Hete aquí un escenario sobre la sucesión gubernamental, que antes del penúltimo informe del gobernador Mario Marín Torres, podría concretarse con algunas ligeras variantes:

Antes del 15 de diciembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de común acuerdo con el gobernador Mario Marín, nombrará a un delegado especial que se hará cargo de sacar adelante el proceso interno priísta.

Dicho delegado o delegada vendrá con la consigna de sacar candidato de unidad y, de evitar a toda costa un proceso abierto de consulta a la base, que sólo beneficiaría al aspirante del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas.

La metodología de María de las Heras y su encuestadora Demotecnia será desechada, lo que no significa que el PRI dejará de contratar estudios de opinión para medir y evaluar a sus principales aspirantes al gobierno del estado.

La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, será reincorporada en las nuevas encuestas, lo que provocará que la intención de voto de Enrique Doger disminuya, sobre todo en la zona metropolitana de Puebla y su periferia, y entre los electores volátiles o switcher.

Blanca Alcalá declinará a su aspiración y se sumará al “Proyecto Z”, previo acuerdo con el gobernador Marín, López Zavala y el nuevo o delegada del CEN del PRI, de que será candidata al Senado de la República en las elecciones del 2012.

Con esa promesa en la bolsa, Blanca Alcalá saldrá a decir que es una mujer de palabra y que cumplirá el compromiso que firmó ante notario público de concluir su gestión de tres años.

Con el expresidente municipal de Puebla también habrá acuerdos y promesas. A Enrique Doger se le pagará en efectivo lo invertido en su promoción como aspirante a la gubernatura y, se le concederán algunos espacios en la administración pública y el Congreso del estado.

Los beneficiados dogeristas de este arreglo político y económico serán Jorge Ruiz Romero, a quien se le ofrecerá una secretaría o un puesto relevante en el próximo gabinete, así como Ignacio Mier Velasco y el regidor Enrique Chávez Estudillo, quienes podrían convertirse en candidatos a diputados locales.

Javier López Zavala será nombrado el precandidato de unidad en la tercera o cuarta semana de enero.

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El diputado local Luis Alberto Arriaga Lila podría quedarse como el perro de las dos tortas, después de que se anunció su regreso a la contienda interna priísta por la presidencia municipal de Puebla.

Y aunque en sentido estricto, el legislador priísta nunca ha declarado que renuncia a la puja por la presidencia municipal de San Andrés Cholula, para reincorporarse a la contienda por la alcaldía poblana, su ambiguo discurso de que “estará donde más le convenga al PRI”, podría dejarlo fuera de las dos.

Por lo pronto se sabe que este jueves se comunicó vía telefónica con el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, para aclararle que él jamás declaró que volverá a Puebla para buscar la silla de la primera alcaldesa de la capital, Blanca Alcalá Ruiz, como se publicó en algunos medios de comunicación.

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Enrique Doger Guerrero ofrece la noche de este jueves una cena en el restaurante Floridita a los diputados del PRI y el PANAL que aprobaron la cuenta pública de sus últimos 45 días de gestión al frente del ayuntamiento de Puebla.

Las invitaciones corrieron a cargo del diputado priísta y extesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, vocal, por cierto, de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, y secretario de la Comisión de Hacienda, Patrimonio Estatal y Municipal de la LVII Legislatura.

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Este viernes, en el lobby del Teatro de la Ciudad se llevará a cabo una muestra gastronómica, organizada por Puebla Joven A.C., con la participación ocho diferentes instituciones de educación superior de la entidad que cuentan con carreras turísticas, de alta cocina y gastronómicas.

La entrada a la muestra será totalmente gratuita y en ella los asistentes podrán degustar diferentes platillos, desde los tradicionales y típicos de Puebla hasta comida de alta cocina francesa.

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Simón dice:

“Lo que hace falta es someter a las circunstancias, no someterse a ellas”.
Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC). Poeta latino.

Las pugnas internas desgastan al mejor aspirante del PAN 
La PGR investiga en Puebla bienes de Roberto Vidal

Si las elecciones del 5 de julio de 2009, se anticipan como la antesala del proceso electoral del 2010, lo más probable es que el gobernador Mario Marín Torres se salga con la suya, mientras los panistas sigan enfrascados en sus grillas internas y hacerle el camino más difícil a su aspirante mejor posicionado en pos de la gubernatura de Puebla: el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Mario Marín ha logrado hasta ahora reencausar el proceso interno de su partido. Por un lado convocó a los aspirantes priístas a sucederlo en Casa Puebla a sumarse a las tareas de proselitismo de la dirigencia estatal del PRI y de sus candidatos a diputados federales, nombrándolos coordinadores o delegados estratégicos de promoción al voto, asignándoles a cada cual uno o tres distritos.

