Lozano Gracia, el abogado de Eduardo Rivera Pérez

José Antonio Gali Fayad debería considerar —y en serio— la posibilidad de declinar a la candidatura del PAN, el PRD y otros partidos estatales como Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP) a la gubernatura de Puebla en el 2016, pues el riesgo de que pierda las elecciones es muy alto.

En principio porque la mayoría de los electores está en desacuerdo en que solicite licencia como presidente municipal de Puebla para intentar suceder a su jefe político, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, como candidato de un bloque o una coalición amplia de partidos políticos.

Porque en la construcción de su precandidatura Gali Fayad ha podido percatarse que varios de los principales cuadros del morenovallismo no lo están apoyando, sino al contrario, intentan acotarlo en decisiones estratégicas en torno a quiénes deben integrar su equipo de campaña y quién debe quedarse al frente del ayuntamiento capitalino.

En otras palabras: intentan imponerle a su coordinador de campaña, a su operador de medios y de propaganda, considerando a personajes que están más vinculados al gobernador Moreno Valle que a él mismo, y decidir al margen del Cabildo y los grupos al interior del ayuntamiento quién de fuera debe quedarse en su lugar durante la campaña y después de ésta, en caso de que gane la gubernatura o decida no regresar a la presidencia municipal de Puebla.

Porque se han tomado decisiones que inciden en el ánimo de panistas y los electores en general sin considerar su punto de vista, como los candados legales aprobados por el Congreso contra las candidaturas independientes; la llamada Ley Gali que deja en manos del Congreso del estado la designación de su sustituto, sin convocar a su suplente; y el nombramiento de Jesús Christian Giles Carmona y Martha Erika Alonso Hidalgo como presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

Porque lo han excluido de la solución de los conflictos y la crisis interna del PAN, que lejos de atemperarse con la renovación anticipada del CDE encabezado por Rafael Micalco Méndez, parece profundizarse con el arribo de la esposa del gobernador a la dirigencia estatal, el inicio de procesos administrativos y penales en contra el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez y algunos de sus funcionarios en el ayuntamiento de Puebla, y la designación de Carlos Daniel Hernández Olivares como diputado local, en lugar de Juan Carlos Mondragón Quintana, tras la licencia definitiva de Eukid Castañón Herrera.

Porque varios de los que fueron aliados suyos en los comicios intermedios del 2013, como Fernando Manzanilla Prieto, Ana Teresa Aranda Orozco y Eduardo Rivera, no sólo no lo están apoyando, sino que podrían jugarle las contras como impulsores o abanderados de candidaturas independientes o ciudadanas.

Porque mientras la gente siga percibiéndolo como el delfín de Moreno Valle y el instrumento de éste para seguir gobernando la entidad más allá de su sexenio, los pasivos y negativos del actual Ejecutivo estatal seguirán pesándole y anclándolo política y electoralmente.

En las últimas cuatro décadas, la historia política de Puebla confirma que ningún gobernador ha logrado dejar sucesor.

Y porque él mismo ha podido corroborar en carne propia el desgaste de la imagen del gobernador saliente y el malestar social que existe en contra de su administración no sólo por las fotomultas, las deficiencias en las rutas troncales y alimentadoras del Metrobús, el encarecimiento en las tarifas de agua potable y la construcción de algunas obras de relumbrón pero poco prioritarias, sino por la intolerancia, la falta de diálogo y el autoritarismo en el ejercicio del poder del actual grupo gobernante.

EN CORTO

El despacho del ex procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, es el encargado de la defensa legal de Eduardo Rivera Pérez y algunos de sus colaboradores ante los procesos administrativos y penales que se han iniciado en contra de varios ellos.

Se sabe que al ex presidente municipal de Puebla le volvieron a pedir que se alejara de la entidad, incluso con el ofrecimiento de un cargo público en Querétaro, y que ante su negativa, se reactivaron algunas demandas por supuestos pliegos de cargos no solventados de sus cuentas públicas de su segundo y tercer año de gobierno.

El asunto ya es observado de cerca por algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que le han cuestionado a Ricardo Anaya Cortés esta conducta revanchista del gobernador de Puebla.

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Para aquellos panistas que han minimizado la renuncia de Ana Teresa Aranda Orozco al PAN valdría la pena que se asomarán a su Facebook, Twitter y WhatsApp, pues en 36 horas recibió más de 500 mensajes de apoyo de militantes y simpatizantes de distintos municipios de Puebla, y de diferentes ciudades del país.

