Finalmente no serán tres ni cuatro los funcionarios de primer nivel del equipo de Blanca Alcalá Ruiz que se integrarán al gabinete de Rafael Moreno Valle Rosas y al de Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno, sino por lo menos seis.

Además de los nombres que le mencioné hace un par de días, agregue los de Rocío Moreno Mendoza, actual coordinadora general de Transparencia, y de Pedro Ocejo Tarno, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Rocío Moreno se integrará a la Secretaría General de Gobierno, por invitación de Fernando Manzanilla; y Pedro Ocejo al Consejo de Cultura del estado, como secretario técnico o secretario ejecutivo, por recomendación del futuro titular de la SEP, Luis Maldonado Venegas.

Los otros cuatro funcionarios del actual ayuntamiento de Puebla que ya tienen una invitación formal para integrarse, a partir del 1 de febrero del año entrante —o antes—, al equipo de Fernando Manzanilla son: Emilio Trinidad Zalvídar, quien asumirá la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno; Manuel Alonso García, quien pasará, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a una Dirección en esta dependencia del estado.

Eduardo Vázquez Rossáinz dejará la Dirección del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata del ayuntamiento de Puebla para ocupar este mismo cargo, pero dentro del Consejo Estatal de Seguridad; y María Fernanda Diez Torres, quien ocupará una dirección en la Coordinación General de Gabinetes, oficina que también dependerá de la Secretaría General de Gobierno.

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A propósito.

El coordinador general de gabinetes de la Secretaría General de Gobierno, en la gestión de Rafael Moreno Valle, será Mario Mendoza Marichal.

Mendoza Marichal es hijo Mario Alfredo Mendoza López, exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado. Cursó la licenciatura en Economía en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y obtuvo la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago.

Su carrera en consultoría inició en Booz, Allen & Hamilton, donde se desempeñó como asociado de verano. Posteriormente colaboró en Mercer Management Consulting durante 6 años, en donde llegó a ser socio de la oficina de México.

Ha sido asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del coordinador de Proyectos Productivos del estado de Puebla y del ayuntamiento de la capital.

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Hasta el momento son casi cien los artistas, escritores, creadores, académicos e intelectuales que han firmado una carta abierta dirigida a las próximas autoridades estatales pronunciándose en contra de la desaparición de la Secretaría de Cultura del estado.

Entre los firmantes de la misiva destacan:

Juan Carlos Canales Fernández, Julio Eutiquio Sarabia, Ricardo Moreno Botello, Oscar López Hernández, Rosa Borrás, Federico Vite, Jaime Wolfson, Gabriel Wolfson, Alejandro Badillo, Eduardo Montagner Anguiano.

Aquí el texto de la carta abierta:

A la opinión pública

Durante los últimos ochenta o noventa años los mexicanos hemos visto cómo el país ha sido reinventado cada sexenio. Una tradición antidemocrática ha sido la herencia que nos volverá indignos si la acogemos nuevamente como una más de nuestras prácticas.

Si no la podemos aceptar, mucho menos podemos permitir que se legisle una y otra vez para satisfacer al gobierno en turno antes que para ofrecer a los ciudadanos una vida menos insípida y más participativa. Creemos que es una obligación del Estado procurar alternativas de consumo frente a las industrias culturales. Anhelamos para la presente y para las futuras generaciones un tiempo de ocio creativo y un sentido solidario.

Cuando está por cumplirse el arribo de un nuevo gobierno, el rumor desplaza probables argumentos y probables propuestas que debieran estar a disposición de los ciudadanos para ser juzgados. Se dice, entre otras cosas, que la Secretaría de Cultura habrá de fusionarse con la de Educación. Aunque sin educación la cultura se torna un hecho precario, no es menos cierto que una y otra son ámbitos que reclaman saberes y estrategias muy distintos. Los problemas de la educación en el estado son tan alarmantes que exigen una Secretaría ajena a cualquier otra distracción de otra índole, por muy próximos que los avatares de la cultura parezcan. Del mismo modo, las necesidades culturales de la ciudadanía, fundamentales para el buen gobierno, el desarrollo individual y la convivencia política, ameritan un espacio de acción específico. Por eso nos parece un yerro mayúsculo de la nueva administración que se pretenda incorporar la Secretaría de Cultura a la de Educación. Sería absurdo que los yerros de quienes la han dirigido en otros tiempos lleven a pensar en su desaparición. Un razonamiento así llevaría a conjeturar otro de orden muy pedestre: que los desatinos de nuestros gobernantes se cancelen de una vez por todas al prescindir de todo gobierno. No cabe ni es deseable un propósito de ese talante.

