Víctor Díaz Palacios tomó posesión ayer como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Xochimilco, Distrito Federal.

Al ex diputado federal poblano le tomó la protesta de ley el coordinador general de delegados de la dirigencia nacional priísta, Humberto Lepe Lepe.

La encomienda de la presidenta del CEN priísta a Diaz Palacios es hacer todo lo posible porque en las elecciones federales del año próximo el PRI se alce con la victoria en esa delegación del Distrito Federal.

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Uno de los mayores problemas que el PRI enfrentará en los comicios del 2009 es el descontento social provocado por la falta de resultados de algunos alcaldes emanados del tricolor, como son los de Atlixco, Izúcar de Matamoros y Teziutlán.

En este último municipio de la Sierra Norte de Puebla la inconformidad de los ciudadanos ha ido en aumento, a tal grado que hoy diversos grupos políticos, incluidos algunos priístas, están recabando firmas para exigir al Congreso local la remoción del primer regidor Jorge Camacho Flogia.

Al munícipe teziuteco le critican la falta de obra pública, los pleitos y grillas al interior de su administración, el incremento de la inseguridad y las inútiles inversiones en cámaras de vigilancia —en las cuales su gestión se gastó más de 3 millones de pesos— y que no sirven ni graban los asaltos que se comenten a plena luz del día en el centro de la ciudad.

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A propósito.

¿Cómo estarán las cosas en Teziutlán que las más recientes encuestas sobre preferencias electorales en la región son encabezadas por el ex presidente municipal Carlos Peredo Grau, acérrimo enemigo del alcalde en funciones Jorge Camacho Fogia, seguido por el ex diputado local Antonio Martínez Martínez y ex director del Colegio de Bachilleres en el estado, Carlos Barrientos de la Rosa.

Por el lado del PAN, lo más probable es que gente cercana al senador Rafael Moreno Valle Rosas, en alianza con el dirigente estatal del partido, Rafael Micalco Méndez, promuevan como candidato a diputado federal a un personaje externo al panismo.

Este podría ser el empresario Samuel Barron Levet, hermano del ex diputado local y ex presidente de Teziutlán, Jorge Barron Levet.

Samuel Barron fue, por cierto, uno de los invitados especiales de Rafael Moreno Valle en su última gira por la región teziuteca.

Otro que también acompañó al regidor al senador panista fue el ex candidato del PAN a la diputación local por ese distrito, Antonio Vázquez Hernández.

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Otro presidente municipal que también se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para su partido, en este caso el PAN, es David Cuautli Jiménez de San Andrés Cholula.

Cuatli está por sufrir un revés jurídico por parte del propietario de las Torres JV, Julián Ventosa Tanús, quien decidió ampararse contra la decisión del ayuntamiento de negarle su certificado de terminación de obra, con el pretexto de una multa anterior.

En realidad, el presidente sanandreseño quiso cobrarle al empresario inmobiliario un millón 200 mil pesos por el referido certificado, pero sin que dicha cantidad ingresara a las arcas del ayuntamiento, extorsión que no sólo no fue aceptada, sino contra la cual Julián Ventosa promovió un amparo que de un momento a otro le será concedido.

Por cierto, la nueva Torre JV que el empresario tenía previsto comenzar este año, ya no se hará en San Andrés Cholula, sino en Puebla, en la avenida Juárez.

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¿Sabe usted a cuánto asciende el costo del “arreglo” al que hace unos días llegaron el gobierno del estado y TV Azteca para poner fin al linchamiento mediático que desde la televisora del Ajusco se lanzó contra el Ejecutivo estatal, después de que los directivos del Puebla de la Franja quisieron rescindir a esta empresa, el contrato de los derechos de transmisión de los partidos del futbol por el estadio Cuauhtémoc?

¡A 28 millones de pesos!, sí el monto que el gobierno del estado a través de Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios, invertirá para la celebración de un dizque festival internacional denominado  “Ciudad de las Ideas” que tendrá como sede la capital del estado del 6 al 8 de noviembre.

Pero si el monto es escandaloso, más lo son los argumentos que ayer tuvo que emplear el secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, para justificar dicho chantaje de TV Azteca y su ex vicepresidente, el senador priísta Jorge Mendoza Garza.

