De los comentarios y descalificaciones que ayer leí y escuché sobre la encuesta de Datamática publicada en mi anterior entrega, vale la pena hacer algunas reflexiones, a la luz de otros estudios demoscópicos difundidos por los periódicos Intolerancia y Síntesis.

La encuesta de Datamática ––por la que no meto las manos al fuego­–– coincide con la publicada a finales de septiembre por el diario Intolerancia en varios aspectos. El principal es que ubica a cuatro aspirantes como los punteros en la puja por la sucesión gubernamental: Rafael Moreno Valle, Javier López Zavala, Blanca Alcalá Ruiz y Enrique Doger Guerrero, aunque en distinto orden y con diferentes porcentajes.

El estudio de Intolerancia apuntaba que los aspirantes más conocidos por los electores de la entidad eran Moreno Valle, López Zavala, Alcalá Ruiz y Doger Guerrero; Datamática también menciona a los cuatro como los de más alto conocimiento, pero en un orden diferente, ya que el primer lugar se lo asigna al ex presidente municipal, el segundo a la actual alcaldesa, el tercero al senador panista, y el cuarto al secretario de Desarrollo Social del estado.
 
Lo mismo sucede en el apartado Potencial de Voto. Ambas investigaciones ponen a los cuatro a la cabeza, pero en distintas posiciones. Para Intolerancia el primer lugar lo tiene el senador del PAN, el segundo López Zavala, el tercero Blanca Alcalá y el cuarto Enrique Doger.

En cambio, el estudio de Datamática ubica a la presidenta municipal en la primera posición, a Enrique Doger en la segunda, al senador Moreno Valle en la tercera, y al secretario de Desarrollo Social en la cuarta posición.

Para colmo de males, la encuesta de Parametría ––publicada este lunes por el periódico Síntesis–– también coincide en los cuatro punteros, pero difiere en el orden, salvo en el caso de Moreno Valle que lo ubica a la cabeza de las preferencias electorales, al igual que Intolerancia.

Sin embargo, el segundo lugar se lo atribuye a Blanca Alcalá, el tercero a López Zavala y el cuarto al ex presidente municipal Enrique Doger.

¿A cuál de las encuestas creerle, si todas ofrecen resultados diferentes?

Desde mi perspectiva, los tres estudios arrojan información valiosa sobre la sucesión gubernamental y presentan coincidencias y divergencias en torno al posicionamiento de los principales aspirantes a Casa Puebla como para atisbar ciertas conclusiones:

La primera es que si bien el senador Rafael Moreno Valle encabeza hoy las preferencias electorales, según las encuestas de Intolerancia y Parametría, su partido, el PAN, se encuentra por debajo del PRI en la intención de voto.

Una segunda conclusión, sobre la cual me extenderé en una próxima entrega, es que si los comicios para gobernador de 2010 se adelantan del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, algunos aspirantes que hoy se ubican en los primeros cinco lugares ––entre ellos Blanca Alcalá y Enrique Agüera Ibáñez––  hay que borrarlos de cualquier lista seria.

Una tercera y última conclusión es que aunque Datamática parece haber ponderado de más a Enrique Doger, al darle un mejor posicionamiento que el registrado por las otras dos encuestas, el ex presidente municipal será un factor a considerar en el proceso de sucesión gubernamental, pues su potencial lo mismo puede favorecer al PRI que perjudicarlo, dependiendo si juega como aliado o como adversario del candidato de este partido.

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El martes de la próxima semana Jaime Alcántara Silva presentará en el Salón Verde de la Cámara de Diputados su tercer libro “Ser diputado”, en el expone algunas reflexiones sobre el rol que deberán jugar quienes arriben a la próxima legislatura federal, así como algunas experiencias personales sobre su paso por el Congreso de la Unión.

El libro de Jaime Alcántara, quien actualmente se desempeña como secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, será comentado por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados.

La presentación se efectuará a las 12:30 horas en punto.

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Anoche falleció víctima de cáncer don Alfonso Vélez López a la edad de 95 años.

Don Alfonso fue secretario general de gobierno en el sexenio del gobernador Fausto M. Ortega, y padre del extinto ex rector de la BUAP, Alfonso Vélez Pliego.

Desde aquí nuestro sentido pésame a sus deudos y familiares, en especial a su nieta Lilia Vélez Iglesias, colaboradora editorial de este portal.

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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¿Qué pasa con la cuenta pública de Enrique Doger Guerrero, correspondiente al ejercicio del 2007?

¿Por qué ni siquiera los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior saben el estado en que ésta se encuentra?

¿Por qué se guarda con tanto sigilo?

¿Será acaso que alguna mente perversa quiere usarla como cortina de humo, o como un distractor, ahora que el Congreso del estado entre a la discusión de la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar?

¿O es que cuenta pública del ex presidente municipal de Puebla no será sometida al pleno del Congreso en este periodo, que concluye el próximo jueves 31 de julio, sino hasta el tercer periodo ordinario de sesiones que se inicia el 15 de octubre?

¿Cuál es la intención?

¿Acaso usar esa cuenta pública como arma política para desactivar o descarrilar a Enrique Doger Guerrero como aspirante a la gubernatura en el 2010?

¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior decidió pasar de los pliegos de observaciones a los pliegos de cargos?

¿Por qué Enrique Doger ha guardado un prudente silencio sobre esta situación?

¿Por qué no ha salido a denunciar que desde el Orfise le están haciendo observaciones –o cargos– por diversas anomalías –reales o ficticias– que suman decenas de millones de pesos?

¿Será acaso que él también está negociando su cuenta pública e inmunidad, a cambio de abandonar, en definitiva, la puja por la sucesión gubernamental?

Que conste que son preguntas, meras preguntas.

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El secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, está por enfrentar un nuevo escándalo, de abuso y autoridad y prepotencia, a causa de la golpiza que su hijo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, propinó el viernes por la noche a un parroquiano de San Andrés Cholula, que responde al nombre de Fernando Alberto Tepeyahuil.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron el viernes 18 de julio, luego de que la camioneta en que viajaba el hijo del secretario de Seguridad Pública embistiera el vehículo en que viajaba el cholulteca. Ambos se hicieron de palabras y luego se enfrentaron a golpes.

La golpiza que se llevó Fernando Alberto Tepeyahuil fue tan salvaje, que los vecinos a punto estuvieron de linchar al hijo del secretario de Seguridad Pública, de no ser por la intervención de la Policía que se lo llevó en una patrulla.

No está de más apuntar que el joven Hidalgo Montes, además de ser un experto en artes marciales, trabaja para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que gracias a ello y a la influencia de su padre quisieron parar el asunto en el Ministerio Público, pero sin conseguirlo, pues hasta donde se sabe el afectado finalmente logró interponer una denuncia contra aquel por el delito de lesiones.

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El ex secretario general de la Asociación Sindical del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), Héctor Mario Hernández Lobato, fue designado director de la Fundación BUAP, cargo que estaba vacante desde que Luis Alberto Arriaga Lila fue postulado por el PRI como candidato a diputado local, en las elecciones de noviembre de 2007.

Ojalá la gestión de Hernández Lobato al frente de la Fundación BUAP no sea tan gris como su desempeño sindical, que concluyó a mediados del 2006.

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