Una partida de 120 mil pesos mensuales destinada al pago de tres asesores parlamentarios, es hoy motivo de fuertes diferendos entre los 15 legisladores de la bancada poblana del PRI en la Cámara de Diputados.

El origen del conflicto se remonta a la licencia que, como diputado federal propietario, presentó Juan Carlos Lastiri Quirós, para poder ser nombrado secretario de Desarrollo Social del estado, en sustitución de Javier López Zavala.

Con la salida de Lastiri Quirós, algunas diputadas federales, como Julieta Marín Torres, se pronunciaron por el despido de los tres asesores contratados por aquel, no sin antes reclamar para sí los sueldos que aquellos venían cobrando por el orden de los 120 mil pesos mensuales.

Según las cuentas de la legisladora federal por el distrito de Ajalpan, si la partida de asesorías se dividía entre los 15 diputados de la bancada priísta poblana, a cada uno le corresponderían 8 mil pesos adicionales.

Cuando Óscar Aguilar González se enteró de las maniobras y gestiones de Julieta Marín, con el apoyo de Blanca Estela Jiménez Hernández, María Isabel Merlo Talavera, Janet Graciela González Tostado y Leobardo Soto Martínez, para que el dinero de la partida de asesorías se repartiera entre ellos mismos, de inmediato puso el grito en el cielo.

De entrada, expresó que los 120 mil pesos mensuales no sólo cubrían el sueldo de los asesores, sino otros gastos administrativos de la fracción priísta.

Luego, encaró a las diputadas y diputados inconformes, advirtiéndoles que el grupo no podía quedarse sin asesores que los apoyaran en aspectos jurídicos y en la elaboración de iniciativas de ley y puntos de acuerdo.

Y al final no tuvo más remedio que acceder a las presiones de Julieta Marín y otros legisladores priístas, a los que tuvo que entregar no 8 mil pesos, sino 5 mil adicionales, a los 200 mil mensuales que ya de por sí cobran por concepto de dieta, pago de chofer y secretarios técnicos, vales de gasolina y tareas de gestión.

Pero la cosa no acaba ahí.

Resulta que dos de los asesores que dejó Juan Carlos Lastiri (José Antonio Argueta y Bernardo Barrios) —y que ya habían sido despedidos— regresaron a San Lázaro para ponerse de nueva cuenta al servicio de la bancada poblana del PRI.

Cuando se les dijo que ya no había presupuesto para cubrir sus honorarios, éstos respondieron que por eso ni se preocuparan, pues Juan Carlos Lastiri se haría cargo de los mismos.

Cuestión que ya provocó suspicacias entre los diputados poblanos, quienes se preguntan si esos «asesores» estarán siendo pagados con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social del estado o si a través de ellos Juan Carlos Lastiri querría seguir controlando el destino de la legisladores priístas que alguna vez coordinó.

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Javier Sánchez Galicia presentó este lunes una solicitud de licencia sin goce de sueldo, para separarse por tres meses de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, para integrarse de tiempo completo al PRI y a las campañas de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Lo anterior trascendió la noche de este lunes, en el marco de una cena que el candidato de la Alianza PRI-PVEM a la presidencia municipal de Puebla, Mario Montero Serrano, ofreció a columnistas y directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«El principal valor del dinero radica en que lo estimamos más de lo que vale.»

Henry-Louis Mencken (1880-1956). Periodista y escritor estadounidense.

Aunque no tengo bola de cristal, puedo anticiparle que después de la reunión que este viernes sostendrán entre las 9 y las 10 de la mañana el secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, y el secretario general de la Sección 25 Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Malcom Ramírez Martínez, se iniciará una cascada de protestas, marchas y paros, en los hospitales, clínicas y centros de salud de la entidad.

Las protestas podrían comenzar este viernes con la suspensión de labores en el Hospital General del Sur, de Agua Santa, y con un plantón permanente en las oficinas de la Secretaría de Salud, si el doctor Antonio Marín no recibe o deja plantados a los dirigentes del sindicato.