Mientras por otro, facilita a Javier López Zavala sus recorridos y giras por toda la entidad, incluso con el apoyo del helicóptero del gobierno del estado.

El secretario de Desarrollo Social no sólo es el encargado de llevar a las comunidades los apoyos y beneficios de los programas sociales del gobierno y la federación, sino el representante del gobernador en las principales festividades y actos políticos de los pueblos como son los informes de presidentes municipales y diputados locales, así como las ferias y carnavales de cada municipio.

Y eso, por supuesto, lo capitaliza López Zavala en su propio provecho ––y con la venia de su jefe–– para promoverse lo mejor que puede, de cara a la sucesión gubernamental del 2010.

Desde esta perspectiva, la estrategia del gobernador no es difícil de adivinar.

Su apuesta es ganar los 16 distritos o al menos 12, para que los grupos de poder dentro y fuera del PRI entiendan que tiene el control político del estado y que su insistencia de que López Zavala sea quien lo suceda en el cargo es porque es capaz de hacerlo ganar, como a la mayoría de los candidatos a diputados federales de su partido.

En el PAN las cosas se ven más complicadas.

Internamente, el cuestionado proceso de designación de candidatos a diputados federales, por parte de su Comité Ejecutivo Nacional, ha profundizado la crisis y los conflictos entre sus grupos y aspirantes a la gubernatura.

Las complicaciones para la designación de candidatos, sobre todo en algunos distritos como los cuatro de la capital, por la negativa de la exsubsecretaria de Gobernación federal, Ana Teresa Aranda Orozco, de aceptar su participación como candidata de mayoría relativa por el distrito 11, tienen al PAN paralizado.

Myriam Arabian Couttolenc no puede arrancar campaña, pues no sabe si va a ser candidata por el 12 o por el 11, y lo mismo sucede con Eduardo Morales Garduño y Luis Mora Velasco.

En la disputa por las plurinominales, los conflictos personales entre antiguos aliados yunquistas ––como Roberto Grajales Espina y Pablo Rodríguez Regordosa–– se reactivaron, sin que el senador Rafael Moreno Valle Rosas, supuesto mediador entre ambos, pudiera evitarlo.

La alianza de Moreno Valle con su par en el Senado de la República, Ángel Alonso Díaz Caneja, para tratar de imponer a Roberto Grajales Espina como candidato plurinominal, no sólo fracasó en su objetivo, sino provocó la renuncia de 13 de los 18 precandidatos inscritos y la cancelación de la asamblea estatal prevista para hace ocho días.

Los traspiés del senador y principal aspirante panista a la gubernatura han sido utilizados por sus contrincantes para llevar agua a su molino.

Humberto Aguilar Coronado, por ejemplo, quiere aprovechar la coyuntura para meter a su suplente en el Senado, Valentina Augusta Díaz de Rivera Hernández, y su antiguo colaborador y aliado José Luis Carmona Ruiz, en los primeros lugares de la lista de candidatos plurinominales por la cuarta circunscripción electoral.

Y Ana Teresa Aranda quiere aprovechar su condición de inminente candidata plurinominal para erigirse en una especie coordinadora estatal de promoción al voto, para tener pretexto de recorrer todo el estado y tratar de reconstruir sus mermadas estructuras en los principales municipios y cabeceras distritales de cara al 2010.

En suma: mientras en el PRI Marín logró retomar los hilos de su sucesión e incorporar a la mayoría de los aspirantes priístas a sucederlo en tareas partidistas con miras a las elecciones del 5 de julio, en el PAN Moreno Valle está siendo sometido a un desgaste que hasta ahora ni los priístas habían conseguido.

EN CORTO
La Procuraduría General de la República tiene otra vez la mirada puesta en la entidad, tras la captura del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Roberto Vidal Méndez, por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Y es que, según las primeras investigaciones del caso, parte las propiedades y bienes inmuebles de Roberto Vidal se localizarían en el estado de Puebla.

