Rodolfo Ruiz R.

Aunque en términos nominales, Rafael Moreno Valle obtuvo más votos que José Antonio Gali Fayad, en términos porcentuales el segundo fue mejor candidato que el primero respecto a su competidor más cercano.

Trataré de explicarme.

En 2010, Rafael Moreno Valle como candidato de la coalición Compromiso por Puebla computó 1 millón 111 mil 318 sufragios que representaron el 50.4 % de la votación total.

Su principal contendiente, el priísta Javier López Zavala, postulado por la Alianza Puebla Avanza, sacó en esa elección 883 mil 285 sufragios, es decir, el 40.1% de la votación.

La diferencia entre uno y otro fue de 10.3 puntos.

Ahora en los comicios del domingo 5 de junio, el candidato ganador nominado por la coalición Sigamos Adelante obtuvo 869 mil 878 sufragios, que representaron el 45.18 % de la votación total.

Su adversaria más cercana, la priísta Blanca Alcalá Ruiz, logró en cambio 643 mil 260 sufragios, o el 33.41% del total de los votos emitidos el primer domingo de julio.

La ventaja de Gali Fayad sobre Blanca Alcalá fue de 11.77 puntos, es decir 1.47 puntos más que la de Moreno Valle sobre López Zavala.

Y eso sin considerar que en 2010 la coalición  Compromiso por Puebla tuvo el respaldo de cuatro partidos nacionales: PAN, PRD, Panal y Convergencia, a diferencia de la coalición Sigamos Adelante que sólo contó con el apoyo de tres: PAN, Panal y PT.

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Alcaldes del Triángulo Rojo en alerta

El ataque de un comando armado este domingo en un juego de béisbol en la cabecera municipal de Acatzingo encendió los focos rojos en la región identificada como el Triángulo Rojo, por ser el área de operación de los chupaductos, llamados coloquialmente huachicoleros.

La agresión que dejó ya tres muertos -dos en el lugar y otro en el hospital-, además de 11 heridos, está directamente relacionada con las revanchas y disputas de las bandas de robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos que cruzan los campos de esa zona, en la que se encuentran los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Acajete, Amozoc, Quecholac y Palmar de Bravo, y las poblaciones aledañas.

Luego de estos asesinatos, varios presidentes de los municipios involucrados han urgido a las autoridades federales a tomar cartas en el asunto “de inmediato” y atender ya su demanda de hace varios meses de enviar destacamentos de la Policía Federal y/o del Ejército Mexicano, ya que, por un lado, las fuerzas locales están coludidas o son incapaces de combatir este ilícito; y por otro, hay la sospecha bien fundada de que los elementos estatales son también cómplices de los huachicoleros.

Esta última hipótesis está bien fundamentada, pues los mismos alcaldes han entregado información detallada de horarios y lugares del robo de combustible en sus territorios y hasta localización de los lugares en los que se almacena, sin que la Policía Estatal haya hecho nada al respecto.

El mayor temor es que esas bandas, que en muchos sentidos controlan la región y han penetrado ya hasta su tejido social, vayan a apuntar sus armas también contra los alcaldes.

Ningún funcionario municipal de la zona dudó un segundo de que la irrupción del grupo armado en el juego de béisbol del domingo, era un acto de revancha de huachicoleros, pues es del conocimiento público quiénes son estos personajes que gastan a manos llenas, que organizan comilonas o bailes gratuitos en los que invitan botellas de alcohol, o, como en este último caso, patrocinan equipos deportivos, les compran uniformes, pagan jugadores y también invitan las cervezas.

La advertencia está ya lanzada y el tiempo corre.

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Ahora que ya sabemos que el Congreso de Puebla no sólo aprobó las reformas constitucionales que regulan la deuda de estados y municipios, sino que fue el primero en hacerlo, bien valdría que el Ejecutivo o el mismo Poder Legislativo explicarán cuándo por fin van a aparecer en la Cuenta Pública o en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) contratados por la administración morenovallista.

Y de paso que informaran a cuánto ascienden y en cuántos años se liquidarán estas obligaciones contratadas por el gobierno del estado con acreedores particulares, ante las versiones —cada vez más crecientes y documentadas— en el sentido de que su monto casi duplica la deuda directa y contingente heredada por el gobernador Mario Marín Torres.

De lo contrario estamos ante un doble discurso de la autoridad estatal frente a esta Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios que obliga al gobierno de Puebla a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; a crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como a difundir las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con tales obligaciones.

