Diputados y senadores del PAN, en compañía de la presidenta del Patronato Puebla Verde, Verónica Mastretta Guzmán, se entrevistaron este lunes con la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol, Sara Topelson de Grinberg, para pedir la intervención del gobierno federal a fin de que se respeten las áreas verdes y de preservación ecológica que aun quedan en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

En la reunión le platearon dos asuntos en concreto: uno, que se respeten los usos de suelo considerados en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los municipios de Cuatlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula y, dos, que se revierta la donación que a título oneroso hizo el gobierno del estado a favor del empresario Ricardo Henaine Mezher del predio donde originalmente se construiría un Parque Metropolitano.

La subsecretaria no se comprometió con ninguna de las dos peticiones, y —en su propio descargo— mencionó que hace unos días giró al gobernador Mario Marín Torres un oficio solicitándole el cumplimiento y respeto de los usos de suelo establecidos en el Programa Subregional.

A los legisladores panistas y a la presidenta de Puebla Verde les sorprendió no sólo el tono benévolo del oficio, sino la omisión que en éste se hace del predio de más de 18 hectáreas donado a Ricardo Henaine para construir un Parque Metropolitano, y máxime cuando el empresario ha intentado modificar el uso de suelo de ese terreno y venderlo como zona comercial o residencial.

En el encuentro —que inicialmente estaba previsto con el secretario Ernesto Cordero Arroyo— se supo que el director del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, Rafael Moreno Valle Buitrón, no ha dejado de insistir en su petición de cambiar el uso de suelo de diversos predios, que suman 24 o 28 hectáreas, para que en ellos puedan edificarse nuevos fraccionamientos y centros comerciales.

Al término de la reunión con Sara Topelson, los legisladores panistas buscaron una nueva cita con el titular de la Sedesol, que se agendó para dentro de tres semanas y a la cual acudieran los senadores Humberto Aguilar Coronado, Rafael Moreno Valle Rosas y Jorge Ocejo Moreno, así como el diputado local José Manuel Janeiro Fernández y la ecologista Verónica Mastretta.

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Este viernes 24 de abril, José Tomé Cabrera se despedirá de la conducción el informativo nocturno de la estación Punto10, para incorporarse de lleno a la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, ahora que el domingo 3 de mayo arrancarán oficialmente las campañas de candidatos a diputados federales.

Al frente del noticiario Punto de Vista —que se transmite de lunes a viernes de 19 a 20 horas— se quedará Sandra Izcoa Reyes, quien estará asistida en la conducción por las periodistas Rita Sánchez y Rocío Moreno.

Pepe Tomé tiene previsto regresar al noticiario por ahí del 28 de julio, cuando el informativo cumplirá un año y se irá a dos horas de transmisión en vivo y por internet.

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El dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, quiere traer como invitado especial para el inicio de campaña de sus candidatos a diputados federales al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Por lo pronto se sabe que ya mandó su atenta solicitud a la Secretaría Particular del mandatario mexiquense.

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Lo más interesante del informe de labores que ayer rindieron los seis diputados priístas por la capital del estado, en el Centro de Convenciones, fue la guerra de vivas y porras entre los seguidores del secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

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Simón dice:

«Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo».

 John Fitzgerald Kennedy, expresidente estadounidense, asesinado en 1963.

Una pregunta recurrente entre algunos empresarios y panistas poblanos interesados en el escándalo que se generó por la donación de más de 105 vehículos a la Fundación Cáritas, y por los cuales esta institución de beneficencia privada obtuvo 200 mil pesos, cuando el avalúo de estos automotores era superior a los 3 millones de pesos, es cómo quedó la relación entre el arzobispo Rosendo Huesca Pacheco y el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

El tema para los empresarios está aderezado de cierto morbo, debido a que el puente o vínculo entre ambos personajes era uno de los suyos: Alejandro Carreto Ceballos, el dueño de la fábrica de candiles El Arte Francés, y que en los corrillos políticos y patronales es conocido como Don Candelabro.

Carreto Ceballos, quien fue dirigente de la Coparmex Puebla y presidente del Comité de la Feria en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, fue incluido en la nómina de asesores del ayuntamiento dogerista, y una de sus funciones, sino es que la principal, era servir de enlace entre Doger y Huesca.

De ahí el morbo de ciertos empresarios, ligados ideológicamente al PAN, por saber cómo Don Candelabro le hará para deshacer ese entuerto maquinado por personajes cercanísimos al ex edil que involucraron al Arzobispado y a la Iglesia Católica, vía la Fundación Cáritas, en un escándalo de corrupción.