El festival “Ciudad de las Ideas” es la versión corregida y aumentada de lo que fue la entrega de los Premios Oye en 2006, evento por el cual el gobierno marinista tuvo que pagar 21 millones de pesos a Televisa para que ésta lo dejara de joder con el caso del góber precioso.

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Una buena reunión de trabajo, por el ambiente y el clima de tolerancia y respeto  que privó en ella, fue la que ayer protagonizaron en el Salón “Carlos Castillo Peraza” del Grupo Parlamentario del PAN, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y los diputados y senadores que representan a la entidad en el Congreso de la Unión.

En la comida de trabajo, de 14 a 17 horas, la presidenta presentó a los legisladores un listado de proyectos estratégicos y prioritarios que requieren ser financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009, entre los que destacan obras de infraestructura básica en el Centro Histórico, donde urge cambiar algunas tuberías de agua y drenaje; el mantenimiento y ampliación de las principales vialidades de la capital, cuyo pavimento está agotado, y la construcción de parques metropolitanas en áreas verdes o reservas naturales que hoy están a punto de perderse.

La presentación técnica y presupuestal que Blanca Alcalá hizo a los diputados y senadores de sus proyectos y obras fue convincente, por lo que éstos —por conducto del panista José Antonio Díaz García— le expresaron que harán todo lo posible por incluirlos en el presupuesto del 2009 que en los próximos días será puesto a discusión de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Durante el encuentro, en el que participaron también el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, y el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, la alcaldesa agradeció la disposición de los legisladores del PAN y PRD de apoyarla a pesar de su militancia priísta, y los panistas, en un tono autocrítico, reconocieron que a sus ex presidentes muncipales quizás les faltó el trato y disposición de Alcalá para que los priístas también respaldaran —con recursos— sus proyectos e iniciativas de gobierno.

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Una vez concluido el proceso de auscultación en las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma de Puebla, donde el próximo 25 de septiembre habrá elecciones de director, todo se encuentra listo para que hoy se registren Rubén Romero Corona, que irá como candidato único o de unidad en la preparatoria Simón Bolivar de Atlixco, lo mismo que Santiago Aguilar Márquez, quien irá por un segundo periodo en la Facultad de Lenguas, donde se rechazó la solicitud de Isamel Garrido y Rivera por no cumplir con algunos requisitos establecidos en la convocatoria.

Donde sí habrá competencia, por acuerdo de las comisiones electorales que aceptaron más de un registro, será en las facultades de Ciencias Físico Matemáticas, donde el director Cupatitzio Ramírez Romero medirá fuerzas con Fernando Macías Ramírez, e Ingeniería Química, donde  participarán tres candidatos: Óscar Arroyo Porras, Luis Raúl Herrera Martínez y Tobías Mario Vargas Sánchez.

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Tres son los delegados federales de Puebla que andan tras una diputación federal, antes de que a dos de ellos les canten las golondrinas en sus respectivas oficinas.

Los delegados que, bajo el cobijo del PAN, se promueven para el Congreso de la Unión son: José Luis Galeazzi Berra, coordinador estatal del Programa Oportunidades; Felipe Mojarro Arroyo, delegado del Infonavit; y Miguel Ángel Mantilla Martínez, delegado de la Secretaría de Economía.

El “chivo” Galeazzi quiere ser diputado federal por Atlixco; Mojarro por Tehuacán, y Mantilla por Puebla capital.

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Ahora sí, este miércoles, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará a los socios y directivos del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) —y personas ajenas al sindicato patronal que quieran pagar 320 pesos por oírlo— la conferencia “Corrupción… la solución somos todos”.

La conferencia-desayuno tendrá lugar a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

El escritor Federico Reyes Heroles, además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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No cabe duda que si algo le sobra a los mexicanos, es ingenio. Y si no, pregúntenle a los del Classico, que el pasado fin de semana se sacaron de la manga una fiesta que les permitiera evitar las pérdidas por la clausura de ese antro ubicado en la zona de Angelópolis. Así como lee: se llevaron la fiesta a otro lado y hasta la la bautizaron Clássico del Mar at La Purificadora.

Y como se podría imaginar, los socios “chilango-poblanos” literalmente hicieron su agosto durante el viernes y sábado… La pregunta del millón es: y ahora que les retiraron la licencia de funcionamiento, ¿harán otras fiestas en La Purificadora? O, mejor aún, ¿abrirán con otro nombre?

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Los vecinos y administradores del fraccionamiento Altavista, en la zona de Angelópolis, andan molestos con la ex candidata perredista al senado de la República, Benita Villa Huerta, quien se niega a cubrir las cuotas de mantenimiento, así como a pagar las escrituras de un lote de 200 metros cuadrados de su propiedad.

El predio en cuestión lo adquirió en 280 mil pesos, y su valor actual es de 600 mil.

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Este fin de semana, en Cardel, Veracruz, el gobernador de aquella entidad sostuvo una reunión con presidentes municipales, diputados locales y federales, a la que asistieron casi la totalidad de los secretarios de su gabinete.

A dicha reunión acudió el secretario de Salud de Puebla, Roberto Morales Flores.

Debo aclararle que no lo hizo en calidad de futuro funcionario de Veracruz, sino como chaperón de su señora, la diputada local por el distrito de Orizaba, Elvia Ruiz Cesáreo.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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La asamblea estatal del Partido Acción Nacional convocada para este domingo será tan, pero tan de hueva (y perdón por la expresión), que ni siquiera habrá necesidad de llevar a votación, como en los anteriores dos procesos, las propuestas de consejeros estatales.

Los nuevos consejeros, menos de 100, serán electos en votación económica y por la vía del fast track.

Es decir, no habrá necesidad de que los grupos en disputa se agarren del chongo o se rasguen las medias en arduas y complicadas negociaciones para obtener la mayoría de los consejeros.

Y es que lo más probable, si es que no se suspende la asamblea, es que la lista de prospectos para el Consejo Estatal llegue a 76, incluyendo a los siete nominados por el Comité Directivo Estatal.

Dos son las causas que explican la pobreza de candidatos y la apatía de los panistas por participar en la asamblea del 1 de junio: una es la suspensión de más de 20 asambleas municipales por conflictos internos o la falta de quórum, entre las que figuran las de San Martín Texmelucan, Atlixco, San Andrés Cholula, Huauchinango y Tlachichuca, y, dos, la falta de operación del secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Félix Hernández Hernández.

Hace tres y seis años, el número de candidatos para integrar el Consejo Estatal fue mayor de 120, por lo que en ambos procesos ese órgano de dirección del PAN tuvo que conformarse con 100 consejeros. Hoy, en cambio, la suma de prospectos de los comités y delegaciones municipales difícilmente llegará a los 69, y eso, insisto, si la asamblea no se suspende.

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Varias son las inconsistencias que ponen de manifiesto que en la donación de vehículos, computadoras y muebles de oficina del ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero a la fundación Cáritas y el Sistema DIF municipal hubo más transas y corruptelas que un genuino afán de asistencia o beneficencia social.

Veamos el caso de los autos.

El Cabildo aprobó donar a Cáritas 105 vehículos, y esta institución de asistencia privada sólo recibió 200 mil pesos en efectivo.

Los regidores acordaron una donación directa, y en la operación fue involucrado un intermediario: la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales, que ni siquiera figura en el Registro Público de la Propiedad.

En la supuesta donación a Cáritas fueron incorporadas 58 unidades adicionales –en su mayoría camionetas Ram Custom, Ram 1500 Pick Up, Ram Pick Up y Pointer City–, que no fueron incluidas por los regidores de la gestión dogerista.

En el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007, donde se tomó el acuerdo de la donación, no aparecen por ningún lado los tres anexos que supuestamente detallan el número, modelo y condiciones de las unidades que serían transferidas a Cáritas.

A diferencia del reporte elaborado por el Departamento de Control Vehicular sobre las 24 unidades donadas al DIF, la relación de autos transferidos a Cáritas es imprecisa, vaga e inexacta.

No existe ninguna evidencia gráfica o documental de que las unidades donadas al DIF fueran, como se dijo, pura chatarra, y menos tratándose de vehículos modelos 2000, 2001 y 2002.

La Fundación Cáritas asegura que fue la pasada administración municipal la que arregló todo lo relacionado con la venta de las unidades, y el ex alcalde Enrique Doger Guerrero sostiene que el presidente de la institución privada de asistencia, Mariano Saavedra Burgos, fue quien propuso a la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales como intermediaria.

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