Prolongadas y muy desgastantes han sido las reuniones de los dirigentes de los partidos de la coalición opositora —PAN, PRD, Convergencia y PANAL— con miras a integrar una planilla de consenso para contender por la alcaldía de Puebla.

El PAN y su candidato a la alcaldía, Eduardo Rivera Pérez, se dicen abiertos a las candidaturas ciudadanas o externas, pero arguyen que tienen cuotas partidistas por pagar, una de ellas al perdedor de la contienda interna a la presidencia municipal, el senador Humberto Aguilar Coronado. 

Éste, por su parte, quiere que Eduardo Rivera incluya en su planilla de regidores y síndico a José Luis Carmona, Genaro Ramírez Rojas, Jaime Alberto Zurita García, Martha Patricia Thome Andrade y Pedro Gutiérrez Varela (en ese orden).

La dirigencia estatal perredista, la más renuente a renunciar a sus dos regidurías en la planilla municipal de Puebla, quiere que una sea para Jorge Méndez Spínola y la otra para Arturo «El Sapo» Loyola González.

Los dirigentes partidistas que más disposición han mostrado para ceder sus cuotas a personalidades de la sociedad civil, bajo la figura de candidatos externos, son José Cabalán Macari Álvaro, de Nueva Alianza, y José Juan Espinosa Torres, de Convergencia.

La única condición que el representante partidista de la maestra Gordillo ha puesto sobre la mesa, es que las regidurías que le corresponderían al PANAL sean para ciudadanos reconocidos, de preferencia por los maestros.

A su vez, el dirigente del partido naranja quiere que una de sus regidurías sea para el exrector de la Ibero Puebla, Armando Rugarcía Torres, o para el exconsejero local del IFE, Federico González Magaña; y otra para un militante de su partido que pase los filtros del movimiento Puebla de Acuerdo.

Y los impulsores de esta corriente aliancista, encabezada por Gabriel Hinojosa Rivero, piden que en la planilla de regidores y síndico se incluyan al menos tres nombres de los que propusieron, entre ellos el de Verónica Mastretta Guzmán.

El resultado de estas rudas e intensas negociaciones se conocerá este jueves o viernes.

***

El coordinador nacional del frente partidista de izquierda Diálogo por la Reconstrucción de México, Manuel Camacho Solís, sostuvo la mañana de ayer varias reuniones y acuerdos, con los dirigentes locales del Partido del Trabajo y de Acción Nacional.

A los primeros los llamó a no entorpecer la posibilidad de que en Puebla haya un gobierno de transición, y a no prestarse al juego del PRI apoyando un candidato a la gubernatura a modo; y a los segundos pidió privilegiar las candidaturas ciudadanas más que las cuotas partidistas en la planilla de regidores y síndico, así como a ceder el segundo lugar de la lista a la ecologista Verónica Mastretta.

***

Por decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito quien dicte la resolución final sobre el caso del exmagistrado Germán Alejandro López Brun, que demanda su permanencia en el Tribunal Electoral del Estado.

Esta instancia se encargará también de dar curso al procedimiento de destitución y consignación de los responsables del incumplimiento de la sentencia de amparo dictada por la Segunda Sala de la SCJN —los diputados Humberto Aguilar Viveros, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, y Pablo Fernández del Campo Espinosa, presidente de la Comisión de Gobernación— a favor de López Brun para que sea restituido como magistrado del Tribunal Electoral.

***

Simón dice:

«Es raro, muy raro, que nadie caiga en el abismo del desengaño sin haberse acercado voluntariamente a la orilla».

Concepción Arenal (1820-1893). Escritora y socióloga española.

Pérez Salazar, ¿el contrapeso para Moreno Valle en la capital?

Un asunto del que hasta ahora poco o nada se ha comentado, es la lista de aspirantes del PRI a la presidencia municipal de Puebla, que el propio gobernador Mario Marín Torres dio a conocer en aquel polémico desayuno del miércoles en Casa Puebla.

