LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Blanca Alcalá Ruiz’

Colaboracionismo presupuestario

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Este día en el Congreso de la Unión, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se reunirá con los diputados federales de la entidad, para presentarles los proyectos prioritarios que su administración quiere que sean apoyados con recursos federales en el 2009.

En un principio, Blanca Alcalá gestionó la reunión con los legisladores de la bancada del PAN, y ya cuando el encuentro se había pactado, el diputado federal Jorge Estefan Chidiac solicitó que sus compañeros del PRI también pudieran integrarse a esa mesa de trabajo.

La intención de Blanca Alcalá y los diputados federales del PAN, PRI y PRD –que ya también fueron convocados por el coordinador de la bancada panista, José Antonio Díaz García– es conseguir que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009 se incluyan obras y proyectos de alto impacto, que rebasan las posibilidades de inversión del gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla.

La reunión se efectuará a las 14 horas en las oficinas del Grupo Parlamentario del PAN.

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Quien también ya aceptó reunirse con los diputados federales del PAN, una vez que éstos le consiguieron una presentación con los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, es el gobernador Mario Marín Torres.

La presentación de los principales proyectos de obra que el gobernador Marín propondrá sean considerados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009 se llevará a cabo el próximo martes 23 de septiembre, a las 13 horas, en las oficinas de la Comisión de Presupuesto.

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Otro que también se reunirá con los diputados federales de Puebla, para hacerles una presentación de proyectos y pedirles su apoyo en las negociaciones del subsidio federal a las instituciones públicas de educación superior, es el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez.

El encuentro de Agüera con los legisladores del PAN, PRI y PRD se efectuará el miércoles 24 de septiembre, a las 9 de la mañana, en las oficinas del grupo parlamentario del blanquiazul.

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Juan Ignacio Fernández Carbajal –hermano del celebérrimo Diablo Fernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo FEMSA– y Alejandro Couttolenc Villar fueron invitados por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán para hacerse cargo de la administración y gerencia del más importante puerto marítimo del país.

El secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Luis Téllez Kuenzler, quien fue quien recomendó a Juan Ignacio Fernández con el gobernador de Veracruz.

Y el hermano del Diablo Fernández, quien hasta hace poco se desempeñaba como industrial harinero, el que invitó al ex textilero Alejandro Couttolenc para asumir la gerencia del puerto veracruzano.

La noticia no deja de ser relevante, dados los antecedentes y escándalos de corrupción en que se vio envuelto Couttolenc Villar a su paso por la Cámara Textil y la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala.

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Mario Montero y López Zavala, la dupla marinista

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Vienen más cambios en la Secretaría de Salud
Lilia Vélez Iglesias, al consejo editorial de Notimex

De las diferentes lecturas que pueden hacerse de la comida de Mario Montero Serrano con motivo de su cumpleaños número 54, una inequívoca es que el marinismo aún no define quién será su hombre fuerte para las elecciones de gobernador en el 2010.

Esta situación me lleva a concluir que el llamado “delfín” del marinismo, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, podría estar perdiendo terreno frente a otros aspirantes o que el gobernador estaría abriéndose a otras alternativas que hasta hace poco parecían descartadas.

Uno de los primeros dilemas que los marinistas tendrán que resolver en el proceso de sucesión gubernamental es quién los representará en la contienda interna del tricolor, si el secretario de Gobernación o el secretario de Desarrollo Social.

Y es que no necesariamente el precandidato que surja del actual grupo gobernante tiene asegurada la nominación del PRI, pues lo más probable es que después de las elecciones federales de julio del 2009 otros priístas —ajenos a la burbuja marinista— se incorporen a la puja por Casa Puebla.

Entre éstos no habría que excluir a Blanca Alcalá Ruiz, con todo y que haya firmado ante notario público que sería presidenta municipal de tres años; al diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, y al ex diputado federal y líder cenecista Jesús Morales Flores.

