Si bien la ventaja de 20 puntos del panista Eduardo Rivera Pérez sobre el priísta Mario Montero Serrano en las elecciones para presidente municipal de Puebla no deja de llamar la atención, lo realmente sorprendente es el desplome del PRI.

Veamos:

En las elecciones de 2004, donde el candidato del tricolor a la alcaldía capitalina fue Enrique Doger Guerrero, el PRI obtuvo 242 mil 804 votos, equivalentes al 49.42% de la votación; y en las de 2007, con Blanca Alcalá Ruiz, 224 mil 538 sufragios, que representaron el 50.65% de la votación.

En cambio, en las elecciones del domingo pasado, la Alianza Puebla Avanza —conformada por el PRI y el PVEM— registró 192 mil 046 votos, que corresponden al 36.92% de la votación, de acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Con respecto a 2004, el retroceso del PRI es de más de 50 mil votos y con respecto a 2007 de más de 32 mil.

Esta caída es —en realidad— mayor, si se consideran un par de cuestiones: la primera es que en esta elección el PRI no fue solo sino en coalición con el PVEM, y que la lista nominal de electores del municipio de Puebla ha crecido al menos un 6% entre 2004 y 2010.

¿Cómo explicar este desplome?

Una primera explicación radica, sin duda, en el candidato Mario Montero Serrano, cuyos atributos, desde el comienzo de la contienda, nunca fueron bien valorados por la mayoría de los votantes.

El exsecretario de Gobernación de Mario Marín ciertamente era un priísta conocido y con trayectoria en la política, el PRI y la administración pública, pero con bajos niveles de confianza y potencial de voto.

Una segunda explicación —y creo la más relevante— es que en estos comicios el PRI no sólo sobredimensionó su voto duro y leal, sino que renunció a la conquista del elector volátil o switcher.

Mario Montero y sus estrategas creyeron que el voto duro y leal del PRI sería suficiente para ganar el proceso, en un escenario de baja participación electoral.

Es obvio que se equivocaron y que los electores volátiles o switcher fueron cachados por el candidato de la coalición Compromiso por Puebla.

Sólo así se explica la votación histórica alcanzada por Eduardo Rivera en los comicios del domingo, que rebasa con mucho la obtenida por Acción Nacional en anteriores elecciones.

En 2001, cuando ganó la alcaldía de la capital con Luis Eduardo Paredes Moctezuma, el PAN logró 170 mil 880 votos; en 2004, 198 mil 744; y en 2007, 129 mil 156.

Los más de 294 mil sufragios que Eduardo Rivera obtuvo en la jornada dominical, no sólo representan 127% más con relación a 2007, sino un crecimiento de casi 100 mil con respecto a su máximo histórico en una elección para presidente municipal.

Tres son los factores que explican la cifra alcanzada por la coalición Compromiso por Puebla en la capital: uno, es la ola generada por el candidato opositor a la gubernatura, Rafael Moreno Valle; dos, el perfil fresco, juvenil y plural de Eduardo Rivera y su planilla de regidores y síndico y; tres, la participación ciudadana del 56% o más de los inscritos en la lista nominal del municipio.

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En la sesión de hoy, efectuada en las instalaciones del OFS, los diputados aprobaron los dictámenes con las cuentas públicas de los poderes legislativo y judicial, y se espera que mañana aprueben la del titular del Poder Ejecutivo, para que el jueves pase al pleno y sea aprobada por la mayoría de los diputados de la LVII Legislatura local.

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Simón dice:

Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos.

Fiodor Dostoievski (1821-1881). Novelista ruso.

Una renuncia de la poco o nada se ha informado, no obstante haberse dado hace poco más de un mes, es la de Roberto Díaz Sáenz, como director jurídico del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Su salida estuvo precedida de un escándalo, que hoy tiene contra las cuerdas al Poder Legislativo, pero sobre todo al OFS, en caso de que decida iniciar pliegos de cargos o abrir procesos de determinación de responsabilidades en contra de algún presidente municipal o servidor público.

Y es que a Roberto Díaz Sáenz se le vencieron los plazos legales que éste tenía como director jurídico del OFS para notificar pliegos de observaciones y pliegos de cargos a más de una centena de presidentes municipales y otros sujetos obligados, de cuentas públicas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008.

La omisión quiso ser subsanada por el auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, y el presidente de la Gran Comisión, el diputado José Othón Bailleres Carriles, a través de un acuerdo del propio Congreso del estado.

Pero advertidos de la ilegalidad de ese acuerdo, y de que cualquier presidente municipal o servidor público que se inconformara podría echarlo abajo con un amparo, optaron por ir al origen del conflicto, deshaciéndose del responsable del lamentable descuido o la inexcusable negligencia.

Y fue así como Roberto Díaz fue relevado de la Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior, para dejar en su lugar, en calidad de interino, a José de Jesús Pérez Fortunio, quien ya ocupó este cargo a la salida de Rafael Velasco Oliver.

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Aun cuando hasta sus propios compañeros de partido ven como muy lejana la posibilidad de que se cuele a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, yendo en el lugar número 15 de la lista de candidatos plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción electoral del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la verdad es que José Luis Carmona Ruiz “El Chango” podría dar la sorpresa.

Y no porque el PAN vaya a perder por un reducido margen la mayoría de los distritos de esta demarcación territorial frente al PRI o porque la dirigencia nacional panista haya decidido cambiarlo al quinto o al décimo lugar, sino porque hay nueve candidatos que lo anteceden que van por las dos vías, es decir como candidatos uninominales y plurinominales.

Una de ellas es su paisana por el distrito 9 de Puebla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, quien va en el lugar cinco de la lista de plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción.

Según las cuentas de “El Chango” Carmona y sus seguidores, bastaría que tres de estos nueve candidatos del PAN ganarán su elección de mayoría relativa, para que él lograra hacerse de una curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

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Simón dice:

“La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables”.
Orison Swett Marden (1850-1924). Escritor de libros de autoayuda.

Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx

Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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