Lo primero que habría que decir es que en esa relación hay nombres que no resistirán el mínimo análisis, a la luz de sus fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Bastaría un simple análisis FODA para eliminar a personajes como Javier García Ramírez, titular de la SEDUOP estatal, por su estela de corrupción y magros resultados en materia de obra pública; y Carlos Meza Viveros, dirigente municipal del PRI, por su altanería y belicosidad.

En la lista hay nombres que automáticamente quedarían fuera, si el candidato del PRI a la gubernatura fuera Javier López Zavala o Alejandro Armenta Mier, marinistas químicamente puros.

Hace unos días, en su columna Serpientes y Escaleras el periodista Ricardo Morales puso en entredicho la conveniencia de que Valentín Meneses Rojas, secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete marinista, pudiera ser el candidato a la presidencia, recordándole aquella máxima que dice que en política no es posible tener perritos y gatitos al mismo tiempo.

Personalmente comparto esa opinión, y en ese sentido creo que si los marinistas se hicieran de la candidatura del PRI al gobierno del estado, lo más conveniente para ellos sería compartir el resto del pastel con otros grupos priístas.

En tal virtud, me parece que el “Proyecto Z” o el “Proyecto A” eliminarían por default a otros personajes de la burbuja marinista como el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y el ya citado Valentín Meneses.

Otros aspirantes mencionados por el gobernador Mario Marín fueron los diputados locales Pablo Fernández del Campo y Luis Alberto Arriaga Lila, el primero integrante de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, y el segundo presidente del Comité de Comunicación Social y vocero del grupo parlamentario del PRI.

Con ninguno de los dos, el gobernador tiene compromiso o facturas pendientes, lo que no significa que no le interesen. A ambos Marín los necesita, pero en la LVII Legislatura, para mantener el control de la bancada del PRI ante los desvaríos del presidente de la Gran Comisión, José Othón Baillleres, los berrinches de la presidenta de la Comisión Inspectora, Rocío García Olmedo, y para sacar adelante la cuenta pública de su sexto año de gobierno.

Los últimos de la lista son José Antonio López Malo Capellini, secretario de Desarrollo Económico, y Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas y Administración.

Más allá de sus buenas relaciones con distintos grupos dentro y fuera del PRI, las expectativas que López Malo podría generar como compañero de fórmula de Javier López Zavala parecen pobres.

Y es que el secretario de Desarrollo Económico no es percibido como un factor de poder, ni como un interlocutor de peso, sino como un funcionario de medio pelo cuya mejor carta de presentación es su buen trato.

Con Pérez Salazar la situación podría ser diferente. El secretario de Finanzas no sólo podría ser un buen contrapeso en la capital del estado del eventual candidato del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, sino el complemento que cubriría los sectores de clase media y alta que no encajan con el “Proyecto Z”.

Si bien Pérez Salazar forma parte de la actual administración estatal, lo cierto es que no se le percibe como un marinista de hueso colorado, pese a que en los hechos el gobernador le ha delegado la interlocución del gobierno con algunos inversionistas y grupos de la iniciativa privada.

Su participación el sábado como orador en la ceremonia cívica luctuosa de Benito Juárez es apenas el comienzo de su iniciación como precandidato priísta a la alcaldía poblana.

***
Simón dice:

“Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso las horas y el tiempo pasan”.
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, acaba de llevarse un nuevo revés, ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Resulta que después de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) falló en favor del representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, la queja que le presentó por haberlo dejado fuera de la sesión del pasado 27 de febrero, Jorge Sánchez quiso echar abajo esa resolución.

Y para lograrlo se valió del representante del Partido Nueva Alianza, Ricardo Mosqueda Lagunes, para inconformarse ante el Tribunal Electoral de la Federación.

El recurso interpuesto por Mosqueda en contra de la resolución de los magistrados del Tribunal estatal quedó registrado en el expediente número SUP-JRC 034/2009.

