La verdad legal. Jurídicamente el ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, no tiene mucho de qué preocuparse sobre la donación de lotes de vehículos automotores, equipo de cómputo, mobiliario de oficina y equipo de comunicación a la Fundación Cáritas.

Y es que legalmente los funcionarios municipales que participaron en la desincorporación de la supuesta chatarra municipal están protegidos con actas, contratos, recibos y oficios, que demuestran que fue Cáritas, a través de su presidente Mariano Saavedra Burgos, la que recibió los bienes muebles donados, la que propuso a la empresa que los adquirió, la que aceptó el pago de 200 mil pesos, y la que firmó de conformidad.

Así consta en el contrato de compra-venta de chatarra celebrado entre Cáritas y Prestadora de Servicios Independientes o Generales, fechado el 23 de enero de 2008; en el oficio donde el presidente de la Fundación designa a dicha empresa para recoger los bienes “inservibles”, suscrito el 25 de enero; en el acta de entrega-recepción por parte del ayuntamiento de Puebla a la institución de beneficencia privada, del 29 de enero, y en el recibo de conformidad por la cantidad de 200 mil pesos que el mismísimo Mariano Saavedra firmó de su puño y letra el 29 de enero.

En suma: los funcionarios del ayuntamiento que participaron en esta transacción están protegidos, al menos legalmente.

La verdad moral. En la realidad, la desincorporación de bienes “inservibles” o “chatarra” fue un negocio de no menos de 3 millones de pesos, en el que estarían involucrados el ex tesorero José María Esquivel Silva; el ex director de Recursos Materiales, Luciano Javier Martínez, y la ex jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos.

En dicha transa tuvo una participación directa, con pleno conocimiento de causa o como tonto útil, el contador Mariano Saavedra, y subrayo lo de contador para enfatizar que el presidente de la Fundación no es un neófito en la materia o un profesionista poco familiarizado con el costo de los bienes donados.

Un detalle que revela la mala fe de principio a fin en el proceso de donación es que en todos los documentos suscritos por las partes hay omisión intencionada sobre el detalle de los bienes desincoporados del patrimonio municipal, es decir, no aparece por ningún lado un inventario o relación de los autos, computadoras, muebles de oficina y equipo de comunicación donados.

A poco a un contador público en activo se le pudo haber escapado ese detalle.

La verdad, es difícil creerlo.

Como también resulta increíble pensar que se trató de una omisión involuntaria, por parte de los funcionarios municipales, no haber incorporado al expediente de la donación el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007 y el anexo 3 que supuestamente incluye una relación pormenorizada de los 105 vehículos chatarra, y de los lotes de muebles de oficina y equipo de cómputo inservible.

A poco al representante de la Contraloría municipal, Raúl Luis Tlatoa Tecuanhuehue, también se le pasó tan insignificante detalle.

La verdad es que todas esas omisiones lo único que confirman es que se trató de una transa cometida con premeditación, alevosía y ventaja.

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El próximo 14 de junio, el notario público Héctor Jiménez y Meneses celebrará en Atlixco sus 40 años de afiliación y militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional.

Y para el festejo ha organizado una comida, para lo cual ha girado singulares invitaciones, pues en el reverso de éstas aparece su credencial de afiliación como miembro activo del tricolor, fechada el 14 de junio de 1968 y firmada por Alfonso Martínez Domíguez y Enrique Olivares Santana, presidente y secretario general del CEN del PRI.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.

La asamblea estatal del Partido Acción Nacional convocada para este domingo será tan, pero tan de hueva (y perdón por la expresión), que ni siquiera habrá necesidad de llevar a votación, como en los anteriores dos procesos, las propuestas de consejeros estatales.

Los nuevos consejeros, menos de 100, serán electos en votación económica y por la vía del fast track.

Es decir, no habrá necesidad de que los grupos en disputa se agarren del chongo o se rasguen las medias en arduas y complicadas negociaciones para obtener la mayoría de los consejeros.

Y es que lo más probable, si es que no se suspende la asamblea, es que la lista de prospectos para el Consejo Estatal llegue a 76, incluyendo a los siete nominados por el Comité Directivo Estatal.

Dos son las causas que explican la pobreza de candidatos y la apatía de los panistas por participar en la asamblea del 1 de junio: una es la suspensión de más de 20 asambleas municipales por conflictos internos o la falta de quórum, entre las que figuran las de San Martín Texmelucan, Atlixco, San Andrés Cholula, Huauchinango y Tlachichuca, y, dos, la falta de operación del secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Félix Hernández Hernández.

