RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Para dejar en claro quién manda en Puebla y que la división de poderes en la entidad es un mito genial, la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo asumió desde el comienzo de julio la administración de los recursos del Poder Judicial del estado.

La decisión ni siquiera fue consultada al pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino tomada por su magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, en una clara y abierta violación al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que textualmente dice: “El Poder Judicial del Estado tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus funciones”.

La mayoría de los jueces y magistrados se enteraron de la decisión en la última quincena cuando su cheque ya no lo recibieron de la Tesorería del TSJ, sino de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Y cuándo preguntaron a qué obedecía el cambio supieron entonces lo peor: que el Poder Judicial no sólo había perdido el control y administración de su nómina, sino dos de sus principales fondos: el de recursos económicos propios, y el destinado al mejoramiento de la administración de justicia.

Pero además que las funciones y atribuciones de la Comisión de Administración, que es la encargada —según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— de planear, presupuestar, organizar, asignar, aprovechar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal y la beneficiaria de todas las fianzas que se otorguen a favor al Poder Judicial del estado, ahora las asumiría la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal.

Rebelión silenciosa

Paradójicamente los más inconformes con este acuerdo administrativo del sumiso magistrado presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, no son los magistrados en funciones del Poder Judicial del estado, que prácticamente se asumen como empleados del gobernador Moreno Valle, pasándose por el arco del triunfo la Constitución que juraron respetar y cumplir, sino los magistrados jubilados.

Y la razón principal es de orden económico, pues desde que la Secretaría de Finanzas y Administración tomó la administración del Poder Judicial sus pensiones y pagos por concepto de retiro no sólo han sufrido mermas o atrasos, sino que algunas podrían perderse.

El malestar de los magistrados retirados es tal que estos incluso están valorando ampararse y echar abajo este acuerdo administrativo de Flores Toledano, que vulnera el principio de división de poderes  sino demandar a éste por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, al permitir que los recursos de éste sean administrados y controlados por una dependencia de otro poder.

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Encerrona ministerial

Los días jueves y viernes de la semana pasada, todos los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección Metropolitana Sur, cargo de Jaime Huerta Ramos, tuvieron que hacer guardia permanente y dejar todas las averiguaciones previas que ese momento tenían pendientes para concentrarse en una sola: la del menor de Chalchihuapan, gravemente herido en la cabeza.

La razón: la inminente intervención de la PGR y la CNDH en el caso.

Así, la averiguación previa referente al desalojo y enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco se transformó de unas cuantas hojas a voluminosos volúmenes de “investigación”, en los que los ministerios públicos fueron instruidos sobre lo que tenían que describir en los videos tomados del enfrentamiento.

Quizás por esas sesudas investigaciones, el procurador Víctor Antonio Carrancá salió a decir esta semana que los pobladores pudieron planear la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie o que la herida mortal que recibió en la cabeza sino fue producto de un cohetón, lo fue de la ola expansiva que éste produjo.

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La crisis de Chalchihuapan lo evidencia como un político solitario

Un excolaborador de Luis Maldonado llega a la dirigencia de MC

Es difícil atisbar en qué terminará la crisis política, de imagen y credibilidad en que se encuentra metido el gobierno del estado por el caso Chalchihuapan, sobre todo después de la trágica muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo ocurrida este sábado por la tarde.

Algunas consecuencias están a la vista, entre ellas el repudio que la opinión pública —alentada por los comentócratas— ha mostrado hacia el gobernador Rafael Moreno Valle en la aplicación de la llamada Ley Bala y en la versión que tanto él como sus funcionarios han salido a dar sobre el desalojo, el uso excesivo de violencia y la herida que finalmente ocasionó el fallecimiento del hijo de Elia Tamayo.

Pero otras consecuencias no. ¿Qué pasará cuando se confirme que la lesión cerebral a José Luis Tehuatlie no la causó un cohetón, como ha dicho el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas? ¿O cuando las investigaciones corroboren que los granaderos que desalojaron a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares iban con algo más que cascos, escudos, tonfas o toletes? ¿Renunciará Luis Maldonado?

¿Cómo reaccionará Moreno Valle cuando se acredite el uso de armas y balas de goma en el operativo de la autopista Puebla-Atlixco, situación que su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, ha rechazado de manera reiterada? ¿O cuando se sepa que algunos jefes policiacos acudieron al desalojo con sus armas de cargo, como la mujer policía de apellido Sumiko que estuvo retenida por los pobladores en el centro de Chalchihuapan, y que perdió su pistola Pietro Beretta 9 milímetros? ¿Le pedirá su renuncia a Facundo Rosas?

¿Cómo parará el gobernador las voces críticas de las redes sociales que exigen su renuncia o juicio político, o de figuras nacionales que lo tachan de autoritario y represor? ¿Cederá a la presión política, social y mediática, sacrificando a uno o dos secretarios de su gabinete? ¿Tales remociones serán suficientes para contener la crisis? ¿Moreno Valle mantendrá su posición de culpar a los pobladores por llevar a niños como escudo? ¿O de responsabilizar a la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, al presidente  auxiliar de Chalchihuapan Javier Montes Bautista, y a otros dirigentes de la comunidad, de ser los causantes de la violencia y de estar involucrados en actos delictivos graves como el tráfico de personas y el narcotráfico?

No es fácil hacer un pronóstico sobre el desenlace de esta crisis, la peor en lo que va de su gestión. De lo que sí estamos seguros es que el deterioro de su imagen y la credibilidad de su gobierno son muy altos, y que la ola creciente de inconformidad social, por la insensibilidad que ha mostrado frente a la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y el dolor de su madre, podrían arruinarle su proyecto político transexenal.

Lo más sintomático hasta el momento es que nadie fuera de su compacto grupo político ha salido a defenderlo o a reivindicarlo, ni siquiera los dirigentes locales o nacionales de sus partidos aliados. Tampoco los representantes de la Iniciativa Privada que supuestamente deberían estar contentos con las obras y proyectos que realiza su gestión. Y ya no digamos la comunidad académica o los líderes religiosos.

La respuesta a esta falta de solidaridad es significativa, y reveladora de que algo no está funcionando en su gobierno, pero también de que algunos de sus secretarios y colaboradores más cercanos no están siendo un canal de comunicación efectiva con la sociedad, ya sea porque se han encerrado en su propia burbuja o porque tampoco le informan de todo por temor a represalias.

Con Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno al menos había alguien que escuchaba y atendía a los inconformes, y hacía que estas quejas llegaran al gobernador, pero con su salida esta puerta se cerró y con ella la posibilidad de que los conflictos o desavenencias con la autoridad se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación.

EN CORTO

A partir de este lunes Fernando Cortés Betanzos se integra a trabajar como coordinador de comunicación social de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) que preside el munícipe de Mérida, Yucatán, el panista Renán Alberto Barrera Concha.

Fernando Cortés se desempeñó como coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, en el último tercio de la gestión de Eduardo Rivera Pérez, cuando éste también fue presidente nacional de esta organización de alcaldes panistas.

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José Manuel del Río Virgen fue electo este domingo presidente del Consejo Ciudadano Nacional del partido Movimiento Ciudadano.  Su nombramiento no deja de resultar interesante para Puebla, pues el político veracruzano se desempeñó al comienzo de la gestión morenovallista como director general del Colegio de Bachilleres, cargo al que renunció por diferencias con el entonces titular de la SEP en la entidad, Luis Maldonado Venegas.

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Ahora que la PGR decidió coadyuvar con la PGJ en las investigaciones acerca del desalojo en la autopista Puebla-Atlixco, para deslindar responsabilidades sobre el empleo de balas de goma y armas de fuego, y sobre quién en realidad lesionó al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, bien valdría que se concentrara en la policía que fue tomada como rehén por los pobladores la tarde-noche del miércoles 9 de julio.

La PGR debe interrogarla y hacerle tres preguntas básicas: qué tipo de arma usó en la refriega, que pasó con ella y quién la instruyó a presentarse con ella durante el operativo.

Aquí por lo pronto le puedo adelantar algunos datos. El primero es que acudió armada con algo más que un tolete, un casco y un escudo; que su pistola, una Pietro Beretta 9 milímetros se la quitaron los pobladores durante su cautiverio en la junta auxiliar de Chalchihuapan, y que la orden de acudir empistolada se la dio su superior Wilebaldo Ramón Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales.

¿Usted cree que si los policías del grupo antimotín llevaban armas de fuego, como una mortífera Pietro Beretta 9 mm, no también utilizaron balas de goma?

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Ya metido en el tema, creo que los investigadores de la PGR también deberían entrevistar a los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) sobre la dirección y protocolos del operativo, y preguntar qué tanta coordinación había entre la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos; el coordinador de Despliegue Territorial, Yair Bibiano Sánchez, y el subdirector operativo de la Policía Estatal, Guillermo Palma Salazar.

A decir de algunos granaderos del grupo antomotín, lo que menos hubo en ese operativo fue coordinación, pues la subsecretaria decía una cosa, y Yair Bibiano otra diferente o contradictoria.

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Este viernes se renovará la dirigencia del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México en Puebla. Llegará como presidente Jesús Parra Tay, en sustitución del empresario Gabriel Casas Rodríguez.

Parra Tay es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, suplente del regidor Juan Pablo Kuri Carballo, fue militante del PRI y vicepresidente de la organización priísta Fuerza Joven.

Su designación es para un periodo de tres años. La protesta se la tomará su dirigente estatal Juan Pablo Kuri.

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A riesgo de parecer repetitivo, no quiero dejar de invitarlos este sábado a la conferencia que en la Casa de la Cultura ofrecerá el doctor en psicología educativa Antoni Zabala i Vidiela, experto en el enfoque de competencias y en procesos de reforma educativa en varios países latinoamericanos.

La conferencia del investigador español, que comenzará en punto de las 12, será abierta a todo el público en la Sala Luis Cabrera.

El presidente del Instituto de Recursos e Investigación para la Formación de Barcelona y director de la revista Aula de Innovación Educativa acude a Puebla como invitado de la Maestría en Evaluación Educativa del Colegio de Puebla y la Asociación de Consultores para la Investigación Educativa (ACIE).

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La crisis de Chalchihuapan ha puesto en evidencia varios factores que el gobernador Rafael Moreno Valle necesita corregir de manera urgente, entre ellos la ausencia de un equipo político y de comunicación especializado en el manejo de conflictos, la escasez de aliados naturales y con liderazgo social que salgan en su defensa y la fragilidad de su estructura de comunicación y redes sociales.

Los operadores políticos y de comunicación social del Ejecutivo estatal se han visto lentos, torpes y poco eficaces en lo que se refiere al control de daños causado por el enfrentamiento entre granaderos y pobladores de Chalchihuapan hace ocho días. La crisis, lejos de amainar, se ha intensificado al grado que el gobernador seguramente tendrá que sacrificar a uno o dos de sus más cercanos colaboradores.

Cómo es posible que seis días después del conflicto el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, haya salido a dar una versión insostenible y que cualquier equipo mediamente preparado en el manejo de crisis y control de daños hubiera desaprobado, a sabiendas que la opinión pública (que no es lo mismo que la opinión publicada) la desacreditaría de inmediato.

Para el gobernador debe resultar sintomático que fuera de su compacto grupo político, ningún dirigente político, empresarial, académico o religioso, con autoridad moral y prestigio social, haya salido a defenderlo o a pedir un voto de confianza ante ese lamentable enfrentamiento, resultado de la intransigencia y la falta de diálogo y negociación efectiva con los actores y grupos sociales inconformes.

¿Dónde están aliados del gobernador en los medios de comunicación? ¿Por qué ninguno de estos, beneficiarios de la publicidad oficial, ha sido capaz, ya no de revertir la situación, pues eso sería imposible, sino al menos mitigar los daños en imagen, credibilidad y prestigio del mandatario estatal que con mucho trabajo y mucho dinero se ha construido?

Basta echar un vistazo a las redes sociales para comprobar que en esta materia sus operadores de imagen, medios y branding dejan mucho que desear, lo mismo que la lealtad de sus miles de seguidores en Facebook, Twitter y Youtube. Quizás sea momento de auditar esta estrategia y sus bots informáticos ahora que se ha corroborado que en crisis como las de Chalchihuapan estos de poco o nada sirven.

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Este sábado estará en Puebla un experto internacional en educación, y en particular en el enfoque de competencias, y de reformas en los sistemas educativos. Se trata del doctor en psicología de la educación Antoni Zabala i Vidiella, presidente del Instituto de Recursos e Investigación para la Formación de Barcelona, España y director de la revista Aula de Innovación Educativa.

El reconocido investigador dará una conferencia abierta a todo el público este sábado 19 de julio en la Casa de la Cultura, invitado por la Maestría en Evaluación Educativa a través del secretario académico del Colegio de Puebla, Joel Cordero Elizalde, y la Asociación de Consultores para la Investigación Educativa que dirige Claudia Morales.

Antoni Zabala ha participado en los procesos de reforma educativa de diferentes naciones latinoamericanas como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y México, y es autor de una docena de libros que con frecuencia son citados por los investigadores educativos mexicanos.

Su conferencia será gratuita y comenzará en punto de las 12 horas en la Sala Luis Cabrera de la Casa de la Cultura.

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La versión de las autoridades acerca de cómo ocurrió el enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan y otras comunidades la tarde del miércoles 9 de julio, y sobre los responsables de la lesión del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General del Sur, tiene varios asegunes.

De entrada, llama la atención que el gobierno del estado haya salido a explicar los hechos seis días después de ocurridos, y una vez que fracasó en su intentona de minimizarlos ante la opinión pública.

Las autoridades han dicho una y otra vez que los policías no iban armados y que estos jamás utilizaron balas de goma en contra de los inconformes, sin embargo las fotografías, videos e imágenes de los lesionados de Chalchihupan, entre ellas la de Martín Romero Montes con una bala de goma en la mandíbula izquierda, revelan lo contrario.

En el comunicado que este martes leyó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, sin aceptar preguntas de los reporteros, afirmó textualmente:

“La Secretaría de Seguridad Pública reafirma que, en todo momento, el despliegue de la fuerza policial se produjo bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objeto de lograr la apertura de la vía en cuestión.

“Desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les conminó al diálogo y a la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno”.

El diálogo y la supuesta negociación no fueron tales. Lo cierto es que el comandante que iba al frente de los granaderos se dirigió al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, para pedirle que se retirara junto con los inconformes, pues tenía instrucciones de desalojarlos de la autopista.

Antes de que los policías avanzaran sobre el contingente que bloqueaba la autopista Puebla-Atlixco, a la altura del kilómetro 14, estos y los pobladores intercambiaron insultos durante casi media hora.

“¡Ya quítense indios pendejos que les vamos a partir su madre!, gritaban los granaderos. Los manifestantes devolvían la ofensa pero con la advertencia: “Mejor váyanse porque no saben dónde están parados”.

¿A pocos estas agresiones verbales pueden tomarse como negociación o diálogo?

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El parte oficial refiere que el enfrentamiento se produjo como resultado de la escalada de agresiones y violencia de los manifestantes en contra de los policías, por lo que estos tuvieron que contenerlos y dispersarlos, usando “exclusivamente” toletes, escudos y cascos, y más tarde gases lacrimógenos.

Las imágenes iniciales del enfrentamiento refutan, sin embargo, esta interpretación de Luis Maldonado, quien en la conferencia de prensa estuvo acompañado del procurador Víctor Carrancá y del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quienes, por cierto, tampoco respondieron pregunta alguna de los reporteros.

Como se puede ver en este video los granaderos arrojaron bombas lacrimógenas desde el comienzo y sí iban armados con algo más que toletes, cascos y escudos.

El choque vino con las primeras detenciones de pobladores, y después de que el contingente fue gaseado. Los manifestantes se replegaron hacia el puente que comunica a Chalchihuapan con Chipilo, y desde allí respondieron con piedras.

En las tomas iniciales no se ven por ningún lado “las bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre” que supuestamente arrojaron los pobladores.

Ya en pleno enfrentamiento, que se prolongó por casi una hora, un grupo que bloqueaba la autopista sacó galones de gasolina para elaborar bombas molotov, que lanzaron a los granaderos.

El choque más violento se dio sobre el puente, del lado de Chachihuapan, donde los pobladores, ya armados con rocas, tubos, cohetones y bombas molotov golpearon a los policías, quedándose con los cascos, toletes y escudos que estos iban dejando en su huida o al caer heridos.

La golpiza que recibieron ahí los uniformados fue tan intensa, que algunos incluso se arrojaron desde el puente al arroyo de la autopista con dirección a Atlixco.

El resto de los granaderos se replegó, bajando del puente por las rampas, perseguidos y golpeados por los manifestantes.

Tras el enfrentamiento los vecinos de Chalchihuapan se mantuvieron en el puente, pero ya sin bloquear la autopista. Fue entonces que pudieron entrar las ambulancias para llevarse a los policías lesionados y también al menor de 13 años con una herida en la cabeza y a otro joven de 21 años,  Hugo Jiménez Valera, que resultó con una herida en el ojo izquierdo.

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La versión más polémica y menos verosímil de las autoridades dice que el menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue herido en la cabeza por los propios pobladores con un cohetón.

Para apuntalar esta teoría el gobierno emitió un comunicado, atribuyéndole declaraciones al neurocirujano Juan Carlos Benito Torres, en el sentido de que la lesión del menor no la provocó una bala de goma, sino una explosión similar a la de un cohetón.

La madre y los familiares del niño no sólo han desmentido esta especie, sino acusado a la Secretaría General de Gobierno de presionarlos para librar de responsabilidad a los policías y acusar a los pobladores.

El cirujano Juan Carlos Benito Torres se ha rehusado a dar entrevistas o a confirmar en conferencia de prensa la versión oficial difundida por el gobierno del estado al día siguiente del enfrentamiento.

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