Pero que también le prohíbe, entre otros aspectos, la contratación de deuda o empréstitos con cargo a participaciones federales de futuros ejercicios o a solventar tales compromisos con recursos del gasto corriente, tal ocurre en la actualidad con algunos PPS contratados por la administración morenovallista.

¿O qué sentido tiene que el Congreso de Puebla apruebe esta Reforma Constitucional, y hasta sea el primero en hacerlo, si no adecua o incorpora esas nuevas disposiciones a la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla?

¿Por qué si la LVIII Legislatura del Congreso local autorizó a los ayuntamientos a contratar deuda y/o empréstitos hasta por 3 mil millones de pesos o hasta por el equivalente a un 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con el compromiso de cubrirlos antes del término de su gestión en 2018, los PPS contratados por varios ayuntamientos de la entidad rebasan ese porcentaje y se extienden a futuras administraciones municipales?

Según el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los PPS contratados por los municipios de Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Libres, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez, a la empresa Infraenergía SA de CV, para el suministro y cambio de luminarias del alumbrado público, no sólo afectan el 30% de sus participaciones federales, sino que se extienden a 10 años o 120 meses.

Para acabar con especulaciones, el gobierno del estado o la Secretaría de Finanzas deben de una vez aclarar cuántos Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) se han contratado en lo que va de la administración morenovallista, por qué monto, a qué empresas o acreedores privados, en qué tiempo se liquidarán, y cuáles son las partidas presupuestales que están siendo afectadas para cumplir con estas obligaciones.

¿Por qué estos contratos para la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, el Parque Paseo Teleférico, las plataformas de Audi, la llamada Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el Centro Integral de Servicios de Angelópolis, no aparecen inscritos o publicados en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla?

¿Si es verdad que algunos de estos proyectos no se inscriben pero se vienen pagando con gasto corriente?

¿Si el monto total de los PPS arriba citados rebasa ya los 15 mil millones de pesos, es decir casi el doble de la deuda directa y contingente reconocida por el gobierno de Mario Marín al 31 de diciembre de 2010, por 8 mil 400 millones de pesos?

Para consultar el archivo haga clic aquí.

¿Si con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, las obligaciones derivadas de los PPS terminarán sumándose a la deuda directa, avalada y sin aval que hoy tiene el gobierno del estado por más de 10 mil 700 millones de pesos?

¿Y si al concluir el sexenio la deuda directa, avalada y sin aval del gobierno del estado y sus organismos estatales, los ayuntamientos y los sistemas operadores de agua rondará los 25 mil millones de pesos?

Son preguntas, que conste.

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La recomendación del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, José Guadalupe Castillo Méndez, en el sentido de que el Congreso del estado regularice los cerca de 800 permisos de mototaxis que funcionarios de su dependencia han otorgado de manera ilegal es francamente inadmisible.

Hacerlo sería tanto como regularizar la corrupción en que han incurrido funcionarios de la SCT —él y su antecesor incluidos— al expedir permisos al margen de la Ley de Transporte, y por los cuales han cobrado entre 10 mil y 20 mil pesos.

Los responsables de esta irregularidad están a la vista: Juan Manuel Alcántara Silva, jefe del Departamento de Logística; Anuar Musalem Valencia, subdirector de Vialidad del estado y exdirector de Operación de Transporte de la SCT; Abraham Sánchez González, asesor de Valentín Meneses Rojas en la Secretaría de Gobernación del estado y excoordinador general de Transporte, y Jesús Guerra Montiel, director de Supervisión del Transporte de la SCT.

Ellos son los principales responsables del tráfico de permisos y la venta de cerca de 800 hologramas en lo que va del año a mototaxistas en la región de Tecamachalco, Tochtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Atempan, Tlachichuca, El Seco, Amozoc, Momoxpan, Cuautlancingo, Coronango, y San Juan Tianguismanalco.

¿Por qué los diputados locales deben regularizar permisos que se entregaron al margen de la Ley de Transporte? ¿Por qué el Congreso debe modificar la legislación vigente para dar cabida a una modalidad de transporte público que no existe ni tiene autorización, y por cual se llenaron las bolsas —con miles o millones de pesos— funcionarios corruptos?

¡No señor secretario!

