Observaciones hechas por la ASF en 2010, se repitieron en 2011

Salud no ejerció 371 mdp del FASSA y no hay responsables

¿Qué tan reales o tan efectivos son los procesos administrativos iniciados por la Secretaría de la Contraloría del estado para corregir o evitar que se repitan las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el uso y aplicación de distintos fondos federales?

Esta interrogante viene a cuento por las observaciones que la ASF hizo al gobierno del estado sobre el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA-2011), varias de cuales ya habían sido advertidas en la cuenta pública de 2010.

En 2011, la entidad recibió de la Federación, por concepto de transferencias de dicho fondo, la cantidad de 2 mil 226 millones 744 mil pesos, de los cuales 371 millones 534 mil pesos (equivalentes al 16.7% del total) no se ejercieron o aplicaron durante ese año, por lo que a juicio de la ASF “el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política del estado en materia de salud”.

Entre las anomalías que la ASF detectó en 2010, y que en 2011 se repitieron, destacan las siguientes:

• La ausencia de mecanismos de control que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos en los diferentes centros de salud del estado.
• La entrega incompleta de ciertas claves de medicamentos contratados para abastecer los centros de salud y de medicinas prescritas en las recetas médicas de los pacientes.
• La omisión de publicar en el Periódico Oficial del estado los formatos e indicadores en los que se informe de manera pormenorizada del avance físico de las obras y acciones del FASSA.
• La negativa a convocar a las instancias técnicas locales para que evalúen el ejercicio contable y presupuestal de los recursos del FASSA 2011, trimestre por trimestre.

Estas irregularidades, que ya se habían observado en la cuenta pública de 2010, lograron solventarse en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-A-21000-02-0713, mediante el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades iniciados por la Contraloría del estado en contra de los servidores públicos involucrados en los expedientes 101/2012 BIS, 98/2012, 84/2012 y 85/2012.

¿Qué fin tuvieron o tendrán estos procesos?

¿Acaso el mismo de los iniciados con motivo de la auditoría al FASSA 2010?

¿O alguien sabe de algún funcionario de la Secretaría de Salud que haya sido sancionado, multado o suspendido por haber sido encontrado responsable de estas fallas?

Fallas o anomalías que tampoco son menores, considerando que la Secretaría de Salud dejó de ejercer en 2011 más de 371 millones de pesos que, como ya se mencionó, representan el 16.7% del total de recursos del FASSA y por los cuales se inició el procedimiento 78/2012.

O aquellas que obligaron al gobierno del estado a reintegrar a la Federación más de 5 millones que destinó al pago de vacunas, eventos y celebraciones no autorizados en la normativa del FASSA, y que dieron origen a otros dos expedientes: el 67/2012 (por más de 352 mil pesos correspondientes al pago de médicos que no acreditaron ser tales) y el 95/2012 (por otros 428 mil pesos de sueldos de un servidor público asignado a la Comisión de Arbitraje Médico, área no autorizada para ser financiada por recursos del FASSA).

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero es probable que la composición que hoy se maneja de la LIX Legislatura local no sea definitiva, pues todavía podrían darse algunos cambios.

El PAN, que hoy tiene 14 diputados, incluyendo entre ellos al ex secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, podría llegar a 15 o 16.

Dos diputados que hoy se contabilizan como integrantes del PRD y PNA, en realidad son miembros activos del PAN: Rubén Maximiliano Huitrón Esquivel, quien llegó como el gran perdedor, y María del Rocío Aguilar Nava.

Con ellos ocurrió lo mismo que con Manzanilla: llegó al Congreso como posición de Compromiso por Puebla, a pesar de ser miembro activo del PAN.

Rubén Huitrón llegó a la coalición Puebla Unida con el padrinazgo del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, en el distrito 25 con cabecera en Tehuacán, aun cuando su nombre figura en el padrón del PAN.

Lo mismo sucede con Rocío Aguilar, que fue registrada como cuota de PNA cuando es militante activa del PAN. Hace tres años, incluso, contendió como candidata a la presidencia municipal de Acatlán, cabecera del distrito 23.

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¿De qué sirve que estados como Puebla modifiquen su ley de transparencia y se convierta, en el papel, en la cuarta mejor del país, si al momento de ponerla en práctica para la rendición de cuentas, prevalece la opacidad?

Al menos esto es lo que reflejó el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en los Estados 2011, diseñado por la organización Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, donde se presentaron los resultados de un ejercicio de transparencia aplicado a los gobiernos de las 32 entidades federativas del país.

Dicho ejercicio, que puede ser consultado en el sitio www.publicidadoficial.com, reprobó al gobierno de Puebla por ocultar el presupuesto que destina a comunicación social y a la compra publicidad gubernamental, a semejanza de los estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

El gobierno de Rafael Moreno Valle no sólo remitió a los promotores de esta investigación a la Cuenta Pública —donde la información solicitada no está disponible— sino que les ocultó datos del gasto total anual ejercido en materia de comunicación social y publicidad gubernamental de 2005 a 2010, desglosado por medio de comunicación, proveedor y tipo de campaña.

Al margen de este ejercicio de transparencia realizado por Artículo 19 y Fundar, se sabe que el gobierno de Puebla gastó durante 2011, a través de su Dirección de Comunicación Social, 180 millones de pesos; y que en 2012 prevé gastarse una partida similar.

Esta cifra es superior en 52 millones de pesos a la reportada oficialmente por Enrique Peña Nieto durante 2010, su último año de gestión como gobernador del estado de México, cuando ya estaba en plena precampaña para la presidencia de la República.

Para ningún observador en finanzas públicas, con un mediano conocimiento de los convenios que firman los gobiernos con las televisoras o los periódicos nacionales, escapa que esta cantidad dista mucho, pero mucho, de la real.

En Puebla, por citar un ejemplo, sólo en convenios con Televisa y TV Azteca, el gobierno de Rafael Moreno Valle se gasta al año más de 60 millones de pesos, cantidad a la que habría añadir los contratos anuales pactados con otras empresas radiofónicas, editoriales y digitales de la capital del país, hasta por 15 millones de pesos a cada una.

Dicha cantidad resulta ridícula a la luz de lo que otros gobiernos estatales, con presupuestos más modestos, reportan en comunicación social. El gobierno de Chihuahua se gastó, en 2010, 320.6 millones de pesos; el de Morelos, 203.8 millones; el de Nayarit, 338.3 millones; y el de Yucatán, 222.7 millones. Y ninguno de esos gobernadores tuvo la cobertura publicitaria y el impacto mediático logrado por Moreno Valle en 2011 y ahora en 2012, con motivo su primer informe de actividades.

Para publicitar y difundir su primer informe como gobernador de Puebla, Moreno Valle se gastó —según una solicitud de información pública— 42 millones 133 mil 400 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 16.06 millones en televisión, 6.74 millones en radio, 8.01 millones en medios impresos, 2.48 millones en portales y 8.82 millones en medios complementarios.

*Tablas publicadas por el suplemento Enfoque del periódico Reforma

Esta cantidad puede resultar poca o mucha, dependiendo del lente con se mire, pero lo cierto es que representa más de lo que la administración estatal invertirá en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, en la Comisión de Vivienda del estado, o en cualquiera de las Universidades e Institutos tecnológicos o politécnicos del estado; equivale a 2.5 veces el presupuesto del Consejo de Ciencia y Tecnología, y a poco menos del doble del Instituto Poblano del Deporte.

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Este martes por fin se publicaron en el Periódico Oficial del estado las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado, situación que trajo la tranquilidad a los dirigentes estatales de los partidos políticos que este año se embolsarán 46 millones de pesos por concepto de financiamiento público.

El año pasado el monto total de prerrogativas que el Instituto Electoral del Estado entregó a los partidos posibles ascendió a 17 millones de pesos.

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Este día recibí en mi oficina la visita del ex juez Enrique Romero Razo para aclararme que no es prófugo de la justicia, que sí teme que en cualquier momento se le obsequie una orden de aprehensión y que sí ha tramitado y seguirá tramitando amparos para impedir su detención que, asegura, obedece a una vendetta política.

Asimismo me aclaró que actualmente está en espera de que el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito resuelva a su favor un amparo contra su destitución como juez de Teziutlán, aprobada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia el 16 de diciembre de 2010, y de que el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atienda su queja por la parcialidad que han mostrado algunos jueces y magistrados federales en el juicio de garantías 13/2012 que promovió contra su remoción.

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Simón dice:

“Es menos desagradable ver mendigar un pobre que un rico. Y un cartelón de propaganda es un rico que mendiga.”

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

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