En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

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Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.

* Marín y Alcalá evitan el tema de la sucesión

* Rafael Quiroz pasa de coordinador a jefe de área

Será este jueves, en la sesión del máximo órgano colegiado de gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuando cobre forma la reelección del rector de la institución, Enrique Agüera Ibáñez, para un segundo periodo de cuatro años.

En dicha sesión se prevé que el Consejo Universitario analice y apruebe la convocatoria para la elección de rector para el periodo 2009-2012, y designe a los 12 miembros de la Comisión de Auscultación que se encargará de nominar a los candidatos idóneos para ocupar el cargo.

El proceso se prevé sin sobresaltos, a tal grado que lo más probable es que Enrique Agüera sea el único candidato que se proponga a la Comisión de Auscultación, lo que no será motivo para que las votaciones se suspendan, en términos del articulo 36-2 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias, que textualmente establece: «La jornada electoral se efectuará aun cuando exista un solo candidato».

Lo que no se descarta es la irrupción de algunas voces críticas, que buscarán impugnar la nominación de Enrique Agüera con el argumento de que éste no puede participar, por haber ocupado ese cargo en un par ocasiones anteriores.

La primera vez como rector sustituto, para concluir la gestión que dejó pendiente su antecesor Enrique Doger Guerrero y, la segunda vez, a partir de octubre de 2006, en que el Consejo Universitario lo eligió en votación sectorial como rector para un primer periodo de cuatro años.

Dicha interpretación carece de razón y fundamento, pues ni la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ni el Estatuto Orgánico, ni el Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias establecen esa limitante, como tampoco la condicionante de que ningún persona puede ocupar la rectoría de la institución por más de ocho años.

Lo que sí dice la normatividad universitaria es que el rector es el representante legal de la Universidad, y que éste durará en su cargo cuatro años, con derecho para un segundo periodo de cuatro años más.

Agüera, en todo caso, fue nombrado rector sustituto. Luego se postuló y ganó las elecciones para un primer periodo comprendido del 2006 al 2009, y ahora estaría buscando su reelección para su segundo periodo que iría del 2009 al año 2012.

INTRAMUROS

El gobernador Mario Marín Torres y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz se reunieron el miércoles a desayunar en Casa Puebla, sin que ni uno ni otro abordará a fondo el tema de la participación o exclusión de la segunda en la puja por suceder al primero en la gubernatura de la entidad.

De lo que sí hablaron fue de las críticas lanzadas por Víctor Manuel Giorgana Jiménez en contra de la exclusión la alcaldesa y el supuesto nerviosismo que algunos priístas manifestaban al marginarla del proceso o al atacarla en la actual coyuntura, así como del proyecto político del secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Puebla por gobernar la capital del estado.

De buen modo, el gobernador le pidió a Blanca Alcalá que controlara a su funcionario y que ese tipo de declaraciones se evitaran en aras de la unidad del PRI, y de eliminar hasta donde fuera posible las descalificaciones y ataques entre aspirantes priístas.

El encuentro entre Marín y Alcalá se centró en temas presupuestales y administrativos, derivados de los ajustes que viene haciendo la Federación y los recortes en las participaciones de algunos fondos federales destinados a municipios.

Marín ofreció apoyar algunas obras y proyectos de la presidenta municipal, aun a pesar de la crisis y la austeridad imperantes en la entidad.

EN CORTO

En el transcurso de los próximos días el gobernador Mario Marín anunciará una serie de ajustes económicos y recortes presupuestales en distintas áreas de la administración pública estatal. Uno de los sectores más afectados será la Secretaría de Cultura, a cargo de Alejandro Eliseo Montiel Bonilla.

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La gestión municipal de Blanca Alcalá Ruiz también hará su parte, en lo que se refiere a reducir gastos. Por lo pronto, trascendió que la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Municipal — con Rafael Quiroz Corona incluido— pasará a formar parte de la Coordinación de Políticas Públicas e Innovación Gubernamental, de la que es titular Héctor Hernández Sosa.

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A partir de este lunes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla adoptará un nuevo modelo universitario que lleva el nombre de Minerva, basado en el humanismo y en la teoría constructivista social participativa, que entre otras cosas modifica los planes y programa de estudio, la estructura curricular y el sistema de créditos; incorpora nuevas materias como ética y civismo; amplia los ciclos escolares de cuatrimestres a semestres, y pone el acento en el desarrollo de las habilidades de los alumnos.