Si Mario Marín tendrá, a diferencia de los últimos gobernadores de la entidad, desde Alfredo Toxqui  Fernández de Lara hasta Melquiades Morales Flores, la capacidad de dejar como sucesor al aspirante de su preferencia, es algo que aún está por verse.

Hasta ahora la constante es que gobernador no pone gobernador, y que Mario Marín tendrá que optar, como en su momento lo hicieron Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores, no por su favorito sino por el priísta que ofrezca las mayores garantías de triunfo en las elecciones del 2010.

EN CORTO

A sabiendas de que la remoción de Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del estado podría interpretarse como un signo de ruptura con el melquiadismo, operadores del gobernador Mario Marín Torres se pusieron en contacto la semana pasada con el senador Melquiades Morales Flores para aclarar cualquier malentendido.

Melquiades Morales fue localizado en Singapur, y vía telefónica se le hizo saber que el gobernador Marín había tomado la decisión de aceptar la renuncia que en días pasados le presentó Roberto Morales como secretario de Salud.

La noticia, a decir de los enterados, no fue del agrado del ex gobernador.

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¿Quiénes más se irán con Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud?

Entre los probables funcionarios de la Secretaría de Salud que en el transcurso de los próximos días también dejarán la dependencia, una vez que se confirme la renuncia de su jefe, y la designación de un nuevo secretario o secretaria, anote usted los nombres de Javier Chávez Román, Javier Stefanoni Dossetti, Jorge Goerge Sánchez y Fortino Morales Pacheco.

Chávez Román fungía como secretario particular de Roberto Morales, Javier Stefanoni como su asesor, Jorge George como director de Atención a la Salud, y Fortino Morales como su operador de medios de comunicación.

Éste último, por cierto, nunca salió de la nómina de la Secretaría de Salud, tras su remoción como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría, pues se le reubicó en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas como auxiliar administrativo, con la venia de Roberto Morales y del director de Administración y Finanzas de la Secretaría, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

A la lista habría que añadir los nombres de otros cinco o seis delegados de jurisdicciones sanitarias, plenamente identificados con Roberto Morales, y en abierta pugna con el coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y el director de Operación e Infraestrutura, Leopoldo Eusa Dubbie.

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Entre algunos de los organizadores de la marcha  “Iluminemos México” causó malestar el intento de algunas organizaciones y personajes que en Puebla quisieron darle un sesgo religioso o tomar el control de la manifestación ciudadana realizada el sábado para exigir de las autoridades mayor seguridad y eficacia contra el combate a la delincuencia.

Este intento, fallido al final, fue protagonizado por Francisco Javier del Castillo Guerrero, a través de dos agrupaciones, Sociedad en Movimiento y Red de Participación Social (Repaso), de escasa presencia en la entidad.

Javier del Castillo y algunos de sus seguidores llegaron al reloj del Gallito antes de las 18 horas y se pusieron al frente de la manifestación, llevando su propio sonido, pese a que los organizadores de la marcha —entre otros, Verónica Mastretta Guzmán, Javier Maldonado Moctezuma, Amy Camacho y Gabriel Hinojosa Rivero— habrían acordado que sólo habría un sonido, que se trataría de una protesta silenciosa y pacífica, y sin consignas políticas, partidistas o religiosas.

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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la agencia de Notimex, la poblana Lilia María Vélez Iglesias fue designada como integrante de su consejo editorial consultivo, junto con otros 12 destacados intelectuales, académicos y periodistas del país como Ana Cecilia Terrazas Valdés, Dorangélica De la Rocha Almazán, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Raúl Rodríguez Cortés, Héctor Moreno Valencia, Omar Raúl Martínez Sánchez, Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, José de Jesús Castellanos López, Ingrid Catalina Negrete Rosales, Patricia Montelongo y de la Parra, Carlos Enrique Orozco Martínez y Luis Enrique Mercado Sánchez.

Lilia Vélez se desempeña actualmente como coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, coordinadora estatal de la organizacion México Abierto y defensora de los derechos del lector del periódico Síntesis.

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El regreso de la Hermandad

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Si la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y su secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, de veras quieren combatir la corrupción de los agentes viales, lo primero que deberían hacer es revisar quiénes cobran en su nómina y cuáles son sus antecedentes.

Lo anterior viene a colación por el retorno a la corporación de funcionarios que en la gestión dogerista fueron suspendidos y sujetos a investigación por parte de la Contraloría municipal, algo que por lo visto también ignora el actual contralor del ayuntamiento, Mauro Uscanga Villalobos.

Un caso concreto es Fernando Estrella Izaguirre, nombrado por Hidalgo Vigueras como subdirector Técnico de Tránsito municipal, a instancias de Héctor Guerra Montiel, hombre fuerte de la Dirección de Vialidad del estado.

El comandante Estrella fue suspendido por haber ordenado mediante oficio D.T.M.P./Sector Uno/002/2007, el cese de Cecilia Paola Arroyo Quiroz como jefa de grupo de la Dirección de Tránsito de la capital del estado por el delito de trabajar embarazada y dar mala imagen a la corporación.

El nuevo subdirector Técnico no sólo es uno de los principales operadores del jefe de la Hermandad, sino el instrumento para que otros miembros de esta corrupta organización de agentes se apoderen de los principales cargos de la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla.

Gracias a él, la Hermandad controla hoy las comandancias de los sectores 3 y 4 de Puebla, a través de Mario Cruz Bandala y Benito Pérez Tlalpapal; así como la jefatura del Tercer Turno por medio de José Leonel Berrier, y la comandancia de peritos y el corralón, este último a cargo de Benjamín Torres García, jefe del Departamento —pomposamente denominado— de Encierro de Vehículos.

Benjamín Torres fue quien el pasado mes de marzo organizó una fiesta dentro de las instalaciones del corralón con carnitas, alcohol y bailarinas exóticas, para celebrar su nombramiento. Su padrino político, el ex director de Tránsito del estado, el general Ponce de León, está emparentado por cierto con Alberto Hidalgo Vigueras.

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Más de la Hermandad

Pero la influencia del jefe de la Hermandad, Héctor Guerra, se extiende como ya se lo comenté líneas arriba a la Dirección de Seguridad Vial del estado, en donde ahora labora como secretario particular del titular del área, Carlos Arroyo Salamanca, gracias a la recomendación del poderoso subsecretario de Egresos del estado, David Villa Issa. Desde su arribo a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del estado, lo que sucedió cuando Jesús Morales Rodríguez dejó la Dirección de Seguridad Vial del estado, Guerra poco a poco se ha ido haciendo del control de esta dependencia, removiendo a delegados y a comandantes de áreas estratégicas, para poner en su lugar a destacados miembros de la Hermandad como José Luis Segreste, jefe de Circulación del estado; Marco Antonio Bedolla Linares, encargado de pasar la charola y José Juan Márquez, a quien le entregó la delegación de Hueytamalco.

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Ayer recibí, a manera de artículo, un correo electrónico de un ex funcionario con oficio y experiencia en seguridad pública.

Sus comentarios aluden a los últimos acontecimientos y a la forma en que las autoridades estatales y municipales están encarando la delincuencia y, ahora lo sabemos también, al crimen organizado.

Dejo pues correr este artículo, reservándome el nombre del funcionario en cuestión:

LA SEGURIDAD PUBLICA NO SOLO ES UNA CONDICION QUE PERMITE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE UN TERRITORIO, HOY EN DIA ES, SIN LUGAR A DUDAS, EL MAYOR RECLAMO DE LA SOCIEDAD Y UN ELEMENTO VITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS PERSONAS QUE HABITAMOS ESTA CIUDAD, LA CUARTA EN IMPORTANCIA DEL PAIS, Y LAS DEL RESTO DEL ESTADO.

LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBEN TENER OBJETIVOS BIEN DEFINIDOS PARA ELEVAR NO SOLO LOS NIVELES DE SEGURIDAD SINO TAMBIEN LOS DE CONFIANZA DE LA CIUDADANIA, PERO ESTOS SOLO SE LOGRARAN SI SE SUPERAN ENTRE ELLOS LAS DIFERENCIAS EXISTENTES QUE EN SI SOLO BUSCAN UN EFECTO MEDIATICO Y DE HACERSE PASAR COMO PROFUNDOS CONOCEDORES DE LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CUAL SOLO PUEDEN SUSTENTAR EN DIPLOMAS Y CUADROS COLGADOS EN LAS PAREDES DE SUS OFICINAS PERMITIENDO ASI QUE NO EXISTA UNA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CAPAZ DE DAR RESPUESTA EFECTIVA A LA DELINCUENCIA E INVOLUCRAR CON CONFIANZA A LA CIUDADANIA PARA LOGRAR UN AMBIENTE DE SEGURIDAD, ARMONIA, PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL.

ACTUALMENTE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO ESTATALES COMO MUNICIPALES HAN SIDO NULAS EN CUANTO AL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PREVENTIVAS QUE GARANTICEN EL BIENESTAR SOCIAL Y SE HAN PERDIDO EN SOLO DAR CURSOS QUE NO LLEVAN UN FIN PREESTABLECIDO EN CUANTO A LAS LINEAS DE ACCION A REALIZARSE PARA DAR UNA RESPUESTA EFECTIVA A LA DEMANDA CIUDADANA DE SEGURIDAD EN SUS PERSONAS, FAMILIAS, BIENES Y NEGOCIOS.

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA NUEVAMENTE VUELVEN A APARECER LAS VIEJAS COSTUMBRES QUE HABIAN SIDO ERRADICADAS EN LAS TECNICAS DE SALIR CON LAS PATRULLAS A LOS RECORRIDOS AL AZAR Y ESPERAR QUE SE PUEDAN ENCONTRAR CON UN HECHO DELICTIVO PARA DESPUES MAGNIFICARLO MEDIATICAMENTE, NUEVAMENTE SE PRETENDE COMBATIR A LA DELINCUENCIA CON LA FUERZA ANTES QUE HACERLO CON UN ESQUEMA BASADO EN LA INTELIGENCIA PARA LLEVAR A CABO UNA PREVENCION DEL DELITO MAS ADECUADA,. EN EL MUNICIPIO SE ESTA DESAPROVECHANDO LA TECNOLOGIA EN LA LABOR PREVENTIVA POR DAR PASO A CURSOS, QUE EN EL MEJOR DE LOS CASOS SIRVEN PARA QUE LOS POLICIAS QUE ASISTEN, DADA SU POCA PREPARACION, PUEDAN DESCANSAR GOZANDO DE SUELDO.

EN LO QUE SE REFIERE AL GOBIERNO ESTATAL VEMOS CON SORPRESA QUE EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SE TOMA ATRIBUCIONES MAS ALLA DE LAS QUE SEÑALA LA LEY QUE FIJA LAS BASES DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Y QUE GRACIAS A LAS RELACIONES POLITICAS DE SU TITULAR DE UN ORGANO PURAMENTE NORMATIVO, DE SUPERVISION, CAPACITACION Y DE CONTROL DE LOS APOYOS ECONOMICOS DE LA FEDERACION AL ESTADO, SE QUIERE CONVERTIR EN UNO QUE REALICE LABORES OPERATIVAS O DE INTELIGENCIA SIN FACULTADES PARA ELLO CON LA LOGICA MOLESTIA DE QUIEN DEACUERDO A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEBEN REALIZAR, CUANDO MENOS EN EL SUPUESTO, ESA LABOR.

LOS POBLANOS ESTAMOS VIVIENDO UNA DE LAS PEORES CRISIS EN LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO RESULTADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON UNA DEFICIENTE O NULA CAPACIDAD DE MANDO Y DE PREPARACION, CUYO ACCESO A LOS PUESTOS DE MANDO NO ES EN BASE A CONOCIMIENTO SINO A RECOMENDACIONES, CON UNA POLITICA DE QUE EN EL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO NO PASA NADA, CON INGERENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PRESERVAR EL MANEJO DE LA SEGURIDAD A TRAVES DE RECOMENDADOS, DE CARECER DE ATLAS DELICTIVOS, DE UN ANALISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA DE LA INSEGURIDAD, DE MAPEOS DELICTIVOS CON PERFILES SOCIODEMOGRAFICOS QUE PUEDA RESCATAR A LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS NIVELES INFIMOS EN LOS QUE HOY SE ENCUENTRA PORQUE DE SEGUIR APLICANDO MEDIDAS SIN DIAGNOSTICOS CONFIABLES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS ACORDES CON LA REALIDAD SEGUIREMOS VIVIENDO EN UN CLIMA DE INSEGURIDAD Y DE FALTA DE CONFIANZA EN LA POLICIA.

SE DEBE ACABAR EN EL MUNICIPIO CON LA FIEBRE DE CURSOS, AUNQUE SEAN GRATUITOS PARA LOS POLICIAS, PORQUE ESTO SOLO ES UN PALIATIVO CON MUY POCA IMAGINACION PARA CONSEGUIR QUE EL RESULTADO SEA TRANSFORMAR ALA CORPORACION POLICIACA EN UNA INSTITUCION SOLIDA, CAPACITADA, PROFESIONAL, HONESTA, EFICAZ Y CONFIABLE, EN SUMA ES UNA RESPUESTA INEPTA PARA RESOLVER O ATENUAR EL PROBLEMA Y EL RESULTADO DE DESVIAR RECURSOS PARA ESE FIN PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE, YA QUE NO SOLO CON PROFECIONALIZACION DE LA POLICIA SE OBTIENE SEGURIDAD PUBLICA.

LAS DECISIONES POLITICAS EN LA MATERIA, HAN RELEGADO A QUIENES CONOCEN DEL TEMA A VOLVERSE SOLO ESPECTADORES DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNICIPIO Y EN EL ESTADO, DE POCO O NADA SIRVEN LAS REUNIONES DIARIAS QUE LOS MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZAN A TEMPRANA HORA, YA QUE EN ELLAS NO SE COORDINAN ACCIONES SINO SON MERAMENTE INFORMATIVAS.

QUIENES CONOCEN DEL TEMA ESTAN OBLIGADOS NO SOLO A CRITICAR SINO A PROPONER ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA, PERO ESTO SOLO SE LOGRARA SI EXISTE APERTURA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RECONOCER QUE ES NECESARIA LA INCORPORACION DE HOMBRES Y MUJERES CONOCEDORES DEL TEMA A LA TAREA DE ENCONTRAR UN MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA ACORDE ALA REALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEL ESTADO, QUE OFREZCA COMO RESULTADOS NO NUMEROS EN CUANTO A LA INCIDENCIA DELINCUENCIAL SINO SATISFACCION DE LOS CIUDADANOS POR VIVIR EN UN MUNICIPIO Y EN UN ESTADO SEGURO.

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Combate la CDH las reformas a la Ley de Transparencia

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

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¿Simple casualidad?

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Este lunes, gracias a los buenos oficios del diputado federal Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se reunió a comer con el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, Agustín Carstens Carstens.

 

Se sabe que después de esa comida, la primera alcaldesa de Puebla se entrevistó con su tesorero, Javier Ramírez Carranza, y que juntos acordaron el plan de reestructuración de la deuda de 570 millones de pesos que hoy tiene el ayuntamiento con diversas instituciones financieras.

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El senador Melquiades Morales Flores será quien dicte la cátedra inaugural de la escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla, el próximo martes 19 de agosto.

Después de la llamada prima lectio, los directivos de la universidad le entregarán al ex gobernador un reconocimiento “por su incansable apoyo y valiosa colaboración para el desarrollo de la cultura y la educación en Puebla”, acto al que han sido invitados sus ex secretarios y ex colaboradores.

La conferencia magistral de Melquiades Morales, que marcará el inicio de cursos del semestre otoño-invierno, tendrá lugar a las 10 horas en el auditorio de esta institución de los Legionarios de Cristo.

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Aunque el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del ayuntamiento de Puebla, Fernando Ariza de la Fuente, ayer juró y perjuró que su presencia en la junta auxiliar de Azumiatla no debía tomarse como el inicio de su precampaña a la diputación federal por el distrito 11 de Puebla, la verdad es que los estrategas del PRI y su jefa, Blanca Alcalá Ruiz, a quien le cederán dos de las cuatro candidaturas de la capital del estado, no lo ven nada mal.

Quizás Fernando Ariza diga que no, como en su momento Blanca Alcalá decía que no cuando el PRI decidió incluirla en la lista de aspirantes a suceder a Enrique Doger Guerrero. La historia de lo que ocurrió después ya es de todos conocida.

En Azumiatla, el secretario de Desarrollo Económico puso en marcha el Programa de Articulación Productiva a Microempresarios, acto que contó con la presencia del gobernador Mario Marín Torres y de Blanca Alcalá.

¿Simple casualidad?

No lo creo.

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Hoy será un día de señales políticas de cara a la sucesión gubernamental, en el marco de la gira del presidente Felipe Calderón Hinojosa por la Sierra Norte de Puebla. Priístas y panistas deben mirar con atención con quién llega el mandatario federal, quién lo acompañará en sus trayectos, además del gobernador Mario Marín y los secretarios de su gabinete, y con quién tendrá pláticas amenas y a quién le mostrará indiferencia.

El personaje en cuestión es un senador y ha militado por igual en el PRI y en el PAN.

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Fraude cibernético alcalino

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La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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Persisten los excesos y abusos del presidente del IEE

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Freyssinier Morin descubre nuevas anomalías de JSM
López Zavala ofrece protección, a cambio de apoyos

Por si los abusos y excesos cometidos en 2007 por el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, no fueran suficientes, el despacho Freyssinier Morin acaba de hacerle llegar una nueva relación de 25 observaciones correspondientes sólo al mes de abril de 2008. (Ver hoja 1, ver hoja 2)

Entre las observaciones figuran –para variar– excesos en servicio de telefonía celular y radiocomunicación; compras fraccionadas en papelería; adjudicaciones directas en impresión, servicios de fotocopiado y arrendamiento de estacionamiento; la asignación de viáticos fuera de norma; errores en la clasificación de diversos gastos por concepto de mensajería, difusión e información, mantenimiento de equipo y el cobro de cheques supuestamente cancelados.

El reporte del auditor externo del IEE, enviado en junio pasado a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, detalla tres observaciones al consejero presidente por rebasar los límites establecidos en telefonía celular y servicio de Nextel en el acuerdo IEE/JE-008/08.

Se trata de las observaciones 2, 9 y 17; en las primeras dos, Hermilo García Carreón, del despacho Freyssinier Morin, asienta que Jorge Sánchez se gastó 2,447 pesos y 2,518 pesos en el teléfono móvil que tiene asignado cuando su límite mensual es de 1,295 pesos. En el punto 17, se repite la misma situación pero con su equipo de radiocomunicación: tiene un límite autorizado de 534 pesos, pero se gastó 1,115 pesos.

Las 25 observaciones suman un total de 844 mil pesos, y de éstas las de mayor cuantía se refieren a contratos asignados sin concurso o licitación pública.

En el punto 12 se cuestiona la falta de justificantes para arrendar una bodega a nombre de Comercializadora MP S.A. de C.V., en 73 mil 600 pesos; en el punto 15, la falta de al menos tres cotizaciones para el suministro de bienes y servicios de los contratos D04/040 y D04/044 por un monto 183,831 pesos; en el punto 16, la asignación a Sistemas Contino S.A. de C.V. de un contrato por 62,016 pesos para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, y en el punto 20, la ausencia de cotizaciones y tabla comparativa de los invitados a proveer los bienes y servicios que se describen en el contrato D04/068 por un monto de 83,921 pesos.

Otra irregularidad destacada por los auditores del despacho Freyssinier Morin es la enumerada en el punto 24, la cancelación de un cheque por 33,250 pesos, que, no obstante, fue considerado en el gasto y descargado de la cuenta bancaria del Instituto Electoral del Estado.

Las compras fraccionadas de papelería continúan siendo motivo de observaciones. En el reporte se menciona el caso de dos compras de papel de seguridad a la empresa Carbopapel S.A. de C.V. por 9,269 pesos.

Otra constante en el reporte son los errores cometidos por el encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz, en la clasificación del gasto. La póliza E04/146 se registró a la cuenta 3103 cuando debió hacerse a la 3101 por tratarse de un servicio de mensajería y no telefónico; lo mismo con que las pólizas B04/003, por un monto de 148,350 pesos, que se cargó la cuenta 3602 cuando en realidad correspondía a la 3605 denominada Otros Gastos de Difusión e Información, y la D04/032, por un monto de 7,192 pesos, que se registró a la cuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuando en realidad debería asentarse en la cuenta 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por tratarse de un servicio a la camioneta asignada del presidente del Instituto.

La pregunta es: ¿hasta cuándo se tolerarán los abusos y excesos del consejero presidente del IEE y su encargada de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, integrante de una influyente familia en el ámbito del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, de la que pronto, pronto, nos ocuparemos?

EN CORTO
Los aspirantes del PRI a la gubernatura del estado se han encontrado con una queja recurrente, cuando en sus giras de trabajo se reúnen con ex presidentes municipales de su partido y les piden su apoyo: que muchos de éstos no se quieren comprometer por el temor de que sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2007 no se aprueben o el Congreso les finque responsabilidades.

Y es que se sabe que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, ha prometido a no pocos ex munícipes que si lo apoyan con gente y recursos él sabrá corresponder esos respaldos, cuando en el Congreso del estado y el Órgano de Fiscalización Superior se revisen y discutan sus cuentas públicas.

Según esta versión, López Zavala ha ofrecido gestionar la aprobación de algunas cuentas públicas de ex presidentes municipales siempre que éstos también lo ayuden a posicionarse en las comunidades y poblaciones que gobernaron hasta febrero de 2008.

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La posición que ayer fijó Blanca Alcalá Ruiz sobre la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar refleja en buena medida el estilo de gobernar de la primera alcaldesa de Puebla: esquivar broncas y remitir al Congreso los asuntos calientes.
Así ocurrió con la cuenta pública de su antecesor en el cargo, Enrique Doger Guerrero, y con las observaciones y anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
Sobre la papa caliente de los parquímetros, la presidenta municipal explica en su comunicado que ella ya hizo lo que debía –¿o lo que le ordenaron?– y que ahora toca al Congreso del estado, sin prisas ni precipitaciones analizar y en su caso aprobar la concesión a la empresa Jajomar.
En su comunicado, Blanca Alcalá exhorta “de manera respetuosa a los diputados a no precipitarse en la decisión; a considerar el tiempo a su favor; a actuar con autonomía y libertad; a que de manera serena y sensata se revisen los contenidos y los alcances;  a cuidar los intereses colectivos; a privilegiar el diálogo, a lograr que en el debate se construya el mejor futuro para Puebla”.
Pregunta: ¿por qué ella no actuó en consecuencia, es decir, sin prisas, ni precipitaciones, revisando –de nueva cuenta– y con plena autonomía, los contenidos y los alcances de la concesión; cuidando los intereses colectivos, contra la segunda tarifa más cara del país, y privilegiando el Centro Histórico, pero también la economía de cientos o miles de poblanos que por necesidad usan la vía pública como estacionamiento y que ahora deberán destinar una cuarta o tercera parte de sueldo en beneficio de la empresa Jajomar y sus padrinos políticos?

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El miércoles pasado, después de reunirse con Javier López Zavala y con Beatriz Paredes Rangel en la ciudad de México, Antonio Hernández y Genis, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI logró amarrar la vicepresidencia de la mesa de Estatutos de la XX Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en Aguascalientes.
López Zavala, quien también forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, participará —en cambio— en la mesa de Declaración de Principios.

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Desde aquí envío mis condolencias al doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), por el lamentable fallecimiento de su hijo, ocurrido el viernes pasado en Acapulco.

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Este día, en conferencia de prensa, en el salón Los Girasoles de Cholula, se anunciará la designación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico y Social en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, luego de que quien ocupara esta cartera, el ex diputado local y ex candidato a la presidencia de Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos fuera nombrado subdelegado de Desarrollo Social.

En el evento también se anunciará la puesta en marcha de un programa de vinculación laboral, capacitación para el trabajo y de recursos humanos que aplicará el ayuntamiento de San Andrés Cholula en colaboración con algunas empresas sanandreseñas y de la región, denominado Chambandrés.

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Mario Marín Torres, el descuido de las formas

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 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

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El desmayo de alcaldesa

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Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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Traición priísta y dudas palaciegas

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Un bien informado reportero de la ciudad de México me comenta que off the record, el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, sí mencionó el nombre de Mario Marín Torres como uno de los 10 gobernadores priístas con los que se reunió para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales de julio de 2006.

En esa conversación de lunes por la tarde y fuera de grabadoras, Manuel Espino citó dos nombres más de gobernadores, los de Eduardo Bours Castelo, de Sonora, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz.

El ex dirigente nacional panista dijo que el pacto con los 10 gobernadores priístas se efectuó en distintos momentos, pero en todos los casos después del segundo debate presidencial, cuando ya era más que claro que el priísta Roberto Madrazo Pintado no tenía ninguna posibilidad de ganar en las elecciones del 2 de julio.

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¿Por qué el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, jura y perjura que sólo autorizó la construcción de 3,300 viviendas para el fraccionamiento Jardines de La Montaña, en el encinar del cerro de La Calera, y la empresa constructora Alteq, de la que son socios Vicente Bortoni y Federico Bautista, tiene un permiso para edificar 7,720 casas?

¿Si Enrique Doger no firmó, como dice esa autorización de enero de 2008, entonces quién lo hizo por él?

¿Acaso su fiel secretario en el ayuntamiento de Puebla, Ignacio Mier Velasco?

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¿Qué secretario de despacho del gabinete marinista, con fama de financiero, pretende malbaratar, perdón, concesionar, las autopistas Tlaxco-Tejocotal y la libre a Teziutlán, en menos de una cuarta parte de lo que costaron en el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores?

¿Será cierto, como dice, que esa es la mejor alternativa para financiar las obras de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan?

¿O será que quiere hacer su vaquita antes de salir del gabinete para buscar una diputación federal?

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¿A qué atribuir que la administración municipal de Enrique Doger Guerrero se haya gastado en el 2007 la friolera de 43 millones de pesos en pago de gasolina, y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz sólo se gastará 30 millones de pesos por el mismo concepto?

¿A poco de veras la gestión de Blanca Alcalá es muy eficiente y ahorradora?

¿No será que los gastos de aquél estaban también muy inflados, o sobrefacturados como tantas otras cosas, como los arrendamientos de inmuebles, los celulares y los equipos de radiocomunicación?

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¿Qué ex dirigente empresarial metido de asesor de Enrique Doger Guerrero en el ayuntamiento de Puebla se encargaba de agendarle algunas entrevistas con columnistas y corresponsales extranjeros acreditados en México?

¿Cómo se ganó este ex presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) el apoyo de Dolly Mascareñas, corresponsal de la revista Times y presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México?

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¿A cuánto ascienden los millonarios contratos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado ha cubierto a la firma IQUIA para la modernización de las oficinas recaudadoras, los equipos y el sistema de cobro electrónico de impuestos?

¿Qué relación guarda esta empresa consultora con el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y con el subsecretario del ramo, Juan Alberto Armendáriz Martínez?

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