Rodolfo Ruiz R.

La última vez que un gobernador poblano aspiró a la presidencia de la República ocurrió hace 16 años.

En la sucesión de Ernesto Zedillo Ponce de León, Manuel Bartlett quiso construir desde Puebla su plataforma para llegar a Los Pinos. Fue su segundo intento, pues en 1988 siendo secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado, también trató de llegar a la Presidencia.

En la primera ocasión Bartlett perdió la partida frente a Carlos Salinas de Gortari, de quien fue secretario de Educación Pública de 1988 a 1992, y en la segunda con Francisco Labastida Ochoa, quien se desempeñaba como secretario de Gobernación del presidente Ernesto Zedillo.

La historia de Bartlett es un espejo en el que debería mirarse el hoy gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya que en varios aspectos hay un gran paralelismo en sus vidas. Ambos estudiaron en el extranjero, uno en Francia e Inglaterra y otro en Estados Unidos, y ambos tienen como progenitores a gobernadores que no concluyeron sus encargos. Manuel Bartlett Bautista fue gobernador dos años de Tabasco y en marzo de 1955 tuvo que renunciar por presiones políticas. El abuelo de Moreno Valle también fue gobernador de Puebla en 1969, pero sólo por tres años ya que en 1972 fue derrocado y relevado por Mario Mellado García.

Las gestiones de ambos son también parecidas. Han privilegiado la construcción de obra pública en la zona metropolitana, a cargo de constructoras y empresas extranjeras o nacionales, y gobernado con funcionarios fuereños o carentes de arraigo local.

En la primera mitad de su sexenio Manuel Bartlett se planteó como estrategia convertir a la capital en la palanca y motor del desarrollo del estado a través del Programa Regional Angelópolis, contratado a la consultora McKinsey & Company, Inc., por el cual se planteaba el rescate del Paseo del Río de San Francisco con un lago artificial tipo el River Walk de San Antonio, Texas, un centro de convenciones, plazas comerciales, hoteles y restaurantes de gran turismo, un centro cultural y estacionamientos; así como el rescate del Lago de Valsequillo y el saneamiento del Río Atoyac; la construcción de plantas de tratamiento y la modernización del sistema de transporte público de pasajeros.

Moreno Valle planteó en campaña una serie de obras y proyectos de desarrollo regional que ya en el gobierno olvidó, para concentrarse en otras que han acentuando la desigualdad entre la zona metropolitana y el resto de la entidad, entre las que destacan la Rueda de Observación o Estrella de Puebla, el Teleférico, el rescate de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe y de la zona arqueológica en torno a la Pirámide de Cholula, el Tren Turístico Puebla-Cholula, el Metrobús, la construcción de ciclovías, puentes atirantados y viaductos elevados, y la pavimentación con concreto hidráulico de las principales avenidas y bulevares de la capital.

Uno de los aspectos más polémicos del sexenio bartlista fue el llamado Gabinete Alterno, que en forma paralela al gabinete legal y ampliado, se encargaba de operar los principales proyectos de su gobierno sin ninguna responsabilidad jurídica.

Este equipo estaba integrado por algunos de sus ex colaboradores en las secretarías de Gobernación y Educación, así como por algunos despachos especializados, propiedad de algunos de ellos o amigos suyos, a saber: Jesús Hernández Torres, Óscar de Lassé Avellana, Guillermo Heitler Aroeste, José María Morfín Patraca, Salvador Rocha Díaz, Fernando Pérez Correa, Mauro Uzcanga Villalobos, Roberto Chaparro Sánchez, Luis G. Benavides Ilizaliturri, Miguel González Silva, Eduardo Barclay Arce y Salvador López López.

Moreno Valle no cuenta con un gabinete alterno, pero sí un equipo de secretarios y funcionarios de primer nivel foráneos o sin arraigo local. De los más de 60 secretarios que han desfilado por su gabinete en los cinco años cinco meses que lleva su administración, más de la mitad provienen de la Ciudad de México y otras entidades.

Como líder del llamado Sindicato de Gobernadores, Manuel Bartlett buscó ser presidente de la República jugándole las contras a Ernesto Zedillo, usando a Puebla como su plataforma de exposición a nivel nacional, presumiendo no sólo las obras realizadas por su administración, sino la forma en que habría resuelto su sucesión mediante una consulta abierta que ganó el político priísta más popular de entonces: Melquiades Morales Flores, a quien le heredaría el cargo.

Moreno Valle también usa como carta de promoción para su posicionamiento rumbo al 2018 la transformación que Puebla logró durante su sexenio y la victoria de José Antonio Gali Fayad en los recientes comicios para gobernador como una evidencia de la aceptación y aprobación de los poblanos a su gestión.

En las elecciones presidenciales del 2000 Manuel Bartlett no pudo ganar la nominación de su partido de entonces, el PRI, que se inclinó por Francisco Labastida. Ni Puebla, ni los poblanos lo respaldaron como esperaba. La distancia que siempre mantuvo de los poblanos le pasó la factura.

¿Le ocurrirá lo mismo a Rafael Moreno Valle ahora que abiertamente ha dicho que quiere ser presidente de México en el 2018?

EN CORTO

Este fin de semana estuvo muy activo el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, para tratar de neutralizar a quienes han demandado su renuncia o remoción.

El viernes se reunió a comer en El Desafuero con el subsecretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós, y el sábado en el salón Tres Marías con el delegado del IMSS, Enrique Doger Guerrero, con la intermediación del empresario Julián Ventosa Tanús.

Trascendió que ambos funcionarios y aspirantes priístas a la gubernatura de Puebla en 2018 se comprometieron a cesar sus críticasen contra de Estefan Chidiac y a no insistir más en su destitución como presidente del CDE del PRI.