Dicho recurso se resolvió el jueves de la semana pasada en la Sala Superior del TEPJF, la que determinó —para desgracia del alicaído presidente del IEE— confirmar en todas sus partes la resolución del Tribunal estatal, lo que abre la posibilidad de que Jorge Sánchez sea sancionado por sus actitudes revanchistas.

***
La Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Congreso del estado el acta de la sesión donde se aprobaron las reformas constitucionales en materia electoral.

El auto del máximo tribunal del país es de fecha 23 de junio, y el Congreso tuvo un plazo de dos días naturales para remitir el referido documento, lo cual ocurrió el viernes 26.

Por lo anterior, se estima que la resolución de la Suprema Corte sobre la fecha en que habrán de celebrarse las elecciones locales del 2010, para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso, se sabrá en una o dos semanas.

***
La mayoría priísta en el Congreso del estado ya más o menos sabe que el fallo de la Suprema Corte será adverso, con lo que las elecciones del 2010 se adelantarían del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, es decir, poco menos de cuatro meses.

Y en tal virtud la Comisión de Gobernación ya tiene preparado un borrador de las reformas y adiciones que habría que realizar a la Constitución del estado y al Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Dicho borrador considera el inicio del proceso electoral en la segunda semana de noviembre de 2009, en vez de marzo del 2010.

***
Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Nada bien le cayó al gobernador Mario Marín Torres la actitud de la diputada local de su partido Rocío García Olmedo, quien este martes le entregó una carta de la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, Lourdes Quiñones Canales, en la cual se pronuncia en contra de las reformas a la Constitución Política del estado que bloquean la despenalización del aborto y el reconocimiento a los matrimonios gays en Puebla.

Marín acudió al edificio del Congreso del estado para encabezar una ceremonia por el Día Internacional de la Mujer. Ahí, García Olmedo aprovechó para entregarle la misiva de su dirigente nacional y cuestionar la iniciativa presentada por su coordinador de fracción, José Othón Bailleres, y por el presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo.

El mandatario recibió la carta de manos de la legisladora priísta y, sin detenerse a mirarla, se la pasó a un ayudante suyo colocado en la parte de atrás del presidium.

La misiva dirigida al gobernador Marín dice textualmente lo siguiente: “Las mujeres de su partido, el Revolucionario Institucional, alzamos la voz para impedir que se aprueben leyes que someten, denigran, limitan y excluyen a las mujeres en México, porque dentro de nuestros Documentos Básicos del PRI se asumen las acciones afirmativas logradas en diferentes escenarios nacionales e internacionales; que reconocen los derechos de las mujeres y que están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición, o creencia, comprometiéndose a hacer cumplir el ejercicio pleno de sus derechos”.

El decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política del estado —presentado el jueves pasado— propone la modificación al artículo 18, en su fracción IV para dejar establecido que, en Puebla, el Estado debe proteger la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y que los matrimonios sólo pueden ser entre hombre y mujer, lo que implica cerrarle el paso a las llamadas sociedades de convivencia, es decir, a las uniones entre homosexuales, ya legalizadas en otras entidades, como el Distrito Federal.

***
Enrique Doger Guerrero tiene ya en sus manos los resultados de una encuesta estatal encargada a la empresa Datamática de Pepe Zenteno, que lo coloca en tercer lugar, superado sólo por la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y por el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

En un estudio demoscópico anterior, efectuado por la misma firma, la alcaldesa capitalina también obtuvo el primer lugar, con el 14.4% de las preferencias, seguida por Doger (con el 11.2%), por Rafael Moreno Valle (10.5%) y por Javier López Zavala (6.4%).

En la nueva encuesta —cuyos porcentajes desconozco—, el senador panista sube al segundo lugar y Doger cae al tercero.

***
El senador Melquiades Morales Flores, a quien el PRI nacional le encargó el proceso interno de Sonora, seguirá unas semanas más en aquella entidad del norte del país para preparar ahora la nominación de candidatos a presidentes municipales y diputados locales.