El problema lo debe resolver usted o su antecesor. Lo que permitió o toleró, haciéndose de la vista gorda con la venta de hologramas entre 10 mil y 20 mil pesos, es un fraude en el que desgraciadamente se llevaron al baile a muchas familias necesitadas y que tuvieron que invertir por cada mototaxi entre 40 y 50 mil pesos.

El mototaxismo, señor secretario, es uno de los peores males en materia de transporte de pasajeros, no sólo porque son altamente peligrosos —usted mejor que nadie sabe de los graves accidentes que se han presentado en municipios como Amozoc, Atempan y Cuautlancingo—, sino porque además de contaminar el ambiente son fuente permanente de conflictos con los permisionarios de taxi y los concesionarios del transporte público en su modalidad de micros, combis y autobuses.

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Este jueves en el Congreso del estado se presentará un muy interesante texto del doctor Jorge Efrén Arrazola Cermeño sobre el hombre fuerte de la política poblana en la década de los cuarenta, pero cuyo legado perdura hasta nuestros días: Maximino Ávila Camacho, que fue gobernador de Puebla de 1937 a 1941 y secretario de Comunicaciones y Transportes bajo la presidencia de su hermano Manuel Ávila Camacho.

El libro La Oscura Sombra del Cardenismo será presentado el jueves a las 18 horas en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del estado y comentado por la investigadora Alicia Tecanhuey Sandoval, el alcalde electo Eduardo Rivera, el exdiputado José Alarcón Hernández y quien esto escribe.

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La polarizada contienda en el Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac) libran Sebastián Serrano Vega y Victor Manuel Canarios podría terminar favoreciendo a una tercera opción. Me refiero a la planilla de Integración 10-20 representada por Fernando Lazcano.

Las elecciones en el Cicepac se realizarán este viernes de 9 a 18 horas con la participación de 241 socios.

Sebastián Serrano, director responsable de obra del Centro Expositor, anda muy nervioso deslindándose de las acusaciones que le hace sus críticos, entre ellos su principal opositor Víctor Manuel Canarios, quien el pasado 9 de noviembre protagonizó un fuerte altercado con el director operativo del Colegio, Gustavo Castillo, cuando quiso colocar mantas con su imagen en las oficinas.

En mi próxima entrega prometo darle mayores detalles del clima de tensión que se vive en el Cicepac a unas cuantas horas de que sus miembros elijan a su próximo Consejo Directivo para el periodo 2011-2012.

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Simón dice:

«En política nada se agradece, puesto que nada se da. El favor o el servicio que se hace son siempre lo que a uno le conviene. El político, conscientemente, no obra nunca contra sus intereses». (La Sombra del Caudillo)

Martín Luis Guzmán (1887-1976) Periodista, intelectual, diplomático mexicano.

Entre las obras y proyectos de gran envergadura que el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas presentará a los diputados de la Comisión de Presupuesto que este miércoles lo recibirán en el Palacio Legislativo de San Lázaro, junto con el gobernador en funciones Mario Marín Torres, destaca la construcción de un Tren Ligero que cubra la ruta Puebla-Apizaco.

Dicho proyecto, que allá por 2007 se planteó a los miembros del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios (CDICS) para que fuera financiado con los recursos del impuesto del 2% sobre nóminas, resolvería los problemas de transportación que hoy existen sobre el corredor Apizaco-Tlaxcala y de Amozoc a San Martín Texmelucan, pasando por Cholula.

La intención de los gobernadores Marín y Moreno Valle es obtener 55,000 millones de pesos de recursos federales en 2011, es decir, 9,300 millones de pesos más de lo conseguido en 2010.

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Este martes en el patio del Senado de la República, en Xicoténcatl número 9 del Centro Histórico de la ciudad de México, se presentará el libro Puebla, Historia de las Instituciones Jurídicas del doctor Raymundo García García, que forma parte de una colección de textos editados por la Cámara Alta y la UNAM con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.

El libro del politólogo de la BUAP será comentado por los senadores poblanos Leticia Jasso Valencia y Melquiades Morales Flores, así como por la doctora Patricia Galeana, coordinadora de la Colección Historia de las Instituciones Jurídicas de los Estados de la República Mexicana.

La presentación se efectuará a partir de las 10:00 horas.

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El próximo viernes 29 de octubre en la casona ubicada en la 2 Sur 907 rebautizada como la Sacristía de la Soledad, Leobardo Espinosa inaugurará las instalaciones de su estación y estudio de radio por internet Puebla La Prioridad.