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Que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ya le fue a decir al hombre más poderoso de México, Carlos Salinas de Gortari, lo que aquí no ha querido reconocer de manera abierta: que sí quiere ser gobernadora de la entidad después de Mario Marín Torres.

El encuentro con Carlos Salinas —aunque también se ha reunido con Raúl y Sergio Salinas de Gortari— se dio en los primeros días de octubre, en un despacho del expresidente de México allá por el sur de la ciudad de México.

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Que en Casa Puebla y el PRI tienen dos encuestas sobre el estudio demoscópico realizado por la empresa Demotecnia de María de las Heras, entre el 16 y el 18 de octubre en la entidad.

Uno, el que ha trascendido, y en el que fueron evaluados Enrique Doger Guerrero, Javier López Zavala, Jesús Morales Flores, Alberto Amador Leal y Víctor Hugo Islas Hernández y, otro en el que también se incluyó a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá.

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Que este lunes a la media noche el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, quedó obligado a entregar al representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, los resultados de las auditorías practicadas a su gestión por la Contraloría Interna del organismo y el despacho auditor externo Freyssinier Morin.

Considerando que el viernes se recibió tanto en el Tribunal Electoral del Estado como el IEE la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que fija un término de tres días para la entrega de los expedientes al representante de Convergencia y, que iniciado el proceso electoral ordinario todos los días son hábiles, el plazo fatal se venció este lunes a las 24 horas.

Pero por cualquier cosa, se sabe que Blancarte Morales ya tiene listó un nuevo recurso, en caso de Jorge Sánchez persista en su negativa de proporcionar los informes de las auditorías a su gestión, en el cual exigirá su destitución por desacato.

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Que el viernes por la madrugada policías del Grupo Táctico de la Policía Municipal de Puebla golpearon y detuvieron a tres jóvenes, a las puertas de un fraccionamiento ubicado a un costado de la Pirámide de Spersa y, que pertenece al municipio de San Pedro Cholula.

Entre los jóvenes golpeados —y que esa noche habían acudido a una discoteca— figuran los hijos de los empresarios Guillermo López Vázquez y Guadalupe Sánchez Lozada, así como de Alfredo Rivera Espinoza.

La actitud de los agentes policíacos de Puebla provocó que los empresarios se comunicaran esa misma madrugada con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano y, con el director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, para reclamarles el abuso de los uniformados.

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Simón dice:

“Si las íntimas preocupaciones de cada cual se leyeran escritas sobre su frente ¡Cuántos que causan envidia nos moverían lástima!”
Pietro Metastasio (1698-1782). Poeta italiano.

Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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El gobierno de Puebla fue ubicado en el lugar número 16 –es decir, a media tabla– en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas 2008, elaborado por la consultora aregional por séptimo año consecutivo.

Cinco fueron los criterios que esta empresa –de la que es socio el presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones– tomó en cuenta para hacer su evaluación, con base en la información disponible en los portales de transparencia de los gobiernos estatales: Marco Regulatorio; Costos Operativos; Marco Programático-Presupuestal; Rendición de Cuentas y Estadísticas Fiscales.

La calificación máxima que las entidades federativas podían obtener en esta medición era de 100 puntos, y sólo los gobiernos de Chiapas y Veracruz pudieron alcanzarla. La gestión de Mario Marín obtuvo una calificación de 79.58, apenas 3.28 puntos arriba del promedio nacional.

En 2008, el puntaje más bajo en esta evaluación lo registró el gobierno de Oaxaca, con 25.32 de calificación. El gobierno de Héctor Ortiz Ortiz, de Tlaxcala, se ubicó en el antepenúltimo lugar con 36.04 puntos.

De acuerdo con aregional, los bloques de mayor opacidad del gobierno poblano son los de costos operativos y rendición de cuentas, lo que significa que el portal electrónico de la administración marinista poca información brinda sobre los costos de las actividades y obras que desarrolla para dotar de servicios a la población y atender las demandas sociales.

En este sentido, el estudio destaca que la página de transparencia del gobierno estatal es omisa en el rubro de sueldos, salarios y gastos de representación, pues en el caso de la percepción del gobernador, de 145 mil 330 pesos mensuales, nunca precisa si ésta corresponde sólo a su sueldo base o si incluye otros rubros como riesgo laboral, compensación garantizada, prima vacacional y/o aguinaldo.

Para consultar el Indice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas 2008 haga clic aquí.

Trascendidos con trascendencia

Que ayer el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, entró en contacto con el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, para invitarlo a la ciudad de Puebla a presentar su más reciente libro “La Década Perdida”.

La comunicación entre ambos personajes fue vía telefónica, pues Salinas de Gortari se encuentra actualmente en el extranjero.

García Suárez pactó con el ex presidente de México una reunión que podría darse en el transcurso de la próxima semana para afinar los detalles de su visita a Puebla. El ex dirigente de la Canaco pretende que Salinas de Gortari presente su libro en un acto público, y, dos, que le acepte una comida en su casa con personajes representativos de la entidad.

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Un detalle que ayer llamó la atención en la sesión de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, fue que ningún legislador priísta salió a defender al presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, cuando los legisladores panistas que la integran, y el diputado perredista Melitón Lozano Pérez se pusieron a cuestionar la negativa de éste para agilizar la auditoría a los gastos de campaña del removido munícipe de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos.

Dicha actitud, a decir de algunos diputados, es la confirmación de que el consejero Jorge Sánchez se irá del IEE, una vez que concluya el proceso extraordinario en el municipio de Felipe Ángeles.

¿Será?

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