Hace tres y seis años, el número de candidatos para integrar el Consejo Estatal fue mayor de 120, por lo que en ambos procesos ese órgano de dirección del PAN tuvo que conformarse con 100 consejeros. Hoy, en cambio, la suma de prospectos de los comités y delegaciones municipales difícilmente llegará a los 69, y eso, insisto, si la asamblea no se suspende.

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Varias son las inconsistencias que ponen de manifiesto que en la donación de vehículos, computadoras y muebles de oficina del ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero a la fundación Cáritas y el Sistema DIF municipal hubo más transas y corruptelas que un genuino afán de asistencia o beneficencia social.

Veamos el caso de los autos.

El Cabildo aprobó donar a Cáritas 105 vehículos, y esta institución de asistencia privada sólo recibió 200 mil pesos en efectivo.

Los regidores acordaron una donación directa, y en la operación fue involucrado un intermediario: la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales, que ni siquiera figura en el Registro Público de la Propiedad.

En la supuesta donación a Cáritas fueron incorporadas 58 unidades adicionales –en su mayoría camionetas Ram Custom, Ram 1500 Pick Up, Ram Pick Up y Pointer City–, que no fueron incluidas por los regidores de la gestión dogerista.

En el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007, donde se tomó el acuerdo de la donación, no aparecen por ningún lado los tres anexos que supuestamente detallan el número, modelo y condiciones de las unidades que serían transferidas a Cáritas.

A diferencia del reporte elaborado por el Departamento de Control Vehicular sobre las 24 unidades donadas al DIF, la relación de autos transferidos a Cáritas es imprecisa, vaga e inexacta.

No existe ninguna evidencia gráfica o documental de que las unidades donadas al DIF fueran, como se dijo, pura chatarra, y menos tratándose de vehículos modelos 2000, 2001 y 2002.

La Fundación Cáritas asegura que fue la pasada administración municipal la que arregló todo lo relacionado con la venta de las unidades, y el ex alcalde Enrique Doger Guerrero sostiene que el presidente de la institución privada de asistencia, Mariano Saavedra Burgos, fue quien propuso a la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales como intermediaria.

Correos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Un personaje célebre entre los funcionarios y proveedores de la Secretaría de Salud del estado es Dionisio Rodríguez Rodríguez, compadre del titular de la dependencia, Roberto Morales Flores.

Su fama de bribón, ya proverbial en los pasillos de la Secretaría, llegó a límites de escándalo en diciembre pasado cuando a través de dos de sus empresas –Comercializadora Sevilla y DR Sagitario– se embolsó 23 millones de pesos.

Dicha cantidad cubría, supuestamente, un requerimiento de papelería y artículos de oficina solicitados por la Jurisdicción de Huejotzingo. Y digo supuestamente porque la magnitud del pedido rebasa con mucho las necesidades de la Secretaría de Salud y sus diez jurisdicciones sanitarias.

Lo escandaloso del caso no es el que requerimiento de ¡23 millones de pesos! haya sido autorizado y pagado por el recién destituido director de Finanzas y Administración, José Luis Palafox Krayevsky, sino que la papelería y los artículos de oficina ni siquiera fueron surtidos.

Así como lo lee.

El atraco fue tan descarado que tuvo intervenir la Contraloría del estado y obligar a Dionisio Rodríguez no a devolver los 23 millones de pesos, sino a entregar la mercancía, cosa que hizo hasta abril de este año.

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La ex regidora panista del ayuntamiento de Puebla, Jacqueline Littardi Meléndez, que en las pasadas elecciones locales se dejó ver en algunos actos de candidatos del PRI, es ya parte del equipo de campaña de Enrique Doger Guerrero a la gubernatura de Puebla.

Esta semana, la ex regidora en la gestión dogerista formalizó su incorporación al Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), es decir, la plataforma política utilizada por el también ex rector de la UAP para promoverse como aspirante a la gubernatura del estado.

Además de Jacqueline Littardi, se espera que en los próximos días hagan lo propio militantes priístas –identificados con el marinismo– y perredistas de Huauchinango y Villa Juárez.

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Este mediodía asumirá oficialmente la diócesis de Tlaxcala, acéfala desde 2006 tras la muerte del obispo Jacinto Guerrero Torres, Francisco Moreno Barrón, quien antes de su designación se desempeñaba como obispo auxiliar de Morelia.

Se espera a su ceremonia de consagración, en el seminario de Y griega, asistan no sólo prominentes miembros del clero mexicano, como el nuncio apostólico Christophe Pierre y 20 obispos mexicanos, sino autoridades civiles, como el gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz y un buen de presidentes municipales de la vecina entidad.

