De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano— habría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Ayer le decía que la mayor irregularidad —por no decir transa— con las compras directas que por casi 300 millones de pesos autorizó a finales del pasado el secretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, a dos proveedores de la dependencia, no recaía tanto en la violación a la Ley de Adquisiciones, sino en los sobreprecios que se pagaron a los empresarios que surtieron tales pedidos.

En concreto a los señores Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez, quienes a través de diferentes compañías han monopolizado en la Secretaría de Salud de Puebla las compras de muebles, equipos e instrumental médico, así como los servicios de mantenimiento a equipo e instalaciones sanitarias y de proveeduría de uniformes y otros insumos clínicos y hospitalarios.

Para documentar el tamaño de los abusos cometidos por estos proveedores, en complicidad con el secretario de Salud y funcionarios de la Contraloría del estado, hoy le presento algunos ejemplos de artículos que fueron sobrefacturados y pagados en diciembre pasado con fondos del Seguro Popular.

Caso 1

Una mesa Pasteur, con barandal de alambrón de acero inoxidable, marca Tecnoeq-Mex, modelo MSP-01, que en el mercado local puede adquirirse entre 1,500 y 2,000 pesos, la Secretaría de Salud la pagó en 9,950 pesos, de acuerdo con la factura 0071 de Soluciones Integrales en Biomedicina por un monto de 253 mil 560 pesos.

Caso 2

Una mesa de exploración, con cajón despachador de papel de lámina de acero, que cualquier persona puede adquirir en una de las tiendas de muebles clínicos y hospitalarios que funcionan en las inmediaciones del Hospital Universitario en 3,000 ó 3,500 pesos, la dependencia encabezada por Alfredo Arango la pagó en 21 mil 130 pesos.

Caso 3

Una mesa para atención a recién nacidos con estadímetro, colchoneta y separador intermedio modelo M180-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que tiendas especializadas de Puebla o el Distrito Federal la venden en alrededor de 3,500 pesos, fue adquirida por la Secretaría de Salud en 28 mil 350 pesos, de acuerdo con la factura 0076 de la misma empresa de Rafael Zabalza.

Caso 4

Un esterilizador de vapor autogenerado de mesa para dental y maxilofacial de 21 litros, integrado con equipo semiportátil y otros aditamentos marca OTSA, que cualquier médico o cirujano dentista puede comprar en 32 mil pesos, fue pagado con la factura 0079 de Soluciones Integrales en Biomedicina en 53 mil 200 pesos.

Caso 5

Espejos ginecológicos vaginales, que en cualquier tienda del ramo se venden en menos de 500 pesos o en 390 pesos al mayoreo, la Secretaría de Salud los pagó en 1,010 pesos, según la factura 1575 de la empresa Profesionales IEMC de Genaro Castillo.

Caso 6

Fórceps dentales marca Kuality, que en el mercado de los dentistas valen 1,300 pesos la pieza, la dependencia a cargo de Arango García los adquirió en 3,267 pesos, de acuerdo con las facturas 1579, 1580 y 1581 del mismo proveedor.

Caso 7

Camas individuales con colchón de espuma, modelo TEQ.CM-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que el fabricante vende en cerca de mil pesos, se pagaron en 4,700 pesos, de acuerdo con la factura 1590 de la citada empresa de Genaro Castillo.

Caso 8

Lámparas quirúrgicas portátiles para emergencia, modelo TEQ-LAPQPE-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que pueden adquirirse a precio de mayoreo en alrededor de 7,000 pesos, la Secretaría de Salud las pagó en 19 mil 150 pesos.

Caso 9

Esterilizadores de calor seco modelo Mo72 de la marca Lorma, que según cotizaciones de proveedores locales tienen un costo de entre 2,800 y 3,200 pesos, la dependencia de Alfredo Arango los adquirió a otra de las empresas de Rafael Zabalza —Electromedicina Integral Asere— en 18 mil 280 pesos, de acuerdo con la factura 337.

Caso 10  Unidades estomatológicas básicas con lámpara integrada, modelo 2003A-MA de la marca Comforte, que en tiendas para médicos dentistas, pueden comprarse hasta en 40 mil pesos, el proveedor exclusivo de Salud las vendió en 107 mil 35 pesos, con la factura 346.

Estos casos explican por qué Alfredo Arango viola la Ley de Adquisiciones, por qué prefiere asignar en forma directa las compras de la Secretaría de Salud antes que licitarlas y por qué proveedores como Zabalza y Castillo —a quienes el último cuatrimestre del año se les hicieron compras por casi 300 millones de pesos— se han enriquecido en lo que va del sexenio, a costa de la salud y atención médica de los poblanos.

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Este jueves visitará la Angelópolis, el coordinador de los Senadores del PAN, Gustavo Madero Muñoz, para sumarse a la precandidatura por la gubernatura de Puebla de quien fuera su compañero de escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, Rafael Moreno Valle Rosas.

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Simón dice:

«El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo».

Gabriel García Márquez (1927-?). Escritor colombiano y premio Nobel de literatura

En menudo problema se meterán las autoridades poblanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se haga pública la recomendación de esta última instancia sobre la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres, el pasado 13 de enero de 2006.

Y es que, después de casi tres años de concienzudas y –se supone–– minuciosas investigaciones, el ombudsman nacional llegó a la sesuda conclusión de que los únicos responsables de violar los derechos humanos de la periodista y escritora de “Los Demonios del Edén” fueron los dos judiciales poblanos enviados a Cancún para detenerla.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la Comisión recomendó a las autoridades poblanas iniciar un proceso penal contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes aun laboran en la Procuraduría General de Justicia.