El exfuncionario tabasqueño fue detenido el jueves en la ciudad de México, al salir de un programa conducido por Nino Canún en Radio Centro, como parte de las investigaciones que se siguen por el atentado perpetrado en contra del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, general Francisco Fernández Solís, a manos de Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo.

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El presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Ángulo, recibió este domingo a una comitiva de empresarios chinos, que analizan la posibilidad de invertir en la Sierra Norte del estado en la instalación de una fábrica de cerámica, aprovechando el barro y la arcilla de la región, y en la construcción de una empacadora de chile piquín.

La delegación estuvo encabezada por el director general del Centro de Intercambio Cultural y Económico entre China y México, Wang Hunrong, quien invitó al munícipe huauchinanguense y a otros ediles de la región a realizar un viaje a ese país asiático antes del mes de julio, para que conozcan las oficinas e instalaciones centrales de las empresas con planes de asentarse en la Sierra Norte.

El exdiputado Martín Márquez Silva fue el gestor de esa visita.

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Sin que nadie se los autorizara, los regidores Humberto Vázquez Arroyo y Enrique Chávez Estudillo aprovecharon su reciente viaje a Chile para entrevistarse con directivos de la empresa Citelum en ese país sudamericano, a fin de invitarlos a participar en la licitación del contrato de alumbrado público de la ciudad, hecho que generó suspicacias entre los directivos de la filial de Citelum en México y en funcionarios de la Secretaría de Administración del ayuntamiento, involucrados en ese tema.

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Simón dice:

“La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”.
Jacques Benigne Bossuet (1627-1704). Clérigo católico francés y escritor.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

En materia de protección ambiental, las autoridades del municipio de Puebla parecen tener un doble discurso.

Por un lado, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Cabildo acordó, en su sesión del 24 de abril de 2008, cancelar cualquier licencia de construcción en el área de preservación natural de La Calera que no se hubiera ejecutado y prohibir el otorgamiento de nuevos permisos.

Dicho acuerdo fue votado por unanimidad por los cuatro regidores de esa Comisión integrada por la panista María Isabel Ortiz Mantilla, el perredista Jaime Cid Monjaraz, y los priístas Enrique Chávez Estudillo y Rodolfo Pacheco Pulido.

Sin embargo, en agosto del año pasado la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública del propio ayuntamiento de Puebla le entregó a la constructora Sadasi un permiso de prefactibilidad para edificar en esa parte del cerro de La Calera, colindante con el Arco Oriente del Periférico, cuatro mil nuevas viviendas, a sabiendas del problema de escasez de agua que existe en esa zona del municipio de Puebla.

El 17 de septiembre de 2008, el Cabildo aprobó por unanimidad de votos fijar un plazo de seis meses a la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para elaborar y entregar un plan parcial de desarrollo urbano sobre el único polígono de preservación del patrimonio natural existente en el sector oriente del municipio de Puebla.

En aquella sesión, la presidenta Blanca Alcalá Ruiz explicó a los regidores que desde el inicio de su administración había dado instrucciones para que ese plan se formulara, en aras de encontrar una solución a la problemática y complejidad de la reserva ecológica de La Calera.

En su intervención, la alcaldesa dijo que el plazo de seis meses era adecuado y suficiente.

Han pasado más de seis meses de aquella sesión, sin que hasta la fecha la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública haya terminado el plan que se le encargó, por lo que éste no ha sido recibido por el Cabildo y mucho menos analizado y discutido por las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y de Ecología.

Con esas contradicciones, lo más probable es que el parque metropolitano prometido por la alcaldesa en el Cerro de La Calera termine en una urbe de más de siete mil casas de interés social, en beneficio de especuladores y constructoras como SARE, Sadasi y Alteq, y que el único bosque de encinos que le queda a la ciudad quede reducido a unos cuantos arbolitos que justifiquen el pomposo nombre del complejo habitacional que ahí se construye “Jardines de la Montaña”.

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Este miércoles la diputada federal panista Violeta Lagunes Viveros pedirá licencia para dejar su curul en la Cámara Baja, a fin de prepararse para rendir protesta como delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en sustitución de Carlos Ortiz Rosas.

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Quien, por el contrario, este miércoles retirará la licencia que hace un par de semanas presentó, para regresar a su curul en la Cámara de Diputados, luego del veto presidencial para ocupar la Delegación de la Secretaría del Trabajo es Alfonso Bello Pérez.