Dicha estación digital, que esa noche iniciará transmisiones, tendrá como colaboradores y conductores a Luis Paredes Moctezuma, Lucero Saldaña Pérez, Gabriel Hinojosa Rivero, José Alarcón Hernández, Alejandro Guillén Reyes, Juvencio Monroy Ponce, Francisco Mariscal Madaleno y Raúl Gil Mejía, entre otros.

Leobardo Espinosa, además de hotelero y restaurantero, tiene más de 15 años en los medios de comunicación, como conductor de radio y ahora también de televisión, en los cuales ha pasado por Tribuna, Radio Oro, ABC Radio y Ultravisión.

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¡Seguridad, seguridad!, gritó —iracundo— el director general de Sicom, Arturo González Orduño.

Y a su oficina llegaron la mañana de este lunes los policías que vigilan las puertas del organismo para sacar por la fuerza a la subdirectora de Programas Informativos, Rocío Caselín Pacheco.

El antecedente de este conflicto laboral se remonta al jueves de la semana pasada cuando el director del Sicom decidió sustituir a Ángeles Leal como productora del programa Vive Mejor, para poner en su lugar a Mariana Paredes Olguín, jefa del Departamento de Producción Cultural.

La afectada cayó en crisis nerviosa y Rocío Caselín quiso ayudarla este lunes, aconsejándole se fuera de incapacidad en lo que pasaba la tormenta. Ella misma se comunicó al Issstep y pidió el favor.

No había colgado el auricular, cuando la maniobra ya había sido reportada a Arturo González, quien aprovechó la oportunidad para despedirla y sacarla por la fuerza del edificio del Sicom.

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Molesto por las críticas de que ha sido objeto por su viaje a París, so pretexto de un Seminario de Innovación en la Gestión y Desarrollo Urbano Municipal, el regidor priísta Emmanuel Pavón Moreno ya bloqueó de su cuenta de Facebook a los reporteros y medios de comunicación que tenía como amigos.

Su reacción se produjo luego de que en e-consulta y en otros medios de comunicación se publicaron fotos y fotomontajes que él mismo subió a la red presumiendo su estancia en la capital francesa.

Entre esas imágenes destaca una en la que el regidor priísta aparece en primer plano y atrás la Torre Eiffel　con la leyenda: No me voy, me llevan y otras donde se retrata con unos tenis Calvin Klein y a las afueras del famoso cabaret parisino Moulin Rouge.

Pavón Moreno y los otros seis regidores capitalinos que se fueron de viaje a París, con gastos pagados por 95 mil pesos a cada uno, regresarán a Puebla este jueves.

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Simón dice:

«Lo mejor de los viajes es lo de antes y lo de después.»

Maurice Maeterlinck (1862-1949). Escritor belga.

Para los dirigentes y aspirantes a diputados locales y presidentes municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la coalición total que hace unos días celebraron con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), denominada Alianza Puebla Avanza, no está resultando tan halagüeña, como algunos suponen.

La causa del desasosiego es la actitud hasta cierto punto gandalla de algunos dirigentes y presidentes municipales del PRI, así como de algunos secretarios del gabinete marinista, que sólo quieren utilizar las siglas del partido verde para acomodar a sus alfiles.

Según el convenio de marras, al PVEM le corresponde nombrar al candidato a diputado local por el distrito 13 con cabecera en Tepexi de Rodríguez, la tercera posición de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional y la postulación de 14 planillas de regidores y síndico en los municipios de Acajete, Acateno, Amozoc, Calpan, Cuyoaco, Cuautlancingo, Guadalupe Victoria, San Salvador el Seco, San Pedro Cholula, Palmar de Bravo, Tilapa, Venustiano Carranza, Zaragoza y Zinacatepec.

Sin embargo, en los hechos el PRI no está dispuesto a ceder esas posiciones, y menos algunas alcaldías cercanas a la capital del estado.

Un caso concreto es la de San Pedro Cholula, donde los priístas pretenden meter a Juan Taylor Morales o a Julio Lorenzini Rangel como candidato a la presidencia municipal, ya sea por su propio partido o a través del PVEM.

Juan Taylor es hijo del actual síndico del ayuntamiento cholulteca, Justo Juan Taylor Torres, mientra que Julio Lorenzini se desempeña como titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática (UDAPI) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado.

