Un informe amañado y omiso es el que presentó el contralor interno del Instituto Electoral del Estado (IEE), Paul Rodríguez Barragán, a los integrantes del Consejo General sobre la desaparición y venta de más de 10 mil urnas y 5 mil mamparas en buen estado, que serían reutilizadas en los comicios de julio de este año.

El asunto no es menor en términos económicos, considerando que el IEE tendrá que desembolsar en los próximos días unos 10 millones de pesos para readquirir el desaparecido material electoral.

Digo que el informe del contralor del Instituto es omiso, porque éste sólo se refiere al proceso de desincorporación de 1,700 mamparas y 1,700 urnas de la elección de miembros de los ayuntamientos, sin aludir jamás al inventario hecho en febrero de 2009 por la entonces directora de Organización, Marcelina Sánchez Muñoz.

En dicha relación —que hoy reproduzco en esta entrega— se detalla la existencia «en buen estado» de 5,340 urnas de la elección de miembros de los ayuntamientos; de 5,440 urnas de la elección de diputados; y de un promedio de 5 mil mamparas, compuestas por travesaños, laterales, divisores, bases y cortinas.

Sin embargo, en su informe a los integrantes del Consejo General del IEE, Paul Rodríguez, no sólo pasa por alto tal inventario, sino que pretende hacer creer a los consejeros y representantes partidistas que en la bodega del Instituto sólo se hallaron 1,700 mamparas y 1,700 urnas.

Y que por unas y otras, de las que jamás explica en qué estado se encontraban al momento de ser vendidas, únicamente se obtuvieron 129 mil 407 pesos, por parte de la empresa Proyectos Ecológicos de Reciclados, de Roberto Ruiz Ríos.

El informe del contralor interno del Instituto es vago y parcial en diferentes aspectos, a saber:

Jamás explica las contradicciones que hay entre los memorándum número IEE/DOE-024/09, de fecha 17 de febrero de 2009, y el número IEE/DOE-208/09, del 21 de octubre de 2009, ni la merma de material electoral que hay entre uno y otro, escritos con ocho meses de diferencia.

Tampoco qué pasó con las 9,080 urnas y 3,300 mamparas de diferencia que se perdieron entre febrero y octubre del año pasado, ni cuál fue el destino que tuvieron los cerca de 2 mil paquetes de urnas y mamparas que se compraron como reserva en 2007 y que nunca se utilizaron.

Tales inconsistencias no son casuales, ni producto de una omisión involuntaria.

Por el contrario. Fueron concebidas para ocultar un daño patrimonial o encubrir un posible robo o peculado por parte de quienes tenían bajo su resguardo el material electoral que en 2007 se compró en cerca de 7 millones de pesos, y que hoy tendrá que readquirirse en 10 millones de pesos, cifras que resultan descomunales si se comparan con los ridículos 129 mil pesos que el IEE obtuvo por la venta de las 1,700 urnas y 1,700 mamparas desincorporadas a finales del año pasado.

¿O no?

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Simón dice:

«En un espíritu corrompido no cabe el honor.»

Tácito (55-115) Historiador romano.

Una de las principales razones por las que los ayuntamientos de la entidad se niegan a realizar obras en coparticipación con el gobierno del estado es el sobrecosto con que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), a cargo de Javier García Ramírez, las presupuesta.

Para muestra un botón: el corredor turístico que en torno a la pirámide se haría, para hermanar ambos municipios, conectando sus respectivos zócalos a través de una avenida adoquinada con luminarias y mobiliario nuevos, instalaciones eléctricas y de telefonía ocultas, y banquetas más amplias.

Estos trabajos tendrían inicialmente un costo de 21 millones, sin embargo la cifra se elevó a 30 millones de pesos cuando se involucró en el proyecto la SDUOP, lo que también disparó el monto a invertir por parte del ayuntamiento de San Andrés Cholula de 6 millones a casi 10 millones de pesos.

La causa de ese incremento son los sobreprecios de algunas obras consideradas en el llamado «Corredor Turístico Cultural de la Hermandad».

Y es que mientras las autoridades sanandreseñas cotizaron la construcción de banquetas y arroyos en 3 millones 42 mil pesos, la SDUOP lo hizo en 3 millones 636 mil pesos. Lo mismo ocurrió con la señalética. El ayuntamiento de David Cuatli Jiménez la cotizó en 324 mil pesos, y la dependencia de Javier García Ramírez en 838 mil pesos.

De ahí la decisión del ayuntamiento de San Andrés Cholula de no colaborar, ni participar económicamente con tal proyecto, impulsado por la Secretaría de Turismo del gobierno del estado.

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La presencia de Blas Villegas Lara en la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en poco o nada ayudará a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, a despejar las sospechas de corrupción que hoy existen en torno a la asignación de un jugoso contrato a una empresa de reciente creación —Publicidad Exterior Regulada— que se encargará de regularizar y supervisar las estructuras de anuncios espectaculares en la ciudad de Puebla.

Por el contrato adjudicado en junio, la empresa Publicidad Exterior Regulada se llevará 45 centavos por cada peso ingreso que ingrese, es decir, algo así como 5 millones de pesos de aquí a febrero, en que pretende recaudar por la regulación y supervisión de espectaculares 12 millones de pesos.

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Ante las protestas de no pocos aspirantes del PRI a la alcaldía de Puebla que fueron marginados en su último levantamiento, y del cual le dimos aquí cuenta hace un par de días, el CISO de la BUAP realiza una nueva encuesta, pero ahora sí incluyendo a los funcionarios que dejó fuera: Valentín Meneses Rojas, Pericles Olivares Flores y Javier García Ramírez, entre otros.

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Simón dice:

«El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza».

Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo y estadista británico.

Ahora que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) están metidos en sesudas reflexiones y bizantinas discusiones sobre algunos aspectos operativos del Código de Instituciones y Procesos Electorales, bien valdría la pena que fijaran su atención en el artículo 90 de esa legislación.

Así de paso se podrían evitar los puyazos que les lanza el representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández, cuando afirma a voz en cuello que sólo están para cobrar y votar.

Y en efecto, si uno revisa y compara las facultades y atribuciones que el Código Electoral otorga a los consejeros del Instituto, con las que dispone para el consejero presidente Jorge Sánchez Morales, irremediablemente se llega a la conclusión de que lo que priva en el IEE es el presidencialismo omnímodo.

Juzgue usted mismo si no:

Según el artículo 90 del referido Código, los consejeros electorales están facultados para:

“I.- Integrar el quórum de las sesiones del Consejo y participar en sus deliberaciones con derecho a voz y voto;

“II.- Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdos y resoluciones, en los términos que señala el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“III.- Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día del Consejo y de las Comisiones de las que formen parte, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“IV.- Suplir al Consejero Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias momentáneas de las sesiones del Consejo;

“V.- Presidir las Comisiones Especiales que constituya el Consejo General, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“VI.- Formar parte de las Comisiones Permanentes y Especiales que constituya el Consejo General y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones;

“VII.- Asistir, con derecho a voz, a las sesiones de las Comisiones Especiales de las que no formen parte; y

“VIII.- Las demás que les confieran este Código y otras disposiciones aplicables.

Los Consejeros Electorales del Consejo General, deberán desempeñar su función con autonomía y probidad”.

En suma: atribuciones nada relevantes que no sean más votar y cobrar.

En cambio, el artículo 91 otorga al consejero presidente las siguientes facultades:

“I.- Representar legalmente al Instituto;

“II.- Otorgar a nombre del Instituto poderes de representación, en su caso, al Secretario General, al Director General y al personal de las Direcciones del Instituto, para el cumplimiento de sus atribuciones, los que deberá hacer del conocimiento del Consejo General;

“III.- Procurar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto;

“IV.- Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General;

“V.- Presidir y conducir las sesiones de la Junta Ejecutiva y convocarlas a solicitud del Director General;

“VI.- Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su competencia;

“VII.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del propio Consejo General;

“VIII.- Proponer al Consejo General, en terna, el nombramiento del Secretario General, del Director General y del titular de la Contraloría Interna;

“IX.- Presentar al Consejo General, de entre la lista que al efecto elabore, las propuestas para la designación de los Consejeros Electorales y Secretarios de los Consejos Distritales y Consejos Municipales;

“X.- Presentar al Consejo General, en términos de la legislación aplicable, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto;

“XI.- Remitir en términos de la legislación aplicable el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, una vez aprobado por el Consejo General;

“XII.- Recibir de los partidos políticos las solicitudes de registro de candidatos a Gobernador y someterlas a consideración del Consejo General para su registro;

“XIII.- Rendir anualmente al Consejo General, a más tardar en el mes de abril, informe sobre el ejercicio del presupuesto correspondiente al año anterior;

“XIV.- Elaborar el proyecto de convocatoria para las elecciones que establece este Código, para someterla a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General;

“XV.- Entregar el financiamiento público a los partidos políticos, en la forma y términos que determine este Código y el Consejo General;

“XVI.- Suscribir el convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, que celebren el Gobierno del Estado y el Instituto Federal Electoral;

“XVII.- Enviar para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación, la relación completa de los candidatos registrados, así como las cancelaciones de registro y sustitución de candidatos que se presenten, en los términos de este Código;

“XVIII.- Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de los fines del Consejo General;

“XIX.- Suscribir convenios con los Ayuntamientos que lo soliciten, para coadyuvar en la elección de Juntas Auxiliares;

“XX.- Suscribir convenios con instituciones académicas y de educación superior, para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titulares del Servicio Electoral Profesional;

“XXI.- Establecer vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto;

“XXII.- Solicitar a las autoridades correspondientes la fuerza pública necesaria para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

“XXIII.- Firmar junto con el Secretario General las boletas electorales;

“XXIV.- Velar por el buen uso del patrimonio del Instituto;

“XXV.- Plantear y ejecutar la política de comunicación social del Instituto;

“XXVI.- Elaborar el proyecto del diseño de la imagen institucional del Instituto y proponerlo al Consejo General para su aprobación;

“XXVII.- Instaurar los mecanismos para el contacto institucional del organismo con los medios de comunicación;

“XXVIII.- Exponer, implementar y ejecutar la campaña de difusión del voto y promoción de la participación ciudadana, durante la organización del proceso electoral; y

“XXIX.- Las demás que le confieran este Código, el Consejo General y las disposiciones relativas”.

Como se podrá leer, el consejero presidente no requiere para ninguna de estas atribuciones del aval o la aprobación del resto de los ocho consejeros o del visto bueno del Consejo General. Basta con el poder de su firma.

Ahora entiende por qué Jorge Sánchez se siente y actúa como Dios en el poder, y porque su protector dentro del Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández puede escupirles en la cara a los consejeros que sólo están para cobrar y votar.

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Simón dice:

“¡Pero qué asquerosidad es esto….!”

Kamel Nacif Borge, empresario y apostador.

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La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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