Incómodos, por decir lo menos, se sienten algunos jueces y magistrados, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, por las presiones que ha comenzado a ejercer para que las resoluciones de aquellos salgan rapidito y, de preferencia, a favor de las instituciones bancarias.

Y todo en aras de mejorar la calificación de Puebla –y en especial de su Poder Judicial– en algunos estudios y evaluaciones que cada dos años o de manera anual realizan algunas instituciones como la Asociación de Bancos de México (ABM), la calificadora Moody’s y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Flores Toledano pretende reunir a jueces y magistrados con los apoderados legales de los bancos para, según él, dar celeridad a ciertos juicios mercantiles y definir algunos criterios jurídicos respecto a las resoluciones.

La intención, según les anticipo, es evitar sentencias contradictorias entre un juez civil especializado en asuntos financieros, y otro del mismo tipo, que luego son usadas por las instituciones bancarias para evidenciar la discrecionalidad y laxitud de criterios entre los integrantes del Poder Judicial del estado.

Se sabe que uno de los jueces inconformes con el citatorio del presidente del TSJ es Ismael de Gante López, juez Décimo Segundo Civil del Distrito Judicial de Puebla, quien incluso amagó con renunciar si lo obligaban a reunirse con los representantes de la banca para «acordar» cómo debían resolverse ciertos asuntos.

Pregunta: ¿Los abogados de los usuarios afectados por algún banco o institución financiera tendrán esta misma oportunidad de ser escuchados por los jueces y magistrados de Puebla o esta es sólo una prebenda exclusiva para los apoderados de la banca?

En el último estudio sobre Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional, de la Asociación de Bancos de México, en coordinación con el ITAM, el Consejo Coordinador Financiero y Moody’s de México, los juzgadores de Puebla fueron ubicados en el lugar 27 de 32 en calidad, en el 22 de uniformidad de criterios, en el 31 de imparcialidad de procedimientos, en el 25 de autonomía, en el 29 de confiabilidad de servicios periciales, en el 22 de rapidez en los procedimientos ejecutivos mercantiles, y en el 19 de rapidez en los procedimientos ordinarios mercantiles.

Ahora entiende por qué a Flores Toledano le urge la reunión con los jueces y apoderados de la banca. Su intención de maquillar estas cifras y de sacar a Puebla del sótano de esta evaluación de la ABM es urgente, aun a costa de los usuarios y afectados de la banca.

Por lo pronto habrá que estar muy atentos de este encuentro y de la posición que asuman los jueces civiles, mercantiles y especializados en asuntos financieros del Poder Judicial de Puebla, entre ellos:

José Bernardo Torres, María del Rosario Sánchez, María Alicia Ortiz, Armando Pérez Acevedo, Horacio Bravo Negrete, Cesar Iván Bermúdez, Hugo Isaac Arzola, María Rosalba Pantoja, Leonardo Treviño, Sandra Lucía Perea y Rubén de la Rosa Gómez.

¿Quiénes de ellos levantarán la voz, como ya lo hizo Ismael de Gante, para inconformarse contra Flores Toledano, aun a riesgo de perder su chamba?

Que bueno que por fin hayas decidido a dejar tantito tu universidad, le dijo ayer el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, por su participación en la XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Juran y perjuran los enterados que en estos días comenzará una limpia en el seno del Poder Judicial, que abarcará al segundo círculo, es decir a los jueces de primera instancia.

Esta depuración seguirá el mismo patrón que la renovación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues llegarán nuevos jueces —muchos de ellos sin carrera ni experiencia en el Poder Judicial— pero amigos o recomendados de El Señor de Los Cerros o del magistrado presidente, Roberto Flores Toledano; así como del subsecretario Jurídico de la SGG, Enrique Quiroz Acosta; y del secretario de Servicios Legales y Defensoría de Oficio, José Montiel Rodríguez.

De acuerdo con algunos magistrados que están al tanto de la situación, el saneamiento —o purga— se extenderá en una primera etapa a quince jueces, entre ellos algunos en edad de jubilación como Rodolfo Arana Santiesteban, de Tecali; Armando Pérez Acevedo, del Cuarto Civil; y María Carrasco Sandoval, del Cuarto Familiar, ambos de la ciudad de Puebla.

Sin embargo lo más probable es que alcance a otros jueces implicados en casos o quejas de corrupción, o enriquecimiento inexplicable, entre ellos los siguientes:

Felipe de Jesús Ventura, juez de Acatlán, por su escandalosa riqueza con propiedades en Xilotzingo (Quinta Ventura), Haras Flor del Bosque y El Cristo, entre otras.

Domingo Alberto Bagatella Bermúdez, juez de Izúcar, y a quien se le adjudican 22 inmuebles. Este personaje fue procesado en el Juzgado Séptimo de Distrito y liberado en apelación.

Venustiano Islas López, quien tiene una averiguación iniciada en la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI), por un asunto de unos zetas a los que presuntamente ayudó cuando era juez Penal de Tepeaca, haciendo pasar a uno de ellos por menor de edad.

Helmo Mayoral Bello, juez Penal de Atlixco, quien compró una mansión en efectivo en 1.6 millones de pesos, pero que actualmente cuesta unos cinco millones de pesos.

Carlos Ramírez Nava, juez Civil de Tehuacán, propietario de varios inmuebles en Zavaleta y Cholula.

A la lista podrían sumarse otros que en su ejercicio judicial se han visto involucrados en escándalos políticos o mediáticos, como:

Isauro Romero Limón, juez Penal de Tehuacán, involucrado en el fraude multimillonario cometido en perjuicio del Poder Judicial desde el Juzgado Tercero Penal, del que aquel era titular, y quien enfrenta quejas del personal femenino que ha laborado con él y de abogados litigantes como Víctor León Rueda, quien liberó al ex presidente municipal de Palmar de Bravo, Pedro Gabino Barojas de Rosas.

Rosa Celia Pérez González, jueza Segundo Penal implicada en el escándalo de la periodista y escritora Lydia Cacho; y Blanca Laura Villeda Martínez, juez Civil de Atlixco, y ex procuradora en el sexenio de Mario Marín Torres.

***

Otro magistrado que también podría salir del Poder Judicial del estado, pero por jubilación y con el reconocimiento de sus pares, es León Dumit Espinal, quien sin embargo podría ser sustituido por la jueza Octavo de lo Civil, María Rosalba Pantoja Vázquez, recomendada del presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz.

Los enterados aseguran que la referida juez es parte de un acuerdo político de López Muñoz con Casa Puebla o Casa Aguayo, antes de aceptar retirarse y jubilarse del Poder Judicial del estado.

***
Simón dice:

“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.”

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.