* Jorge Sánchez alienta denuncias en contra de la directora general

* Enrique Doger negocia la alcaldía y una diputación plurinominal

Si las relaciones entre el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, y el anterior director general del organismo, José Antonio Bretón Betanzos, eran pésimas, las que mantiene con la actual directora Marcelina Sánchez Muñoz son francamente nocivas.

A tal grado, que uno y otra han convertido al Instituto en campo de batalla de sus confrontaciones y zancadillas políticas, en al menos cinco frentes, en perjuicio del desarrollo, organización, credibilidad y certidumbre del proceso electoral en marcha.

El primer frente de batalla lo es la investigación sobre la desaparición y venta del material electoral en buen estado, por parte de Marcelina Sánchez, en perjuicio del patrimonio del IEE.

De acuerdo con distintos oficios y memorandums que el propio presidente del Instituto ha circulado, Marcelina Sánchez sería responsable de la desaparición de urnas, mamparas y otros materiales que se adquirieron para el proceso electoral del 2007 —en alrededor de 8 millones pesos— y que en las elecciones de julio de este año serían reutilizados.

En febrero de 2009, siendo directora de Organización Electoral, Marcelina Sánchez reportó la existencia en buen estado de 5,340 urnas para la elección de miembros de ayuntamientos, de 5,440 urnas para la elección de diputados, así como otros materiales y utensilios electorales como cintas de seguridad, cajas contenedoras y tijeras.

El caso es que diciembre del mismo año, la Contraloría Interna del Instituto emitió un reporte al consejero presidente de la Comisión Administrativa, Miguel David Jiménez López, informándole que en bodega sólo se hallaron 1,700 urnas de la elección de miembros de ayuntamientos, y 1,700 mamparas, las cuales fueron vendidas al ingeniero Roberto Ruiz Ríos en 129 mil pesos.

La investigación que el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, solicitó para saber qué pasó con el grueso de las urnas y mamparas que Marcelina Sánchez reportó en buen estado, sigue empantanada, por la negligencia del contralor interno del Instituto, Paul Rodríguez Barragán, y de la hoy directora general del Instituto.

Un segundo punto de conflicto entre el presidente del IEE y la directora general es la resolución de la Contraloría Interna sobre el desempeño de Verónica Paola Cruz Castillo como encargada administrativa hasta el viernes 6 de noviembre de 2009.

Marcelina Muñoz apoya la resolución del contralor Paul Rodríguez para que la exprotegida de Jorge Sánchez —a quien se le responsabiliza de la pérdida de los depósitos que el Instituto pagó por la renta de diversos inmuebles en las elecciones de 2007— sea sancionada e inhabilitada del servicio público un año, cuestión a la que el susodicho se opone, postergando el tema en las sesiones y mesas de trabajo del Consejo General.

El cambio de sede del Instituto, de las oficinas de 15 Poniente 3515 de la colonia Belisario Domínguez, al edificio del boulevard Atlixco 2103, es otro motivo de controversia.

Jorge Sánchez no sólo se abstuvo en la votación donde los consejeros decidieron cuál sería la nueva sede del Instituto, sino que ha dejado correr la especie de que ésta obedece a un pago de facturas de Marcelina con los hijos de quien fuera su jefe en el ISSSTEP, el extinto Miguel Martínez Villalpando, propietarios del edificio del boulevard Atlixco.

La jerarquía sobre algunos directores y funcionarios que noviembre de 2009 llegaron al Instituto, muchos de ellos sin antecedentes en el Servicio Electoral Profesional del IEE, es un cuarto campo de batalla entre el consejero presidente y la directora general del organismo.

A diferencia de lo que ocurría hasta noviembre de 2009, donde Jorge Sánchez hacía y deshacía en la Dirección Administrativa, con la complicidad de la entonces encargada de despacho Verónica Paola Cruz, el margen de acción del consejero presidente en esta y otras direcciones del Instituto ahora es limitado.

De entrada, el nuevo director Administrativo, Francisco Rivera Morán, no fue propuesto por él, sino enviado por la Secretaría de Finanzas y Administración para poner orden en el Instituto.

El nuevo contralor interno Paul Rodríguez Barragán —quien de 2004 a 2007 fue jefe de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General del IEE, de la que salió por diferencias con José Antonio Bretón — tampoco es una propuesta suya, sino de los consejeros Paul Monterrosas Román y Joel Paredes Olguín.

De la actual estructura administrativa y operativa del IEE, el consejero presidente sólo tiene como aliado al director de Organización Electoral, Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, a quien incluso intentó llevar a la Dirección General, en lugar de Marcelina Sánchez Muñoz, cuyo nombramiento fue impulsado y consensuado por el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto, José Alarcón Hernández.

El quinto frente de batalla está relacionado con la falta de códigos electorales y el atraso en la impresión de éstos, lo que afecta a los consejeros distritales, que ahora tienen que andar sacando copias para saber cómo aplicar la legislación vigente.

Uno y otra se echan la culpa.

Para que el Instituto cuente con códigos requiere convocar a una licitación pública o convocar a un concurso por invitación a un mínimo de tres proveedores, lo que de cualquier manera demorará la dotación de ejemplares a los consejos distritales y municipales por otros 30 días.

El jueves de hace ocho días, el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se reunió a comer con los dirigentes estatales del PRD, Convergencia y el PT, en un jardín de Atlixco propiedad del llamado Niño Naranja, José Juan Espinosa Torres.