La inconformidad de los sindicalizados podría ser respaldada por algunos empleados de oficinas centrales y mandos medios de jurisdicciones sanitarias, después de que esta semana el secretario de Salud decidió relevar de sus funciones a la subdirectora de Epidemiología y Atención Preventiva, Diana Celia Carpio Díaz; al subdirector del Seguro Popular, Joaquín Bianchini Maldonado; al jefe del Departamento de Afiliación del Seguro Popular, Francisco Rafael Cajica Arenas; al jefe del Departamento de Trasplantes de Órganos, Miguel Ángel García Martínez; y a la jefa de la jurisdicción sanitaria número 6, Sonia Esther Aguirre Sandoval.

Unos y otros se quejan por la negativa de abrir nuevas plazas de médicos y enfermeras, por el despido injustificado de personal de base y de confianza, por el desabasto de medicamentos y material de curación, por la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones sanitarias, y por anomalías en el manejo de los recursos del Seguro Popular.

El movimiento sindical —que es alentado por algunas instancias gubernamentales— marcará el principio del fin de Antonio Marín como secretario de Salud del estado.

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Otro funcionario en problemas, pero éste del gobierno federal, es el delegado de la Procuraduría Federal de Proteción al Ambiente (Profepa), Rubén Pedro Rodríguez Torres, quien actualmente se encuentra suspendido.

Las razones se desconocen, pero se cree que esta amonestación tiene su origen en las protestas del gobierno del estado por el amago del delegado de clausurar las vías de acceso a la Célula, y sus declaraciones en el sentido de que tales obras de infraestructura habrían provocado un daño ecológico en la zona por la destrucción de cactáceas y otras especies vegetales protegidas.

Hasta donde se sabe, ésta es la segunda ocasión en que Rodríguez Torres es suspendido por faltas y errores administrativos.

La primera suspensión estuvo relacionada con la pérdida de cheques de nómina y otros documentos de la Profepa.

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Simón dice:

«El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe»

José Letamendi De Manjarrés, médico y escritor español

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PRI y PAN elegirán más o menos por las mismas fechas a sus candidatos a diputados al Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Las respectivas convocatorias se conocerán por ahí del 15 de enero, y para finales de mes se sabrá quienes finalmente serán los abanderados de uno y otro partidos.

En el caso del partido tricolor, el gobernador Mario Marín Torres llevará mano en las nominaciones de las fórmulas que se registren en cada uno de los 16 distritos en que se divide la entidad poblana.

Por lo que hace al PAN, la mayor parte de las candidaturas serán decididas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), previa consulta con algunos actores locales, entre ellos los senadores Rafael Moreno Valle Rosas y Ángel Alonso Díaz Caneja.

Si el gobernador Mario Marín logra ganar 10 o la totalidad de los 16 distritos, sus posibilidades de dejar sucesor en la persona del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, serán mayores.

Pero si, por el contrario, perdiera más de siete distritos, lo más probable es que su margen de maniobra con miras a la elecciones locales de 2010 se acote de tal manera que lo único que le permitan sea ejercer su derecho de veto.

Para el PAN los escenarios son diferentes. Si los candidatos designados por el CEN obtienen buenos resultados, lo más seguro que el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su operador en Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, se empeñe en postular al senador Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a la gubernatura de Puebla.

Pero si los candidatos designados por el CEN fracasaran en los comicios federales de julio, entonces lo más probable es que los grupos locales del PAN —entiéndase El Yunque en sus distintas ramificaciones— sean los que definan al candidato a Casa Puebla.

En tal escenario no hay que descartar la nominación del senador Moreno Valle, siempre y cuando éste pacte con la cúpula de El Yunque un gobierno de coalición y se comprometa a dejar el control del PAN a esta organización.

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Que ayer, sin que se conozcan hasta ahora las razones de fondo, dejaron de laborar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (SCT), Leticia Alvarado Machorro y Carolina Godinez Godibar, como coordinadora general administrativa y jefa del Departamento de Recursos Humanos, respectivamente.

Tras su remoción, despido o renuncia, se desataron en la SCT una serie de versiones y rumores sobre un inmente recorte de personal —anoche se decía que 120 empleados causarían baja—, como consecuencia de problemas administrativos en la dependencia y la necesidad de incorporar a la nómina a operadores electorales priístas.

No está de más señalar que la Coordinación General Administrativa ha sido un área conflictiva para el titular de la SCT, Valentín Meneses Rojas, pues en menos de un año ha tenido a dos coordinadores. El primero fue Horacio de la Cruz Sabás.

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