La renuncia del director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado (IEE), Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, ha levantado una ola de rumores o intrigas al interior del organismo.

La versión que tiene inquietos a ciertos consejeros y operadores morenovallistas es que Miguel Luna dejó el IEE, no sólo por diferencias con su jefa inmediata superior, la secretaria ejecutiva Dalhel Lara Gómez, sino porque tiene acuerdos y nexos con importantes actores políticos de Morena.

Y lo más preocupante: que una buena parte de sus subordinados en la Dirección de Organización Electoral lo aprecian y le guardan lealtad, al grado que el día que presentó su renuncia varios de ellos desaparecieron del IEE a las 20 horas y apagaron sus celulares, y al día siguiente no se presentaron o llegaron tarde a su oficina después de reunirse con él en un desayuno.

Su renuncia ha sido motivo de juntas de consejeros, de mesas de trabajo con la secretaria ejecutiva, y de evaluaciones sobre el desempeño, acciones realizadas y tareas pendientes o incumplidas por Miguel Luna y su equipo.

Dalhel Lara recordó que en el proceso de 2016 el hoy ex director de Organización Electoral también amagó con renunciar y que en esa ocasión ella defendió su permanencia, pero que ahora la Contraloría Interna debería iniciarle un procedimiento e inhabilitarlo, petición a la que se sumó la consejera Claudia Barbosa Rodríguez.

Sobre los supuestos vínculos de Miguel Cuauhtémoc Luna con candidatos y dirigentes de Morena, no hay nada confirmado, salvo sospechas porque el representante de este partido ante el Consejo General del IEE lo defendió en una mesa de trabajo y solicitó que no fuera sancionado hasta que se conocieran a fondo las causas de su renuncia.

Sin embargo para algunos consejeros del bloque morenovallista el tema delicado no es que Miguel Luna se haya ido, faltando menos de 40 días de los comicios, sino por qué se fue, qué información tiene y qué documentación se llevó y si su conducta no será un anticipo de los problemas y traiciones que podrían venir durante la jornada electoral del 1 de julio.

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Este viernes habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que serán nombrados los presidentes y consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de Puebla y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo.

Y es que al más alto nivel hubo presiones para impedir que el OPLE de Puebla quedara bajo el control del gobernador Rafael Moreno Valle, con cuatro de los sietes consejeros, incluido el presidente del organismo.

Al representante del PRI ante el Consejo General del INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, y al mismo secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, se les enviaron sendas fichas en las que se detallan los nexos y vínculos de cuatro de los siete consejeros propuestos para integrar el OPLE de Puebla con el morenovallismo.

El nombramiento de los consejeros del OPLE Puebla será un claro indicativo de qué tan disputados serán los comicios para gobernador del 2016 entre el PAN y el PRI o de qué tamaño son los acuerdos entre el gobernador Rafael Moreno Valle y la Presidencia de la República de cara al 2018.

Si en la sesión de este viernes, los consejeros del INE votan por los siete candidatos propuestos inicialmente por la Comisión de Vinculación para integrar al OPLE de Puebla —Juan Pablo Mirón, Federico González Magaña, Jacinto Herrera Serrallonga, Flor de Té Rodríguez Salazar, José Luis Martínez López, Claudia Barbosa Rodríguez y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo— habría que poner en tela de duda la intención del PRI de buscar ganar la gubernatura del 2016.

¿Qué partido político que quiere ganar una elección tan competida como la del próximo año deja que el árbitro del proceso lo ponga su contendiente?

Pero si, por el contrario, resulta que en la sesión de este viernes el secretario particular del hoy diputado perredista Luis Maldonado Venegas es eliminado de la plantilla de consejeros del OPLE Puebla, u otro morenovallista como Federico González Magaña desaparece de la lista final, entonces dé por seguro que el PRI va con todo a los comicios del próximo año, aun a costa de Moreno Valle.

Por eso le digo que habrá que seguir con mucha atención la sesión del Consejo General del INE, pues este viernes se convertirá en el primer campo de batalla de panistas y priístas rumbo al 2016.

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Por cierto.

Este jueves fue visto en la Cámara de Diputados, haciendo las veces de secretario particular del perredista Luis Maldonado Venegas, el candidato a consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla, Juan Pablo Mirón Thomé.