En los comicios internos del PRI sonorense para elegir candidato a gobernador, el senador con licencia Alfonso Elías Serrano se alzó con la victoria, al derrotar por un amplio margen al alcalde con licencia de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, en un proceso muy concurrido.

El trabajo del senador poblano fue reconocido tanto por el gobernador Eduardo Bours Castello como por el CEN del PRI, por lo que ambas instancias le pidieron ahora sacar adelante el proceso de selección de 72 candidatos a presidentes municipales y 21 candidatos a diputados de mayoría relativa.

***
Simón dice:

“Cada vez que proveo una plaza vacante, creo cien descontentos y un ingrato”.
Luis XV, Rey de Francia.

***
Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Rivera Santamaría, burla con la obra pública
Gutierrez Jamarillo, observadora de la OEA
Pepe Tomé, secretario de Prensa del PRI

Si de algo ha servido el caso de Antonio Juárez Acevedo, destituido presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), es para evidenciar la incompetencia y falta de pericia política de los diputados del Congreso del estado, en especial de los priístas.

El largo y engorroso procedimiento que llevó a cabo la Comisión de Gobernación —a cargo del diputado priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— para la remoción de Juárez Acevedo, se justificó en aras de impedir que éste se amparara en contra del Poder Legislativo.

Desde el pasado 26 de septiembre de 2007, en la que fracción panista planteó de manera formal la destitución de Juárez Acevedo por violar el artículo 27 de la Ley de Transparencia, la bancada priísta siempre se mostró reticente para agilizar su remoción.

Primero dijo que el asunto de la supuesta pertenencia del presidente de la CAIP a Plataforma Cuatro debía investigarse a fondo; luego, cuando la prensa publicó nuevas evidencias que acreditaban a Juárez Acevedo como secretario general de esa agrupación política nacional, arguyó que el Congreso debía esperar que el IFE certificara tales documentos y cuando así se hizo, se sacó de la chistera un burocrático procedimiento para impedir, supuestamente, que Juárez se amparara y echara abajo su remoción.

El caso es que después de que la LVII Legislatura local decidió por unanimidad de votos destituirlo, el pasado 15 de diciembre, y pedir a la Contraloría su inhabilitación del servicio público, Juárez Acevedo no sólo continuó en la CAIP, sino que participó en la elección de su nuevo presidente, Samuel Rangel Rodríguez.

Para hacerlo arguyó dos cuestiones: una, que la resolución del Congreso del estado aun no causa ejecutoria y, dos, que presentó un recurso de revisión contra su remoción.

Bajo esa lógica y el amparo que está por presentar ante un juez de distrito, lo más seguro que Juárez Acevedo se mantenga como comisionado de la CAIP al menos otros tres meses, burlándose de los diputados, pero sobre todo del presidente de la Comisión de Gobernación, al que por lo visto ya le tiene tomada la medida.

INTRAMUROS
De risa lo que sucede en Puebla con la obra pública y los constructores que la ejecutan.

Resulta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública —a cargo de Javier García Ramírez— decidió rescindirle a la empresa Proyectos y Estudios Especializados de México una importante obra, de casi 20 millones de pesos, en la junta auxiliar de San Aparicio.
Se trata de la ampliación a cuatro carriles de la Calzada Alfredo Toxqui.

La Secretaría justificó su determinación en el retraso de más de un año de esa vialidad, que debió concluirse el 27 de junio del año pasado, según contrato O.P./L.P.E./SEDUOP-20071176.

La Calzada Alfredo Toxqui finalmente será inaugurada en febrero de 2009, después de que las obras fueron reasignadas a la empresa Concretos Especiales Mexicanos, que —a decir del presidente de la junta auxiliar Abraham Esteban Aguirre— trabaja a marchas forzadas para terminarla en el transcurso de las próximas dos semanas.