No debe desaparecer la Secretaría de Cultura porque ella misma, como entidad, representa un bastión importante de nuestras aspiraciones como seres cuyos nutrientes no sólo son materiales.

Sí deben desaparecer aquellos hábitos que en el pasado adulteraron los fines para los que fue creada.

Sí deben los servidores públicos que allí arriben apegarse a la ley de cultura que, en su momento, aprobó el Congreso del Estado: para que en adelante no se pretexte ambigüedad, dicha ley deberá examinarse y enmendarse en su faltas.

Sí debe hacer entrada en esa dependencia la racionalidad administrativa y considerar que su desempeño atañe a un territorio de 217 municipios.

Sí debe desaparecer la burocracia omisa, lerda y enquistada para satisfacer sus propios intereses.

No debe ser la Secretaría de Cultura en adelante un instrumento de propaganda sino la instancia que otorgue satisfactores estéticos a una población de uno u otro partido, de una u otra creencia. Si desde la cultura se fomentan aspiraciones ciudadanas, tendremos más y mejores votantes, mejores interlocutores y mejores gobernantes. En suma, individuos conocedores del valor que hay en la tolerancia frente al otro.

Los abajo firmantes:

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Simón dice:

«Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.»

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) Escritor italiano.

 A juzgar por la lista de prospectos priístas a diputados al Congreso del estado por los 26 distritos de la entidad, la próxima legislatura no será mejor que la saliente.

La mayoría de los nombres ventilados hasta el momento como candidatos a integrar la LVIII Legislatura local son pipitilla. 

No sólo se trata de hombres y mujeres que resultan desconocidos para los electores, sino de políticos de bajo perfil y con escasos, por no decir, nulos méritos profesionales o académicos.

Lo más que se conoce de varios de los candidatos a diputados del PRI son sus vínculos familiares y afectivos con políticos de más peso o trayectoria.

O dígame si no el mayor mérito del candidato a diputado por el distrito 1, Víctor Manuel Carreto Pacheco, es ser hijo del eterno líder sindical del Suterm, Víctor Manuel Fernández de Lara.

O qué virtud tiene la candidata a diputada por el distrito 2, Xitlalic Ceja García, más allá de ser la esposa del compadre y paisano de Javier López Zavala, el subsecretario de la SCT, Lázaro Jiménez Aquino.

O si la candidatura de Silvia Argüello de Julián, por el distrito 3, no depende más de una recomendación del hijo mayor del gobernador Mario Marín, que de su trayectoria o cualidades como política de nuevo cuño.

O qué pueden aportar al quehacer legislativo personas como María Luisa Conde Montaño, propuesta por el distrito 4 de Puebla; Edgar Salomón Escorza, por el distrito 7 de San Martín Texmelucan; Ana Bertha Cervantes Munguía, por el distrito 8 de Cholula; o Ricardo Urzúa Rivera, por el distrito 25 de Huauchinango.

O qué obra de valía realizaron en sus municipios, donde fueron alcaldes, Filiberto Guevara González, propuesto por el distrito 10 de Izúcar de Matamoros; Félix Alejo Domínguez, por el distrito 14 de Tehuacán; Julián Isidro Camarillo, por el 17 de Tecamachalco; Juan Manuel Jiménez, por el distrito 19 de Ciudad Serdán; y Juan Antonio Martínez, por el 21 de Teziutlán.

Para consultar la lista de aspirantes del PRI a diputados haga clic aquí.

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El candidato de la coalición opositora a la gubernatura de la entidad, Rafael Moreno Valle Rosas, no sólo se ha convertido en el gran elector de candidatos a presidentes municipales, sino en el fiel de la balanza en las intensas y complicadas negociaciones de los dirigentes partidistas que integran la alianza Compromiso por Puebla.

De hecho, cuando Moreno Valle deja de acudir a estas juntas de los dirigentes del PAN, PRD, PANAL y Convergencia, regularmente se empantanan o suspenden la reunión por falta de acuerdos.

Cuando asiste, en cambio, las discusiones y desacuerdos no desaparecen pero logran zanjarse de manera pragmática, aunque no siempre en estricto apego a lo que se firmó en el convenio de coalición total de la alianza Compromiso por Puebla.

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Tremendo pancho armó el domingo por la noche el flamante delegado de la Procuraduría Agraria, Roberto Grajales Espina, cuando amenazó y agredió a un empleado del Comité Directivo Estatal del PAN, de nombre Leobardo Mendoza, por suponer que éste hacía trampa en la elección interna de candidatos a diputados de representación proporcional, en perjuicio de Blanca Jiménez.

Testigos de los hechos refieren que Boby Grajales se puso como energúmeno al ver que del vehículo de Leobardo Mendoza descendía uno de los presidentes de estructura municipal cargando un paquete electoral diferente al que aquél llevaba.

En su rabieta, el delegado de la SRA arrancó el asiento y la alfombra del auto del empleado del Comité Estatal, al tiempo de proferirle toda clase de insultos y amenazas, que aquél aguantó de manera estoica, lo que evitó un escándalo mayor a las puertas de las oficinas del PAN de la colonia Bugambilias.

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Simón dice:

«La gente, en general, soporta mucho mejor que se hable de sus vicios y crímenes, que de sus fracasos y debilidades».

Conde de Chesterfield (1694-1773) Político y escritor inglés. 

Aprovechando que las leyes electorales mexicanas y estatales le prohíben hacer proselitismo hasta el próximo 2 de abril, cuando se inicia la campaña constitucional, el candidato de la coalición opositora Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, se fue de gira electoral a Nueva York.

Mientras en la aldea, sus compañeros diputados del PAN presentaban una denuncia en contra del legislador priísta Víctor Huerta Morales por andar promoviendo en el Sicom a Javier López Zavala, este martes en La Gran Manzana, Moreno Valle hizo campaña entre los paisanos de diferentes organizaciones de migrantes.

Durante uno de esos encuentros, el senador con licencia presentó algunas propuestas que, si no fuera porque los dirigentes de la comunidad latina en Nueva York desconocen las leyes y los programas existentes en México, resultarían novedosas.

Por ejemplo, el candidato de la coalición opositora —de acuerdo con una nota de la corresponsal del Diario de México, Zaira Cortés García, fechada el 16 de marzo— planteó como urgente que «los recursos generados por el Consulado Mexicano no regresen al Gobierno Federal«, sino «se queden en Nueva York para financiar más programas que den respuesta a las necesidades de la comunidad mexicana».

Lo que Moreno Valle no les dijo —no sé si por omisión, desconocimiento o mala fe— es que el Senado aprobó hace tres años esa medida, tal como se establece en el Artículo 2 Fracción XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, así como el Capítulo II de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ley Federal de Derechos.

El abanderado de la coalición Compromiso por Puebla también propuso la creación de un programa de vivienda en beneficio del inmigrante poblano y su familia, sin aclararle a su auditorio que ya existe el Programa de Vivienda para Mexicanos en el Exterior, resultado de la colaboración del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Una tercera oferta que Moreno Valle hizo a los paisanos de Nueva York fue fortalecer la actividad turística en algunas localidades de la Sierra Norte de la entidad con un gran potencial, algo que tampoco resulta muy novedoso porque ya existe un programa de la Secretaría de Turismo del gobierno federal que las apoya. Dicho programa se denomina Pueblos Mágicos, y en él están incluidos dos municipios de la Sierra Norte: Cuetzalan y Zacatlán.

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Tras un segundo intento, el presidente municipal de Tehuacán, Félix Alejo Domínguez, logró que su Cabildo le aprobara una licencia para separarse del cargo por tres meses, a fin de que pueda participar en las próximas elecciones como candidato a diputado local por el distrito XIV con cabecera en la ciudad de las granadas.

Lo increíble del caso es que el ahora munícipe con licencia aclaró que, gane o pierda los comicios del 4 de julio, regresará a gobernar el ayuntamiento de Tehuacán. Ya sea de julio a diciembre, si es electo diputado a la LVIII Legislatura local; o de julio a febrero en caso de ser derrotado en las urnas, lo que no es descabellado.

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Este martes se reunieron para revisar los nuevos spots del PRI y su pautado en las estaciones de radio y televisión de Puebla, el presidente y la secretaria general del Comité Directivo Estatal del tricolor, Alejandro Armenta Mier y Claudia Hernández Medina, con el secretario de Prensa y Propaganda del partido, José Tomé Cabrera, y el responsable de la comunicación social de Javier López Zavala, Ismael Ríos Delgadillo.

Ahí trascendió que los nuevos spots van encaminados a enaltecer el orgullo de ser priísta y remarcar que hoy el tricolor es un partido aceptado y posicionado en el ánimo de los electores por su experiencia para gobernar.

Durante la reunión, en el hotel Lastra, a José Tomé se le dijo que no le permitirían un nuevo error con el pautado de los spots, como ocurrió con los últimos de Javier López Zavala, que le merecieron al PRI una denuncia ante el IFE.

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Este miércoles, a las 19 horas, se reunirán los miembros del movimiento Puebla de Acuerdo para entregar a los dirigentes y candidatos de la coalición Compromiso por Puebla una veintena de nombres que esperan sean incluidos en la planilla de regidores y síndico del municipio capitalino, entre los que estarán dirigentes de la sociedad civil, académicos, ecologistas, exconsejeros electorales, empresarios y también representantes del PAN y otros partidos de izquierda.

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Simón dice:

«El futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de sesenta minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea.»

Clive Staples Lewis (1898-1963). Escritor británico.

Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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Uno de los pendientes —y vaya que lo es— del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, con la calidad educativa y la excelencia académica, son las escuelas incorporadas a la máxima casa de estudios, que andan por la calle de la amargura en materia de acreditaciones y programas de calidad.

Y es que no es posible que el 97% de los programas de licenciatura de la UAP cuenten con alguna certificación, ya sea del COPAES, CIEES o Conacyt, y la situación de las doce instituciones de educación superior incorporadas a ella —y que incluso se publicitan con su logo— sea totalmente diferente.

¿O cómo entender que la UAP presuma que el 97% de sus programas de licenciatura son de calidad y, en cambio, las escuelas pertenecientes a su Sistema de Educación Superior Incorporado no cuenten siquiera con uno? ¿O es que el discurso de la calidad sólo aplica para los que votan en la UAP, mas no para los alumnos y docentes de sus 12 instituciones incorporadas? ¿O es que la UAP también se siente orgullosa de sus universidades patito?

Ojalá y no.

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Trivia:

¿Alguien sabe en manos de quién quedaron la residencia y los dos vehículos que el Comité Directivo Estatal del PRI rifó en el proceso local electoral del 2007, como una estrategia para allegarse recursos para su campaña política?

Los boletos fueron acomodados entre funcionarios públicos de la administración estatal, de primero y segundo niveles, así como entre candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La respuesta es todo un escándalo.

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El próximo 3 de septiembre, el secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, vendrá a poner en marcha el llamado Movimiento Laboral 2008, organización local que agrupa a dirigentes empresariales, líderes sindicales, académicos y funcionarios del sector, cuyo objetivo es propiciar una cultura laboral apegada a valores como la competitividad, la puntualidad, la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza.

Dicho movimiento será coordinado en Puebla por el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y el delegado de la Secretaría del Trabajo, Carlos Ortiz Rosas.

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Y hasta mañana.

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