En diferentes fotos enviadas a e-consulta, Mirón Thomé aparece como acompañante de Luis Maldonado en una comida que este jueves por la tarde tuvo el hoy presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos Esquerra, en el restaurante La Mansión.

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Cuatro de los 7 consejeros pertenecen a su grupo

Dalhel Lara será la nueva secretaria ejecutiva del IEE

Si uno de los propósitos de la última reforma político electoral, en la que el Instituto Federal Electoral (IFE) fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE), era eliminar el control y manipulación que ejercían los gobernadores sobre los institutos electorales estatales, en Puebla simplemente pasó de noche.

Al menos a juzgar por los nombres de los siete consejeros que la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), perfiló para Puebla, y que esta semana serán aprobados por el Consejo General del INE.

Para ningún observador o analista político son desconocidos los nexos y ligas de Juan Pablo Mirón Thomé, Federico González Magaña, Jacinto Herrera Serrallonga, y Flor de Té Rodríguez Salazar con el morenovallismo.

Mirón Thomé fue particular de Luis Maldonado Venegas, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la Secretaría General de Gobierno (SGG). En 2010 fue consejero municipal e intentó destituir a la presidenta del Consejo Municipal Electoral del IEE, Sonia de la Luz Duarte Ávila Sosa, por no hacer lo que él quería.

González Magaña fue asesor electoral de Moreno Valle en la campaña electoral de 2010 y en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se ha distinguido como uno de los comisionados que menos facilitan la transparencia y la rendición de cuentas.

Jacinto Herrera Serrallonga es hijo del director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la SEP, Jacinto Herrera Rivera, a quien le debe en buena medida su ingreso al servicio público en organismos vinculados a la dependencia como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, y el Consejo de Ciencia y Tecnología, ambos en la administración morenovallista.

Flor de Té Rodríguez es la actual titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), es decir la instancia que ocultó o manipuló la información sobre la falta de título y cédula profesional del consejero presidente del organismo, Armando Guerrero Ramírez, con quien también laboró a través del despacho Daja Grupo Consultor SC. Como funcionaria del IEE ha ocultado a los consejeros y al Comité de Transparencia información sobre los expedientes reservados y no reservados.

En el reparto de posiciones del OPLE Puebla al PRI le correspondieron tres lugares: el de José Luis Martínez López, actual consejero del IEE, y los de las concuñas Claudia Barbosa Rodríguez y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo.

José Luis Martínez llegó al Consejo General del IEE como cuota del PRI, por su parentesco con la secretaria privada del secretario de Hacienda del gobierno federal, Luis Videgaray Caso. Claudia Barbosa es actualmente magistrada del Tribunal Electoral del Estado, cargo al que llegó con la ayuda de su esposo Rubén Enrique Becerra RojasVértiz, funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Alejandra Gutiérrez se desempeña como consejera local del INE. A esta última se le vincula políticamente con el ex diputado federal José Luis Márquez Martínez, actual dirigente estatal de la CNOP.

Por lo que respecta a la terna que se presentó la semana pasada, para designar al sustituto de Miguel David López Jiménez al frente de la Secretaría Ejecutiva del IEE, se sabe que la elegida será la actual consejera Dalhel Lara Gómez, por su cercanía con el grupo morenovallista desde que ésta laboró en la Secretaría de Finanzas como titular de la Unidad de Fideicomisos y Fianzas.

Antes de ser nombrada consejera, Dalhel Lara fue titular de la Unidad de Fiscalización, Contralora Interna, y Comisaria del Comité de Adquisiciones, a diferencia de los dos integrantes restantes de la terna, quienes sólo se han desempeñado como encargados de despacho. La contadora Iris del Carmen Conde Serapio, de la Unidad de Fiscalización y el abogado Julio César Barreto Ariza, de la Unidad Jurídica.

La terna, pues, está viciada de origen con candidatos de relleno para cubrir las formas.

Así las cosas valdría la pena preguntar: ¿qué sentido tuvo la última reforma electoral, cambiar para que todo siguiera igual? ¿No con el INE se acabaría el reparto de cuotas partidistas? ¿No que con la centralización de los nombramientos de consejeros y funcionarios de los OPLES, los gobernadores ya no los controlarían?

Sí, como no.