Esta resolución no estará exenta de polémica, pues se supone que ambos policías ya fueron juzgados en Quintana Roo por este caso e, incluso, se les libraron órdenes de aprehensión que no prosperaron. En México, reza una máxima del derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La resolución ya fue notificada al gobierno del estado, pero por alguna extraña razón la Quinta Visitaduría de la CNDH no ha turnado el expediente al área de Comunicación Social para que éste se haga público en el portal electrónico del organismo.

Otra situación igualmente polémica, en términos de la Ley de Seguridad Pública del estado, será la explicación que ofrezcan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia o la Contraloría del estado sobre los motivos por los cuales ambos agentes ––que estaban sujetos a investigación–– nunca fueron separados de sus cargos.

Según la referida legislación, todo policía en activo debe ser suspendido de sus funciones cuando exista una averiguación previa en su contra, cosa que no sucedió con Montaño Quiroz ni con Pérez Vargas, a pesar del proceso que se les radicó en Cancún, Quintana Roo.

La duda, que mata, sobre la sesuda recomendación de la CNDH al gobierno de Puebla es: ¿a poco esos policías que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho actuaron de motu proprio o se fueron por sus pistolas?

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René Meza Cabrera, personaje que en el sexenio de Mariano Piña Olaya, fue centro de duras críticas y acusaciones de corrupción por parte del PAN y sus dirigentes, por su actuación como director de Tránsito del estado y por los negocios que realizó al amparo de la instalación de taxímetros, podría ahora pintarse de azul e incluso convertirse en candidato del blanquiazul a la diputación federal por el distrito 1 de Huauchinango.

Su nominación, que es impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está siendo muy cuestionada por panistas locales tanto en Huauchinango y Xicotepec como de la capital poblana.

Y es que antes de que el PAN le abriera la posibilidad de postularlo a la Cámara Baja, el actual notario público fue un destacado militante del PRI, partido que lo hizo diputado federal, y con el cual rompió al término del sexenio melquiadista y luego un activista de la causa de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006.

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Simón dice:

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Sófocles (495AC-406AC), poeta trágico griego.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

De veras que en la Secretaría de Salud salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor con el arribo de Antonio López Marín a la titularidad de esta dependencia, en sustitución de Roberto Morales Flores.

Ahora se sabe que la nueva coordinadora de Administración y Finanzas, Mary Cruz Corona Aguilar, quiere acomodar como su segundo de abordo ni más ni menos que al novio de su hermana Rosy, Bernardo González Niño de Rivera, personaje que ya laboró en la Secretaría como brazo derecho de José Luis Palafox Krayevsky, de ingrata memoria en la dependencia.

Bernardo González se desempeñó como director de Recursos Financieros, cargo del que fue relevado hace no más de cuatro meses por quien efímeramente se hizo cargo de la Dirección de Administración y Finanzas a la salida de José Luis Palafox, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

El nombramiento de Bernardo González ha quedado en suspenso por la negativa de la Contraloría del estado que no quiere permitir el regreso de este personaje hasta en tanto no se concluya la auditoría que se le práctica a quien fuera su jefe inmediato, José Luis Palafox, y quien —se presume— incurrió en diversas irregularidades como desvío de recursos públicos en partidas federales que venían etiquetadas para programas y acciones específicas.

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Carlos Cobos Marín es el nombre del personaje que la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda Orozco, tiene previsto nombrar como delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución de Eduardo Morales Garduño.

El relevo en esta dependencia podría concretarse a mediados de noviembre, una vez que la subsecretaria de Gobernación regrese a México, tras la visita en que estos días realiza al Vaticano en compañía del embajador de nuestro país en la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena.

Carlos Cobos es un empresario inmobilario de Cholula, que desde hace años ha colaborado con la señora Aranda en cuestiones financieras y administrativas en las actividades partidistas y campañas políticas que ésta ha efectuado en la entidad.

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El nombramiento de la expresidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, María Cecilia Hernández Ríos como subsecretaria de Desarrollo Turístico y Capacitación, en sustitución de Víctor Cárdenas Guzmán, en verdad que es de pena ajena.

De ahí que hasta el secretario del ramo, Juan José Bretón Ávalos haya expresado su extrañamiento el viernes, cuando trascendió que la ex diputada cenecista sería nombrada como subsecretaria de Turismo.

La designación de Cecilia Hernández cayó tan mal entre los prestadores de servicios turísticos y funcionarios de la Secretaría que su toma de posesión tuvo que hacerse en lo oscurito, en una ceremonia privada en Casa Aguayo, de la cual sólo se informó a través de un escueto comunicado de prensa.

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El presidente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, está descuidando las formas y violando la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal para la elección de su dirigente municipal en Acatzingo.

Resulta que ante el poco interés que los panistas de Acatzingo han mostrado por participar en la convención de domingo, en la que Eliseo Zayas Jaen sería votado como candidato único, Rafael Micalco ordenó al delegado político Amado Toxqui ir a busar a los miembros del partido hasta en su domicilio para registrarlos.

La desesperación de Micalco no es menor. El plazo para el registro de delegados a la convención vence este martes a las 20 horas, y hasta anoche sólo se habían inscrito 34 de un mínimo de 101 que se requieren para que haya quorum legal.

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Tan desanimada anda la cosa en el Partido Acción Nacional, que los dirigentes del Comité Estatal y Municipal no tendrán mayores problemas para sacar candidatos por consenso en algunos distritos federales de la entidad, entre ellos los cuatro de la capital.

Entre los posibles aspirantes del PAN a una diputación federal anote los nombres de Pablo Rodríguez Regordosa, José Luis Carmona Ruiz, Eduardo Morales Garduño, José Felipe Puelles Espina y Cecilia Espino González.

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