fin de informar a la opinión pública y no dejar
dudas respecto al actuar de esta administración.

¿O la idea es descontextualizar y
desprestigiar a la presente administración sin haber verificado la información
proporcionada por sus fuentes de información?

Conste, es pregunta.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z., A 28  DE NOVIEMBRE DE 2013

“PUEBLA, LA CIUDAD QUE QUEREMOS”

C. FERNANDO CORTÉS BETANZOS

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

 El viernes por la noche, durante una gira de supervisión de obras en el Centro Histórico de Puebla, la comitiva que ese día acompañó al gobernador Rafael Moreno Valle y al alcalde Eduardo Rivera Pérez fue testigo de un incidente muy incómodo.

En el recorrido por la calle 2 Norte, el gobernador Moreno Valle fue informado del atraso que registraban algunos trabajos asignados al constructor Antonio Fabio Núñez Espinosa, en particular la construcción de nuevas banquetas y la sustitución de ductos eléctricos y de telefonía.

El mandatario solicitó su presencia y, en ese momento —fiel a su estilo—, le dijo que su contrato estaba rescindido y que otra empresa se encargaría de terminar las obras que forman parte del corredor turístico Los Fuertes-Catedral.

Tras el episodio, al filo de las 19 horas, en la esquina de la 2 Norte y 18 Oriente, a un costado de la Iglesia de San José, Moreno Valle se retiró de la gira que dos horas más tarde concluyeron en la zona histórica de Loreto y Guadalupe el alcalde Eduardo Rivera, el secretario de Infraestructura del estado, José Antonio Gali Fayad, y el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del ayuntamiento de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez.

El incidente resultó incómodo por varias razones. En primer lugar por la forma, pues el gobernador no puede, en estricto derecho, rescindir un contrato así de palabra, y menos cuando éste ni siquiera fue adjudicado por su gobierno sino por el ayuntamiento de Puebla. Y luego porque el contratista podría ampararse contra esa decisión violatoria de la Ley de Obra Pública, que establece que una rescisión debe hacerse por escrito, justificando los motivos y previo aviso al constructor, supuestos que hasta entonces jamás habían ocurrido.

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A propósito.

Este martes el gremio de los constructores se reunirá en privado con el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Fernando Antonio Treviño Núñez, para pedirle que sea el portavoz de lo que su dirigente de Cámara, Ricardo Pérez Güémez, no ha querido hacer por temor a una auditoria o a perder sus contratos de obra con el gobierno del estado.

La reunión se efectuará a las 8:30 horas en uno de los privados del hotel Presidente Intercontinental, y acudirán socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de los colegios de Ingenieros y Arquitectos, así como de la Cámara de la Consultoría, la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

Los promotores del encuentro quieren que el nuevo dirigente del CCE les gestione una reunión con el gobernador Moreno Valle para expresarle su inconformidad con la manera y los criterios con que su administración asigna la obra pública, privilegiando a constructoras foráneas sobre las locales, y con el hecho de que se arranquen obras de gran magnitud e impacto en la imagen urbana sin que se tengan los estudios técnicos ni permisos de las autoridades competentes.

Ésta será una dura prueba para Fernando Treviño, quien hace apenas una semana sustituyó a Francisco Rodríguez Álvarez en la presidencia del organismo cúpula del sector privado de Puebla, pues dependiendo de su respuesta se sabrá si tiene los tamaños para representar al empresariado local u opta por nadar de muertito, como otros dirigentes empresariales que frente al gobernador Moreno Valle se hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos.

Los enterados aseguran que a la reunión no asistirá el presidente de la CMIC Puebla, Ricardo Pérez Güémez, quien de manera reiterada se ha negado a promover una reunión del sector con el mandatario estatal por temor, como él mismo lo ha confesado, a que su empresa Imusa Construcciones pierda sus contratos de obra pública o sea sujeta de una auditoría por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.

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Simón dice:

Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río.

NikitaJruschov (1894-1971). Político ruso.

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José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como Chelís, anda en problemas con el fisco.

Incluso este martes auditores de la Secretaría de Hacienda se presentaron al estadio Cuauhtémoc de futbol, para aclarar con él algunas dudas sobre su situación fiscal.

El director técnico de la Franja ni siquiera quiso hablar con ellos, arguyó —y con justa razón— que ese no era el domicilio fiscal de su empresa, por lo que si querían tratar un asunto con él, tendrían que hacerlo allá y no el estadio Cuauhtémoc.

Hasta donde se sabe el problema del Chelís con el fisco podría estar relacionado con algunas facturas que éste expidió al expresidente y exsocio mayoritario del equipo Puebla de la Franja, Francisco Bernat Cid, y que éste utilizaba para burlar el pago del Impuesto al Valor Agregado.

Los enterados de tales enredos fiscales, aseguran que las facturas que por concepto de publicidad Sánchez Solá le vendía a Paco Bernat entre un 3 y 4% sobre el monto de cada una, son parte de las dudas que los auditores de Hacienda quieren aclarar con el hoy celebérrimo director técnico de los camoteros del Puebla.

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Los diputados federales salientes del Partido Acción Nacional han comenzado a buscar empleo o al menos alguna plataforma que en el corto o mediano plazo les permita prolongar su carrera dentro del servicio público.

Por lo pronto se sabe que los legisladores Alfonso Bello Pérez, José Luis Contreras Coeto y Francisco Fraile García andan tras una delegación federal. Los dos primeros con la bendición o el padrinazgo político del senador Rafael Moreno Valle.

A Fraile le interesa la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ante la incertidumbre de conseguirla ya se prepara para regresar a su empresa comercializadora.

Otro grupo de legisladores que también ya abona el terreno, pero no en la administración federal sino en los municipios de donde son originarios o residentes lo componen Dolores Parra Jiménez, Guillermo Velázquez Gutiérrez y José Antonio Díaz García.

Los dos primeros quieren ser alcaldes, una de San Pedro Cholula, y el otro de Atlixco, cargo que ya ocupó su hermano Felipe Velázquez Gutiérrez hace un par de gestiones municipales.

Díaz García no quiere ser presidente municipal, sino diputado por uno de los seis distritos de Puebla en la próxima en la próxima Legislatura local.

Los que de plano regresarán a sus negocios o la actividad que antes desempeñaban son María Esther Jiménez Ramos, quien se hará cargo de las empresas que le heredó su marido en Zacatlán, y Guillermo Fuentes Ortiz, quien es propietario de una fábrica de quesos en Guadalupe Victoria, municipio del cual fue presidente municipal.

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Simón dice:

“La inactividad sólo apetece cuando tenemos demasiado que hacer”.
Noel Pierce Coward (1899-1973). Dramaturgo, actor, director teatral y compositor inglés.

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