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Por cierto. El día que Ana Teresa Aranda hizo pública su renuncia a 26 años de militancia panista, el jueves 15 de octubre, se reunió a comer con algunos simpatizantes, entre los que estuvieron el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y el hijo del coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

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Lista la estrategia para dejar fuera a Mondragón Quintana

Será a finales de mayo, una vez pasado el proceso interno del PAN, cuando Eukid Castañón Herrera deje el Congreso del estado para reincorporarse al gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle.

Para entonces Eukid Castañón habrá “recuperado” la salud, por la infección maderista que lo atacó en estos días y lo tuvo en cuarentena legislativa.

Sin embargo, su sustituto en la LIX Legislatura del Congreso local no será el siguiente de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional de la Coalición Puebla Unida (CPU), el panista Juan Carlos Mondragón Quintana, sino Carlos Daniel Hernández Olivares del partido Compromiso por Puebla (CPP).

La decisión será sin duda polémica y causa de juicios legales y controversias políticas, ya que en lugar de que sea convocado el tercero de la lista de candidatos, registrada ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), será llamado el que se ubica en la posición número nueve: el ya mencionado Carlos Daniel Hernández.

Para ello los morenovallistas se valdrán de un argumento y una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una polémica similar que se dio en 2008 tras la licencia solicitada por el diputado federal  de Convergencia, Alberto Esteva Salinas, para separarse del cargo, y la negativa de su suplente Gustavo Velásquez Lavariega de ocupar la curul vacante.

Se trata de la sentencia SUP-JDC-2909-2008, en la cual el magistrado ponente Salvador Olimpo Nava Gomar determinó —con base en el artículo 20, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales— que “las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados, electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido”.

Cuando el diputado oaxaqueño Alberto Esteva pidió licencia y su suplente no quiso ocupar la curul, dos personajes se apuntaron para sustituirlo en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados: el perredista Enrique Romero Aquino, y el convergente José Francisco Melo Velázquez.

El perredista era el siguiente en el orden de prelación de la lista de la Coalición “Por el Bien de Todos” — integrada por el PRD, Convergencia y el PT— y el convergente el número 26 de esa lista de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional de la Tercera Circunscripción.

Dos meses después de esa controversia la Sala Superior del TEPJF resolvió favorablemente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano promovido por el convergente José Francisco Melo Velázquez.

Con ese antecedente, Eukid Castañón ya se prepara para dejar su curul en la LIX Legislatura y el Congreso del estado a llamar a Carlos Daniel Hernández con el propósito de que lo sustituya, ahora que aquél regrese al gabinete de Moreno Valle.

Si el panista Juan Carlos Mondragón, el tercero en el orden de prelación de la lista de la Coalición Puebla Unida, quisiera ocupar la curul de Eukid Castañón le aplicarán el mismo criterio que al perredista veracruzano Enrique Romero Aquino, sustentado en el último párrafo del artículo 16 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que a la letra dice:

“La falta absoluta de algún Diputado electo por el principio de representación proporcional, deberá ser cubierta por aquel candidato del mismo partido político que siga en el orden de la lista, después de habérsele asignado los Diputados que le hubieren correspondido”.

EN CORTO

A propósito de lo anterior.

¿Sabe usted quién es el magistrado de la Sala Superior del TEPJF que desechó el juicio promovido por el panista Juan Carlos Mondragón contra la elegibilidad de su compañero de partido, Eukid Castañón Herrera, en la LIX Legislatura local?

Pues ni más ni menos que el mismo que magistrado ponente en la controversia de 2008 entre el PRD y Convergencia por la curul que dejó vacante Alberto Esteva Salinas en septiembre de 2008, es decir, Salvador Olimpo Nava Gomar.

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Otro detalle no menos curioso de este polémico caso que involucra a Eukid Castañón y a Fernando Manzanilla Prieto, su compañero de fórmula como propietario en la lista de candidatos de la Coalición Puebla Unida, es que ambos siendo del PAN hayan entrado como cuota del partido estatal Compromiso por Puebla.

Y que el excontralor del estado —siendo panista— insista en dejarle su curul no a un miembro de su partido, sino de Compromiso por Puebla.

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Aunque Eukid Castañón Herrera ganó el juicio que promovió en su contra Juan Carlos Mondragón Quintana, la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no salió como él quería, lo que pone en entredicho su retorno al gabinete estatal.