Al primero lo apoya su papá y el presidente de San Pedro Cholula, Francisco Covarrubias Pérez, mientras que al segundo el recién nombrado secretario de Gobernación del estado, Valentín Meneses Rojas.

Para el PVEM la alcaldía cholulteca es una plaza importante, no sólo por su cercanía a la capital, sino por la proyección que le daría en términos políticos y propagandísticos dicho ayuntamiento.

En las elecciones federales de 2009, el partido verde obtuvo buenos resultados en el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula. Se coló a la tercera posición, superando a Convergencia, al PRD y al PANAL.

Su candidato a diputado federal fue Geudiel Jiménez Flores, hijo del que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado en el sexenio de Mariano Piña Olaya, Geudiel Jiménez Covarrubias.

Jiménez Flores es hoy la carta fuerte del PVEM a la presidencia municipal de San Pedro Cholula y el más interesado en que se respete la cláusula décima cuarta del convenio de coalición entre su partido y el PRI que con toda claridad establece que dicha posición le corresponde a los verdes y no a los tricolores.

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Simón dice:

«La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse».

Jonathan Swift (1667-1745). Político y escritor irlandés.

Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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La concesión parece ilegal y los costos elevados

¿Es legal la concesión otorgada a la empresa Autovías Concesionadas OHL S.A. de C.V., para que construya, opere y cobre una cuota de peaje durante 30 años en el llamado Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla, una autopista de 34 kilómetros de Amozoc a Xoxtla que correrá en paralelo a la autopista México-Puebla?

¿Por qué dicha obra, que tendrá un costo de 2,000 mdp, se entregó bajo el título de concesión, al margen de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma?

¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumenta que la concesión del Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no está sujeta a esta legislación, sino a la Ley General de Bienes del Estado?

¿Cómo puede el gobierno estatal concesionar un bien que no le pertenece, ni ha expropiado por causas de utilidad pública, como son los terrenos ejidales y de particulares por las que cruzará la nueva autopista?

¿Acaso la Ley General de Bienes del Estado no aplica para los bienes de dominio público en la entidad, como son los inmuebles que forman parte del patrimonio estatal municipal, o aquellos que siendo de particulares fueron adquiridos por el Estado?

¿Por qué la gestión marinista decidió, sin licitación pública nacional o internacional de por medio, asignar esa obra de manera directa a la constructora española Obrascón, Huarte y Lain (OHL) a través de su filial mexicana Autovías Concesionadas OHL S.A. de C.V.?

¿A poco OHL fue la mejor alternativa que encontraron las autoridades poblanas para hacer el Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla?

Si así fuera, ¿alguien del gobierno estatal podría explicar la diferencia de costos que hay por kilómetro entre el Libramiento Norte, concesionado por el gobierno de Mario Marín a OHL, y el Arco Norte, licitado por el gobierno federal y asignado al Grupo Constructor Diamante y Construcciones y Puentes de Chihuahua.

¿Si ambas autopistas serán de cuatro carriles, por qué en la primera el costo por kilómetro es de casi el doble que en la segunda?

Según OHL, para los 34 kilómetros del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla invertirá 120 millones de euros, es decir, 1,832.4 millones de pesos, calculando un tipo de cambio de 15.27 pesos por euro.

En cambio el Arco Norte, que conectará al municipio de Atlacomulco con San Martín Texmelucan a lo largo de 221 kilómetros de longitud, costará 6,000 millones de pesos.

¿Por qué en la primera el costo por kilómetro es de 53.9 millones de pesos, y en la segunda de 27.1 millones de pesos?

Insisto: ¿De veras la concesión de esa autopista paralela a la México-Puebla, en el tramo de Xoxtla a Amozoc, fue la mejor opción que encontró el gobierno del estado para sacar adelante esa obra?

¿No habría sido mejor licitarla públicamente?

¿O es que hay gato encerrado en esta polémica concesión?

Son meras preguntas, que conste.

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Para mayor información sobre el tema, le recomiendo revise los siguientes links:

– Viola OHL la Constitución al comprar terrenos para Libramiento Norte

– Instalará OHL tres casetas de peaje en Libramiento Norte de Puebla

– Confirma Marín concesión millonaria a OHL; “es legal”

– Listo para 2008 el libramiento Arco Norte de la Ciudad de México: SCT (El mexicano)

– Listo primer tramo de autopista Arco Norte en febrero: SCT (CMIC)

– Fox Contigo del 23 de agosto de 2003. Parte II

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