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Simón dice:

«Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos».

Sigmund Freud (1856-1939) Médico austriaco, creador del psicoanálisis.

Por Eduardo González

El pasado 29 de enero el gobernador Mario Marín Torres anunció como parte de las medidas del gobierno estatal para enfrentar la crisis, el recorte de 10 por ciento al salario de los directores de área, coordinadores generales, subsecretarios, secretarios y, el suyo incluido.

Aunque atractiva a nivel mediática, la medida en sí sola causó una gran molestia al interior de la burocracia poblana.

Sin embargo sólo fue una de las 40 disposiciones de racionalidad y austeridad para el ejercicio fiscal 2009, que aplicará en el resto del año la Secretaría de Finanzas, con el aval de la Secretaría de Gobernación y la supervisión de la Contraloría estatal.

A través del oficio-circular 02/2009 de la Comisión Gasto-Financiamiento del gobierno del estado, que fue dado a conocer el pasado 2 de febrero a los titulares de las dependencias y entidades públicas, se especifica además el recorte de 20 por ciento en el gasto de insumos y la cancelación de diversas partidas.

Así, los recursos para el suministro de gasolina se reducen 20 por ciento y los gastos por este concepto privilegiarán al personal operativo, en tanto que los servidores públicos que tengan asignados vehículos deberán cubrir el combustible con sus propios ingresos.

En el mismo porcentaje se verá afectada la reasignación de líneas telefónicas, las partidas para el pago de energía eléctrica, mantenimiento de vehículos así como la compra de refacciones, accesorios y herramientas.

Para los secretarios de gabinete y procuradores se estableció un consumo límite mensual de 450 pesos en servicio de teléfono celular, para subsecretarios o subprocuradores de 350 pesos y para titulares de entidades, de 300 pesos.

En caso de que algún funcionario se exceda, la diferencia se descontará de su salario. Y en caso de extrema austeridad, el servicio se cancelará sin previo aviso.

La administración estatal, dice el documento, eliminó los gastos de asesorías y en caso de requerir estudios éstos se realizarán con personal y recursos propios.

Para las dependencias que tengan asignados vehículos oficiales anteriores al modelo 2000, se les notificó realicen el proceso de desincorporación de los mismos, en el entendido de que en ningún caso se realizará la reposición de las unidades.

El asunto de un gasto austero y racional por parte del sector público es un problema mucho más complejo, y de entrada habría que recordar cómo es que los salarios de los altos funcionarios públicos alcanzaron los niveles actuales.

Y más aún, se transparente el monto y destino de los ahorros, toda vez que la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, sí es un recurso que se derrocha.

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Cuando los extremos se juntan

Este viernes, con motivo del cumpleaños de Eduardo García Casas “El Yayo”, se reunirán a comer en el restaurante El Parrillaje de la 43 oriente, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y el nuevo párroco de Xonaca, Víctor Sánchez.

Este último sustituye en ese templo al padre Froylán González Pérez, y también lo hará como encargado de las relaciones públicas de la Arquidiócesis.
A la comida sólo se encuentran invitadas 10 personas, entre ellas las antes mencionadas.

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También en Tlaxcala hace aire

Un escándalo que se cocina en el vecino estado de Tlaxcala tiene que ver con la ex delegada del ISSSTE, Aurora Aguilar Rodríguez, quien renunció a su cargo para buscar una candidatura en el Partido Acción Nacional a fin de instalarse como diputada federal.

En la vecina entidad los detractores de la panista han solicitado se investigue el proceso de reestructuración de 704 créditos para vivienda que fueron encargados a la notaría número 5, pero no la de Tlaxcala, sino la de Huejotzingo, en Puebla, a cargo del fedatario público Alejandro Romero Carreto.

Dicen en Tlaxcala que la actitud de la ex delegada empieza a generar sospechas y lleva un tufo de corrupción, porque nadie se explica ni justifica por qué habiendo notarios en Tlaxcala se optó por encargar la reestructuración de los créditos fuera de aquella entidad, situación que al menos en el ISSSTE, es la primera vez que ocurre en el país.

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx