Antes de que concluya esta semana los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado tendrán en su escritorio copia de la denuncia que su compañero de curul José Manuel Janeiro Fernández formuló por el probable delito de evasión fiscal en contra del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

La intención del legislador panista es, por un lado, evidenciar la labor de fiscalización del OFS y su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien le pasó de noche un hoyo fiscal de alrededor de 3,500 millones de pesos y, por otro lado, cuestionar la prisa de los legisladores priístas por aprobar al vapor la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres correspondiente al 2010.

Para el diputado Janeiro tanto el auditor externo como el auditor general del OFS son corresponsables del probable delito de evasión fiscal en que incurrieron diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, al callar u omitir en sus dictámenes el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto a los ingresos de carácter extraordinario pagados a la burocracia estatal entre 2005 y 2010.

«El gobierno del estado de Puebla, como cualquier patrón, tenía (y tiene) la obligación de retener el ISR a sus trabajadores y entregarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT)», se lee en uno de los párrafos de la denuncia presentada por el legislador panista ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente Puebla Norte, en los primeros días de octubre.

En su querella, que sirvió de base para que la Secretaría de Hacienda iniciara una auditoría fiscal al gobierno del estado, Janeiro Fernández cuestiona: «con qué autoridad la Secretaría de Finanzas puede cobrar impuestos si es la primera en evadir sumas millonarias… es indignante que el mismo gobierno fortalezca la visión de que es tonto el contribuyente cumplido».

La denuncia formulada por el diputado panista se acompaña de dos anexos, uno que contiene un informe del OFS sobre la cuenta pública del ejercicio 2007, donde se reconoce que el gobierno del estado no retiene a sus trabajadores el ISR de las compensaciones (J1 a J9) que paga a sus trabajadores y, una respuesta de la Secretaría de Finanzas en la que reconoce que al 23 de agosto de 2010 no se había adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

El propósito de la denuncia de Janeiro es, como ya se dijo, poner en tela de duda la labor de fiscalización del OFS e impedir que la cuenta pública del gobernador Mario Marín correspondiente a su último año de gestión se apruebe fast track, a partir de cuestionar por qué si el gobierno estatal recibió entre 2005 y 2010 más de 30 mil millones de pesos de recursos extras, no pudo destinar el 10% de esa cantidad para cumplir con sus obligaciones fiscales.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento.»

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)　Médico español.

 * Javier García Ramírez, bajo la lupa de Moreno Valle

* Blas Villegas, a punto de ser sancionado por Sedecap

* Óscar Gómez podría regresar a Puebla como funcionario

Hay secretarios que no entienden que el sexenio ya terminó , fue la queja que un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) llevó hace unos días al gobernador Mario Marín Torres, advirtiéndole de los problemas que seguramente tendrían que encarar en la entrega-recepción de la administración estatal.

Pero también de las pesquisas que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició en contra de tres secretarios del gabinete marinista: Javier García Ramírez, José Alfredo Arango García y Gerardo María Pérez Salazar, para corroborar por qué la forma de vida que éstos se dan no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

La preocupación del funcionario de la Sedecap es que tales secretarios estaban dando poca importancia al tema de la entrega de la administración, al mostrar una actitud anodina en el cierre de algunos expedientes de obra y adjudicaciones que se requieren para la cuenta pública de este año, o comportándose como si el sexenio no se fuera a terminar a juzgar por los excesos en su estilo de vida.

Por respuesta el gobernador le dijo que él ya había sido muy claro con sus secretarios y colaboradores, a los que reunió al día siguiente de las elecciones del 4 de julio para hacerles saber que el PRI habría perdido las elecciones y que todos debían prepararse para entregar las oficinas, sacar los pendientes que aun tuvieran y terminar las obras inconclusas, ya que él no metería las manos por aquellos que hubieran caído en abusos como servidores públicos.

Sobre el particular habría que destacar que a mediados de la semana que concluye, el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas estuvo en la residencia oficial de Los Pinos, y que ahí dejó entrever la posibilidad de abrir procesos administrativos y penales en contra de algunos funcionarios de la administración saliente.

En concreto —según adelantó el jueves por la mañana la Silla Rota en Twitter— de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El leit motiv para iniciar estos procedimientos se funda en dos importantes factores: uno, la demanda de los poblanos de que los abusos y excesos cometidos por Mario Marín y sus funcionarios sean castigados y, dos, los sobrecostos de algunas obras como el nuevo Centro Expositor en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Según la encuesta que el equipo de transición de Moreno Valle mandó a realizar a la firma Parametría, el 69% de los poblanos cree que la mayoría de los funcionarios del gobernador cometió delitos; el 60% confía que el nuevo gobernador no dejará en la impunidad tales excesos, y el 51% que Mario Marín incurrió en algún delito durante su gobierno.

El segundo factor que motiva a Moreno Valle a proceder contra García Ramírez es la fundada sospecha de algunas obras de la gestión marinista que han registrado sobrecostos de hasta del 100% respecto a los contratos originalmente asignados quedarán inconclusas, como el Centro Expositor que ya suma 2,000 millones de pesos de inversión y aún no se termina.

EN CORTO

Profesionistas exitosos que en el sexenio de Melquiades Morales Flores fueron contratados como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, pero que en la gestión Mario Marín Torres fueron echados del gobierno, están siendo localizados y reclutados por Fernando Manzanilla Prieto, coordinador general del equipo de transición del gobernador electo Rafael Moreno Valle.

Se sabe que entre los elegidos se encuentran Luis Banck Serrato, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de la aseguradora internacional MetLife, y Óscar Gómez Cruz, extitular de la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental de Tabasco durante la gestión de Manuel Andrade Díaz, y actual asesor del gobernador electo de Quintana Roo, el priísta Roberto Borge Angulo.

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El exdirector general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Blas Villegas Lara, se encuentra sujeto a cuatro procedimientos administrativos —uno de los cuales podría convertirse en penal— por malversación y desvío de recursos públicos federales, dependiendo de lo que hagan o dejen de hacer en estos días el titular de la Seduop, Javier García, y el coordinador de Delegados y Comisarías de la Sedecap, Vicente Gil Luna.

De acuerdo con fuentes de la Sedecap cercanas al caso, algunas de las anomalías estarían relacionadas con adjudicaciones hechas a la empresa Orbe, de Gerardo Ornelas, la que habría vendido al organismo más de dos millones de pesos en vehículos, equipo de video, cómputo y consumibles, a sobreprecios o como si fueran nuevos sin serlo.

Otro procedimiento tendría como base la falsificación de facturas por concepto de llantas, papelería y otros insumos que jamás fueron adquiridos por el Ceaspue.

Los procedimientos administrativos podrían alcanzar a otros funcionarios del Ceaspue en la gestión de Mario Marín, como al director administrativo de la Comisión, Sergio Aguilar de Llano, y el director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, quienes habrían simulado la ejecución de obras pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla.

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Invitado por la BUAP y el Congreso del estado a través de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el doctor Will Fowler dictará este lunes al mediodía una conferencia sobre uno de los personajes más polémicos y controvertidos en la historia política de México, Antonio López de Santa Anna.

Fowler es doctor en historia por la Universidad de San Andrews, Escocia ; especialista en pensamiento político mexicano del siglo XIX, y autor de varios textos biográficos entre ellos su más reciente libro «Santa Anna of Mexico» que le editó en 2007 la Universidad de Nebraska, Estados Unidos,

Su conferencia comenzará a las 12 horas, en el salón Miguel Hidalgo del Palacio Legislativo .

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Simón dice:

«El hombre arruinado lee su condición en los ojos de los demás con tanta rapidez que él mismo siente su caída.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Si bien la ventaja de 20 puntos del panista Eduardo Rivera Pérez sobre el priísta Mario Montero Serrano en las elecciones para presidente municipal de Puebla no deja de llamar la atención, lo realmente sorprendente es el desplome del PRI.

Veamos:

En las elecciones de 2004, donde el candidato del tricolor a la alcaldía capitalina fue Enrique Doger Guerrero, el PRI obtuvo 242 mil 804 votos, equivalentes al 49.42% de la votación; y en las de 2007, con Blanca Alcalá Ruiz, 224 mil 538 sufragios, que representaron el 50.65% de la votación.

En cambio, en las elecciones del domingo pasado, la Alianza Puebla Avanza —conformada por el PRI y el PVEM— registró 192 mil 046 votos, que corresponden al 36.92% de la votación, de acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Con respecto a 2004, el retroceso del PRI es de más de 50 mil votos y con respecto a 2007 de más de 32 mil.

Esta caída es —en realidad— mayor, si se consideran un par de cuestiones: la primera es que en esta elección el PRI no fue solo sino en coalición con el PVEM, y que la lista nominal de electores del municipio de Puebla ha crecido al menos un 6% entre 2004 y 2010.

¿Cómo explicar este desplome?

Una primera explicación radica, sin duda, en el candidato Mario Montero Serrano, cuyos atributos, desde el comienzo de la contienda, nunca fueron bien valorados por la mayoría de los votantes.

El exsecretario de Gobernación de Mario Marín ciertamente era un priísta conocido y con trayectoria en la política, el PRI y la administración pública, pero con bajos niveles de confianza y potencial de voto.

Una segunda explicación —y creo la más relevante— es que en estos comicios el PRI no sólo sobredimensionó su voto duro y leal, sino que renunció a la conquista del elector volátil o switcher.

Mario Montero y sus estrategas creyeron que el voto duro y leal del PRI sería suficiente para ganar el proceso, en un escenario de baja participación electoral.

Es obvio que se equivocaron y que los electores volátiles o switcher fueron cachados por el candidato de la coalición Compromiso por Puebla.

Sólo así se explica la votación histórica alcanzada por Eduardo Rivera en los comicios del domingo, que rebasa con mucho la obtenida por Acción Nacional en anteriores elecciones.

En 2001, cuando ganó la alcaldía de la capital con Luis Eduardo Paredes Moctezuma, el PAN logró 170 mil 880 votos; en 2004, 198 mil 744; y en 2007, 129 mil 156.

Los más de 294 mil sufragios que Eduardo Rivera obtuvo en la jornada dominical, no sólo representan 127% más con relación a 2007, sino un crecimiento de casi 100 mil con respecto a su máximo histórico en una elección para presidente municipal.

Tres son los factores que explican la cifra alcanzada por la coalición Compromiso por Puebla en la capital: uno, es la ola generada por el candidato opositor a la gubernatura, Rafael Moreno Valle; dos, el perfil fresco, juvenil y plural de Eduardo Rivera y su planilla de regidores y síndico y; tres, la participación ciudadana del 56% o más de los inscritos en la lista nominal del municipio.

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En la sesión de hoy, efectuada en las instalaciones del OFS, los diputados aprobaron los dictámenes con las cuentas públicas de los poderes legislativo y judicial, y se espera que mañana aprueben la del titular del Poder Ejecutivo, para que el jueves pase al pleno y sea aprobada por la mayoría de los diputados de la LVII Legislatura local.

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Simón dice:

Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos.

Fiodor Dostoievski (1821-1881). Novelista ruso.

* Los hoy críticos del hoyo financiero fueron quienes lo taparon

* Carlos Loranca Muñoz, amplio poder de convocatoria

Ahora que los priístas por conducto del expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, revivieron el tema del hoyo financiero en la gestión de Melquiades Morales Flores, atribuyéndoselo al entonces secretario de Finanzas y Desarrollo Social del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, bien vale la pena explicar cómo se originó este déficit financiero, pero también explicar cómo se tapó, y quiénes lo encubrieron.

El llamado hoyo financiero es un asunto espinoso que no sólo exhibe a Moreno Valle y al exgobernador Melquiades Morales como malos administradores sino a distinguidos miembros del PRI que desde el Congreso del estado y la Secretaría de Finanzas lo encubrieron y convirtieron en deuda pública.

Para desglosar el tema es necesario explicar primero qué es el hoyo financiero y cómo se originó.

El hoyo financiero puede resumirse como el resultado deficitario en el manejo de los ingresos y egresos del gobierno del estado y el ocultamiento de pasivos no registrados entre los años de 1999 y 2002, cuando la Secretaría de Finanzas estuvo a cargo del hoy candidato de la coalición opositora a la gubernatura, Rafael Moreno Valle.

Según la cuenta pública correspondiente al primer año de gestión del sexenio melquiadista, el gobierno del estado gastó más de lo captó en ese ejercicio fiscal.

En 1999 la administración estatal obtuvo ingresos por un total de 14 mil 207 millones, pero sus gastos ascendieron a 14 mil 490 millones de pesos, lo que arroja un primer déficit por 282.6 millones de pesos.

En la cuenta pública del 2002, que corresponde al último año de Moreno Valle al frente de la Secretaría de Finanzas, la diferencia entre lo que ingresó y se gastó el gobierno melquiadista volvió a ser deficitaria en 98 millones de pesos.

Sin embargo las cuentas por cobrar y por pagar de la administración estatal se dispararon.

De acuerdo con las notas del auditor externo, el gobierno melquiadista cerró el año 2002 con 410 millones de pesos en cuentas por cobrar y con 1,291 millones de pesos en cuentas por pagar a diversos municipios, y proveedores de bienes y servicios.

Este es el hoyo financiero: un déficit en las finanzas estatales por 1,500 millones de pesos.

Las causas de su origen son diversas, aunque los críticos de Moreno Valle, entre ellos su otrora aliado Enrique Doger Guerrero, las han simplificado en los siguientes puntos:

° Más burocracia, y mejores sueldos para funcionarios, lo que ocasionó que el capítulo de Servicios Personales pasara de 596 millones a 1,488 millones de pesos, de 1999 a finales de 2002.

° Aumentos constantes en las partidas de Asesorías, Estudios de Investigación y Gastos de Promoción e Imagen, en ese mismo periodo. La partida de Asesorías se elevó de 15 millones a 53 millones; la de Estudios de Investigación de 3 millones a 50 millones, y la de Promoción e Imagen de 14.5 millones a 54 millones de pesos.

° La discrecionalidad con que se manejaron y crearon algunas partidas secretas, como la denominada Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro, para la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Pero si las causas que provocaron el hoyo financiero son censurables, también lo son los personajes que al año siguiente, en lugar de sancionar al o los responsables de este déficit, lo encubrieron.

Me refiero a los diputados de la LV Legislatura, que son quienes aprobaron la cuenta pública del 2002 y del 2003 en la cual los pasivos no registrados por Moreno Valle se convirtieron en deuda pública mediante la contratación de un crédito por 1,500 millones de pesos.

Entre los diputados de la LV Legislatura que avalaron con su voto las cuentas públicas de los tres últimos años de Melquiades Morales y el hoyo financiero de Moreno Valle destacan los siguientes: Javier López Zavala, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Juan Manuel Vega Rayet, Alejandro Armenta Mier, José Luis Márquez Martínez, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, René Lechuga Fosado y Mario Montero Serrano. 

Como se verá, priístas que no sólo están en activo, sino que son pieza clave en la campaña de la Alianza Puebla Avanza.

¿Con qué autoridad moral estos exdiputados pueden cuestionar hoy a Moreno Valle y el hoyo financiero, si ellos en su momento actuaron como cómplices de éste y Melquiades Morales para encubrirlo?

¿Por qué cuando eran diputados y tenían la obligación de cuidar el patrimonio y la hacienda pública estatal no denunciaron los excesos y el dispendio de Moreno Valle que hoy tanto critican?

¿Acaso porque entonces era priísta y un serio prospecto para suceder a Melquiades Morales en Casa Puebla?

¿Por qué en lugar de sancionarlo y fincarle responsabilidades se hicieron de la vista gorda, y hasta consintieron que estos pasivos fueran pagados en 2003 y 2004 con un crédito por 1,500 millones de pesos y los ingresos producto de la bursatilización de la Vía Atlixcáyotl?

¿No sería que antes les convino actuar como tapaderas, y ahora que están en campaña quieren usar el tema para desacreditar a su otrora aliado sin medir las consecuencias de su incongruencia?

Seriedad señores. Seriedad.

EN CORTO

Este fin de semana recibí una llamada de Pablo Rodríguez Regordosa, vocero del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, para hacerme saber que él nada tuvo que ver con la intervención de José Antonio Escalera Espinosa en la reunión que los directivos y socios del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla tuvieron la mañana del martes pasado con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala.

El diputado federal panista me aclaró que su encuentro con José Antonio Escalera, la noche del lunes en un Italian Coffee de la 31 Poniente, obedeció a un asunto estrictamente profesional, pues al expresidente de la Cámara de la Construcción le contrató la edificación de su nueva casa.

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Un amplio poder de convocatoria fue el que este sábado mostró el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz para festejar su cumpleaños con una comida en su casa del municipio de Acajete, hasta la que llegaron magistrados y jueces estatales, abogados, funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios, directores de medios de comunicación y amigos del exitoso abogado penalista.

Carlos Loranca, quien actualmente se desempeña como presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, tuvo como principales invitados al gobernador Mario Marín Torres y a su esposa Margarita García.

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El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, suspendió de último momento su asistencia al mitin que este domingo tenían programado los candidatos de la coalición opositora Compromiso por Puebla en el Paseo Bravo.

Los enterados aseguran que Marcelo fue invitado por la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, para apuntalar la campaña del candidato del PRD a la gubernatura de esa entidad, en la que se han prendido focos amarillos ante la posibilidad de una sonada derrota electoral.

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Uno de los soportes del candidato a diputado local de la coalición opositora por el distrito Huauchinango, Jorge de la Fuente, y que contribuyó a que Marcelo Ebrard se trasladara hasta ese municipio de la sierra norte para apoyarlo, es el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa.

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Este martes estará en Puebla para sumarse a los candidatos de la coalición opositora la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.

Comenzará su gira proselitista con un desayuno en su casa de la avenida Reforma 511 de esta ciudad, teniendo como invitados a algunos directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«La sumisión a un hombre débil es disciplina. La sumisión a un hombre fuerte es sólo servilismo.»

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Que después del miércoles, cuando el Consejo Político Estatal del PRI apruebe elegir a su candidato a la gubernatura de Puebla por el método de convención de delegados, que no es otra cosa que un dedazo disfrazado, comenzará a tomar fuerza la versión de una alianza electoral entre el PAN y el PRD para los comicios locales del 2010.

La especie, no está de más aclararlo, será alentada por algunos priístas contrarios al marinismo y al «Proyecto Z», entre ellos el expresidente municipal de Puebla y exrector de la BUAP, Enrique Doger Guerrero.

La versión dogerista de la alianza electoral PAN-PRD es la siguiente: Rafael Moreno Valle Rosas para la gubernatura, y Enrique Doger para la presidencia municipal de Puebla, el primero como abanderado del blanquiazul y el segundo como candidato del sol azteca.

Lo curioso es que algunos perredistas saldrán a criticar —como ya lo hicieron este fin de semana en Oaxtepec, Morelos— esa posibilidad, con el argumento de que se trata de una coalición contranatural, en términos ideológicos y programáticos, y no porque sean auténticos militantes de izquierda, sino porque en realidad son simpatizantes del proyecto del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

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Que este sábado Luis Paredes Moctezuma presentó en el hotel Presidente Intercontinental su libro «Los Secretos de El Yunque» ante un auditorio mayor que el esperado por los organizadores del evento: Random House y Grijalbo Editores, pues se alquiló un salón para 120 personas (el Juan de Palafox y Mendoza) y llegaron cerca de 200.

Las invitaciones —a panistas y no panistas, previamente seleccionados— corrieron a cargo de Héctor Montiel García y Gustavo Guevara y Herrera, regidor y secretario general de la polémica administración municipal paredista.

Entre los personajes que acudieron a la presentación del libro del expresidente municipal de Puebla destacan los siguientes: Rodolfo Carrasco Rivera,

uno de los principales operadores electorales de Ana Teresa Aranda; las hermanas Liz y Patricia Thomé, mujeres panistas que trabajan en el distrito 9 y que han sido marginadas cuando han pretendido contender por un cargo de elección popular; Genaro Ramírez Rojas y su esposa Blanca Jiménez, del grupo Panistas con la Sociedad.

Otros asistentes fueron Pedro Plaza, Eduardo Louvier y José Miguel Castillo, panistas identificados con el senador Rafael Moreno Valle; Eduardo Alcántara Montiel, regidor por el PVEM y actual asesor de los regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla, encabezados por Pablo Montiel Solana; el regidor Miguel Dessavre y Pedro Padierna, funcionario municipal en la gestión de Luis Paredes y miembro del grupo Panistas con la Sociedad.

La lista la completan Arturo Muñoz Arellano, Jorge Picaso, simpatizantes anateresistas; Guillermo Guevara y Arnulfo Carvajal; Mario Pena y Alejandro Moreno, rivales de Luis Paredes en las luchas de fúas contra carolinos; Norma Lozano; Alejandro Nieto, Maximimo Bear Sanz, Cecilia Espino, Mercedes Dorantes, David Díaz, Eduardo Covián y Alfonso Lardizábal, éstos últimos exregidores con Luis Paredes.

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Que el próximo 24 de diciembre, día en que se cumplen 30 años del asesinato del fundador de El Yunque, Ramón Plata Moreno, se presentará en Puebla un libro sobre este personaje y las causas que provocaron su muerte en 1979.

El texto que lleva por título «Ramón Plata, crónica de una purga anunciada» es de Eduardo García Casas, hijo del expresidente de la Concanaco y fundador del Sindicato Patronal de Hombres de Negocios, quien sostiene que el crimen del fundador de la organización yunquista no fue cometido por Los Tecos, ni por Fernando Gutiérrez Barrios.

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Que este martes se presentará para su análisis la cuenta pública del primer año de gestión de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Otra cuenta pública que también será presentada es la del alcalde de Atlixco, Eleazar Pérez Sánchez, quien, por cierto, tiene a su cuñado como tesorero municipal, en clara violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que no será ningún impedimento para su cuenta sea aprobada por la mayoría priísta.

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Simón dice:

«Con ciertas personas vale más ser traicionado que desconfiar».

Arthur Schopenhauer (1788-1860). Filósofo alemán.

Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx

¿Qué pasa con la cuenta pública de Enrique Doger Guerrero, correspondiente al ejercicio del 2007?

¿Por qué ni siquiera los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior saben el estado en que ésta se encuentra?

¿Por qué se guarda con tanto sigilo?

¿Será acaso que alguna mente perversa quiere usarla como cortina de humo, o como un distractor, ahora que el Congreso del estado entre a la discusión de la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar?

¿O es que cuenta pública del ex presidente municipal de Puebla no será sometida al pleno del Congreso en este periodo, que concluye el próximo jueves 31 de julio, sino hasta el tercer periodo ordinario de sesiones que se inicia el 15 de octubre?

¿Cuál es la intención?

¿Acaso usar esa cuenta pública como arma política para desactivar o descarrilar a Enrique Doger Guerrero como aspirante a la gubernatura en el 2010?

¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior decidió pasar de los pliegos de observaciones a los pliegos de cargos?

¿Por qué Enrique Doger ha guardado un prudente silencio sobre esta situación?

¿Por qué no ha salido a denunciar que desde el Orfise le están haciendo observaciones –o cargos– por diversas anomalías –reales o ficticias– que suman decenas de millones de pesos?

¿Será acaso que él también está negociando su cuenta pública e inmunidad, a cambio de abandonar, en definitiva, la puja por la sucesión gubernamental?

Que conste que son preguntas, meras preguntas.

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El secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, está por enfrentar un nuevo escándalo, de abuso y autoridad y prepotencia, a causa de la golpiza que su hijo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, propinó el viernes por la noche a un parroquiano de San Andrés Cholula, que responde al nombre de Fernando Alberto Tepeyahuil.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron el viernes 18 de julio, luego de que la camioneta en que viajaba el hijo del secretario de Seguridad Pública embistiera el vehículo en que viajaba el cholulteca. Ambos se hicieron de palabras y luego se enfrentaron a golpes.

La golpiza que se llevó Fernando Alberto Tepeyahuil fue tan salvaje, que los vecinos a punto estuvieron de linchar al hijo del secretario de Seguridad Pública, de no ser por la intervención de la Policía que se lo llevó en una patrulla.

No está de más apuntar que el joven Hidalgo Montes, además de ser un experto en artes marciales, trabaja para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que gracias a ello y a la influencia de su padre quisieron parar el asunto en el Ministerio Público, pero sin conseguirlo, pues hasta donde se sabe el afectado finalmente logró interponer una denuncia contra aquel por el delito de lesiones.

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El ex secretario general de la Asociación Sindical del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), Héctor Mario Hernández Lobato, fue designado director de la Fundación BUAP, cargo que estaba vacante desde que Luis Alberto Arriaga Lila fue postulado por el PRI como candidato a diputado local, en las elecciones de noviembre de 2007.

Ojalá la gestión de Hernández Lobato al frente de la Fundación BUAP no sea tan gris como su desempeño sindical, que concluyó a mediados del 2006.

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Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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