A este último se le ofreció, a cambio de la Delegación de la Secretaría del Trabajo, la Dirección estatal de Fonacot, en sustitución de Miguel Ángel González Carrillo, propuesta que el legislador federal panista rechazó por considerarla poco digna.

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Simón dice:

“Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”.
Friedrich Nietzsche (1844-1900). Filósofo alemán.

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Blanca Alcalá Ruiz sigue deshojando la margarita sobre el sustituto de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Muchos son los nombres que a la presidenta municipal de Puebla le han propuesto, sin que ninguno termine de convencerla.

Su proveedor de equipo y cámaras de seguridad pública, Víctor Díaz Palacios, primero trató de sostener a Hidalgo Vigueras y luego, cuando se percató de que la alcaldesa estaba decidida a cambiarlo, le propuso a Isidro González Blanco, ex secretario de Seguridad Pública de Pachuca, Hidalgo, de quien se cuentan macabras historias vinculadas con la protección de bandas del crimen organizado.

Otro personaje recomendado por Díaz Palacios ––y también por el regidor Humberto Vázquez Arroyo y el ex director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán–– es Fernando Fierro Aldana, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Fierro Aldana fue acusado, en su paso por la AFI, de filtrar información privilegiada a los cabecillas del comercio y la producción de piratería en la zona de la CAPU y “La Cuchilla”, para evitar que éstos fueran detenidos o sufrieran decomisos millonarios de mercancía ilegal.

El actual director de Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, es otro de los prospectos para quedarse en el lugar de Hidalgo Vigueras.

Su principal detractor, como es de suponerse, es el propio Hidalgo Vigueras.

Alonso García tiene el apoyo del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y de los regidores priístas Enrique “Kío” Chávez Estudillo y Humberto Vázquez Arroyo.

Un cuarto candidato para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es Ludivino Mora Tejeda, quien ya ocupó esa cartera en la gestión de Enrique Doger Guerrero.

La opción de Ludivino fue llevada al escritorio de la presidenta municipal de Puebla por su secretario de Desarrollo Social, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y por el coordinador de los regidores priístas, Jorge René Sánchez Juárez.

En contra de Ludivino juega su cercanía con personajes nos gratos al marinismo, como el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Una quinta alternativa, que también es promovida por el ex secretario de Seguridad Pública Municipal y actual regidor del ayuntamiento Humberto Vázquez, es Wilfrido Robledo Madrid, excomisionado de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Robledo dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto en febrero de 2007, enmedio de acusaciones de abusos policíacos en contra de campesinos de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y de nepotismo al emplear a su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares del Estado de México.

Su llegada al gobierno del Edomex tampoco fue tersa, pues estuvo precedida de cuestionamientos por una inhabilitación que le hizo la Secretaría de la Función Pública por la adquisición irregular de helicópteros en la Policía Federal Preventiva, de la cual fue titular en el gobierno de Vicente Fox Quezada.

A lista de candidatos hay que agregar el nombre de Carlos Briones Pérez, ex director de Vialidad Municipal en la gestión de Mario Marín Torres.

Briones es impulsado por el exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto.

Sus posibilidades parecen remotas por la fama que lo precede entre los agentes de tránsito del municipio de Puebla y el estado, quienes lo llaman “El Cocodrilo”, en alusión a las “mordidotas” que suele propinar a sus víctimas.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez, cantante estadounidense.

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En junio de 2007, a solicitud de la gestión de Enrique Doger Guerrero, el ayuntamiento de Puebla ordenó un estudio sobre la vida útil del relleno sanitario de Chiltepeque.

Dicha evaluación, basada supuestamente en levantamientos topográficos y  estimaciones volumétricas tanto de la capacidad de recepción del depósito como de las toneladas de basura que a diario ahí se procesan, concluyó que para septiembre u octubre de 2008 habría llegado a su máxima capacidad.

El año pasado la administración de Blanca Alcalá Ruiz, por conducto del coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Héctor Sulaimán Safi, ordenó un nuevo estudio con la misma finalidad: diagnosticar la capacidad del relleno sanitario.

Parte de las conclusiones de la nueva evaluación fueron adelantadas ayer por Héctor Sulaimán y los regidores Humberto Vázquez Arroyo y Enrique Chávez Estudillo, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, y vocal de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, respectivamente.

En conferencia de prensa, aseguraron que el relleno de Chiltepeque puede funcionar hasta el año 2023 sin necesidad de ampliarse a otros terrenos, para recibir las 1,200 o 1,600 toneladas diarias de basura que produce la capital del estado.

Lo curioso del caso ––y vaya que lo es–– es que ambos estudios fueron realizados por la misma empresa: Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi).

Sí, la firma a la que hoy el Organismo Operador del Servicio Limpia prevé contratar como supervisora de la concesionaria del depósito de Chiltepeque: Rellenos Sanitarios (RESA), de José Abed Rouanett.

Y la misma a la cual el ayuntamiento de Blanca Alcalá le pagó 260 mil pesos por un estudio técnico que contradice de cabo a rabo el contratado por la gestión de Enrique Doger.

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Simón dice:

“Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”
Joseph Fouché, político francés, fundador del espionaje moderno.

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Hete aquí los nombres de los únicos funcionarios y regidores priístas del ayuntamiento de Puebla que hasta octubre estaban al corriente en el pago de su cuota partidista, equivalente al 5% de su sueldo, al Comité Directivo Municipal del PRI:

Fernando Ariza de la Fuente, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad.

José Luis Zeus Moreno Muñoz, entonces subdirector de Planeación de la Secretaría de Gestión Urbana y Obras Públicas.

Y los regidores: Jorge René Sánchez Juárez, Enrique Chávez Estudillo, Julián Haddad Ferez, María Eugenia Carlota Mena Sánchez, Jovita Trejo Juárez, María del Rocío García González.

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Este viernes o en el transcurso del fin de semana podría salir por fin la convocatoria para la elección de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, cargo que quedó acéfalo tras la renuncia de María Cecilia Hernández Ríos, quien fue nombrada subsecretaria de Desarrollo Turístico y Capacitación.

Entre los favoritos para dirigir la representación estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) apunte los nombres del ex regidor Fermín Castillo Carvajal, quien cuenta con el apoyo del secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y de Carlos Gil Pérez, quien se desempeña como secretario de Elecciones de la Liga de Comunidades Agrarias, y quien anoche se reunió con el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano.

Otro que también apoya a Carlos Gil es el delegado de la CNC en Puebla, Víctor Manuel Galicia Ávila, delegado de la Confederación Nacional Campesina y secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización.

Otros que también quieren esa posición, aunque hasta sus posibilidades de alcanzarla son escasas son Gonzalo Lobato Escamilla, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias, y el ex diputado local Juan Balderas Muñoz.

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Una primicia y una aclaración.

La primicia. La Comisión Nacional Electoral del PAN escogió ya a los cinco miembros de la Comisión Estatal Electoral. Estos son Enrique Guevara Montiel, Ruth Ramos Barragán, Leonor Popócatl Gutiérrez, Adán Larracilla Márquez y Luis Enrique Palacios Martínez.

El primer par fue nombrado para un periodo de dos años, el segundo par para un periodo de cuatro, y el último para un periodo de seis años.

Ahora la aclaración: Los comisionados electorales no pueden ser candidatos a cargos de elección popular, ni formar parte de los órganos internos del PAN, como el Comité Directivo Estatal, los comités municipales o el Consejo Estatal.

Por lo tanto, borre usted de las listas de aspirantes a una diputación federal a cualquiera de los cinco panistas arriba mencionados, pues ninguno de ellos será candidato tanto por decisión propia como por la reglamentación que norma el funcionamiento de la Comisión Estatal Electoral.

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¿Sabían o no sabían los funcionarios dogeristas cuánto costaban los lotes de autos, muebles de oficina y equipo de cómputo y comunicación, donados a la Fundación Cáritas?

La respuesta es sí.

Sí lo sabían y con detalle.

Y es que antes de que fueran desincorporados del patrimonio del ayuntamiento 163 vehículos y 4 mil 56 bienes, entre artículos y muebles de oficina, equipo de cómputo y aparatos de comunicación, la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó un avalúo de cada una de las piezas que serían donadas.

Dichos avalúos constan en las copias certificadas que el secretario general de la gestión dogerista, Ignacio Mier Velasco, envió al gobernador Mario Marín Torres y al presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Othón Bailleres Carriles, en enero de 2008. 

En ambos oficios remitidos por Ignacio Mier claramente se lee “… envío copia certificada DICTAMEN Y ACTA DE CABILDO, POR EL QUE SE DESINCORPORAN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL LOTES INTEGRADOS POR “EQUIPO DE CÓMPUTO”, “MOBILIARIO DE OFICINA”, “EQUIPO DE COMUNICACIÓN” Y “VEHÍCULOS AUTOMOTORES” DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PUEBLA, DESCRITOS EN LOS AVALÚOS ORDENADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES… ”

Dos cuestiones llaman la atención de estos oficios, una relativa a los avalúos y, otra, a la dependencia que los realizó: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sobre los primeros, hay que decir que sólo el lote de 163 vehículos automotores donado a Cáritas valía más de 3 millones 430 mil pesos.

La segunda cuestión es aún más reveladora, pues el director de Recursos Materiales y Servicios Generales que efectuó tales avalúos fue Luciano Javier Martínez, el mismo que días después firmaría junto con el tesorero José María Esquivel Silva y la jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos, el acta de entrega-recepción de los bienes transferidos a Cáritas.

Y el mismo también del que hace unos días se deslindó el ex secretario particular y ex secretario de Administración del ayuntamiento dogerista, Enrique Chávez Estudillo “Kío”, afirmando que si bien lo conocía, no metía las manos al fuego por él.

Si Luciano Javier Martínez fue quien realizó los avalúos de los bienes desincorporados y el que firmó el acta de entrega-recepción de esa transferencia a Cáritas, ¿por qué no le informó al presidente de la fundación, Mariano Saavedra Burgos, el costo estimado de los lotes transferidos?

¿Acaso no se trataba de una donación de buena fe,  como dice Enrique Doger Guerrero?

Si no lo hizo, creo que no había tan buena fe, y si lo hizo, entonces creo que don Mariano Saavedra fue más corrupto que ingenuo al aceptar por todos los bienes donados una suma de 200 mil pesos.

¿O no?

Aunque hasta ahora Enrique Doger Guerrero se ha negado a reconocer lo que todo mundo sospecha, que funcionarios de su administración están implicados en el fraude (¿o peculado?) de la donación de la supuesta chatarra municipal a Cáritas, la verdad es que tarde o temprano tendrá que admitirlo.

Por lo pronto hay evidencias documentales de que la empresa que se benefició con la compra de la supuesta “chatarra” –Prestadora  de Servicios Independientes o Generales– no era del todo ajena a personajes muy cercanos a él, como su ex secretario particular y ex secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

Un dato que llama la atención, por ejemplo, es que el accionista y administrador único de esta compañía, Edgar David Reyes Rojas, es cuñado de la que fuera directora de Recursos Humanos en la gestión dogerista, Concepción Caraza Alemán.

Sí, la misma funcionaria que “Kío” promovía como su sucesora en la Secretaría de Administración cuando éste dejó el gobierno municipal para irse como candidato a regidor en la planilla de Blanca Alcalá Ruiz.

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Por cierto.

Otra evidencia de que la polémica donación a Cáritas fue una transa urdida con premeditación, alevosía y ventaja por funcionarios de la administración dogerista, es la prontitud con que la Prestadora de Servicios Independientes y Generales revendió la misma mercancía cinco veces más cara.

De hecho, según información que hoy publicará El Heraldo de Puebla, se sabe que el mismo día que el renunciado presidente de Cáritas, Mariano Saavedra Burgos, recibió sus 200 mil pesotes de la empresa de Edgar David Reyes Rojas, éste firmó un contrató con Francisco Gómez Cisneros para revenderle la supuesta chatarra un millón 100 mil pesos.

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En las diferentes reuniones que los diputados de las comisiones de Transparencia y Gobernación han sostenido con secretarios y consultores del gabinete marinista para analizar los ajustes que tendrán que hacerse antes del 20 de julio a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, resulta que los más reacios a la rendición de cuentas son la consejera jurídica, Claudia Rivadeneyra Torija, y el secretario de Finanzas y Administración, José María Pérez Salazar.

Incluso la primera ha llegado a proponer en varias de esas reuniones artículos y conceptos contrarios al artículo sexto constitucional, asunto que le ha merecido airadas críticas hasta de los diputados del PRI, que no conciben cómo la consejera jurídica del gobierno puede ser tan retrógrada en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Chávez Estudillo auspició la prostitución gay
Enrique Agüera y Mario Marín se hacen compadres

A propósito de la marcha que anteayer sábado realizó la comunidad lésbico-gay, y la demanda de algunos de sus dirigentes para que en Puebla cesen los operativos y redadas en contra de aquellos que se dedican al oficio más antiguo del mundo, una pregunta flota en el ambiente: ¿cuál es la posición de la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz frente a la proliferación de zonas de tolerancia en distintos puntos de la capital del estado?

Antes de entrar en materia, quizás valga traer a la memoria un caso que se presentó en la pasada administración municipal, y que ejemplifica la doble moral de las autoridades en torno a la prostitución.

En los primeros días de junio de 2005, e-consulta publicó un oficio firmado por el entonces director de Comercialización, Abasto y Vía Pública del ayuntamiento de Puebla, Gilberto Rivera Rivera, en el que se autorizaba el ejercicio de la prostitución a 39 sexoservidores en diferentes zonas de la ciudad.

La difusión del permiso generó un escándalo mediático y una investigación por parte de la Sindicatura y la Contraloría municipales, que provocaron el cese de Gilberto Rivera al frente de la Dirección de Comercialización y una amonestación privada en contra de este funcionario, que fue reubicado en la Tesorería Municipal.

Sin embargo, los verdaderos responsables de este escándalo quedaron impunes, el lenón siguió con su actividad y los sexoservidores pertenecientes a la asociación “Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla” también continuaron prostituyéndose, pero ahora con el permiso de la autoridad municipal.

La historia que entonces no se contó y que hoy sale a relucir con la filtración de nuevos documentos, es que la autorización para que 39 sexoservidores pudieran seguir dedicándose a la prostitución callejera salió del secretario particular del presidente municipal, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

El hoy regidor priísta del ayuntamiento de Puebla no sólo se comunicó vía telefónica con el director de Comercial, Abasto y Vía Pública, instruyéndolo a que autorizara la petición del dirigente de Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla”, sino que mediante un memorandum fechado el 1 de marzo de 2005 recomendó la viabilidad de dicha solicitud.

Y cómo no, si el solicitante era ni más ni menos que un viejo conocido suyo, el profesor Manuel Lira García, quien en las elecciones locales de 2004 se desempeñó como su jefe de escoltas o guardaespaldas.

Hasta aquí el paréntesis.

A tres años de distancia de aquel escándalo, en la ciudad de Puebla siguen proliferando las zonas donde abierta o simuladamente se ejerce la prostitución masculina o femenina.

Aunque legalmente la prostitución es un delito, en la práctica sigue tolerándose tanto en la vía pública como en bares, centros nocturnos, table dance, casas de cita o casas de masaje, muchos de ellos sujetos a cuotas por parte de inspectores y funcionarios corruptos.

El tema, lamentablemente ausente en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011, se ha prestado a toda clase de componendas o acuerdos en lo oscurito, por la negativa de las autoridades de incluirlo en la agenda pública y de regularlo a través de normas específicas, claras y puntuales.

Si la prostitución en Puebla es una realidad que todos los días puede constatarse en las calles, parques y hoteles del Centro Histórico, así como en establecimientos clasificados como giros negros o rojos, ¿por qué no regularla de una vez o combatirla?

¿O es que el actual ayuntamiento también quiere hacerse de la vista gorda?

EN CORTO

El gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, ahora sí son compadres, y el motivo lo dio la hija menor del segundo, Brenda Agüera Vera, quien este sábado festejó sus 15 años de vida con una fiesta temática en una ex hacienda de Atlixco, a la que se dieron cerca de mil invitados, entre amigos de la festejada, funcionarios públicos y de la máxima casa de estudios, así como legisladores federales y locales de distintos partidos políticos, dirigentes empresariales y directivos de medios de comunicación.

El compadrazgo del gobernador Marín y su esposa Margarita García con el rector de la UAP se selló primero con una misa en el templo de Nuestra Señora del Camino, en la zona de Angelópolis, y luego en una animada cena en la que Brenda debutó como artista, al interpretar algunas canciones de su producción discrográfica que pronto saldrá al mercado.

Dos fueron los grandes ausentes de la velada: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el ex presidente municipal de Puebla Enrique Doger Guerrero, aunque éste último ni siquiera fue invitado.

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Y hasta la próxima.

Correos periodistasoy@hotmail.com y
rruiz@e-consulta.com.mx 

La supuesta rebeldía de cinco grupos de vendedores ambulantes que se niegan a ser reubicados en uno de los dos mercados expropiados por la gestión de Blanca Alcalá Ruiz no es casual. Por abajo del agua están siendo alentados por operadores cercanísimos al ex presidente municipal Enrique Doger Guerrero, como el actual regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, mejor conocido como “Kío”.

El propósito de “Kío” es reventar, por un lado, la reubicación de ambulantes en el mercado de la 11 Norte y la 18 Poniente conocido como Plaza Comercial Puebla, e insistir en que el mejor sitio para ello es el predio que la administración dogerista expropió a la familia Matanzo en la 11 Norte y 4 Poniente.

Intentaré explicar por qué.

Si los ambulantes fueran reubicados en el terreno enajenado a los Matanzo, el héroe de esta película (papá), sería sin duda el ex alcalde Enrique Doger, quien en su faceta de aspirante a la gubernatura podría presumir esa acción como un logro suyo.

La segunda razón tiene como móvil la venganza, por la pérdida de un millonario negocio en la frustada compra del mercado de la 11 Norte por parte de la gestión dogerista.

Y es que dicha Plaza Comercial —edificada durante el gobierno de Luis Paredes Moctezuma por parte de los socios del Solid Gold— intentó ser adquirida por la anterior administración municipal, pero a un precio mucho mayor del que hoy se pagará.

En efecto, en la gestión de Enrique Doger hubo tres intentos para que ese inmueble fuera adquirido por el ayuntamiento. Uno, promovido por los propios constructores que querían venderlo en 12 millones; otro, impulsado por el que fuera secretario de Gobernación, Omar Álvarez Arronte, quien quería comprarlo en 16 millones y, un tercero, alentado por el entonces secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo.

De buena fuente se sabe que el pago que en realidad recibirían los accionistas del Solid Gold sería mucho menor.

Y si no cómo explica usted que el ayuntamiento de Blanca Alcalá haya negociado la compra del inmueble en 9.5 millones de pesos.

A poco me van decir que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, es tan buen negociador que logró un descuento de 2.5 ó 6.5 millones de pesos. ¡Por favor!

El acuerdo a un tris

Si Chávez Estudillo no se sale con la suya, la reubicación de los ambulantes que hoy invaden las calles del Centro Histórico se realizará en la última semana de mayo o en la primera de junio.

En el mercado de la 11 Norte y 18 Poniente, el cual cuenta con 305 locales o jaulas ya construidos, serán ubicados 105 ambulantes dirigidos por Alicia Cervantes “La Comadre”, 18 de Gustavo Sánchez, 14 de Ana María Vázquez, y 35 de Germán Cervantes.

Originalmente también habían aceptado ubicarse en esa Plaza Comercial las cinco organizaciones rebeldes encabezadas por Carlos Ramírez Serna, Javier Martínez Monterde, Martín Juárez, Josefina Gómez y Alejandra Ipiña Leyva, para las que se habían dispuesto 85 u 86 locales.

Otras organizaciones marginales que también han aceptado ir a vender a ese lugar son las lidereadas por Juan Rosas “El Moles”, Sofía Montes, María Luisa Pérez, Marcos Morales e Irene Tejeda.

Por lo que hace al otro mercado expropiado por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, localizado en la 8 Poniente y 13 Norte, trascendió que ahí serán establecidos 139 ambulantes dedicados a la venta de perecederos.

Estos vendedores pertenecen a cuatro organizaciones, representadas por Carmela García Rivera “La Otra Comadre”, Alfredo Hernández “El Pollo”, Ana María Fernández y una más cuyo nombre no fue proporcionado.

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Ayer recibí un sobre manila con información por demás interesante de los negocios que al amparo de la salud de los poblanos se realizan en una dependencia del gobierno del estado. El sobre, rotulado a mi nombre y con la dirección de e-consulta, fue entregado por una persona de 35 ó 40 años, que no quiso identificarse, y que se retiró de inmediato en un vehículo Jetta de color oscuro. Mañana, una vez que corrobore algunos datos, le daré los detalles.

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Enrique Romero Razo ha pasado de héroe a villano dentro del Poder Judicial poblano.

Como allegado del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, el ex juez penal de Cholula era promovido como candidato a magistrado; en cambio ahora, con León Dumit Espinal, no sólo fue cambiado a Puebla como juez civil, sino que está siendo objeto de auditorías y presiones con el único fin de que renuncie.

Y lo mismo sucede, dicen, con otros jueces y funcionarios del Poder Judicial identificados con Pacheco Pulido.

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