El único que detalle es que tanto Proyectos y Estudios Especializados de México como Concretos Especiales de México son del mismo dueño: Eduardo Rivera Santamaría, para servir a usted.

EN CORTO
La consejera local del IFE, Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fue seleccionada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como observadora internacional en las elecciones del próximo domingo 18 de enero en la República de El Salvador.

Alejandra y otro funcionario de las oficinas centrales del IFE, son los únicos mexicanos que participarán en la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Para atestiguar el desarrollo de los comicios municipales y legislativos en El Salvador, la también profesora de la Universidad Iberoamericana de Puebla viajará a ese país centroamericano el próximo jueves 15 y retornará a México el martes 20 de enero.

Su experiencia y observaciones sobre las elecciones salvadoreñas se publicarán en e-consulta, a partir del 16 de los corrientes.

En el Consejo Local del IFE la consejera Alejandra Gutiérrez coordina la Comisión de Comunicación.

***

Una larga e intensa reunión de evaluación y programación de más de 12 horas fue la que Blanca Alcalá Ruiz encabezó el viernes, en uno de los salones del Centro Vacacional de Metepec, con los secretarios y funcionarios de su gabinete legal y ampliado.

A la sesión de trabajo acudió también Rigoberto Benítez Trujillo, director de Opina Consultoría Estratégica, quien presentó una evaluación sobre la percepción que los capitalinos tienen del ayuntamiento de Puebla, así como de sus principales funcionarios y acciones de gobierno.

En general, dijo que la gestión de Blanca Alcalá es aprobada por la mayoría de los ciudadanos de Puebla, aun cuando se advierte que hay poca obra y rezago en algunos servicios públicos.

Durante la reunión, la presidenta municipal anunció que este año se ejecutarán 400 nuevas vialidades, entre ellas dos distribuidores viales, uno en el crucero que forman los boulevares Héroes del 5 de Mayo y Valsequillo, y otro sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 14 Oriente.

El fantasma de los cambios se hizo presente en la jornada. Blanca Alcalá no adelantó ninguno, pero sí dejo en claro que éstos se darán hasta después de su primer informe de labores.

Lo que sí hubo fue algunos reconocimientos de la presidenta municipal al director del Instituto de Arte y Cultura, Pedro Ocejo Tarno; al Sistema DIF municipal, a cargo de su hermana Gabriela Alcalá; al tesorero Javier Ramírez Carranza, y a la secretaria de Administración y Tecnologías de la Información, Gabriela García Maldonado.

La reunión terminó con una partida de rosca, y el exhorto de la alcaldesa a los cerca de 40 funcionarios que la acompañaron a redoblar esfuerzos, a mantener la unidad, la disciplina, y a cumplir con las metas programadas para el 2009, a pesar de la crisis económica y las limitaciones presupuestales.

***
José Tomé Cabrera asumirá este lunes la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación del dirigente priísta Alejandro Armenta Mier, con quien ayer domingo afinó los detalles de su nombramiento.

Con Pepe Tomé también llegarán al PRI Sandra Izcoa Reyes, como jefa de Prensa, en sustitución de Luz María (Lucero) Carrera Téllez; Abraham López Posa, como jefe de Relaciones Públicas; Juan Carlos Blanca García, como jefe de marketing y diseño gráfico, y Cindy Alejandro Ibarra, como asistente.

Sandra Izcoa es periodista, fue conductora de los noticiarios de Televisa Puebla; directora de Comunicación Social en el DIF estatal con Socorro Alfaro de Morales, esposa del ex gobernador Melquiades Morales Flores, y presidenta del DIF en el municipio de Cuyoaco, durante la gestión de su esposo Benjamín Lobato Fernández.

Abraham López es un colaborador cercano a Pepe Tomé, con quien ha trabajado primero en el DIF estatal hace más de tres años, y luego en la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

Juan Carlos Blanca fue director de mercadotecnia cuatro años de la consultora Gedas México, firma especializada en la proveeduría del servicio de outsourcing para industrias manufactureras como Volkswagen, y en proyectos de Tecnología de Información.

Para ocupar la vacante que deja Pepe Tomé en la Dirección de Comunicación Social aún no hay sustituto. Lo único que se sabe es que Erika Jaramillo González quedará como encargada de despacho, y que Óscar de la Vega Torres no puede asumir el cargo por alguna inhabilitación política o legal.

***
Carlos Raúl Alvarado Rodríguez ya dejó de laborar en la Secretaría de Salud como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social, para incorporarse a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno del estado, dependencia en la que tendrá un mayor juego.

Por lo pronto, su jefe Javier Sánchez Galicia le encargó la coordinación de la cobertura, difusión y promoción del cuarto informe del gobernador Mario Marín Torres.

***
La evidencia más contundente de que Gerardo María Pérez Salazar no será promovido a una curul en la próxima legislatura federal, es que el secretario de Finanzas y Administración del estado se irá de gira con el gobernador Mario Marín a Italia, Francia y España del 17 al 28 de enero, es decir, justo en los días en que el PRI definirá sus fórmulas de candidatos por los 16 distritos en que se divide la entidad.

Pérez Salazar, quien primero buscó la diputación por Atlixco y luego por el distrito 11 de la capital poblana, acompañará al gobernador a Milán, donde se reunirá con el administrador de la feria de esa ciudad italiana, Sandro Bicocchi, con la alcaldesa Leticia Morat, y con el presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni.

El secretario de Finanzas aprovechará su estancia en Milán para reunirse con su hija, a la que no hace mucho también visitó.

***
La directora jurídica de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Puebla, Eva María Cabrera Zurita, departió el viernes por la noche con algunos proveedores de la comuna en el cantabar Il Canto, de la Avenida Juárez 2113, en la colonia La Paz.

El asunto no tiene nada de malo, pero puede generar controversia por las funciones de Eva Cabrera, y de la Secretaría de Administración, que es la que se encarga de la contratación y pago de proveedores, así como de las adquisiciones y licitaciones que lleva a cabo la comuna.

***
Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

El burocrático procedimiento encaminado a la remoción de Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), sigue su curso.

Ayer los dos peritos que analizan las firmas que son, pero no son de Juárez Acevedo, a decir de él mismo, entregaron sus conclusiones, y serán convocados para el jueves 30 de octubre para que los ratifiquen.

Una vez que esto ocurra, la Comisión de Gobernación abrirá un nuevo plazo de 10 días para alegatos finales, tras los cuales elaborará su dictamen que someterá al pleno del Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre proponiendo la destitución del presidente de la CAIP.

La idea es empatar su salida con la de Josefina Buxadé Castelán, que fue nombrada como comisionada de la CAIP para un periodo de cuatro años que concluye en diciembre próximo.

***

Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que las relaciones de Ana Teresa Aranda Orozco con su jefe, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourino Terrazo, no son precisamente las mejores, y que esta situación podría llevar a la ex candidata a la gubernatura de Puebla a ser nominada como candidata a una diputación federal en las elecciones de julio de 2009.

De acuerdo con esta misma versión, la Doña podría ir como propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo que le garantizaría uno de los primeros lugares en la lista de plurinominales por la cuarta circunscripción del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

***

Este martes a las 17:30 horas se estrenará por el canal 26 de televisión la serie Micrópolis, que es una producción del SICOM dirigida al público infantil, con el propósito de fomentar valores y rescatar el uso de los tradicionales juguetes mexicanos.

La idea y producción original es de Maytee Enciso Vargas y Raúl Velázquez García, aunque en el desarrollo de cada uno de los 16 capítulos de la primera temporada intervienen más de 20 personas, entre actores, voces, escenógrafos, técnicos y realizadores.

Micrópolis nace de la imaginación de un niño, que transforma su cuarto en una ciudad y a sus juguetes en héroes y villanos de diferentes aventuras que un día desarrollan un arma secreta; otro, reflexionan sobre el perdón y los fenómenos paranormales, y en otros, sobre la importancia del medio ambiente y la reforestación o la elaboración de los dulces típicos de Puebla.

