De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano— habría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Un personaje que mucho llamó la atención de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Puebla, en la encerrona convocada por la presidenta Blanca Alcalá Ruiz el viernes pasado, en el Centro Vacacional de Metepec, fue Juan Carlos Morales Páez.

Su presencia no pasó desapercibida, y menos en una reunión privada y de autoevaluación, en la que con la ayuda del director de la consultora Opina, Rigoberto Benítez Trujillo, los secretarios del gabinete municipal analizaron desde su perspectiva los aciertos y yerros de la administración de Blanca Alcalá en su primer año de gestión.

¿Y qué hace aquí Juan Carlos Morales?, era la pregunta que no pocos se hacían sobre la enigmática presencia del ex funcionario morenovallista.

A cuatro días de esa reunión, la incógnita es hoy una certeza, de la que nada contentos están algunos funcionarios priístas.

Y es que Juan Carlos Morales Páez será nombrado, con la venia de los regidores panistas y del senador del mismo partido, Rafael Moreno Valle Rosas, director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, instancia municipal creada a propuesta de la regidora del PAN, María Isabel Ortiz Mantilla.

El resquemor no es gratuito, pues el susodicho —que hasta ayer todavía cobraba como subdirector de Planeación y Finanzas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)— es un personaje cercanísimo a Moreno Valle, tanto que era uno de los integrantes del llamado G-9, es decir, del círculo compacto del ex secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio melquiadista.

Incluso en la gestión municipal de Enrique Doger, en la que también colaboró como secretario Planeación e Inversión Pública y secretario de Desarrollo Social, Morales Páez nunca perdió su filiación morenovallista.

Su inminente designación es atribuida también a un par de funcionarios de la actual administración municipal. Uno es Ernesto Ramírez López, quien en los hechos es más que el coordinador de asesores de la presidenta municipal, y la otra es Rocío Moreno Mendoza, subcontralora de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control.

El primero, según esta versión, fue el encargado de consensuar su nombramiento con los regidores del PAN, en especial con María Isabel Ortiz y María de los Ángeles Garfias López, a través de Eduardo Alcántara Montiel.

La segunda, la subcontralora municipal, fue quien se encargó de acercar a su antiguo jefe, Morales Páez, con la presidenta municipal, en un viaje que ambas realizaron a Washington el año pasado. Rocío Moreno llegó a vivir a Puebla, procedente del Distrito Federal, hace nueve años, a invitación de quien este viernes se convertirá en director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, que tendrá bajo su responsabilidad al Organismo Operador del Servicio de Limpia y las direcciones de Gestión y Desarrollo Sustentable, y de Servicios Públicos que hoy dependen de Sergio de la Luz Vergara Berdejo.

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Quien también regresará a la administración pública, vía la nueva Agencia de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, es Sofía Quiroz Hernández, ex directora de Administración del Instituto Electoral del Estado.

Sofía Quiroz será nombrada subdirectora Administrativa.

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Simón dice: “Fui comunista hasta que me di cuenta que el partido soviético no era comunista”
Marguerite Duras, escritora.

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