Entre los empleados y secretarios de la dirigencia estatal priísta ha causado extrañeza la decisión del nuevo delegado del CEN del PRI, Ismael Alfredo Hernández Deras, de mandar a construir una cocina y un baño con regadera en sus oficinas de la Diagonal Defensores de la República número 862 de la colonia Adolfo López Mateos.

Para los priístas poblanos tal medida es reveladora que el senador y ex gobernador duranguense no está considerando recorrer el estado o los distritos en compañía de los candidatos a diputados federales en las cuatro semanas que restan a la campaña, sino que —por el contrario— pasará la mayor parte de su tiempo en Puebla en la sede estatal del tricolor.

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La decisión de retirar al ex futbolista Roberto Ruiz Esparza como candidato de Nueva Alianza en el distrito 11 de Puebla, así como de la ex priísta María Luisa Conde Montaño por el distrito 12, también de la capital, sólo confirma que los dirigentes y abanderados de este partido están al servicio de Casa Puebla.

Ni uno ni otra tenían posibilidades de ganar la elección en sus respectivas demarcaciones.

Sin embargo, ni uno ni otra cumplían con el objetivo de su nominación: restarle votos a los candidatos del PRI por los distritos 11 y 12, para favorecer a los panistas Ángelica Ramírez Luna y Ángel Francisco Trauwitz Echeguren, cuya ventaja sobre los abanderados del tricolor hace tiempo dejó de ser dos a uno.

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Un buen raspón en su prestigio podría llevarse la BUAP por la transa en que están incurriendo el secretario Académico de la Dirección General de Educación Media Superior (DGEMS), Benjamín Pérez Romero, y la titular de la Dirección General de Innovación Educativa (DGIE), Elsa María Fueyo Hernández, en perjuicio de los tutores seleccionados para capacitar en línea a los profesores de preparatoria.

El meollo de la transa radica en la reducción de los pagos a 120 capacitadores de la BUAP, quienes por impartir el Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio Superior —tanto a profesores de escuelas preparatorias de la Benemérita como de otras instituciones públicas de educación superior— iban a cobrar unos cien mil pesos en cinco meses, a razón de 500 pesos la hora.

Sin embargo este lunes se enteraron que el pago se redujo a 200 pesos la hora, lo que provocó su inconformidad ya que nadie supo explicarles por qué si la SEP financia esta capacitación a 500 pesos la hora, la Dirección General de Educación Superior de la BUAP sólo quiere pagarles el 40%, o cuál será el destino de los 7 millones de pesos sobrantes.

Pero además porque la directora de Innovación Educativa los retó, si no estaban de acuerdo con el pago, a renunciar y abandonar el salón, pues había muchos que sí estaban de acuerdo con dar la capacitación por ese monto, considerando que se trata de un diplomado de 200 horas divididas en cinco meses.

Entre los tutores molestos existe la sobrada sospecha de que tal reducción es en realidad una transa del secretario Académico de la DGEMS, de su parentela y recomendados, a los que nombró coordinadores o tutores del diplomado, entre ellos su hermano Augusto Pérez Romero, su hija Xóchitl Ivette Pérez Godínez y a su cercanísima colaboradora, Marina Jassin Rojas.

Varios de estos, por cierto, fueron favorecidos por Benjamín Pérez Romero cuando fue director de la escuela preparatoria Enrique Cabrera Barroso.

Los tutores también se quejaron de la capacitación que recibieron para impartir el diplomado, ya que varios de los coordinadores de tutoría ni siquiera ingresaron a la plataforma en línea, pues optaron por organizar dinámicas de grupo durante los cinco días que supuestamente fueron adiestrados sobre los objetivos, metas y alcances de este programa de actualización dirigido a profesores de educación media superior.

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Este 5 de mayo se cumplieron 26 años de la fundación del PRD y a su dirigencia estatal la fecha le pasó totalmente inadvertida, pues no fue capaz de enviar siquiera un comunicado de prensa para rememorar el aniversario.

A los neo perredistas de Luis Maldonado Venegas la fecha también les pasó de noche y no necesariamente en una tenida masónica.

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Si una preocupación tiene ahora el senador Luis Miguel Barbosa Huerta no es su posible nominación a la gubernatura de Puebla, en el 2016 o el 2018, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Como bien lo dijo hoy en Tehuacán —su tierra natal, donde le fue entregada una moneda conmemorativa en reconocimiento a sus gestiones en favor del ayuntamiento—: “No es el momento… Ningún político se descarta, pero no es momento de pensar en aspiraciones políticas ni de andar promoviéndonos”.

Y en efecto, la actual preocupación del senador Luis Miguel Barbosa es mantenerse al frente de la coordinación del Grupo del PRD en la Cámara Alta, a pesar de sus cada vez más notorias diferencias con el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano Grijalva, al que no ha podido respaldar para que los senadores perredistas voten a favor de las reformas planteadas en el Pacto por México.

Esta situación lo ha llevado a confrontarse no sólo con Zambrano, sino con los demás miembros de su corriente —conocida como Nueva Izquierda o el grupo de Los Chuchos—, que no pueden aceptar que Barbosa les juegue las contras en el Senado con tal de mantenerse como coordinador de su fracción parlamentaria.

Tal como ocurrió con la Ley General del Servicio Profesional Docente, que sólo fue respaldada por tres senadores perredistas, entre los que por supuesto no estuvo él.

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El director de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso de la BUAP, Benjamín Pérez Romero, ya logró el jueves pasado el consenso de un grupo de profesores para que su hermano, el también físico Augusto Pérez Romero, se convierta en su sucesor, sin que lo acusen de imposición.

Su método fue el siguiente:

Reunió a 30 de los 90 profesores de los planteles de Puebla y Cuetzalan, y les pidió que le propusieran candidatos para la dirección de la preparatoria, ahora que su gestión de nueve años está por concluir.

Los profesores, sabiendo que en esa reunión había gato encerrado, optaron por guardar silencio. Un silencio que duró varios minutos hasta que uno de sus incondicionales propuso el nombre de Augusto Pérez Romero, planteamiento que respaldaron otros cuatro de los convocados, casi con los mismos argumentos.

“Conste que ésta es una decisión de ustedes, así que después no me acusen de imponer a nadie”, les dijo y acto seguido —como si tuviera todo preparado— les proyectó el plan de trabajo de su hermano como posible candidato a director de la escuela, al tiempo de asegurarles que tal candidatura tendría el respaldo del rector de la Benemérita, Alfonso Esparza Ortiz.

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El doctor Julián Germán Molina Carrillo es el único poblano incluido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en las siete ternas que envío al Senado de la República para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En su comparecencia ante las comisiones de Justicia y de Gobernación, que presiden los senadores Roberto Gil Zuarth y Cristina Díaz Salazar, respectivamente, Molina Carrillo subrayó que si el Estado mexicano no lograr reparar el daño a las víctimas, la reforma en materia de derechos humanos quedará como “letra muerta” y una vez más las personas que han sufrido la violencia quedarán sin ver satisfechas sus demandas.

El director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), ex director de la Facultad de Derecho de la BUAP y ex funcionario del Poder Judicial de Puebla, estimó necesaria una mayor humanización en las actividades de los tres niveles de gobierno, a fin de atender a las personas que han sufrido la violación de sus garantías y brindarles asistencia, protección, atención, derecho a la verdad, a la justicia y la reparación integral del daño.

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