Ignora los transitorios de la Ley General de Partidos

Priístas de Tehuacán podrían llevarse doble descalabro

Las autoridades electorales de Puebla podrían ser objeto de un nuevo revés, ahora por los nuevos partidos políticos nacionales después de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se rehusó a reconocerlos con el prurito de que el plazo para acreditarse venció enero de 2014, cuando todavía no obtenían su registro del Instituto Nacional Electoral.

El presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y la consejera Alicia Olga Lazcano Ponce, argumentan que el artículo 31 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla establece que los partidos nacionales sólo pueden acreditarse ante el Consejo General del Instituto durante el mes de enero del año correspondiente a las elecciones.

Lo anterior efectivamente consta en el Código Electoral de Puebla, pero ha quedado rebasado por la nueva Ley General de Partidos Políticos que en sus artículos séptimo y noveno transitorios mantiene a salvo los derechos de estas organizaciones políticas en todo el país y deroga todas aquellas disposiciones que se opongan a la nueva legislación.

Frente a esta negativa del presidente del IEE y la consejera Olga Lazcano, que no del Consejo General del Instituto, que ni siquiera fue enterado de la solicitud de los tres partidos políticos nacionales, las representaciones de estos se inconformaron ante diferentes instancias.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovió un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los partidos Humanista y Encuentro Social una apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

No es difícil suponer cuál será el resultado de estas inconformidades, y menos a sabiendas de dos cuestiones elementales ya enunciadas: que el Código Electoral de Puebla no puede estar por encima de la Ley General de Partidos, y que el noveno transitorio de esta claramente establece que toda disposición que se le oponga se dará por derogada.

Los enterados del tema aseguran que la negativa del IEE obedece en realidad a una cuestión económica o presupuestal, para ahorrarse el financiamiento público correspondiente a estos partidos por los últimos cuatro meses de 2014.

EN CORTO

Los priístas de Tehuacán, promotores de las aspiraciones del síndico de ese ayuntamiento, Miguel Ángel Romero Calderón, podrían llevarse un doble descalabro en el proceso de selección de candidatos a diputados federales rumbo a los comicios de 2015.

El primero sería que no lograran la candidatura en ese distrito, por apoyar a un personaje que tiene poco que presumir más allá de su nepotismo, sus escándalos familiares y media docena de denuncias penales por fraude específico como asesor jurídico de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Y el segundo sería que él y sus promotores pierdan la partida frente al hombre fuerte del PRI poblano en el gobierno federal, el subsecretario de la Sedesol Juan Carlos Lastiri Quirós, quien es el principal impulsor de la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes.

El viernes 17 de octubre el síndico de Tehuacán ya se destapó como aspirante a la diputación federal en el marco de una comilona de Mole de Caderas, a la que llegaron cerca de 500 invitados entre los que destacaron sus tres principales promotores: el ex secretario de Salud, José Alfredo Arango García, su ex compañero de aulas en la segundaria; el diputado federal de Ajalpan Lisandro Campos Córdova, en representación de los antorchistas; y la actual diputada federal María del Carmen García de la Cadena, quien hace algunas semanas se lo recomendó a su líder de bancada Manlio Fabio Beltrones.

En la ciudad de las granadas, el abogado Miguel Ángel Romero no goza precisamente de popularidad, aunque en el círculo rojo pocos dudan de su influencia en la conducción del ayuntamiento de Tehuacán, el más importante gobernado por el PRI en la entidad, y en el Tribunal Superior de Justicia que lo tiene blindado de las demandas que pesan en su contra por parte de defraudados de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Como asesor jurídico de esta financiera, el síndico de Tehuacán ha librado todas las órdenes de aprehensión que se han librado contra sus directivos, algunos de los cuales ya fueron aprehendidos, como el que fuera presidente de su Consejo de Administración, Samuel Cruz Rodríguez, ya fallecido.

Otros funcionarios de Bampeco que al igual que Romero Calderón fueron denunciados por fraude, pero que a diferencia de éste andan prófugos o litigando en juzgados las órdenes de aprehensión libradas en su contra son el gerente José de Jesús Rojas; la ejecutiva Diana Robles García; la contadora general, María del Pilar Hernández Muñoz; y la jefa de inversiones, Saraí Jiménez Huerta.

Aquí los números de algunas de esas averiguaciones:

Averiguación Previa.- 1714 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 404 / 2013.

Averiguación Previa.- 1794 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 399 / 2013

Averiguación Previa.- 2373 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 411 / 2013

Averiguación Previa.- 2217 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 359 / 2013

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A propósito de Tehuacán y candidatos.

Cuentan que el Partido Acción Nacional o, mejor dicho, el morenovallismo ya tiene candidato a diputado federal por Tehuacán, pero que se trata de una mujer que cobra en el DIF Estatal como directora de Asistencia y Rehabilitación, María de las Mercedes Bulás Montoro, quien ya también se promociona en anuncios espectaculares como el resto de los candidatos del grupo en el poder pero en la ciudad de las granadas.

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Mañana le platico de algunas quejas en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rodolfo Reyes Coria, por hostigamiento laboral, abusos y discriminación en contra de mujeres con más de 15 o 20 años de servicio.

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Este jueves al término de una mesa de trabajo el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, Miguel David Jiménez López, comunicó a los consejeros y representantes de partidos políticos la renuncia de Javier Trejo Galicia como director Jurídico.

Antes de llegar al órgano electoral del estado, el maestro Trejo fue director de Delegaciones de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, al comienzo de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle.

En su desempeño como director Jurídico del IEE, tuvo diferencias con algunos representantes de partidos políticos, en especial con Jorge Luis Blancarte Morales, de Movimiento Ciudadano, y Silvino Espinosa Herrera, del Revolucionario Institucional, quienes incluso habían pedido su cabeza.

La renuncia de Trejo Galicia tuvo el visto bueno del consejero presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez.

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Inconformes —y quizás con razón por el pésimo lugar que les asignaron en el Teatro de la Ciudad— 11 de los 23 regidores del Cabildo de Puebla no estuvieron presentes en el informe de los cien primeros días del alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad, por lo que tampoco escucharon los lineamientos y ejes del Plan Municipal de Desarrollo que ahí también se enunció y repartió a los asistentes.

Los regidores —pares del alcalde— fueron ubicados en la parte trasera del recinto, en la sección de Luneta, a diferencia de otros invitados y funcionarios del gobierno del estado que ocuparon los asientos de las primeras filas del Teatro.

Entre los regidores que se retiraron figuran cuatro del PRI: Iván Galindo Castillejos, Karina Romero Alcalá, María Esther Gámez Rodríguez, y María Juana Gabriela Báez Alarcón; el petista Zeferino Martínez Rodríguez, las perredista María de los Ángeles Ronquillo Blanco y Gabriela Viveros González, el verde ecologista Juan Pablo Kuri Carballo, y el panista Carlos Francisco Cobos Marín.

Enterado de la inconformidad de los regidores, el secretario general del ayuntamiento, Mario Riestra Piña, los alcanzó en el restaurante del Royalty, pero ya no pudo convencerlos de regresar al recinto.

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Cuentan que la lista original de candidatos a diputados de representación proporcional de la Coalición Puebla Unida registrada ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para los comicios de julio de 2013 no incluía la referencia de la filiación partidista del propietario y suplente de cada fórmula.

Y que ese detalle fue uno de los que cuidó, en el convenio original de la Coalición, el ex secretario General de Gobierno Fernando Manzanilla Prieto para no ver afectada su imagen, pues siendo militante del PAN aparecería en la lista de candidatos como posición del partido estatal Compromiso por Puebla (CPP).

Pero que durante el desarrollo de la campaña, cuando el suplente de Manzanilla fue sustituido por Eukid Castañón Herrera, la lista original fue cambiada por otra en la que ya se incluyeron las posiciones partidistas de cada fórmula, por lo que el ex secretario General de Gobierno apareció como cuota de CCP a pesar de ser militante panista.

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Entre el personal del Instituto Electoral del Estado (IEE) persiste el malestar en contra del consejero presidente, Armando Guerrero Ramírez; el secretario ejecutivo, Miguel David Jiménez López, y el director Administrativo, Ricardo Aguilar Ramírez, por no haberles entregado un monedero electrónico —con una cantidad que variaba cada año, dependiendo de las economías logradas por el organismo y el sueldo de cada trabajador— como gratificación de fin de año.

Dicho monedero que cada Navidad se repartía, junto con el aguinaldo a los trabajadores de base, se canceló con el argumento —o pretexto— de que no había recursos suficientes, y que los pocos que había se tuvieron que destinar a cubrir los gastos de una camioneta no asegurada y de hospitalización de cuatro empleados del Instituto, que se accidentaron el pasado 10 de septiembre cuando se dirigían a La Magdalena Tlatlauquitepec. 

Sin embargo, el personal del organismo sospecha que este año podría suceder lo mismo si las economías o ahorros se destinan al pago infracciones vehiculares cometidas por quienes dirigen y administran el IEE.

Para evitar que eso pueda llegar a ocurrir, los empleados del Instituto hicieron llegar al buzón de esta columna un resumen de las fotomultas que —de agosto de 2013 a enero de este año— acumulan las camionetas asignadas a Armando Guerrero y Miguel David Jiménez.

Las doce infracciones del vehículo del consejero presidente —una camioneta Suburban blanca modelo 2007 con placas de circulación TVP1443— ascienden a 8 mil 890 pesos, y las 19 de la Jeep Liberty 2013 —con placas de circulaciónTXU9314, asignada al secretario ejecutivo— a 17 mil 322 pesos.

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La diputada Geraldine González Cervantes, del PVEM, fue este miércoles motivo de discusión y burlas por parte de los miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX Legislatura, pero no por alguna comisión o comité que estuviera peleando, sino por su pretensión de quedarse con una oficina del Mesón del Cristo, la marcada con el número 33.

La legisladora estaba empeñada en establecerse en esa oficina, ubicada en la parte alta y con balcón hacia la calle 8 Oriente, ya que a decir de ella era la que más se adaptaba, en orientación e iluminación a su filosofía oriental Feng Shui, y en la que mejor podría explotar sus chakras y energías en beneficio de los poblanos y su propia salud.

Los coordinadores parlamentarios, incluido el suyo Juan Carlos Natale López, no sólo ignoraron su petición sino que hasta se burlaron de su intención de redecorar su oficina y ubicar de tal forma sus muebles que su escritorio no estuviera frente a una ventana o la luz de la calle le diera de frente.

La oficina con la que se encaprichó finalmente se le asignó al coordinador de la fracción del partido Movimiento Ciudadano, Ignacio Alvízar Linares.

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La tibieza y complacencia que la autoridad electoral de Puebla está mostrando para aplicar el Código Electoral y sancionar a quienes “inequívocamente” se promocionan como aspirantes a la alcaldía de Puebla y otros cargos de elección popular, podría ser el gen de un conflicto poselectoral.

Frente al escenario —muy probable— de una competencia electoral cerrada y competida entre el PRI y el PAN durante los comicios locales del primer domingo de julio, no sería nada remoto que el Instituto Electoral del Estado (IEE) tuviera que emplearse a fondo para garantizar la legalidad y legitimidad del proceso, así como vigilar la autenticidad y efectividad del voto.

Sin embargo, la actitud laxa e indolente del presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y demás consejeros electorales para castigar el despilfarro propagandístico de ciertos aspirantes que se publicitan en cientos de anuncios espectaculares, portadas de revista, parabuses y medallones del transporte público, le está restando autoridad moral al árbitro de la contienda.

Justamente, esta condición ahora mermada es la que más adelante podría serle de gran utilidad ante la imperiosa necesidad que seguramente tendrá de preservar la tranquilidad del proceso, el respeto entre candidatos, partidos o coaliciones, y asegurarse que ningún actor —por poderoso o influyente que sea— violente el régimen democrático y estado de derecho.

El artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales es muy claro al establecer que “ningún ciudadano podrá realizar actividades propagandísticas y publicitarias con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de establecer su postulación a un cargo de elección popular”.

Tan claro que incluso precisa quiénes y bajo qué condiciones pueden promocionarse: “sólo podrán realizar tales actividades (las de propaganda y publicidad) aquellos ciudadanos que participen dentro de un proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular que lleven a cabo los partidos políticos, ajustándose siempre a los plazos y disposiciones establecidos en esta Ley”.

¿Si formalmente no hay todavía procesos internos en los partidos, qué espera la autoridad para sancionar a los infractores que ya se promocionan con el inequívoco propósito de ser candidatos?

¿Acaso recibir línea? ¿De quién?

El Código Electoral no establece como condición para castigar dicha falta que ésta debe ser denunciada, documentada y probada por un partido político. Ésa es una excusa, un pretexto, del presidente del IEE para evadir su responsabilidad como autoridad responsable de la legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza de los comicios locales en marcha.

Sobre todo ante la advertencia explícita que en el propio Código Electoral se hace a quienes infrinjan el artículo 200 bis, que fue motivo de una gran polémica en diciembre de 2006: “El incumplimiento de esta norma dará motivo a que el Instituto… les niegue el registro como candidato”.

¿Qué más evidencias requiere el IEE que los más de 200 espectaculares repartidos por toda la ciudad con la imagen del gobernador Rafael Moreno Valle y su candidato a la alcaldía, José Antonio Gali; del secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, el panista Pablo Rodríguez Regordosa; del priísta Pepe Chedraui y su programa radiofónico Casos de éxito; o el ex secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Puebla, Víctor Manuel Giorgana? ¿O los más de 300 parabuses y 400 anuncios en medallones de autobuses y microbuses de transporte público en los que aparecen su rostro y nombre?

Lo que le hace falta a la autoridad electoral es voluntad política para castigar estos abusos, este dispendio propagandístico que ensucia la ciudad con basura electoral disfrazada de publicidad de revistas que, como dice el mordaz Alejandro Mondragón, tienen más espectaculares que ejemplares en circulación.

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Simón dice:

“Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad.”

Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano que contribuyó a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela del Imperio Español

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