Lozano Gracia, el abogado de Eduardo Rivera Pérez
José Antonio Gali Fayad debería considerar —y en serio— la posibilidad de declinar a la candidatura del PAN, el PRD y otros partidos estatales como Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP) a la gubernatura de Puebla en el 2016, pues el riesgo de que pierda las elecciones es muy alto.
En principio porque la mayoría de los electores está en desacuerdo en que solicite licencia como presidente municipal de Puebla para intentar suceder a su jefe político, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, como candidato de un bloque o una coalición amplia de partidos políticos.
Porque en la construcción de su precandidatura Gali Fayad ha podido percatarse que varios de los principales cuadros del morenovallismo no lo están apoyando, sino al contrario, intentan acotarlo en decisiones estratégicas en torno a quiénes deben integrar su equipo de campaña y quién debe quedarse al frente del ayuntamiento capitalino.
En otras palabras: intentan imponerle a su coordinador de campaña, a su operador de medios y de propaganda, considerando a personajes que están más vinculados al gobernador Moreno Valle que a él mismo, y decidir al margen del Cabildo y los grupos al interior del ayuntamiento quién de fuera debe quedarse en su lugar durante la campaña y después de ésta, en caso de que gane la gubernatura o decida no regresar a la presidencia municipal de Puebla.
Porque se han tomado decisiones que inciden en el ánimo de panistas y los electores en general sin considerar su punto de vista, como los candados legales aprobados por el Congreso contra las candidaturas independientes; la llamada Ley Gali que deja en manos del Congreso del estado la designación de su sustituto, sin convocar a su suplente; y el nombramiento de Jesús Christian Giles Carmona y Martha Erika Alonso Hidalgo como presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.
Porque lo han excluido de la solución de los conflictos y la crisis interna del PAN, que lejos de atemperarse con la renovación anticipada del CDE encabezado por Rafael Micalco Méndez, parece profundizarse con el arribo de la esposa del gobernador a la dirigencia estatal, el inicio de procesos administrativos y penales en contra el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez y algunos de sus funcionarios en el ayuntamiento de Puebla, y la designación de Carlos Daniel Hernández Olivares como diputado local, en lugar de Juan Carlos Mondragón Quintana, tras la licencia definitiva de Eukid Castañón Herrera.
Porque varios de los que fueron aliados suyos en los comicios intermedios del 2013, como Fernando Manzanilla Prieto, Ana Teresa Aranda Orozco y Eduardo Rivera, no sólo no lo están apoyando, sino que podrían jugarle las contras como impulsores o abanderados de candidaturas independientes o ciudadanas.
Porque mientras la gente siga percibiéndolo como el delfín de Moreno Valle y el instrumento de éste para seguir gobernando la entidad más allá de su sexenio, los pasivos y negativos del actual Ejecutivo estatal seguirán pesándole y anclándolo política y electoralmente.
En las últimas cuatro décadas, la historia política de Puebla confirma que ningún gobernador ha logrado dejar sucesor.
Y porque él mismo ha podido corroborar en carne propia el desgaste de la imagen del gobernador saliente y el malestar social que existe en contra de su administración no sólo por las fotomultas, las deficiencias en las rutas troncales y alimentadoras del Metrobús, el encarecimiento en las tarifas de agua potable y la construcción de algunas obras de relumbrón pero poco prioritarias, sino por la intolerancia, la falta de diálogo y el autoritarismo en el ejercicio del poder del actual grupo gobernante.
EN CORTO
El despacho del ex procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, es el encargado de la defensa legal de Eduardo Rivera Pérez y algunos de sus colaboradores ante los procesos administrativos y penales que se han iniciado en contra de varios ellos.
Se sabe que al ex presidente municipal de Puebla le volvieron a pedir que se alejara de la entidad, incluso con el ofrecimiento de un cargo público en Querétaro, y que ante su negativa, se reactivaron algunas demandas por supuestos pliegos de cargos no solventados de sus cuentas públicas de su segundo y tercer año de gobierno.
El asunto ya es observado de cerca por algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que le han cuestionado a Ricardo Anaya Cortés esta conducta revanchista del gobernador de Puebla.
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Para aquellos panistas que han minimizado la renuncia de Ana Teresa Aranda Orozco al PAN valdría la pena que se asomarán a su Facebook, Twitter y WhatsApp, pues en 36 horas recibió más de 500 mensajes de apoyo de militantes y simpatizantes de distintos municipios de Puebla, y de diferentes ciudades del país.
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Por cierto. El día que Ana Teresa Aranda hizo pública su renuncia a 26 años de militancia panista, el jueves 15 de octubre, se reunió a comer con algunos simpatizantes, entre los que estuvieron el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y el hijo del coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.
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