La reunión fue a petición del propio Doger por conducto del diputado Jorge Alfonso Ruiz Romero, quien también asistió a la comida que concluyó al filo de las 18 horas, minutos después de que el dirigente estatal perredista, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, se despidió para ir a presentar su examen de maestría en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Durante el encuentro, el exmunícipe exploró la posibilidad de que los tres dirigentes de la izquierda poblana se aliaran con el PAN en las elecciones locales de julio del próximo año, llevando al senador Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a la gubernatura y a él como candidato a la alcaldía de Puebla.

Sin embargo, Doger Guerrero no encontró eco.

Por el contrario, el convergente José Juan Espinosa le dijo que esa posibilidad estaba cancelada, que no había condiciones para una coalición de esa naturaleza, amén de que los partidos del frente Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) no se sumarían al proyecto de Moreno Valle a la gubernatura.

En el mismo tenor se pronunciaron el dirigente del PT, Zeferino Martínez Rodríguez, y el perredista Miguel Ángel de la Rosa, aunque éste último —en una reunión previa con el mismo Enrique Doger— sí abrió esa eventualidad siempre y cuando se establezcan algunos candados, los cuales allí no mencionó.

En cambio, los dirigentes estatales del DIA plantearon a Doger que sí lo apoyarían como candidato, pero a la gubernatura y en una coalición de los tres partidos de izquierda.

Palabras más, palabras menos, le dijeron al expresidente municipal que no querían que los usara para chantajear al PRI ni tampoco como instrumento para que Javier López Zavala perdiera la gubernatura frente al panista Moreno Valle.

Lo que nos interesa es ganar, no hacer perder a Zavala o beneficiar a Moreno Valle, le insistieron al tiempo de explicarle que esa misma posición era la de Manuel Camacho Solís y sus dirigencias nacionales.

Fue entonces que la conversación derivó hacia lo económico. Doger preguntó una y otra vez cuánto dinero le aportarían a la campaña, pues sin recursos económicos las posibilidades de una victoria electoral eran prácticamente nulas.

La respuesta de los dirigentes de Convergencia, PRD y PT no fue de su agrado, pues le dijeron que aunque los tres partidos canalizaran a su campaña la totalidad de los recursos que obtuvieran del Instituto Electoral del Estado y sus dirigencias nacionales, éstos tampoco serían suficientes, por lo que él también tendría que conseguir y aportar dinero si quería ganar.

De más está contar cómo terminó la reunión y cuál fue el ánimo del anfitrión y los convidados al rancho de José Juan Espinosa ubicado en el antiguo camino a Nexatengo, del municipio de Atlixco.

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Que hace unos días, después de una auditoría a la Coordinación de la Jurisdicción Sanitaria número 4 (San Salvador El Seco) de la Secretaría de Salud del estado, fue despedido el director de Administración, Arturo Mendoza.

El problema es que las anomalías arrojadas por la auditoría también alcanzaron al exjefe de esa jurisdicción, Oscar Antonio de la O, quien había sido reubicado en la número 5, de Huejotzingo.

La investigación comenzó debido a una serie de quejas y denuncias por la pérdida de medicamento y material de curación en las llamadas caravanas de salud, del Programa Oportunidades, y por el desvío de vales de gasolina destinados al parque vehicular de esta jurisdicción sanitaria.

Los detalles de todas las anomalías e irregularidades halladas en la jurisdicción de San Salvador El Seco, que involucran al exjefe de la misma y al exdirector administrativo, los tiene Rebeca Lavalle, del Departamento de Seguimiento Operacional de la Secretaría de Salud.

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Simón dice:

«Hay que ser infiel, pero nunca desleal».

Gabriel García Márquez (1927) Escritor colombiano.

Con bombos y platillos, el gobierno del estado anunciará de un momento a otro que ya firmó un convenio con el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), por el cual los defraudados de la financiera Coofia podrán recuperar la mayor parte de sus ahorros e inversiones.

El convenio, firmado por el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, y el comisionado del Fipago, Guillermo Barnes García, beneficiará en principio a las personas que ya demandaron o acudieron a la Procuraduría del Ciudadano para exigir la devolución de sus ahorros.

De acuerdo con informes preliminares del procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, hasta el momento se tienen contabilizadas 2,500 denuncias por un monto de 301 millones de pesos en conjunto.

Sin embargo, se sabe que los defraudados por Coofia son alrededor de 25 mil y que el fraude cometido por esta empresa financiera —que de 2005 a 2008 operó con el aval de la Secretaría de Finanzas como receptora del pago de impuestos locales— podría llegar a los 1,500 millones de pesos.

Aunque los detalles del convenio se conocerán en las próximas horas, ha trascendido que el Fipago no restituirá a los afectados el 100 por ciento de sus ahorros e inversiones, sino sólo el 76%.

Hasta ahora las autoridades no han logrado detener al principal dueño de Coofia, Valente Medina Seoane, quien no hace mucho era presumido por políticos, tesoreros, empresarios y funcionarios de primer nivel en Puebla, con quienes se asoció o hizo millonarios negocios.

La Procuraduría General de Justicia sólo ha conseguido aprehender a tres ejecutivos de esta financiera: Carlos Flores Reyes, Ignacio Medina García y Humberto Raya Sotero, éste último, por cierto, dejó la cárcel hace unos días, en tanto que los otros aún siguen presos en el penal de San Pedro Cholula.

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Simón dice:

«El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza».

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico.