Antes de que se autorice su cambio de adscripción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el juez octavo de Defensa Social, Celestino Martínez Bones, deberían explicar cuáles fueron los criterios en que se basó el togado para dictar una sentencia de 4 años de prisión y una multa de 1.5 millones de pesos al exsecretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por qué el controvertido juez ignoró un par de averiguaciones previas que se iniciaron en contra de Alfredo Arango, con el apoyo de agentes y peritos de la PGJ y auditores de la Contraloría, por los delitos de peculado y daño patrimonial por un monto de casi 8 mil 500 millones de pesos, y que corrían de manera independiente del proceso de enriquecimiento ilícito.

O es que el juez Celestino Martínez nunca conoció de estas actuaciones (me refiero a las averiguaciones 264/2011/ANTIC/DGSP y 265/2011/ANTIC/DGSP), y estas se hicieron perdidizas en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

O es que la justicia poblana y la Contraloría del estado se van hacer (o ya se hicieron) de la vista gorda para castigar los abusos del exfuncionario marinista con compras infladas de medicamentos, equipo médico, de laboratorio y hospitalario, concursos amañados, y sobreprecios en los servicios de mantenimiento y reparación de equipo e instalaciones sanitarias.

Si así fuera estamos ante un grave caso de impunidad.

Y esta forma de corrupción política envuelve a las actuales autoridades, que metieron a la cárcel a Alfredo Arango por no poder justificar el origen de 28 propiedades y ocho cuentas bancarias a nombre de él y otros integrantes de su familia, pero luego de dos años lo dejaron libre, al archivar las averiguaciones por peculado y daño patrimonial derivadas de las auditorías de su cuenta pública del año 2010.

De ahí la importancia de que Celestino Martínez informe sobre las razones que lo llevan a pedir su cambio de adscripción como juez penal y el presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, explique si este cambio tiene como propósito bajarle presión mediática al Juez Octavo de Defensa Social para luego promoverlo como magistrado del Poder Judicial.

El hermetismo de ambos sólo genera más suspicacias.

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El juez Celestino Martínez es oriundo de la Sierra Norte de Puebla y egresado de la Universidad de la Sierra (propiedad de Alberto Jiménez Morales). De hecho fue juez de Xicotepec de Juárez, antes de su promoción como titular del Juzgado Octavo de Defensa Social. Su carrera judicial tiene el padrinazgo del expresidente del TSJ, David López Muñoz y del magistrado Elier Martínez Ayuso, de la Cuarta Sala en Materia Civil, éste último de origen zacatleco como aquél.

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La resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó contentos a todos. Bueno, casi a todos.

A los priístas porque echaron abajo el controvertido acuerdo del Consejo General del IEE y el fallo del TEEP sobre el reparto de diputaciones de representación proporcional, y pasar de siete a ocho curules en la próxima legislatura.

A Movimiento Ciudadano que logró recuperar un diputado plurinominal, que en la mesa le habían arrebatado los consejeros y magistrados locales.

Y al gobernador Rafael Moreno Valle que no sabía qué hacer para que el exdirigente de la Sección 51 del SNTE, Cirilo Salas Hernández, llegara la LIX Legislatura del Congreso del estado, y para impedir que el exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, se quedara fuera del reparto de plurinominales.

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Un nombramiento que había pasado de noche en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, es el de Enrique Castañeda Tenorio como coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas. Su designación se hizo en el mes de diciembre. Nació en el Distrito Federal, hizo la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa, y la maestría en la BUAP con la tesis “Eficiencia legislativa: El papel de las comisiones en la cámara de diputados. LVIII legislatura. 2000-2003”. Relevó en el cargo a Nicéforo Rodríguez Gaytán, quien antes coordinaba la licenciatura y la maestría de Ciencias Políticas, ahora solamente esta última.

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Aunque de manera reiterada algunos periodistas han informado que la liberación del que fuera secretario de Salud en la segunda mitad del sexenio marinista, José Alfredo Arango García, se dio en Navidad, es decir el miércoles 25 de diciembre, y que éste incluso habría sido recogido a las puertas del penal de San Miguel por la exconductora de Noticias de Televisa Puebla, Karla Torrecilla Solorio, la verdad es que ambos datos son absolutamente falsos.

Para empezar Arango García no salió del penal, pues no se encontraba ahí sino internado en un hospital de la capital, y su liberación ocurrió a las tres de la madrugada del sábado 28 de diciembre, día de los santos inocentes, después de que sus abogados tramitaron la conmutación de la pena de cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito que le fijó el juez Octavo de Defensa Social, Celestino Martínez Bones.

El exfuncionario marinista pasó, pues, la Navidad en una cómoda habitación de hospital, dotada de caminadora y pantalla gigante de televisión. La especie de que Arango salió del Cereso de Puebla para echarse a los brazos de la actual presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), ha sido desmentida por la propia Karla Torrecilla en su cuenta de Facebook.