EN CORTO

Este sábado se reunieron los casi cien participantes que darán vida a los cuatro tomos de la colección «Encuentro con la historia. Puebla a través de los siglos», en los que se resumirá la historia de la entidad desde la época prehispánica hasta nuestros días.

El impulsor de esta iniciativa, Marco Antonio Rojas Flores, detalló que la obra será editada y resguardada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y presentada a los poblanos el próximo 18 de noviembre.

La colección se integra con investigaciones, ensayos y trabajos, la mayoría de ellos inéditos, de historiadores, antropólogos, arqueólogos, cronistas, periodistas y especialistas de distintas áreas y abarca la época prehispánica, la Conquista, el Virreinato, la Independencia, la Reforma y la Intervención, la batalla del 5 de Mayo, el Porfiriato, la Revolución y el periodo postrevolucionario.

Entre los participantes destacan Efraín Castro Morales, Sabino Yano Bretón, David La France, Alicia Tecanhuey, Emilio Maceda, Juan Pablo Salazar Abrew, Antonio Quintana Fernández, Guadalupe Pérez Maurer, Gloria Tirado Villegas, Eduardo Merlo, Jorge Arrazola Cermeño, Raúl Bringas Nosti, María Pía Benítez de Unanue, Abraham Quiroz Palacios, Mariano Torres Bautista y Luis G. Benavides Ilizaliturri, entre otros.

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De los 20 aspirantes que la Junta de Coordinación Política del Senado envío a la Comisión de Justicia para designar de entre ellos al futuro titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, sólo uno es más o menos conocido en Puebla: el magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, quien se desempeñó como director Jurídico de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) y después como coordinador Jurídico de la Comisión Estatal Electoral.

Rubén Becerra Rojasvértiz es esposo de la actual magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Claudia Barbosa Rodríguez.

El magistrado fue durante ocho años secretario instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del magistrado presidente José Luis De la Peza, y por 5 años ininterrumpidos miembro de las Comisiones de Jurisprudencia y de Opiniones solicitadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los procedimientos de acciones de inconstitucionalidad de leyes en materia electoral.

Se desempeñó también como magistrado en la Sala Regional de Monterrey y una vez que concluyó su gestión fue nombrado Visitador General del TEPJF, cargo que actualmente ocupa.

Los otros 19 aspirantes son: Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, Arturo Bolio Cerdán, Rolando Wilfredo de Lassé Cañas, José Félix Cerezo Vélez, Juan José Rivera Crespo, Santiago Nieto Castillo, Alejandro González Durán Fernández, Alejandro Porte Petit González, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Arturo García Jiménez, Miguel Medardo González Compeán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, Adriana Campos López, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Salvador Sandoval Silva y Tito Armando Granados Carrión.

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Aunque a nivel nacional el PAN ya se manifestó en contra del proyecto del presidente Enrique Peña Nieto de crear policías únicas estatales que sustituyan a las corporaciones municipales, la verdad es que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sí es simpatizante de la propuesta del mando único.

De hecho hasta resulta extraño que el mandatario estatal, que forma parte de la Comisión Permanente Nacional del PAN, se haya sumado al rechazo de la iniciativa presidencial o la intención de que esta pudiera ser aprobada en un periodo extraordinario de sesiones antes de que finalice el año.

O que el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad haya aceptado el punto de acuerdo que este miércoles promovió la regidora panista Myriam Arabian Couttolenc en el sentido de que el Cabildo de Puebla rechaza el mando único policiaco planteado por el presidente Peña Nieto por violentar y vulnerar las funciones sustantivas de los municipios en materia de seguridad pública.

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Me cuentan que la reunión del sábado del diputado federal Javier López Zavala con priístas de la región de Teziutlán no sumó a más de 80 personas de esta cabecera y de los municipios de Ayotoxco y Chignautla y que entre los organizadores de la misma, además de Gabriel Reyes Cardoso, estuvo Heriberto Márquez, quien se desempeñaba como delegado de la Secretaría General de Gobierno.

En el encuentro, que tuvo lugar en el salón Amaranto, López Zavala llamó a los priístas a rechazar la imposición de fuereños y a pugnar por un candidato de la región, ya que de lo contrario el PRI difícilmente podrá ganar este distrito de la Sierra Nororiental de Puebla en las elecciones federales del año próximo.

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Listo el nuevo Comité Directivo Estatal del PRI

Llegan David Espinoza, Rufo Juárez y Sánchez Barranco

El martes de la semana pasada le anticipé que el asunto de las afiliaciones corporativas en el Partido Acción Nacional podría escalar y poner en evidencia (por no decir en ridículo) a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que avalaron más de 14 mil registros en bloque de siete municipios de la entidad.

El pronóstico se cumplió —y con creces— el viernes por la tarde noche, tras la burda maniobra a la que tuvo que recurrir el TEEP para impedir al coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN, Jorge Jiménez Calderón, la presentación de un Juicio de Revisión Constitucional en contra de ese órgano jurisdiccional en materia electoral. 

Usted cree que si la resolución de los tres magistrados del TEEP —Francisco Javier de Unanue y Bretón, Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo— hubiera estado apegada a derecho, habrían tenido necesidad de inventarse una amenaza de bomba para cerrar las oficinas del Tribunal y desalojar de sus instalaciones a Jorge Jiménez y a otros miembros del PAN que lo acompañaban.

Por supuesto que no.

Lo que en realidad sucede es que el gobierno morenovallista jamás se imaginó que el dirigente del PAN, Rafael Micalco Méndez, se rehusaría a admitir las más de 14 mil afiliaciones que en bloque le enviaron, y menos que éste se inconformaría contra la resolución del TEEP que dio por buenas esas incorporaciones en los municipios de Puebla, Tlatlauquitepec, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Chiautla, Acajete y Tepeaca.

Desde que el Tribunal recibió los 14,276 recursos de apelación promovidos por ciudadanos a los que el presidente estatal del PAN negó su registro de afiliación, los magistrados guardaron total hermetismo, no obstante tratarse de una cuestión extraordinaria o fuera de lugar en la historia del órgano jurisdiccional que jamás recibido tantas impugnaciones juntas y en tan poco tiempo.

A diferencia de otras sesiones a las que siempre se convoca a los medios de comunicación, incluso con antelación, la sesión del 6 de octubre donde los magistrados resolvieron a favor de los quejosos los recursos de apelación interpuestos contra de Rafael Micalco se mantuvo en la opacidad.

De ella sólo se informó mediante un comunicado, publicado en el portal del Tribunal, al día siguiente de la sesión, pese a que con ese acto los magistrados integrantes del órgano jurisdiccional alcanzaron un récord histórico en cuanto a resoluciones. 

Resoluciones que podrían convertirse también en un descalabro histórico para el Tribunal local si, como parece, Micalco decide recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo las afiliaciones masivas.

¿Se imagina usted el escándalo o un reportaje que más o menos diga: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enmienda la plana a los magistrados de Puebla o de Moreno Valle casi en la totalidad de sus resoluciones en 2014?

De pena ajena, ¿no?

EN CORTO

El viernes por la tarde la presidenta y el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui, respectivamente, se reunieron con un grupo de militantes para anunciarles su integración a la dirigencia estatal.

Aquí los nombres y las carteras que ocuparán a mediados de la semana, una vez que sus designaciones se hagan oficiales:

El exdiputado local Felipe David Espinoza Rodríguez, de origen zavalista, será el secretario de Operación Política; y el dos veces presidente municipal de Oriental, Raúl Pérez Carreón, el secretario de Organización gracias a los buenos oficios del ex dirigente estatal del PRI y actual director general del Registro Nacional de Población (Renapo), Alejandro Armenta Mier.

Otro ex diputado de la LVIII Legislatura del Congreso del estado que también tendrá cabida en la dirigencia de Isabel Allende es Gerardo Mejía Ramírez, quien será el secretario de Acción Electoral.

El ex legislador local dogerista Jorge Alfonso Ruiz Romero sí será miembro del Comité Directivo Estatal, pero no se quedará con la Secretaría de Administración y Finanzas, sino con la Secretaría de Vinculación con la Sociedad.

Rufo Juárez Peñuela, marinista de pura cepa, asumirá la Secretaría Técnica, y Mario Conde Rodríguez repetirá en la Coordinación Jurídica.

A la Secretaría de Gestión Social llegará otro recomendado de Armenta Mier, el ex dirigente del Movimiento Territorial, Alberto Sánchez Barranco.

Aún están pendientes de designación los titulares de las secretarías de Deportes, Cultura, Migrantes y la Coordinación de Procesos Internos.

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Un tema que debería llamar la atención de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en la Ciudad de México, es la unanimidad de criterios que han mostrado los magistrados de la instancia jurisdiccional local en sus resoluciones sobre el reciente proceso electoral.

Todo lo razonan y votan igual. Bueno, casi todo. Y es que de las 375 impugnaciones y más de 110 inconformidades que fueron promovidas por candidatos, partidos y coaliciones, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) —Francisco Javier de Unanue y Bretón, Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo— sólo en cuatro resoluciones han diferido.

Sin embargo los magistrados están tranquilos, pues saben que mientras las tareas de supervisión de la instancia jurisdiccional local estén a cargo de Rubén Enrique Becerra Rojas-Vértiz, en su calidad de visitador general del TEPJF están blindados y protegidos.

Y vaya que lo están.

¿O usted cree que el flamante y conspicuo visitador de la Sala Regional observará alguna anomalía o conducta irregular de los tres magistrados electorales de Puebla, si entre ellos figura su esposa Claudia Barbosa Rodríguez?

Dicha magistrada, según se dice en los corrillos del TEEP, es quien revisa los proyectos finales de las tres ponencias y algunas veces con la ayuda o colaboración de su esposo, Rubén Enrique Becerra Rojas-Vértiz, que antes de ser visitador general del TEPJF fue magistrado presidente de la Sala Regional de Monterrey.

Que el visitador debería excusarse de revisar el desempeño de los magistrados de Puebla, es cierto. Pero no lo hará, como no lo hizo en el pasado cuando fungía como presidente de la Sala Regional de Monterrey y su esposa, por recomendación suya, laboraba para el presidente del Tribunal Electoral del estado de Nuevo León como abogada proyectista.

¿O me equivoco?

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¿Sabía usted que de los 215 presidentes municipales electos de Puebla hay cerca de 30 que no saben leer ni escribir, pero que ello no será impedimento para rindan protesta el próximo 15 de febrero?

¿Y sabía que la Constitución del estado de Puebla sólo exige a diputados locales, pero no a presidentes municipales saber leer y escribir?

Pues ahora ya lo sabe.

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México, D.F., a 8 de enero de 2014.

Estimado Rodolfo Ruíz:

Con relación a la información contenida en la columna “La Corte de los milagros. Sospechosismo electoral” publicada hoy en el portal E-Consulta, le hago las siguientes precisiones:

1.- Los Tribunales y Salas Electorales de las diferentes entidades del país tienen autonomía plena, por lo que en sus decisiones no existe ninguna injerencia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

2.- Rubén Becerra Rojasvértiz es uno de los tres visitadores del TEPJF, y fue designado como Visitador General por la Comisión de Administración, el pasado 13 de agosto, tras acumular una trayectoria de 16 años de servicio en el órgano jurisdiccional, al cual ingresó en enero de 1997, en donde se desempeñó como secretario instructor de la Sala Superior, en la ponencia del ex magistrado presidente José Luis de la Peza; fue magistrado de la Sala Regional Monterrey, la cual presidió en dos períodos que coincidieron con las elecciones presidenciales de 2006 y 2012; y ocupó el cargo de Coordinador General de Asesores del actual presidente del Tribunal Electoral.

3.- La Visitaduría Judicial es un órgano auxiliar con independencia técnica de la Comisión de Administración del TEPJF cuyo objetivo primordial  es obtener elementos que le permitan verificar que el funcionamiento de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral, con sede en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca se apeguen a los principios de imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Asimismo, tiene por objeto inspeccionar el desempeño profesional de los servidores públicos de las Salas Regionales del propio TEPJF, y proporcionar a la Comisión información precisa, actual, confiable y profesional de su desempeño.

4.- Por lo anterior, la función que realiza Rubén Becerra Rojasvértiz como funcionario del TEPJF no tiene ninguna repercusión en el trabajo de los Tribunal y Salas Electorales de las 32 entidades del país.

Le anexo el Acuerdo General que regula el funcionamiento de Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de abril de 2012.

ATENTAMENTE:

Lic. Ricardo Barraza Gómez

Coordinador de Comunicación Social

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