Cutberto Cantorán Espinosa quiere sacar provecho de un acuerdo que el PRI no le cumplió, y por el cual hoy estaría sentado en una curul de San Lázaro, en lugar de Javier Filiberto Guevara González.

Dicho acuerdo político —celebrado en 2012 entre Cutberto Cantorán y Filiberto Guevara, por intermediación del entonces dirigente estatal del PRI, Fernando Morales Martínez— establecía que ambos personajes serían diputados en la LXII Legislatura y por el mismo distrito electoral federal con cabecera en Izúcar de Matamoros.

Filiberto Guevara sería diputado propietario, y al año medio pediría licencia para que su curul la ocupara su suplente Cutberto Cantorán.

Cumplido el plazo, el expresidente municipal de Izúcar no cumplió su promesa de pedir licencia, y el exdirigente de la Sección 23 tampoco se inconformó, ya que por esos días fue nombrado delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Puebla.

Sin embargo, hoy que se aproxima el proceso de selección de candidatos, Cutberto Cantorán quiere aprovechar esta circunstancia para que el PRI no sólo le despeje el camino de posibles contendientes, sino para que ahora sí lo nomine a una diputación federal por ese distrito, puerta de la Mixteca poblana.

Habrá que ver qué dice la delegada de la Procuraduría Agraria y expresidenta municipal de Huaquechula, Isabel Merlo Talavera, quien también aspira a ser diputada por esa demarcación en los comicios federales del año entrante.

De las elecciones extraordinarias en Acajete

Aunque las elecciones extraordinarias en Acajete y Cuapiaxtla han merecido poca atención de los medios de comunicación, por el insignificante peso electoral que tienen, en ambos municipios vienen dándose acontecimientos que vale la pena mencionar.

Entre estos habría que destacar el inusual y atípico incremento habido en el padrón electoral registrado en los meses previos al inicio del proceso, un derroche de recursos que rebasa por mucho los ridículos topes de gasto de campaña fijados por el IEE, y la utilización y manipulación de programas sociales con fines clientelares.

En Acajete, municipio localizado en la parte central del estado, perteneciente al distrito de Amozoc y de escasos 53 mil habitantes, lo más relevante es que el PRI se enfrenta a sus otrora operadores Mario Rincón González y Omar Álvarez Arronte, hoy al servicio del gobierno de Moreno Valle.

A sabiendas de eso, el PRI tuvo que nominar a un candidato diferente a la que postuló en las elecciones ordinarias de julio de 2013. Sustituyó a Carolina Martínez de Jesús, quien quedó en cuarto lugar, pero sin dejarla fuera de planilla de regidores que hoy encabeza Víctor Hugo Domínguez Amado.

A su vez, la coalición morenovallista decidió mantener al mismo candidato, el perredista Antonio Aguilar Reyes, pero sumando —bajo la figura de candidatura común— a quien quedó en tercer lugar en aquellos comicios que fueron anulados por el Instituto Electoral del Estado: Braulio Martínez López, del partido estatal Pacto Social de Integración.

El mecanismo para lograrlo fue un sui géneris acuerdo político entre Antonio Aguilar y Braulio Martínez, para que el primero gobierne el ayuntamiento de Acajete los dos primeros años y el segundo los siguientes dos.

Un tercer candidato que completa el abigarrado proceso electoral extraordinario de Acajete es Roberto Ramírez Cervantes, quien obtuvo la segunda mejor votación y ahora repite como abanderado de Movimiento Ciudadano, y quien optó por no hacer alianzas con ningún partido, aunque sí con un influyente personaje de la región y del cual es familiar, el magistrado Carlos Loranca Muñoz, director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz.

Los enterados aseguran que el magistrado Loranca, quien hace un mes organizó una comilona para más de 300 personas en su casa de Acajete, a la que incluso llegó el exgobernador Mario Marín Torres, podría convertirse en el fiel de la balanza de esta elección extraordinaria, en caso de que las posibilidades de triunfo de su pariente se complicaran.