Moreno Barrón llegará a la vivir a la diócesis de Tlaxcala, cuya sede fue totalmente remodelada con recursos del gobierno del estado (algo que parece estar de moda), y a resolver un primer conflicto religioso en San Pablo del Monte, donde los lugareños no quieren al sacerdote que les enviaron como párroco.

La diócesis tlaxcalteca se integra con 65 parroquias, 16 capillas, 165 sacerdotes, 233 religiosas y 23 religiosos.

El nuevo obispo Francisco Moreno Barrón es oriundo de Salamanca, Guanajuato, tiene 54 años, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Morelia, y el 2 de febrero de 2002 fue ordenado obispo titular de Gaguari y auxiliar de Morelia.

Correos periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Chávez Estudillo auspició la prostitución gay
Enrique Agüera y Mario Marín se hacen compadres

A propósito de la marcha que anteayer sábado realizó la comunidad lésbico-gay, y la demanda de algunos de sus dirigentes para que en Puebla cesen los operativos y redadas en contra de aquellos que se dedican al oficio más antiguo del mundo, una pregunta flota en el ambiente: ¿cuál es la posición de la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz frente a la proliferación de zonas de tolerancia en distintos puntos de la capital del estado?

Antes de entrar en materia, quizás valga traer a la memoria un caso que se presentó en la pasada administración municipal, y que ejemplifica la doble moral de las autoridades en torno a la prostitución.

En los primeros días de junio de 2005, e-consulta publicó un oficio firmado por el entonces director de Comercialización, Abasto y Vía Pública del ayuntamiento de Puebla, Gilberto Rivera Rivera, en el que se autorizaba el ejercicio de la prostitución a 39 sexoservidores en diferentes zonas de la ciudad.

La difusión del permiso generó un escándalo mediático y una investigación por parte de la Sindicatura y la Contraloría municipales, que provocaron el cese de Gilberto Rivera al frente de la Dirección de Comercialización y una amonestación privada en contra de este funcionario, que fue reubicado en la Tesorería Municipal.

Sin embargo, los verdaderos responsables de este escándalo quedaron impunes, el lenón siguió con su actividad y los sexoservidores pertenecientes a la asociación “Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla” también continuaron prostituyéndose, pero ahora con el permiso de la autoridad municipal.

La historia que entonces no se contó y que hoy sale a relucir con la filtración de nuevos documentos, es que la autorización para que 39 sexoservidores pudieran seguir dedicándose a la prostitución callejera salió del secretario particular del presidente municipal, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

El hoy regidor priísta del ayuntamiento de Puebla no sólo se comunicó vía telefónica con el director de Comercial, Abasto y Vía Pública, instruyéndolo a que autorizara la petición del dirigente de Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla”, sino que mediante un memorandum fechado el 1 de marzo de 2005 recomendó la viabilidad de dicha solicitud.

Y cómo no, si el solicitante era ni más ni menos que un viejo conocido suyo, el profesor Manuel Lira García, quien en las elecciones locales de 2004 se desempeñó como su jefe de escoltas o guardaespaldas.

Hasta aquí el paréntesis.

A tres años de distancia de aquel escándalo, en la ciudad de Puebla siguen proliferando las zonas donde abierta o simuladamente se ejerce la prostitución masculina o femenina.

Aunque legalmente la prostitución es un delito, en la práctica sigue tolerándose tanto en la vía pública como en bares, centros nocturnos, table dance, casas de cita o casas de masaje, muchos de ellos sujetos a cuotas por parte de inspectores y funcionarios corruptos.

El tema, lamentablemente ausente en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011, se ha prestado a toda clase de componendas o acuerdos en lo oscurito, por la negativa de las autoridades de incluirlo en la agenda pública y de regularlo a través de normas específicas, claras y puntuales.

Si la prostitución en Puebla es una realidad que todos los días puede constatarse en las calles, parques y hoteles del Centro Histórico, así como en establecimientos clasificados como giros negros o rojos, ¿por qué no regularla de una vez o combatirla?

¿O es que el actual ayuntamiento también quiere hacerse de la vista gorda?

EN CORTO

El gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, ahora sí son compadres, y el motivo lo dio la hija menor del segundo, Brenda Agüera Vera, quien este sábado festejó sus 15 años de vida con una fiesta temática en una ex hacienda de Atlixco, a la que se dieron cerca de mil invitados, entre amigos de la festejada, funcionarios públicos y de la máxima casa de estudios, así como legisladores federales y locales de distintos partidos políticos, dirigentes empresariales y directivos de medios de comunicación.

