Algunos empleados municipales que la semana pasada participaron en el remate de más de 130 unidades del parque vehicular del ayuntamiento de Puebla están que echan ajos y cebollas en contra de algunos funcionarios venidos del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Y es que resulta que los autos que una docena de empleados y trabajadores de la Tesorería y la Secretaria de Administración compraron a precio de remate, ahora tienen que devolverlos y renunciar a ellos para que vuelvan a ser vendidos.

La resolución los tiene inconformes, no solo porque ya se sentían dueños de un Chevi 2009 o un Jetta del mismo modelo tras desembolsar 12 o 20 mil pesos, sino porque la medida fue selectiva.

Es decir, la decisión de devolver las unidades que habían pagado –y por las cuales incluso se les extendió una factura electrónica– no involucró a todo el personal que las adquirió, sino sólo a unos cuantos empleados adscritos a la Tesorería y la Secretaría de Administración.

Y digo unos cuantos porque hay subordinados de altos mandos de algunas dependencias que sí podrán quedarse con los autos que adquirieron a precio de remate.

Entre las unidades del parque vehicular subastado había motocicletas, autos Jettas, Pointers, y Chevis, así como camionetas Ram Charger.

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Este lunes corrió como reguero de pólvora entre los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Puebla que el Comité Ejecutivo del Sindicato Benito Juárez García pronto tendrá nuevo secretario de Finanzas.

La versión tiene su origen en el nombramiento de quien ocupaba esa cartera sindical, Orlando López Reyes, como titular de la Delegación Amalucan, y de su cuñada Sarahit Martínez Alonso, quien fungía como secretaria de Prensa y Publicidad del Sindicato, como subdelegada en la misma Delegación.

¿Qué eso no es nepotismo?

Pero volvamos al tema que nos ocupa: el nombre de quien se hará cargo de la Secretaría de Finanzas del Sindicato, ante la salida de Orlando López.

Dos son los escenarios que se plantean: 1) que el sucesor de aquel será el actual secretario de Trabajo y Conflictos, Humberto Sánchez Bustos y 2) que el nuevo secretario de Finanzas será un recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento de Puebla, Rafael Ruiz Cordero.

Los enterados aseguran que el escenario 1 es el más viable, pues con ese movimiento también se abriría un espacio para Gonzalo Juárez Méndez, quien dejaría la secretaría del Órgano Colegiado de Honor y Justicia, para convertirse en secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo y más tarde el secretario general en sustitución de Daniel Ortiz Acevedo.

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Las versiones de que en cualquier momento podría ser relevado o removido el secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del ayuntamiento de Puebla, Daniel Ortiz Acevedo, son crecientes.

Y ya hasta se especula que su sucesor en la dirigencia del sindicato Benito Juárez podría ser Gonzalo Juárez Méndez, quien por el momento se desempeña como secretario del Órgano Colegiado de Honor y Justicia.

Según esta versión el tal Gonzalo Juárez es la persona a la que recurrieron los trabadores despedidos la semana pasada y que gestionó y negoció con el secretario de Administración del ayuntamiento de Puebla, Rafael Ruiz Cordero, su inmediata reinstalación.

Se dice que el propósito de esa maniobra es irle ganando adeptos.

La sustitución de Daniel Ortiz no se vislumbra como una tarea fácil, a pesar de su falta de liderazgo y las críticas de los últimos días en las que empleados de base le exigen informes sobre la aplicación de las millonarias cuentas sindicales.

Y es que este cuenta con el apoyo de un bloque del actual Comité Ejecutivo Estatal, en el que figuran Humberto Sánchez Bustos, secretario de Trabajo y Conflictos; Rubén Beltrán Valenzuela, secretario de Actas y Acuerdos; Raúl de la Cruz García, secretario de Escalafón; Jorge Alberto Arroyo Lazcano, secretario de Eulalio Enrique García Martínez, presidente del Órgano Colegiado de Honor; y Maribel Castillo Sánchez, secretaria de Organización Sindical, Estadísticas y Planeación.

Su cuestionada dirigencia es también apoyada por el secretario de Administración de la comuna, Rafael Ruiz.

En el otro bando o bloque están Orlando López Reyes secretario de Finanzas, y quien encabezó la embestida gubernamental en contra del anterior secretario general del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez; Sarahit Martínez Alonso, secretaria de Prensa y Publicidad; Juan Sánchez Duarte, secretario de Relaciones Sindicales, Asuntos Políticos y Sociales; Roberto Flores González, secretario de Acción Juvenil y Deporte; María Guadalupe Morales Huerta, secretaria de Acción Femenil; y Jaime Rojas Romero, presidente del Órgano Colegiado de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas.

A este grupo lo respalda el síndico del ayuntamiento, Héctor Sánchez Sánchez.

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Hace unos días preguntaba aquí ¿para qué el gobierno de Puebla habría contratado los servicios de una empresa como Hacking Team dedicada al espionaje cibernético?

Hoy tengo que reformular la pregunta ante los nuevos archivos que han aparecido de esta empresa italiana en los que se revela que sus servicios fueron requeridos no por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia o la Secretaría General de Gobierno, sino directamente por la Oficina del Gobernador.

¿Para qué querría la Oficina del Gobernador los servicios de esta compañía internacional de hackers y en específico el Sistema de Control Remoto Galileo y un inyector de malware, es decir un software malicioso que se introduce en las computadoras y dispositivos móviles para espiar conversaciones y correos electrónicos enviándolos a otro ordenador a distancia?

¿Quién de la Oficina del Gobernador opera este equipo? ¿Con qué insanos propósitos?

¿Que no es un delito intervenir las comunicaciones privadas de las personas sin orden judicial?

Para aclarar malos entendidos ¿la Oficina del Gobernador hará públicos los contratos con Hacking Team, Grupo Kabat o SYM Servicios Integrales SA? ¿O para variar se mantendrán en la opacidad?

¿Con quién de la oficina del mandatario estatal se entiende el representante de Hacking Team en México, Daniel Martínez Moreno?

¿Quién le cubre sus gastos de alimentación, hospedaje y viáticos cuando viene a Puebla?

¿Fue él quien vino del 8 al 12 de diciembre de 2014 al frente de un grupo de empleados de Hacking Team para capacitar a funcionarios poblanos, hospedándose en el hotel HN del Centro Histórico de Puebla?

¿Quién es Div Yarimi, director general de SYM? ¿Es un nombre real o un pseudónimo? ¿Quién es el personaje que se esconde detrás de la cuenta soporteuiamx@gmail.com?

¿Nos lo revelarán las autoridades o habrá que esperar que la información salga de los archivos que le fueron hackeados a la empresa italiana?

Siguen siendo preguntas, que conste.

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El diputado federal Enrique Doger Guerrero sigue construyendo acuerdos con miras a la minigubernatura del 2016. Este jueves se reunió por más de dos horas con el subsecretario nacional de la Sedesol, el poblano Juan Carlos Lastiri Quirós, en el restaurante La Encomienda de la zona de Angelópolis.

El encuentro de los priístas tuvo lugar al filo de las 19 horas y terminó algunos minutos después de las 21 horas en un ambiente de cordialidad.

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El rector de la Buap, Alfonso Esparza Ortiz, acudió este jueves a la celebración del Día del Abogado en la residencia oficial de Los Pinos, que se adelantó por el próximo viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Francia. El rector compartió la mesa con el abogadoDiego Fernández de Cevallos.

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Un tema al que las autoridades estatales están dando poca importancia pese a que podría complicarles el cierre de la administración en el último año del sexenio son los juicios y resoluciones que viene posponiendo.

Entre ellos el cumplimiento a cabalidad de las once recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, del que este jueves se cumple un año sin que a los afectados y víctimas de aquel violento desalojo les hayan aun reparado los daños u ofrecido una disculpa pública conforme a los estándares internacionales.

Las decenas de juicios penales abiertos en contra críticos y opositores al régimen que se litigan en juzgados estatales y federales, y por los cuales algunos de estos se encuentran recluidos en diferentes cárceles de la entidad (Rubén Sarabia Simitrio, Israel Pacheco, los Xicale, los ex alcaldes auxiliares de Canoa y Chalchihuapan) y otros en libertad bajo caución como Miguel Guerra Castillo, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Félix Montes Xelhua, entre otros.

Y las centenas de demandas laborales que siguen acumulándose en el Tribunal de Arbitraje del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje promovidas por burócratas y empleados despedidos, algunos con 25 y 30 años de servicio en el servicio público, y por las cuales el gobierno estatal tarde o temprano tendrá que responder ya sea reinstalando a los trabajadores, liquidándolos o pagándoles salarios caídos.

Da la impresión que el gobierno no visualiza que se encuentra en la recta final del sexenio o que el año entrante será el más complicado y difícil de todos, no solo por el desgaste natural de cualquier administración sino porque habrá elecciones y poco dinero para hacer frente a las deudas y compromisos contraídos.

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A propósito de despedidos.

Cuentan que en el ayuntamiento de Puebla dos funcionarios de alto nivel han entrado en conflicto por control de la dirigencia sindical y el manejo de las cuotas sindicales, y que en el meollo del diferendo está un despacho de contadores que representa legalmente al Sindicato Benito Juárez.

Se trata del despacho Amaro Reyna y Herrero Consultores SC, cuyo titular, el contador Germán Reyna y Herrero, es un viejo conocido de Rafael Ruiz Cordero desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El conflicto está relacionado con el monto del contrato y los honorarios que el despacho cobra al Sindicato Benito Juárez por asesorarlo y representarlo jurídicamente ante el ayuntamiento de Puebla y otras instancias en las que sean requeridos sus servicios y acciones judiciales y extrajudiciales.

Según esta versión el contrato de prestación de servicios entre el recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento y la dirigencia sindical asciende a unos 6.7 millones de pesos, es decir a unos 150 mil 800 pesos mensuales durante casi cuatro años.

Cuestión esta que no es del agrado del síndico municipal Héctor Sánchez Sánchez, que no entiende por qué si él puso a los dirigentes del Sindicato Benito Juárez ahora él no puede opinar sobre el despacho que los puede representar.

Los enterados aseguran que las últimas protestas de trabajadores sindicalizados exigiendo rendición de cuentas a la dirigencia del gremio encabezada por Daniel Ortiz Acevedo no son ajenas a este conflicto entre el secretario de Administración y el síndico municipal.

¿Será?

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En la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en el vecino estado de Tlaxcala el mandatario poblano Rafael Moreno Valle fue relegado en la foto oficial del evento, ya que fue ubicado en la segunda fila y hasta el final.

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Trabajadores de base del ayuntamiento de Puebla que hace un mes demandaron la celebración de una asamblea para que el actual Comité Ejecutivo del Sindicato Benito Juárez informara sobre sus ingresos y la aplicación de las cuotas sindicales, hoy comenzaron a ser presionados para que presenten su «renuncia voluntaria».

Entre ellos María Tanya Rodríguez Méndez, con número de control 303149, quien el pasado 4 de junio presentó un oficio al secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabadores del H. Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Descentralizados «Licenciado Benito Juárez García», Daniel Ortiz Acevedo, solicitándole una asamblea en la que rindiera cuentas de la administración del patrimonio sindical.

Su petición está fundamentada en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 99 fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

El primer artículo establece que las directivas sindicales están obligadas a rendir cada seis meses cuentas completas y detalladas de la administración del patrimonio sindical, y el segundo que el Sindicato debe informar cada tres meses a sus agremiados el estado que guardan las finanzas y la aplicación de los recursos de los trabajadores.

Pero si los anteriores artículos no fueran suficientes para que la dirigencia del Sindicato Benito Juárez encabezada por Daniel Ortiz rindiera cuentas, hay que decir que el artículo 104 de la Ley Burocrática del estado estipula que en caso de incumplimiento de los artículos 99 y 100 de la legislación en cuestión, «el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla podrá determinar la cancelación del registro de la Directiva o Comité Ejecutivo o del registro y reconocimiento del Sindicato, según corresponda».

En este contexto resulta contradictorio que los empleados del Ayuntamiento que exigen cuentas a su líder sindical, estén siendo presionados a renunciar y más cuando la actual dirigencia logró encumbrarse y deponer al anterior secretario general del Sindicato, Israel Pacheco Velázquez, acusándolo de corrupción y enriquecimiento inexplicable con las cuotas de los trabajadores.

Y más que estas presiones y despidos estén siendo respaldados por la Secretaría de Administración del Ayuntamiento, que se encarga de convocar a los trabajadores identificados como críticos u opositores del actual Comité Ejecutivo para decirles que dejan de exigir cuentas a sus representantes sindicales o presentan su renuncia.

En la lista negra elaborada por la actual dirigencia sindical aparecen además de María Tanya Rodríguez, Ivonne Tello, Manuel Abraham, Guadalupe Herrera, Verónica Lavalle, Nayeli Sarmiento, Beatriz Rhodas, Cristay Aparicio y Carolina Munguía, ente otros.

Su pecado: exigir cuentas a un Comité Sindical que se encumbró con la demanda de la transparencia y la rendición de cuentas al destituido Israel Pacheco, que fueron delegados o tuvieron alguna cercanía con aquel o que hoy mantienen una posición crítica hacia los tres principales integrantes del sindicato Benito Juárez: el secretario general, Daniel Ortiz; el secretario de Trabajo y Conflictos, Humberto Sánchez Bustos; y el secretario de Finanzas, Orlando López Reyes.

Este último, por cierto, fue quien demandó a Israel Pacheco por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito.

¿Cuántos trabajadores serán despedidos?

La cifra exacta sólo la tienen las autoridades, pero se dice que serán alrededor de 200 y que los primeros 50 saldrán esta quincena.

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