Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Jesús Morales Flores se anotará este fin de semana otro campanazo electoral al reunir en torno a su persona –y precandidatura al gobierno del estado– a los personajes más representativos de la comunidad libanesa.

La comida, dicen los enterados, tendrá dedicatoria para el delfín del marinismo, quien hace unos días presumió el respaldo de la colonia libanesa y española, tras su encuentro con un grupo de empresarios en la casa de Sebastián Jacobo Yitani.

El banquete tendrá lugar este sábado en el Centro Mexicano Libanés, con la participación de 500 personas, entre familiares, amigos, socios y conocidos de los Yitani Maccise y Yitani Yitani.

El hermano del ex gobernador Melquiades Morales  compartirá la mesa con Doña Rorro Maccise, madre de todos los hermanos Yitani Maccise, y con Juan Yitani Yitani, que hoy por hoy encabezan el club de fans de Don Jesús Morales en la colonia libanesa.

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El día de antier se publicó en este blog una carta aclaratoria del jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría de Salud, Fortino Morales Pacheco, sobre algunas cuestiones que aquí se han abordado.

La misiva en cuestión –que puede consultarse en la columna de hace dos días– afirma textualmente que “el doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa” los insumos y bienes que requiere la dependencia y que “el secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho y nunca lo haría”.

Esto es absolutamente falso, como puede constatarse en cada una de las nueve hojas que integran el pedido SSA-1738/2007, a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., en las cuales se observa claramente que dicho pedido, contratado a la empresa de Dionisio Rodríguez Rodríguez, no sólo fue revisado, sino autorizado por Roberto Morales Flores de su puño y letra.

¿O acaso las rúbricas que aparecen al calce de cada una de las nueve hojas son, pero no son su firma?

Adicionalmente habría que precisar que si bien el secretario de Salud tiene razón en afirmar que el concurso por invitación GESFAC-192/2007 –del cual nos ocupamos aquí el pasado 28 de mayo– fue organizado por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, fue él y nadie más que él quien propuso que dicha licitación fuera restringida y no pública.

Por el monto del pedido, 21 millones 187 mil pesos, y el tipo de mercancía que requería la Secretaría de Salud –papelería y artículos de oficina–, el Comité de Adjudicaciones debió, en apego a la Ley de Adquisiciones del estado, llevar a cabo una licitación pública y no un concurso por invitación como finalmente se hizo.

¿Por qué si Morales Flores es tan ajeno, como dice en su carta, a las compras y proveedores de la Secretaría de Salud, hace lo posible para que las licitaciones no sean públicas?

¿Será por tal razón que sus proveedores consentidos en la Secretaría de Salud sólo tienen contratos en el estado de Puebla?

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Víctima de las presiones y chantajes de sus compañeros de partido y de Cabildo, ayer por la tarde noche falleció de dos infartos al corazón el regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino, brazo derecho del alcalde Noé Peñaloza Hernández.

Antes de perder la vida, en el Hospital Ángeles de esta ciudad, Efrén Ronco se presentó al Palacio de Texmelucan para asistir a una sesión ordinaria de Cabildo, previa a la cual le vino un fuerte dolor de estómago, por el que fue trasladado al centro de salud privado Libert, donde sufrió dos ataques al corazón de los que ya no pudo reponerse.

Descanse en paz.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.

Un personaje célebre entre los funcionarios y proveedores de la Secretaría de Salud del estado es Dionisio Rodríguez Rodríguez, compadre del titular de la dependencia, Roberto Morales Flores.

Su fama de bribón, ya proverbial en los pasillos de la Secretaría, llegó a límites de escándalo en diciembre pasado cuando a través de dos de sus empresas –Comercializadora Sevilla y DR Sagitario– se embolsó 23 millones de pesos.

Dicha cantidad cubría, supuestamente, un requerimiento de papelería y artículos de oficina solicitados por la Jurisdicción de Huejotzingo. Y digo supuestamente porque la magnitud del pedido rebasa con mucho las necesidades de la Secretaría de Salud y sus diez jurisdicciones sanitarias.

Lo escandaloso del caso no es el que requerimiento de ¡23 millones de pesos! haya sido autorizado y pagado por el recién destituido director de Finanzas y Administración, José Luis Palafox Krayevsky, sino que la papelería y los artículos de oficina ni siquiera fueron surtidos.

Así como lo lee.

El atraco fue tan descarado que tuvo intervenir la Contraloría del estado y obligar a Dionisio Rodríguez no a devolver los 23 millones de pesos, sino a entregar la mercancía, cosa que hizo hasta abril de este año.

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La ex regidora panista del ayuntamiento de Puebla, Jacqueline Littardi Meléndez, que en las pasadas elecciones locales se dejó ver en algunos actos de candidatos del PRI, es ya parte del equipo de campaña de Enrique Doger Guerrero a la gubernatura de Puebla.

Esta semana, la ex regidora en la gestión dogerista formalizó su incorporación al Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), es decir, la plataforma política utilizada por el también ex rector de la UAP para promoverse como aspirante a la gubernatura del estado.

Además de Jacqueline Littardi, se espera que en los próximos días hagan lo propio militantes priístas –identificados con el marinismo– y perredistas de Huauchinango y Villa Juárez.

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Este mediodía asumirá oficialmente la diócesis de Tlaxcala, acéfala desde 2006 tras la muerte del obispo Jacinto Guerrero Torres, Francisco Moreno Barrón, quien antes de su designación se desempeñaba como obispo auxiliar de Morelia.

Se espera a su ceremonia de consagración, en el seminario de Y griega, asistan no sólo prominentes miembros del clero mexicano, como el nuncio apostólico Christophe Pierre y 20 obispos mexicanos, sino autoridades civiles, como el gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz y un buen de presidentes municipales de la vecina entidad.

Moreno Barrón llegará a la vivir a la diócesis de Tlaxcala, cuya sede fue totalmente remodelada con recursos del gobierno del estado (algo que parece estar de moda), y a resolver un primer conflicto religioso en San Pablo del Monte, donde los lugareños no quieren al sacerdote que les enviaron como párroco.

La diócesis tlaxcalteca se integra con 65 parroquias, 16 capillas, 165 sacerdotes, 233 religiosas y 23 religiosos.

El nuevo obispo Francisco Moreno Barrón es oriundo de Salamanca, Guanajuato, tiene 54 años, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Morelia, y el 2 de febrero de 2002 fue ordenado obispo titular de Gaguari y auxiliar de Morelia.

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