El compadrazgo del gobernador Marín y su esposa Margarita García con el rector de la UAP se selló primero con una misa en el templo de Nuestra Señora del Camino, en la zona de Angelópolis, y luego en una animada cena en la que Brenda debutó como artista, al interpretar algunas canciones de su producción discrográfica que pronto saldrá al mercado.

Dos fueron los grandes ausentes de la velada: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el ex presidente municipal de Puebla Enrique Doger Guerrero, aunque éste último ni siquiera fue invitado.

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Y hasta la próxima.

Correos periodistasoy@hotmail.com y
rruiz@e-consulta.com.mx 

La supuesta rebeldía de cinco grupos de vendedores ambulantes que se niegan a ser reubicados en uno de los dos mercados expropiados por la gestión de Blanca Alcalá Ruiz no es casual. Por abajo del agua están siendo alentados por operadores cercanísimos al ex presidente municipal Enrique Doger Guerrero, como el actual regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, mejor conocido como “Kío”.

El propósito de “Kío” es reventar, por un lado, la reubicación de ambulantes en el mercado de la 11 Norte y la 18 Poniente conocido como Plaza Comercial Puebla, e insistir en que el mejor sitio para ello es el predio que la administración dogerista expropió a la familia Matanzo en la 11 Norte y 4 Poniente.

Intentaré explicar por qué.

Si los ambulantes fueran reubicados en el terreno enajenado a los Matanzo, el héroe de esta película (papá), sería sin duda el ex alcalde Enrique Doger, quien en su faceta de aspirante a la gubernatura podría presumir esa acción como un logro suyo.

La segunda razón tiene como móvil la venganza, por la pérdida de un millonario negocio en la frustada compra del mercado de la 11 Norte por parte de la gestión dogerista.

Y es que dicha Plaza Comercial —edificada durante el gobierno de Luis Paredes Moctezuma por parte de los socios del Solid Gold— intentó ser adquirida por la anterior administración municipal, pero a un precio mucho mayor del que hoy se pagará.

En efecto, en la gestión de Enrique Doger hubo tres intentos para que ese inmueble fuera adquirido por el ayuntamiento. Uno, promovido por los propios constructores que querían venderlo en 12 millones; otro, impulsado por el que fuera secretario de Gobernación, Omar Álvarez Arronte, quien quería comprarlo en 16 millones y, un tercero, alentado por el entonces secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo.

De buena fuente se sabe que el pago que en realidad recibirían los accionistas del Solid Gold sería mucho menor.

Y si no cómo explica usted que el ayuntamiento de Blanca Alcalá haya negociado la compra del inmueble en 9.5 millones de pesos.

A poco me van decir que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, es tan buen negociador que logró un descuento de 2.5 ó 6.5 millones de pesos. ¡Por favor!

El acuerdo a un tris

Si Chávez Estudillo no se sale con la suya, la reubicación de los ambulantes que hoy invaden las calles del Centro Histórico se realizará en la última semana de mayo o en la primera de junio.

En el mercado de la 11 Norte y 18 Poniente, el cual cuenta con 305 locales o jaulas ya construidos, serán ubicados 105 ambulantes dirigidos por Alicia Cervantes “La Comadre”, 18 de Gustavo Sánchez, 14 de Ana María Vázquez, y 35 de Germán Cervantes.

Originalmente también habían aceptado ubicarse en esa Plaza Comercial las cinco organizaciones rebeldes encabezadas por Carlos Ramírez Serna, Javier Martínez Monterde, Martín Juárez, Josefina Gómez y Alejandra Ipiña Leyva, para las que se habían dispuesto 85 u 86 locales.

Otras organizaciones marginales que también han aceptado ir a vender a ese lugar son las lidereadas por Juan Rosas “El Moles”, Sofía Montes, María Luisa Pérez, Marcos Morales e Irene Tejeda.

Por lo que hace al otro mercado expropiado por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, localizado en la 8 Poniente y 13 Norte, trascendió que ahí serán establecidos 139 ambulantes dedicados a la venta de perecederos.

Estos vendedores pertenecen a cuatro organizaciones, representadas por Carmela García Rivera “La Otra Comadre”, Alfredo Hernández “El Pollo”, Ana María Fernández y una más cuyo nombre no fue proporcionado.

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Ayer recibí un sobre manila con información por demás interesante de los negocios que al amparo de la salud de los poblanos se realizan en una dependencia del gobierno del estado. El sobre, rotulado a mi nombre y con la dirección de e-consulta, fue entregado por una persona de 35 ó 40 años, que no quiso identificarse, y que se retiró de inmediato en un vehículo Jetta de color oscuro. Mañana, una vez que corrobore algunos datos, le daré los detalles.

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Enrique Romero Razo ha pasado de héroe a villano dentro del Poder Judicial poblano.

Como allegado del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, el ex juez penal de Cholula era promovido como candidato a magistrado; en cambio ahora, con León Dumit Espinal, no sólo fue cambiado a Puebla como juez civil, sino que está siendo objeto de auditorías y presiones con el único fin de que renuncie.

Y lo mismo sucede, dicen, con otros jueces y funcionarios del Poder Judicial identificados con Pacheco Pulido.

Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

* Se agotó Chiltepeque, y no hay dónde tirar la basura
* Podría repetirse aquí la crisis de Cuernavaca en 2006

Un grave problema que está por enfrentar la gestión de Blanca Alcalá Ruiz es la saturación del relleno sanitario de Chiltepeque, que en septiembre o en octubre habrá agotado su vida útil, sin que hasta el momento exista un nuevo depósito que lo sustituya.

El problema no es menor, considerando que la capital del estado produce entre 1,200 y 1,600 toneladas de basura por día.

¿Dónde irán a parar esas miles de toneladas de desperdicios –orgánicos e inorgánicos– que genera diariamente la ciudad?

Hoy, de acuerdo con un diagnóstico del propio ayuntamiento de Puebla, alrededor de 400 toneladas de desechos son vertidas o tiradas en barrancas, zonas deshabitadas y lotes baldíos, así como en los ríos Atoyac y Alseseca.

¿Se imagina cómo estará la Angelópolis, ya de por sí sucia y con montoneras de basura por todos lados, hacia finales de año cuando en el relleno de Chiltepeque no quepa una tonelada más?

La visión, en verdad, es escatológica.

La situación, sin embargo, no parece preocupar mayormente a las autoridades municipales que todavía en febrero, al entrar en funciones, aseguraban que Chiltepeque tenía una vida útil de 40 meses, lo cual es absolutamente falso.

De hecho, en la pasada administración de Enrique Doger Guerrero se mandó a realizar un estudio de evaluación, y la empresa encargada de elaborarlo –Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi)– diagnosticó con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas que éste llegaría a su tope a mediados del mes de septiembre o mediados de octubre de 2008.

¿De dónde saca el ayuntamiento que la vida útil de Chiltepeque es de 40 meses?

Meterle al actual relleno sanitario más toneladas de que las que puede recibir resultaría riesgoso para quienes ahí laboran o van de visita, así como para el medio ambiente de la zona.

Ya en junio de 2007 –cuando se concluyó la evaluación de Incremi– se advertían algunos peligros por la forma deficiente con que se ha manejado el sitio, a cargo de la empresa Rellenos Sanitarios (RESA), que al no respetar los niveles originales de los taludes de residuos sólidos, ha provocado que éstos alcancen alturas cercanas a los 50 metros y hundimientos como el registrado a mediados de 2006 durante la época de lluvias.

El peligro de estos hundimientos, combinados con el espesor de los residuos sólidos y la humedad producida por las filtraciones de agua pluvial, es la generación incontrolada de biogás, es decir, de un combustible explosivo mezcla de metano y dióxido de carbono, resultado de la fermentación bacteriana de los residuos orgánicos.

Por la pasividad mostrada por las autoridades municipales, a finales de año Puebla podría vivir una crisis similar a la ocurrida en Cuernavaca en 2006, cuando se agotó el depósito donde se tiraba la basura, las obras del nuevo relleno sanitario se atrasaron y sus pobladores fueron limitados a no depositar más de tres bolsas en los contenedores, lo que originó que la capital morelense y sus alrededores se llenaran de montoneras de basura y de tiraderos al aire libre.

Ojalá y no.

EN CORTO

Este viernes estuvo de gira en la Sierra Norte de Puebla el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quien recorrió los municipios de Xicotepec de Juárez, Jalpan, Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza. Lo interesante de ese recorrido fueron las constantes quejas de los presidentes municipales de la región en contra del diputado local Carlos Barragán Amador. López Zavala fue tan receptivo a los reclamos que un kilómetro antes del municipio de Francisco Z. Mena, en el tramo conocido como Los Naranjos, bajó de su camioneta al legislador priísta, para subir al vehículo al edil Marciano Hernández Hernández, quien hace ocho días estuvo a punto de liarse a golpes con el diputado Carlos Barragán. ***** Otro precandidato a la gubernatura que también se hizo presente en la región fue el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien ayer domingo comió en el restaurante conocido como La Curva con el presidente municipal de Xicotepec, el ex priísta Juan Carlos Valderrábano Vázquez y el ex diputado y hombre fuerte de la zona, José Esquitin Lastiri. ***** Y hasta la próxima.