Y es que los votos de Roberto Ramírez podrían arrebatarle el triunfo al perredista morenovallista Antonio Aguilar o dárselo al priísta Víctor Hugo Domínguez.

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Será hasta el domingo 13 de abril cuando los candidatos a la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ernesto Cordero Arroyo y Juan Manuel Oliva Ramírez, recorran el estado de Puebla y sostengan al menos tres reuniones regionales con militantes de su partido.

Sus promotores en Puebla adelantaron que Cordero y Oliva no tienen previsto llevar a cabo una concentración o mitin público, sino encuentros privados con los panistas de la zona metropolitana de Puebla y de la región de Tehuacán. La tercera reunión podría ser con militantes de la Sierra Norte o de zona de Tepeaca, Tecamachalco y Acatzingo.

Trascendió que para evitar comparaciones o meter a los militantes en una dinámica de confrontación, la coordinación de campaña de Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva ha descartado la celebración de un mitin en el zócalo, el Parque del Carmen o la Plaza de la Victoria.

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Este jueves fue electo presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) Octavio Augusto Corvera Álvarez, quien venía desempeñándose como vicepresidente de Capacitación.

Octavio Corvera, quien actualmente funge como socio de la Universidad Angelópolis y funcionario del Colegio de Puebla, sustituirá en el cargo a Bernardo Bojalil Daou, quien llegó a la presidencia de la Canacope en marzo de 2012.

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Tómelo con reserva pero una fuente confiable del vecino estado de Tlaxcala me contó que la oferta que públicamente le hizo el presidente municipal panista de Huamantla, Alejandro Aguilar López, al renunciado consejero del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Víctor Joaquín Cánovas Moreno, para que fuera su asesor, es producto de una especie de remordimiento de conciencia.

Y es que el alcalde sabe que la única grabación que existía de ese desayuno del martes 18 de marzo —en el cual el consejero Víctor Cánovas pidió, en nombre del gobernador Rafael Moreno Valle, apoyar la campaña de Gustavo Madero a la dirigencia nacional del PAN— la tenía su gente de prensa.

Es decir, su director de Comunicación Social, Mario Macías, quien, por cierto, trabajó en Puebla como periodista radiofónico.

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Hace un par de días le adelanté que el magistrado Carlos Loranca Muñoz había sido elegido como director regional de una organización de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Hoy le tengo mayores detalles. Se trata de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales de los estados de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz, que se integra con más de 130 miembros.

Dicha Asociación es la encargada de representar a estos jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, instancia del Poder Judicial que tiene como misión garantizar el buen funcionamiento y desempeño de quienes integran los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito.

Carlos Loranca Muñoz funge en la actualidad como magistrado del Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con sede en la capital del estado.

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Después de checar los nombres de las once quintetas de candidatos a consejeros y presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en las que predominan exconsejeros, exfuncionarios y directivos en funciones del IFE y del RFE, así como magistrados del TRIFE y de otros tribunales e institutos estatales, y de leer como algunos de estos se barajan como cuotas partidistas, me preguntó si la última reforma política-electoral habrá valido la pena.

No entiendo por qué el PAN y el PRD armaron tanto alboroto —y hasta condicionaron su apoyo a otras reformas estructurales en el marco de los acuerdos del Pacto por México—, a cambio de la desaparición del IFE y su sustitución por una nueva autoridad electoral de carácter nacional, si al final todo pinta para quedar igual —o peor— que antes.

Si los partidos que pugnaron por la extinción del IFE decían que los consejeros generales representaban cada vez más el cuoteo partidista que los intereses de la ciudadanía, ¿por qué ahora quieren volver a elegir a los que antes censuraban?

¿Qué extraño fenómeno político modificó en los últimos cuatro meses su percepción, que los llevó a revalorar la permanencia de los consejeros que aún no concluían su gestión en el IFE como Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello, María Marván Laborde y Benito Nacif Hernández?

¿No habría sido mejor mantener el IFE con algunas correcciones, más de forma que de fondo, en lugar del tortuoso procedimiento que se inició en la Cámara de Diputados con el nombramiento de un Comité Técnico de notables, el registro de cientos de aspirantes y su depuración mediante la revisión de sus documentos y el método de entrevistas, hasta llegar a una lista de 55 candidatos?

Si ya había cuatro consejeros, que hoy los partidos quieren rescatar en el INE, ¿por qué no mejor el Poder Legislativo se inclinó a nombrar a los cinco que faltaban en el IFE por mayoría calificada?

Ahora que si el problema de fondo eran en realidad los institutos estatales, por su subordinación a los gobernadores, ¿por qué no mejor se resolvió desaparecer estos, y dejar la organización de las elecciones estatales y municipales a consejeros locales nombrados a nivel central por el IFE, tal como sucederá hoy con el INE?

Esta situación habría contribuido, al menos, a eliminar la duplicidad electoral que hoy se presenta con un INE nacional, encargado de organizar los procesos electorales federales para presidente de la República, diputados y senadores, y 32 institutos estatales, a los que corresponde la organización de los comicios locales para gobernador, diputados y presidentes municipales.

¿Qué impedirá que al final del procedimiento los 10 consejeros y el consejero presidente del INE, que salgan de las 11 quintetas propuestas por el Comité Técnico, no se repartan en función de cuotas partidistas?

¿Qué candados políticos o legales evitarán que de los 11 consejeros del INE —incluido el presidente— el PRI lleve mano en los nombramientos, seguido por el PAN y el PRD?

¿Quién en su sano juicio cree que estos partidos no se pondrán de acuerdo antes del 8 de abril, ante lo cual los consejeros del INE tendrían que salir por el método de insaculación?

La verdad creo que nadie, pero ojalá y así ocurriera para terminar con esta simulación y este gatopardismo electoral, de cambiar algo para que nada cambie o de mover todo para que todo siga igual.

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El magistrado Carlos Loranca Muñoz, del Tribunal Unitario del Sexto Circuito, fue electo director regional de jueces y magistrados federales de los estados de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz, por un periodo de dos años.

Su nombramiento se dio el viernes. El magistrado Carlos Loranca es oriundo de Acajete, Puebla.

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* Los hoy críticos del hoyo financiero fueron quienes lo taparon

* Carlos Loranca Muñoz, amplio poder de convocatoria

Ahora que los priístas por conducto del expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, revivieron el tema del hoyo financiero en la gestión de Melquiades Morales Flores, atribuyéndoselo al entonces secretario de Finanzas y Desarrollo Social del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, bien vale la pena explicar cómo se originó este déficit financiero, pero también explicar cómo se tapó, y quiénes lo encubrieron.

El llamado hoyo financiero es un asunto espinoso que no sólo exhibe a Moreno Valle y al exgobernador Melquiades Morales como malos administradores sino a distinguidos miembros del PRI que desde el Congreso del estado y la Secretaría de Finanzas lo encubrieron y convirtieron en deuda pública.

Para desglosar el tema es necesario explicar primero qué es el hoyo financiero y cómo se originó.

El hoyo financiero puede resumirse como el resultado deficitario en el manejo de los ingresos y egresos del gobierno del estado y el ocultamiento de pasivos no registrados entre los años de 1999 y 2002, cuando la Secretaría de Finanzas estuvo a cargo del hoy candidato de la coalición opositora a la gubernatura, Rafael Moreno Valle.

Según la cuenta pública correspondiente al primer año de gestión del sexenio melquiadista, el gobierno del estado gastó más de lo captó en ese ejercicio fiscal.

En 1999 la administración estatal obtuvo ingresos por un total de 14 mil 207 millones, pero sus gastos ascendieron a 14 mil 490 millones de pesos, lo que arroja un primer déficit por 282.6 millones de pesos.

En la cuenta pública del 2002, que corresponde al último año de Moreno Valle al frente de la Secretaría de Finanzas, la diferencia entre lo que ingresó y se gastó el gobierno melquiadista volvió a ser deficitaria en 98 millones de pesos.

Sin embargo las cuentas por cobrar y por pagar de la administración estatal se dispararon.

De acuerdo con las notas del auditor externo, el gobierno melquiadista cerró el año 2002 con 410 millones de pesos en cuentas por cobrar y con 1,291 millones de pesos en cuentas por pagar a diversos municipios, y proveedores de bienes y servicios.

Este es el hoyo financiero: un déficit en las finanzas estatales por 1,500 millones de pesos.

Las causas de su origen son diversas, aunque los críticos de Moreno Valle, entre ellos su otrora aliado Enrique Doger Guerrero, las han simplificado en los siguientes puntos:

° Más burocracia, y mejores sueldos para funcionarios, lo que ocasionó que el capítulo de Servicios Personales pasara de 596 millones a 1,488 millones de pesos, de 1999 a finales de 2002.

° Aumentos constantes en las partidas de Asesorías, Estudios de Investigación y Gastos de Promoción e Imagen, en ese mismo periodo. La partida de Asesorías se elevó de 15 millones a 53 millones; la de Estudios de Investigación de 3 millones a 50 millones, y la de Promoción e Imagen de 14.5 millones a 54 millones de pesos.

° La discrecionalidad con que se manejaron y crearon algunas partidas secretas, como la denominada Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro, para la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Pero si las causas que provocaron el hoyo financiero son censurables, también lo son los personajes que al año siguiente, en lugar de sancionar al o los responsables de este déficit, lo encubrieron.

Me refiero a los diputados de la LV Legislatura, que son quienes aprobaron la cuenta pública del 2002 y del 2003 en la cual los pasivos no registrados por Moreno Valle se convirtieron en deuda pública mediante la contratación de un crédito por 1,500 millones de pesos.

Entre los diputados de la LV Legislatura que avalaron con su voto las cuentas públicas de los tres últimos años de Melquiades Morales y el hoyo financiero de Moreno Valle destacan los siguientes: Javier López Zavala, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Juan Manuel Vega Rayet, Alejandro Armenta Mier, José Luis Márquez Martínez, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, René Lechuga Fosado y Mario Montero Serrano. 

Como se verá, priístas que no sólo están en activo, sino que son pieza clave en la campaña de la Alianza Puebla Avanza.

¿Con qué autoridad moral estos exdiputados pueden cuestionar hoy a Moreno Valle y el hoyo financiero, si ellos en su momento actuaron como cómplices de éste y Melquiades Morales para encubrirlo?

¿Por qué cuando eran diputados y tenían la obligación de cuidar el patrimonio y la hacienda pública estatal no denunciaron los excesos y el dispendio de Moreno Valle que hoy tanto critican?

¿Acaso porque entonces era priísta y un serio prospecto para suceder a Melquiades Morales en Casa Puebla?

¿Por qué en lugar de sancionarlo y fincarle responsabilidades se hicieron de la vista gorda, y hasta consintieron que estos pasivos fueran pagados en 2003 y 2004 con un crédito por 1,500 millones de pesos y los ingresos producto de la bursatilización de la Vía Atlixcáyotl?

¿No sería que antes les convino actuar como tapaderas, y ahora que están en campaña quieren usar el tema para desacreditar a su otrora aliado sin medir las consecuencias de su incongruencia?

Seriedad señores. Seriedad.

EN CORTO

Este fin de semana recibí una llamada de Pablo Rodríguez Regordosa, vocero del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, para hacerme saber que él nada tuvo que ver con la intervención de José Antonio Escalera Espinosa en la reunión que los directivos y socios del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla tuvieron la mañana del martes pasado con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala.

El diputado federal panista me aclaró que su encuentro con José Antonio Escalera, la noche del lunes en un Italian Coffee de la 31 Poniente, obedeció a un asunto estrictamente profesional, pues al expresidente de la Cámara de la Construcción le contrató la edificación de su nueva casa.

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Un amplio poder de convocatoria fue el que este sábado mostró el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz para festejar su cumpleaños con una comida en su casa del municipio de Acajete, hasta la que llegaron magistrados y jueces estatales, abogados, funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios, directores de medios de comunicación y amigos del exitoso abogado penalista.

Carlos Loranca, quien actualmente se desempeña como presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, tuvo como principales invitados al gobernador Mario Marín Torres y a su esposa Margarita García.

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El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, suspendió de último momento su asistencia al mitin que este domingo tenían programado los candidatos de la coalición opositora Compromiso por Puebla en el Paseo Bravo.

Los enterados aseguran que Marcelo fue invitado por la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, para apuntalar la campaña del candidato del PRD a la gubernatura de esa entidad, en la que se han prendido focos amarillos ante la posibilidad de una sonada derrota electoral.

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Uno de los soportes del candidato a diputado local de la coalición opositora por el distrito Huauchinango, Jorge de la Fuente, y que contribuyó a que Marcelo Ebrard se trasladara hasta ese municipio de la sierra norte para apoyarlo, es el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa.

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Este martes estará en Puebla para sumarse a los candidatos de la coalición opositora la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.

Comenzará su gira proselitista con un desayuno en su casa de la avenida Reforma 511 de esta ciudad, teniendo como invitados a algunos directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«La sumisión a un hombre débil es disciplina. La sumisión a un hombre fuerte es sólo servilismo.»

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Carlos Loranca Muñoz, magistrado del Tribunal Unitario del Sexto Circuito, es uno de los diez finalistas para ocupar la vacante que dejará el magistrado Luis María Aguilar Morales en el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de vigilar y administrar los juzgados y tribunales federales del país.

El puesto que dejará a finales de octubre Aguilar Morales es el segundo en importancia dentro del Consejo de la Judicatura, por tener bajo su responsabilidad la administración de esta instancia del Poder Judicial Federal.

De los diez finalistas, que antes del 30 de octubre serán sometidos a una última evaluación por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loranca Muñoz es el único poblano con posibilidades de formar parte de la Judicatura Federal.

El actual magistrado del Tribunal Unitario del Sexto Circuito es oriundo de Acajete, egresado de la facultad de Derecho de la BUAP, de la maestría del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y del doctorado en Derecho de la Universidad de Tlaxcala.

Los otros nueve finalistas son: Miguel Ángel Aguilar López, César Esquinca Muñoa, Julio Humberto Hernández Fonseja, Arturo Iturbe Rivas, Jorge Meza Pérez, Ricardo Ojeda Bohórquez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Humberto Manuel Román Franco y Rubén Arturo Sánchez Valencia.

Cabe destacar, a manera de apunte final, que el magistrado Luis María Aguilar, es uno de los posibles candidatos al cargo de ministro de la Suprema Corte.

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Finalmente fueron tres los candidatos que se inscribieron para contender por la presidencia del Comité Directivo Municipal de Puebla del Partido Acción Nacional.

Jesús Duque Noriega, Miguel Méndez Gutiérrez y Jorge Saldaña Romero.

De los dos primeros ya nos habíamos ocupado en anteriores entregas. No así del último, un joven abogado de 39 años de edad, egresado de la Escuela Libre de Derecho, vinculado al grupo de Los Pablos —Pablo Rodríguez Regordosa y Pablo Montiel Solana—, y a la corriente de Genaro Ramírez Rojas, quien actualmente se encuentra suspendido de sus derechos políticos partidistas.

La asamblea municipal se efectuará el próximo 8 de noviembre, en el salón Analco del Centro de Convenciones, siempre —claro— que haya el suficiente quórum legal.

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Un dato que vale la pena rescatar es el publicado este lunes por el periodista Andrés Beltramo en su blog Sacro y Profano de e-consulta.

Nuestro corresponsal en El Vaticano adelanta que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, podría convertirse en el futuro presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), luego de su brillante gestión como secretario ejecutivo del Consejo Episcopal Latinoamericano.

El actual presidente de la CEM es el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, quien se despedirá del cargo el próximo mes de noviembre, en el marco de la asamblea general ordinaria de esta organización del clero mexicano.

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Simón dice:

«La personalidad del hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna».

Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.