La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

***
No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

***
Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éste o ésta se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com  y rruiz@e-consulta.com.mx

Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

***
Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

***
Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éste o ésta se publiquen haga clic aquí. De lo contrario recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Encargados de despacho y plazas vacantes, la constante

Un signo más de opacidad en el Instituto Electoral del Estado (IEE) es el directorio de funcionarios del organismo, plagado de encargados de despacho y plazas vacantes, por la negativa del consejero presidente Jorge Sánchez Morales de someter los nombramientos que ha venido realizado a los procedimientos establecidos en el estatuto del Servicio Electoral Profesional.

De las cuatro direcciones de área del IEE, sólo dos cuentan con titulares surgidos del servicio electoral de carrera: Marcelina Sánchez Muñoz, directora de Organización Electoral y Amalia Varela Serrano, directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación.

La Dirección de Administración tiene a una encargada de despacho, en la persona de Verónica Paola Cruz Castillo, quien a pesar de que su nombramiento sólo se autorizó para el 2007 sigue desempeñándose en el cargo.

Y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica está vacante, después de que a principios de año Ana Silva Santillana García renunció al Instituto, para irse a laborar al gobierno del estado.

Quien también dejó el IEE para contratarse en la Secretaría de Finanzas y Administración del estado fue Dalhel Lara Gómez, dejando vacante la titularidad de la Contraloría Interna.

Dos jefaturas de Departamento en la misma situación son la de Planeación y Seguimiento de la Dirección General, y la de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, tras la renuncia de Gabriela Ajo Carrillo.

El caso más emblemático de esta negligencia se refleja en la propia Unidad del Servicio Electoral Profesional, en la que Sergio Ayala Jasso tiene dos años como encargado de despacho.

Su plaza, como la de otros funcionarios operativos y administrativos del IEE, no se concursa, no sólo por una cuestión de negligencia, por razones presupuestales. Y es que la diferencia de sueldos entre un titular y un encargado de despacho, a nivel de coordinación de área, es de más de 15 mil pesos o más.

Otros funcionarios de IEE cuyas puestos no han pasado por el Servicio Electoral Profesional, y que por lo mismo están como encargados de despacho son: Diana Balbuena Espinosa, responsable de la Coordinación de Comunicación Social, y Adriana Álvarez Hernández, de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

Esta situación irregular, y que algunos consejeros electorales como Juan Carlos de la Hera Bada y Joel Paredes Olguín han tratado de remediar, mediante oficios y acuerdos que a la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del consejero presidente del IEE, podría complicarse en los próximos días.

No sólo por la intención de Jorge Sánchez de nombrar a incondicionales en los cargos vacantes, al margen del estatuto del Servicio Electoral Profesional, sino por su intentona de manipular los procedimientos y los concursos para que allegados suyos y de otros aspirantes priístas a la gubernatura se adueñen de la Dirección de Capacitación Electoral, la Contraloría Interna, y la Jefatura de Planeación y Seguimiento de la Dirección General.

Pero ésa es otra historia, de la que pronto, muy pronto, nos ocuparemos.

EN CORTO

Si de veras los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta son tomados en cuenta en la investigación que el Congreso del estado le sigue al presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, para analizar la legalidad de su nombramiento, lo más probable es que éste tenga los días contados y que el grupo parlamentario del PRI utilice su salida como carta de negociación con la oposición para sacar adelante su iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia.

Por lo pronto las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo, deben tomarse como una buena señal sobre la inminente remoción de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP.

Habrá que esperar ahora si esta disposición del PRI también se extiende a su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, que hasta ahora no ofrece ningún cambio o  mejora sustancial con respecto a la legislación vigente.

***
Para críticas, comentarios o aportaciones haga clic aquí.