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Este jueves sesionará la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y puedo anticiparle que echará abajo el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) a favor de la asignación de diputados plurinominales que hizo el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Lo anterior significa que el PRI no tendrá siete, sino ocho legisladores locales, ya que recuperará la diputación de representación proporcional que el IEE le quitó a Silvia Tanús Osorio, y que el PAN se quedará sin los dos diputados plurinominales que en la mesa le habían regalado los consejeros y magistrados locales para beneficiar a Juan Carlos Mondragón Quintana y Sergio Moreno Valle German.

Otros que también se verán favorecidos con el fallo definitivo e inatacable del TEPJF son los partidos Movimiento Ciudadano y Pacto Social de Integración que recuperarán, cada uno, un diputado de representación proporcional.

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Cuentan que el más sorprendido con la designación de Víctor Giorgana Jiménez como coordinador de la fracción priísta en la próxima legislatura del Congreso del estado fue José Chedraui Budib, quien nunca se imaginó que sus compañeros se inclinaran más por aquel, según el sondeo que vino a realizar en nombre del CEN del PRI, Gabriel Barragán Cáceres.

Pepe Chedraui, que todavía el martes tuvo oportunidad de intercambiar algunas palabras con el presidente Enrique Peña Nieto en Acatlán, nunca se imaginó que en la auscultación realizada por el operador de la secretaría general del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, Víctor Giorgana fuera el de más consenso.

El hecho lo desconcertó a tal grado que fue el primero en despedirse de César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega tan luego concluyó la reunión. Pepe Chedraui abandonó la sede nacional priísta en compañía de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, diputado electo por el distrito de Tepeaca.

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Los diputados electos del PRI que se quedaron al final para felicitar a Víctor Giorgana fueron informados, oficialmente, que el CEN aún no designa un delegado para Puebla, y que el exgobernador guerrerense René Juárez Cisneros sí es delegado pero de la región de que forma parte la entidad poblana.

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Cuentan que ante la eventual jubilación del magistrado Manuel Nicolás Ríos Flores, adscrito a la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia, y envuelto hace poco en un escándalo por tráfico de influencias, el juez Celestino Martínez Bones del Octavo Juzgado Penal es el más apuntado para sustituirlo.

Celestino Martínez es percibido por algunos abogados y funcionarios del Poder Judicial de Puebla como un juez de consigna, desde que se le encargó el proceso penal en contra del exsecretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Entre los jueces y magistrados del TSJ se dice que a Jared Albino Soriano Hernández lo hicieron magistrado después de que como juez Segundo de lo Civil de Cholula falló a favor del gobierno del estado en el juicio contra el empresario Ricardo Henaine Mezher por el predio de Valle Fantástico, y al juez Octavo de lo Penal también lo compensarán, pues es el único que ha logrado meter a la cárcel a un funcionario marinista de alto nivel.

Una cuestión que Celestino Martínez debe cuidar para no poner en riesgo su eventual ascenso es a su secretario de acuerdos, Arturo Osorio Rivera, quien es protegido del magistrado Joel Daniel Baltazar Cruz, pues es conocido entre los litigantes y escribientes del Juzgado que pide cuotas para “acelerar” o “detener”, según convenga, los tramites de causas penales.

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La versión de que el veterano periodista Enrique Montero Ponce podría regresar a Radio Oro en los primeros días del próximo año, para transmitir desde la estación 1170 de Amplitud Modulada su informativo Tribuna Radiofónica, quedará sólo en eso: en versión.

Montero Ponce, de 85 años cumplidos, había explorado con los Grajales la posibilidad de volver a los micrófonos de Radio Oro, y éstos habían considerado que el programa del fundador en Puebla de los noticiarios radiofónicos se transmitiera después del conducido por la periodista Carmen Aristegui.

Sin embargo, las diferencias entre Enrique Montero y los directivos de Grupo Tribuna Comunicación, entre los que figura su hijo, el notario Mario Montero Serrano, y el empresario Jaime García Calderón, se resolvieron satisfactoriamente, por lo que el decano de los periodistas radiofónicos se mantendrá con su informativo de 6 a 10 de la mañana por Exa 98.7 de FM, y la Mejor 1250 a AM, como desde hace más de 40 años de manera ininterrumpida.

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Hace unos días falleció a los 58 años de edad en la mixteca poblana el ingeniero Jesús Acosta Rodríguez, distribuidor de una cadena de televisión de paga, expresidente municipal de Acatlán de Osorio de 1993 a 1996, y exoperador político de Enrique Doger Guerrero y de René Meza Cabrera en la región.

Jesús Acosta fue uno de los principales promotores de Enrique Doger a la gubernatura antes de 2010, sin embargo después de que el PRI decidió postular para ese cargo de elección popular a Javier López Zavala, el ingeniero fue invitado a sumarse a la coalición Compromiso por Puebla, que postuló al gobernador Rafael Moreno Valle.

Esta aventura terminó alejándolo de la política, ya que el operador de Moreno Valle en la región, René Meza Cabrera, no cumplió con los acuerdos que éste había hecho con los dirigentes mixtecos que el ingeniero Acosta sumó a la campaña del hoy mandatario estatal.

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