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Muy a su pesar, Manuel Bartlett no tuvo más remedio que llegar al Club de Empresarios, donde ayer dictó la conferencia Reforma energética y sus alcances, en un automóvil deportivo, color blanco y de dos plazas, marca Mercedes Benz, conducido por su ex secretario de Gobernación y próximo dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros.

“A poco me vas a llevar en eso… voy a hacer el ridículo”, le comentó el ex gobernador al también notario público número 56 de Puebla, poco después de abandonar el edificio Carolino, para trasladarse al hotel Presidente Intercontinental.

Apenado, Carlos Meza le suplicó: “No me haga el desaire”, y entonces Bartlett no tuvo más alternativa que subirse al deportivo Mercedes, con todo y su traje de nacionalista a ultranza.

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Mientras las autoridades de Puebla y Veracruz siguen echándose la bolita sobre el lugar donde fue hallado el cadáver de  la sobrina del arzobispo de Xalapa, Karina Reyes Luna, las evidencias de que esta estudiante de la UPAEP, de la carrera de Diseño y Producción Publicitaria, pudo haber sido secuestrada en la capital poblana son crecientes.

Por lo pronto se sabe, y con certeza, que Karina Reyes asistió el jueves a clases y que ese mismo día partió con destino a Xalapa, ciudad en la que viven sus padres, y a la que ya no llegó.

Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades veracruzanas es la del novio y su hermano, quien al parecer tendría antecedentes penales.

¿Si la sobrina del arzobispo Hipólito Reyes Larios estudiaba en Puebla, de dónde podría ser su novio?

¿Acaso también de Puebla?

¿Y si Karina Reyes estudiaba en la UPAEP?

¿Entonces…?

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Aunque hasta ahora Enrique Doger Guerrero se ha negado a reconocer lo que todo mundo sospecha, que funcionarios de su administración están implicados en el fraude (¿o peculado?) de la donación de la supuesta chatarra municipal a Cáritas, la verdad es que tarde o temprano tendrá que admitirlo.

Por lo pronto hay evidencias documentales de que la empresa que se benefició con la compra de la supuesta “chatarra” –Prestadora  de Servicios Independientes o Generales– no era del todo ajena a personajes muy cercanos a él, como su ex secretario particular y ex secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

Un dato que llama la atención, por ejemplo, es que el accionista y administrador único de esta compañía, Edgar David Reyes Rojas, es cuñado de la que fuera directora de Recursos Humanos en la gestión dogerista, Concepción Caraza Alemán.

Sí, la misma funcionaria que “Kío” promovía como su sucesora en la Secretaría de Administración cuando éste dejó el gobierno municipal para irse como candidato a regidor en la planilla de Blanca Alcalá Ruiz.

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Por cierto.

Otra evidencia de que la polémica donación a Cáritas fue una transa urdida con premeditación, alevosía y ventaja por funcionarios de la administración dogerista, es la prontitud con que la Prestadora de Servicios Independientes y Generales revendió la misma mercancía cinco veces más cara.

De hecho, según información que hoy publicará El Heraldo de Puebla, se sabe que el mismo día que el renunciado presidente de Cáritas, Mariano Saavedra Burgos, recibió sus 200 mil pesotes de la empresa de Edgar David Reyes Rojas, éste firmó un contrató con Francisco Gómez Cisneros para revenderle la supuesta chatarra un millón 100 mil pesos.

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En las diferentes reuniones que los diputados de las comisiones de Transparencia y Gobernación han sostenido con secretarios y consultores del gabinete marinista para analizar los ajustes que tendrán que hacerse antes del 20 de julio a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, resulta que los más reacios a la rendición de cuentas son la consejera jurídica, Claudia Rivadeneyra Torija, y el secretario de Finanzas y Administración, José María Pérez Salazar.

Incluso la primera ha llegado a proponer en varias de esas reuniones artículos y conceptos contrarios al artículo sexto constitucional, asunto que le ha merecido airadas críticas hasta de los diputados del PRI, que no conciben cómo la consejera jurídica del gobierno puede ser tan retrógrada en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Un velo de misterio envuelve la sorpresiva visita que hace un par de semanas realizaron auditores del Órgano Superior de Fiscalización al Instituto Electoral del Estado (IEE), pero sobre todo su decisión de llevarse de la Dirección de Administración 14 cajas con el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación el año pasado.

De acuerdo con una fuente confiable, los auditores solicitaron a la encargada de la Dirección de Administración acceso a las pólizas, facturas, cheques y contratos de esas partidas presupuestales, como consecuencia de una serie de inconsistencias entre el informe financiero del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el reporte del auditor externo —el despacho Freyssinier Morin— y el expediente entregado al Orfise con el estado de origen y aplicación de recursos del IEE durante el 2007.

La gran duda que existe sobre la decisión del Orfise de llevarse 14 cajas de documentos es si la intención en fincarle responsabilidades al presidente del Instituto, Jorge Sánchez, o a ayudarlo a cuadrar las cifras de la cuenta pública antes de que ésta sea revisada por los diputados integrantes de la Comisións Inspectora del Congreso del estado.

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Don José Yitani Maccise me hizo saber ayer que ni él, ni sus hermanos —Jorge, Antonio y Emilio— andan metidos en el proceso de sucesión gubernamental, por lo que no asistirán mañana sábado a la comida de apoyo a Jesús Morales Flores en el Centro Mexicano Libanés.

También me aclaró que su sobrino, Miguel Ángel Yitani, quien es el actual presidente del Centro Mexicano Libanés, tampoco se dejará ver en el evento.

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Una trivia: ¿Con quién de sus más cercanos colaboradores en el ayuntamiento de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se molestó y discutió por el escándalo de corrupción en que se enuentra envuelto por la forma en que se operó la donación de autos, supuestamente chatarra, a la Fundación Cáritas?

Tres tips:

1.- Al susodicho le echó en cara el nombramiento del último tesorero de la gestión dogerista, José María Esquivel Silva, principal implicado en dicho fraude.

2.- El personaje en cuestión terminó peleado al final de la administración municipal con dos de sus principales operadores: Arnoldo Ruiz Arreola “El Ate”, y Miguel Quiroz Escalona.

3.- Gracias a él, Enrique Doger entró en contacto, primero en la UAP, y luego en el ayuntamiento de Puebla, con Gabino Carrandi, un personaje clave en sus negocios, propiedades e inversiones dentro y fuera del país.

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La verdad legal. Jurídicamente el ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, no tiene mucho de qué preocuparse sobre la donación de lotes de vehículos automotores, equipo de cómputo, mobiliario de oficina y equipo de comunicación a la Fundación Cáritas.

Y es que legalmente los funcionarios municipales que participaron en la desincorporación de la supuesta chatarra municipal están protegidos con actas, contratos, recibos y oficios, que demuestran que fue Cáritas, a través de su presidente Mariano Saavedra Burgos, la que recibió los bienes muebles donados, la que propuso a la empresa que los adquirió, la que aceptó el pago de 200 mil pesos, y la que firmó de conformidad.

Así consta en el contrato de compra-venta de chatarra celebrado entre Cáritas y Prestadora de Servicios Independientes o Generales, fechado el 23 de enero de 2008; en el oficio donde el presidente de la Fundación designa a dicha empresa para recoger los bienes “inservibles”, suscrito el 25 de enero; en el acta de entrega-recepción por parte del ayuntamiento de Puebla a la institución de beneficencia privada, del 29 de enero, y en el recibo de conformidad por la cantidad de 200 mil pesos que el mismísimo Mariano Saavedra firmó de su puño y letra el 29 de enero.

En suma: los funcionarios del ayuntamiento que participaron en esta transacción están protegidos, al menos legalmente.

La verdad moral. En la realidad, la desincorporación de bienes “inservibles” o “chatarra” fue un negocio de no menos de 3 millones de pesos, en el que estarían involucrados el ex tesorero José María Esquivel Silva; el ex director de Recursos Materiales, Luciano Javier Martínez, y la ex jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos.

En dicha transa tuvo una participación directa, con pleno conocimiento de causa o como tonto útil, el contador Mariano Saavedra, y subrayo lo de contador para enfatizar que el presidente de la Fundación no es un neófito en la materia o un profesionista poco familiarizado con el costo de los bienes donados.

Un detalle que revela la mala fe de principio a fin en el proceso de donación es que en todos los documentos suscritos por las partes hay omisión intencionada sobre el detalle de los bienes desincoporados del patrimonio municipal, es decir, no aparece por ningún lado un inventario o relación de los autos, computadoras, muebles de oficina y equipo de comunicación donados.

A poco a un contador público en activo se le pudo haber escapado ese detalle.

La verdad, es difícil creerlo.

Como también resulta increíble pensar que se trató de una omisión involuntaria, por parte de los funcionarios municipales, no haber incorporado al expediente de la donación el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007 y el anexo 3 que supuestamente incluye una relación pormenorizada de los 105 vehículos chatarra, y de los lotes de muebles de oficina y equipo de cómputo inservible.

A poco al representante de la Contraloría municipal, Raúl Luis Tlatoa Tecuanhuehue, también se le pasó tan insignificante detalle.

La verdad es que todas esas omisiones lo único que confirman es que se trató de una transa cometida con premeditación, alevosía y ventaja.

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El próximo 14 de junio, el notario público Héctor Jiménez y Meneses celebrará en Atlixco sus 40 años de afiliación y militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional.

Y para el festejo ha organizado una comida, para lo cual ha girado singulares invitaciones, pues en el reverso de éstas aparece su credencial de afiliación como miembro activo del tricolor, fechada el 14 de junio de 1968 y firmada por Alfonso Martínez Domíguez y Enrique Olivares Santana, presidente y secretario general del CEN del PRI.

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La asamblea estatal del Partido Acción Nacional convocada para este domingo será tan, pero tan de hueva (y perdón por la expresión), que ni siquiera habrá necesidad de llevar a votación, como en los anteriores dos procesos, las propuestas de consejeros estatales.

Los nuevos consejeros, menos de 100, serán electos en votación económica y por la vía del fast track.

Es decir, no habrá necesidad de que los grupos en disputa se agarren del chongo o se rasguen las medias en arduas y complicadas negociaciones para obtener la mayoría de los consejeros.

Y es que lo más probable, si es que no se suspende la asamblea, es que la lista de prospectos para el Consejo Estatal llegue a 76, incluyendo a los siete nominados por el Comité Directivo Estatal.

Dos son las causas que explican la pobreza de candidatos y la apatía de los panistas por participar en la asamblea del 1 de junio: una es la suspensión de más de 20 asambleas municipales por conflictos internos o la falta de quórum, entre las que figuran las de San Martín Texmelucan, Atlixco, San Andrés Cholula, Huauchinango y Tlachichuca, y, dos, la falta de operación del secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Félix Hernández Hernández.

Hace tres y seis años, el número de candidatos para integrar el Consejo Estatal fue mayor de 120, por lo que en ambos procesos ese órgano de dirección del PAN tuvo que conformarse con 100 consejeros. Hoy, en cambio, la suma de prospectos de los comités y delegaciones municipales difícilmente llegará a los 69, y eso, insisto, si la asamblea no se suspende.

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Varias son las inconsistencias que ponen de manifiesto que en la donación de vehículos, computadoras y muebles de oficina del ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero a la fundación Cáritas y el Sistema DIF municipal hubo más transas y corruptelas que un genuino afán de asistencia o beneficencia social.

Veamos el caso de los autos.

El Cabildo aprobó donar a Cáritas 105 vehículos, y esta institución de asistencia privada sólo recibió 200 mil pesos en efectivo.

Los regidores acordaron una donación directa, y en la operación fue involucrado un intermediario: la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales, que ni siquiera figura en el Registro Público de la Propiedad.

En la supuesta donación a Cáritas fueron incorporadas 58 unidades adicionales –en su mayoría camionetas Ram Custom, Ram 1500 Pick Up, Ram Pick Up y Pointer City–, que no fueron incluidas por los regidores de la gestión dogerista.

En el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007, donde se tomó el acuerdo de la donación, no aparecen por ningún lado los tres anexos que supuestamente detallan el número, modelo y condiciones de las unidades que serían transferidas a Cáritas.

A diferencia del reporte elaborado por el Departamento de Control Vehicular sobre las 24 unidades donadas al DIF, la relación de autos transferidos a Cáritas es imprecisa, vaga e inexacta.

No existe ninguna evidencia gráfica o documental de que las unidades donadas al DIF fueran, como se dijo, pura chatarra, y menos tratándose de vehículos modelos 2000, 2001 y 2002.

La Fundación Cáritas asegura que fue la pasada administración municipal la que arregló todo lo relacionado con la venta de las unidades, y el ex alcalde Enrique Doger Guerrero sostiene que el presidente de la institución privada de asistencia, Mariano Saavedra Burgos, fue quien propuso a la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales como intermediaria.

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