El poderoso operador del gobernador Moreno Valle no sólo quería que el TEPJF declarara infundado el alegato de Mondragón, lo que consiguió con el voto unánime de los siete magistrados, sino que estos se pronunciaran porque la curul que ocupa en la LIX Legislatura local corresponde al partido estatal Compromiso por Puebla, lo cual, por supuesto, jamás ocurrió.

Esta última situación resultaba —como aquí se lo anticipe— descabellada, pues en razón de qué el Tribunal se iba a meter a cuestiones hipotéticas o juzgar sobre supuestos, como quién de los candidatos a diputados de representación proporcional de la Coalición Puebla Unida debería ser convocado, en caso de que Eukid Castañón pidiera licencia para regresar a la Secretaría de la Contraloría.

Lo lógico y lo legal ante ese hipotético escenario sería que el Congreso llamara al siguiente de la lista, es decir, el número tres Juan Carlos Mondragón, sin embargo Eukid y sus abogados querían que el convocado fuera el número nueve, Carlos Daniel Hernández Olivares, por tratarse de un militante de Compromiso por Puebla, partido estatal por el que tanto él como Fernando Manzanilla fueron registrados en el convenio de coalición.

Así las cosas, en el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral el gran perdedor no fue Juan Carlos Mondragón, a pesar de haber sido él quien promovió el juicio para la protección de los derechos políticos electorales SUP-JDC-17/2014, sino el coordinador de la fracción mayoritaria del PAN en el Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui.

¿Por qué?

Por varias razones:

La primera — y más importante— es porque Eukid tendrá que continuar en el Poder Legislativo, a menos que éste quiera cederle su curul a uno de los personajes más odiados por el gobernador Moreno Valle: Juan Carlos Mondragón.

Porque si Eukid sigue en el Congreso local como presidente de la Comisión de Gobernación, Jorge Aguilar no será el operador por excelencia del mandatario estatal, sino sólo el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LIX Legislatura.

Y porque si Eukid se mantiene en el Poder Legislativo, los coordinadores de las demás fracciones parlamentarias preferirán negociar con éste cualquier tipo de apoyo o iniciativa, a sabiendas que en el cerrado círculo del morenovallismo, el excontralor es sin duda el número 2.

¿O me equivoco?

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En el transcurso de los próximos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dará al diputado Eukid Castañón Herrera una noticia buena y una mala.

La buena es que ganará el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC) que Juan Carlos Mondragón Quintana promovió en su contra, argumentando la inelegibilidad de su registro como suplente de Fernando Manzanilla Prieto, en la lista de candidatos de representación proporcional registrada por la Coalición Puebla Unida (CPU).

Y la mala es que el Tribunal Electoral no se pronunciará —como quiere Eukid — porque la curul que hoy ocupa en la LIX Legislatura sea asignada al partido estatal Compromiso por Puebla (CPP).

Esta situación lo tiene inquieto y nervioso, pues si el TEPJF solo resuelve que el juicio de Mondragón es improcedente, sin precisar que el escaño que hoy ocupa en el Poder Legislativo local es una posición de CPP, Eukid no podrá pedir licencia como diputado, ni regresar a la Contraloría del estado.

Y es que si solicitara licencia, el que llegaría a ocupar la curul que dejaría vacante en la LIX Legislatura sería el cuarto de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional de la CPU: el odiado Juan Carlos Mondragón.

Eukid, que se supone es miembro del PAN, quiere que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF etiqueten la diputación que hoy tiene como una posición  de CPP, de manera que en caso de que pida licencia el convocado para ocupar su lugar sea otro miembro de este partido estatal —Carlos Daniel Hernández Olivares— y no el panista Juan Carlos Mondragón.

Sin embargo, todo indica que el resolutivo no viene en este sentido, lo que obligaría a Eukid a continuar en el Congreso del estado como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

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Tal como aquí se había anticipado, Blanca Lilia Ibarra Cadena se registró este jueves como aspirante a comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

La comisionada con licencia de la CAIP tiene el apoyo de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como de importantes senadores del PRI y otros partidos políticos.

Junto con Blanca Lilia Ibarra también se inscribió una reconocida abogada, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que aunque no es poblana sí está muy ligada a la entidad.

Esta última también tiene el respaldo de la UNAM y de los senadores del PRI. Es más puedo anticiparle que será una de las finalistas para quedarse como una de las siete sillas del organismo constitucionalmente autónomo garante de la transparencia y el cumplimiento del derecho a la información pública y a la protección de datos personales en el país.

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