El primer programa se transmitirá este martes por el canal 26 de televisión abierta, por el 225 de Megacable digital, por el 35 de Megacable básico y por el 26 de Ultravisión digital.

Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos.

Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

En lo que parece el colmo del cinismo, ante la pasividad, tortuguismo y complicidad de la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ahora quiere argumentar, para impedir su destitución, que el artículo 28 de la Ley de Transparencia que impide ser comisionado a quienes han sido dirigentes de partidos o agrupaciones políticas, es anticonstitucional al restringir la libertad de asociación tutelada por el artículo 6º de la Carta Magna.

Con la complicidad de algunos abogados especialistas en amparo, el ilegítimo Juárez Acevedo quiere argüir también que el procedimiento iniciado por la Comisión de Gobernación del Congreso local –a cargo del blandito Pablo Fernández del Campo Espinosa–  para removerlo del cargo, es improcedente, pues no partió del titular del Poder Ejecutivo (entiéndase el gobernador), ni de las dos terceras partes de los diputados de la actual legislatura (ja, ja, ja, ja).

Ambas argucias, sugeridas por quien fuera su compañero en la Escuela Libre de Derecho, Fernando Castillo Pacheco, podrían plasmarse hoy en un juicio de amparo contra la decisión de remover a Juárez Acevedo, y en el que los medios de comunicación que hemos criticado su cinismo, seremos llevados al banquillo de los acusados.

En sus palabras, “los medios de comunicación, en especial la prensa escrita y los programas amarillistas y tendenciosos tanto de radio como de televisión han hecho de este caso –en su hambre de notas sensacionalistas– su pan de cada día, lo cual ha mal informado a la ciudadanía poblana respecto del procedimiento iniciado en contra del licenciado Antonio Juárez Acevedo”.

En su afán de demostrar que él es el personaje idóneo para sacar del embrollo al titular de la CAIP, Castillo Pacheco presume que “ha logrado que los medios de comunicación vean con seriedad las acciones jurídicas” y apoyen a sus clientes en asuntos en los que son víctimas de la autoridad, como le ocurrió a la empresa Jajomar, concesionaria del sistema de estacionómetros en el municipio de Puebla.

Según él, desde su intervención en el caso de los parquímetros “se acabó el linchamiento mediático” en contra de Jajomar y el descontento social recayó en el ayuntamiento de Puebla y no en la empresa que limpiamente ganó la licitación (ja, ja, ja, ja).

Al margen de estas fanfarronadas de su amigo y el escándalo en que se ha visto envuelto por haber ocultado su pertenencia como miembro de la directiva de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo cierto es que Juárez Acevedo intenta ahora por la vía legal que el Congreso suspenda el procedimiento que le inició para destituirlo.

Como ya se dijo líneas arriba, el presidente de la CAIP recurrirá al juicio de amparo, valiéndose de nuevas argucias:

1. Que el procedimiento que le inició la Comisión de Gobernación es improcedente, al haber sido promovido sólo por el grupo parlamentario del PAN, atendiendo a cuestiones político partidistas y no legales;

2. Que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es anticonstitucional, por coartar el derecho a la libre asociación;

3. Que los diputados locales jamás podrán acreditarle su actuación como secretario de Plataforma Cuatro a partir de nombramiento como comisionado de la CAIP; y

4. Que su destitución no encaja en ninguna de las tres causales previstas por el artículo 29  de la Ley de Transparencia, como son trasgresiones graves a la Constitución federal y la particular del estado, haber incurrido en alguna responsabilidad administrativa o haber sido condenado por algún delito que merezca pena corporal.

¡Vaya cinismo!

El juicio de protección de garantías individuales que hoy seguramente promoverá Juárez Acevedo, de la mano de su compañero de Alma Mater, será una afrenta más del supuesto garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, pero ahora contra los blandengues diputados del PRI que han alargado y entorpecido su destitución por más de un año.

***
Sesiones en lo oscurito

Desde el escándalo en que se encuentra inmersa la CAIP y su ilegítimo presidente, Antonio Juárez Acevedo, las sesiones del pleno de esta comisión se hacen a escondidas de la prensa.

Por decisión de quién sabe quién, los medios dejaron de ser convocados a las sesiones ordinarias y extraordinarias donde se resuelven recursos de impugnación contra negativas de información de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia.

Ahora estas sesiones se realizan en petit comite, con la presencia de los tres comisionados, sus secretarios particulares y los asistentes de sus asistentes.

¡Viva la transparencia y la rendición de cuentas!

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

***
Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

¿Con qué cara Puebla será sede la COMAIP?
Plataforma Cuatro, piedra en el zapato del IFE

El escándalo que envuelve al Congreso del estado y al cuestionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, podría alcanzar dimensiones nacionales. No exagero. Sólo analice el contexto.

De entrada, Puebla será sede, durante la última semana de agosto, de la IX Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya presidencia recayó —por razones propias de la organización del evento— en el ilegal e ilegítimo presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo.

Una semana antes de la Asamblea Nacional de la CAMAIP, el Congreso regresará de su periodo vacacional para entrar —según el dicho del presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— a fondo en la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, en especial ahora que su pertenencia y posición dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, al momento de su designación como comisionado de la CAIP, está más que demostrada.

¿Qué va a pasar el 19 de agosto, cuando el diputado Pablo Fernández del Campo y los demás legisladores de la Comisión de Gobernación conozcan oficialmente el expediente publicado el viernes por e-consulta, donde el IFE admite —por conducto de su director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar— que el presidente de la CAIP sigue siendo el secretario general de Plataforma Cuatro?

¿A poco la mayoría priísta del Congreso va a seguir sosteniéndolo, a sabiendas que su nombramiento es ilegal de origen?

¿Con qué cara Juárez Acevedo puede ser anfitrión en Puebla de los garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública de los 27 institutos y comisiones invitados a la IX Asamblea Nacional COMAIP?

Un ingrediente adicional para que el escándalo de Juárez Acevedo adquiera dimensiones nacionales, es la controversia que él mismo interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la afirmación del IFE sobre su pertenencia a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Juárez Acevedo basa su argumentación en un hecho sin duda controversial y controvertido: la ausencia de su firma en el acta constitutiva de Plataforma Cuatro.

El presidente de la CAIP sostiene que si tal documento no fue suscrito por él, entonces los actos y actuaciones posteriores de esta agrupación política nacional tampoco tienen validez legal, por lo que nadie puede acreditarle la representación de una organización que en términos formales jamás se constituyó.

Esta situación explica en parte la actuación poco diligente que ha mostrado el IFE en el caso Juárez Acevedo, primero ante la Contraloría del estado cuando ésta le requirió información sobre el cuestionado presidente de la CAIP y sus vínculos con Plataforma Cuatro, y luego ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.

En el oficio DEPPP/DPPF/3659/2008 que el IFE envió al Congreso del estado, el pasado 9 de julio, se reconoce que el acta constitutiva que da cuenta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, de fecha 8 de enero de 1999, “no obra en los archivos de este Instituto”.

Esta omisión no deja de resultar extraña.

¿Cómo el IFE, que por siete años financió con recursos públicos a Plataforma Cuatro, ahora dice que no cuenta con el acta constitutiva de esta agrupación política?

¿Cómo Juárez Acevedo, que por siete años gozó de las prerrogativas del IFE, ahora se inconforma ante el mismo organismo con el argumento de que no puede ser secretario general de una agrupación que legalmente nunca se constituyó, o al menos no con su firma?

¿Ahora entiende por qué le digo que la CAIP y su ilegal e ilegítimo comisionado presidente meterán a Puebla en otro escándalo nacional?

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx