Lecciones

1. En política, los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad

Para muestra, las críticas de Enrique Doger Guerrero a su otrora aliado Rafael Moreno Valle. O las buenas relaciones que hasta antes de la campaña mantenía el aspirante panista con Jorge Estefan Chidiac, quien incluso lo invitó a cenar, junto con su concuño Antonio Galy Fayad, a su residencia en el fraccionamiento La Vista.

2. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira

Nada mejor para probarlo que los diputados de la LV Legislatura del Congreso del estado , que sin chistar aprobaron la cuenta pública de 2002 del gobernador Melquiades Morales y Rafael Moreno Valle, a la sazón secretario de Finanzas y Desarrollo Social, y hoy —siete años después— vienen a descubrir abusos, excesos y transferencias ilegales en esa gestión gubernamental.

3. Rendir cuentas ante el Congreso del estado es como hacerlo ante la carabina de Ambrosio.

Como botón de muestra, las ilegales inversiones realizadas por Rafael Moreno Valle en instrumentos de alto riesgo en el extranjero, avaladas y solventadas en su momento por la Sedecap y el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo , pese a que el artículo 117 de la Constitución señala que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, «contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional».

4. La discrecionalidad en la toma de decisiones y la asignación de recursos da pie a la corrupción

Un ejemplo claro es la partida denominada «Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro«, creada durante la gestión de Moreno Valle como secretario de Finanzas y de la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización: Academia Metropolitana, a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Dicha partida secreta desapareció en 2002, un mes antes de que Moreno Valle dejara la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social.

5. El que escupe para arriba, en la cara le cae

Las críticas de Enrique Doger y Jorge Estefan al desempeño de su otrora aliado, el candidato de la coalición opositora, Rafael Moreno Valle, pueden convertirse en un boomerang, pues no sólo han puesto en entredicho la gestión de Melquiades Morales sino abierto la caja de Pandora para que la administración de Mario Marín sea medida con el mismo rasero que aquél.

Lo que significa que el actual mandatario tendría que explicar también cuánto se gasta o cuánto se ha gastado en asesorías, estudios de investigación, imagen y comunicación social; por qué las obras de su gobierno son tan caras y no se terminan en los tiempos previstos; y por qué la resistencia a adoptar como sistema de rendición de cuentas el Infomex, que él mismo se comprometió a implementar desde diciembre de 2008.

 Propuestas

1. Que el próximo secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado se comprometa a hacer pública su declaración patrimonial al tomar posesión del cargo, y al despedirse de él.

2. Que el próximo gobernador se comprometa a enviar una iniciativa de Ley al Congreso para unificar en una sola instancia —que goce de autonomía financiera— a todos los órganos y dependencias encargados de vigilar a los servidores públicos y de fiscalizar los recursos públicos bajo su responsabilidad, como la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y el Órgano de Fiscalización que, visto está, no sirven para nada.

3. Que el futuro contralor o auditor general de esta instancia no sea designado por el Ejecutivo del estado, sino que surja de una terna de reconocidos y prestigiados especialistas en la materia propuesta por la fracción que se convierta en la primera minoría dentro del Poder Legislativo.

4. Que las cuentas públicas del Ejecutivo y demás Poderes y organismos de gobierno se publiquen completas, es decir con las observaciones de los auditores externos y los reportes de cómo fueron solventadas, si es que así ocurrió.

5. Que se implemente de inmediato el Infomex como sistema de rendición de cuentas y como plataforma para que las autoridades respondan las solicitudes de información pública que se les hacen, en lugar del inútil y obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

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Simón dice:

«Son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando el ánimo se siente airado que cuando está tranquilo.»

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escritor, orador y político romano.

Ayer le decía que la mayor irregularidad —por no decir transa— con las compras directas que por casi 300 millones de pesos autorizó a finales del pasado el secretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, a dos proveedores de la dependencia, no recaía tanto en la violación a la Ley de Adquisiciones, sino en los sobreprecios que se pagaron a los empresarios que surtieron tales pedidos.

En concreto a los señores Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez, quienes a través de diferentes compañías han monopolizado en la Secretaría de Salud de Puebla las compras de muebles, equipos e instrumental médico, así como los servicios de mantenimiento a equipo e instalaciones sanitarias y de proveeduría de uniformes y otros insumos clínicos y hospitalarios.

Para documentar el tamaño de los abusos cometidos por estos proveedores, en complicidad con el secretario de Salud y funcionarios de la Contraloría del estado, hoy le presento algunos ejemplos de artículos que fueron sobrefacturados y pagados en diciembre pasado con fondos del Seguro Popular.

Caso 1

Una mesa Pasteur, con barandal de alambrón de acero inoxidable, marca Tecnoeq-Mex, modelo MSP-01, que en el mercado local puede adquirirse entre 1,500 y 2,000 pesos, la Secretaría de Salud la pagó en 9,950 pesos, de acuerdo con la factura 0071 de Soluciones Integrales en Biomedicina por un monto de 253 mil 560 pesos.

Caso 2

Una mesa de exploración, con cajón despachador de papel de lámina de acero, que cualquier persona puede adquirir en una de las tiendas de muebles clínicos y hospitalarios que funcionan en las inmediaciones del Hospital Universitario en 3,000 ó 3,500 pesos, la dependencia encabezada por Alfredo Arango la pagó en 21 mil 130 pesos.

Caso 3

Una mesa para atención a recién nacidos con estadímetro, colchoneta y separador intermedio modelo M180-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que tiendas especializadas de Puebla o el Distrito Federal la venden en alrededor de 3,500 pesos, fue adquirida por la Secretaría de Salud en 28 mil 350 pesos, de acuerdo con la factura 0076 de la misma empresa de Rafael Zabalza.

Caso 4

Un esterilizador de vapor autogenerado de mesa para dental y maxilofacial de 21 litros, integrado con equipo semiportátil y otros aditamentos marca OTSA, que cualquier médico o cirujano dentista puede comprar en 32 mil pesos, fue pagado con la factura 0079 de Soluciones Integrales en Biomedicina en 53 mil 200 pesos.

Caso 5

Espejos ginecológicos vaginales, que en cualquier tienda del ramo se venden en menos de 500 pesos o en 390 pesos al mayoreo, la Secretaría de Salud los pagó en 1,010 pesos, según la factura 1575 de la empresa Profesionales IEMC de Genaro Castillo.

Caso 6

Fórceps dentales marca Kuality, que en el mercado de los dentistas valen 1,300 pesos la pieza, la dependencia a cargo de Arango García los adquirió en 3,267 pesos, de acuerdo con las facturas 1579, 1580 y 1581 del mismo proveedor.

Caso 7

Camas individuales con colchón de espuma, modelo TEQ.CM-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que el fabricante vende en cerca de mil pesos, se pagaron en 4,700 pesos, de acuerdo con la factura 1590 de la citada empresa de Genaro Castillo.

Caso 8

Lámparas quirúrgicas portátiles para emergencia, modelo TEQ-LAPQPE-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que pueden adquirirse a precio de mayoreo en alrededor de 7,000 pesos, la Secretaría de Salud las pagó en 19 mil 150 pesos.

Caso 9

Esterilizadores de calor seco modelo Mo72 de la marca Lorma, que según cotizaciones de proveedores locales tienen un costo de entre 2,800 y 3,200 pesos, la dependencia de Alfredo Arango los adquirió a otra de las empresas de Rafael Zabalza —Electromedicina Integral Asere— en 18 mil 280 pesos, de acuerdo con la factura 337.

Caso 10  Unidades estomatológicas básicas con lámpara integrada, modelo 2003A-MA de la marca Comforte, que en tiendas para médicos dentistas, pueden comprarse hasta en 40 mil pesos, el proveedor exclusivo de Salud las vendió en 107 mil 35 pesos, con la factura 346.

Estos casos explican por qué Alfredo Arango viola la Ley de Adquisiciones, por qué prefiere asignar en forma directa las compras de la Secretaría de Salud antes que licitarlas y por qué proveedores como Zabalza y Castillo —a quienes el último cuatrimestre del año se les hicieron compras por casi 300 millones de pesos— se han enriquecido en lo que va del sexenio, a costa de la salud y atención médica de los poblanos.

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Este jueves visitará la Angelópolis, el coordinador de los Senadores del PAN, Gustavo Madero Muñoz, para sumarse a la precandidatura por la gubernatura de Puebla de quien fuera su compañero de escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, Rafael Moreno Valle Rosas.

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Simón dice:

«El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo».

Gabriel García Márquez (1927-?). Escritor colombiano y premio Nobel de literatura

* Sin licitación, Arango adjudica 300 millones a dos proveedores

* Rafael Zabalza y Genaro Castillo sobrefacturan compras

Ahora que este martes comparezca ante el Congreso del estado el secretario de Salud, José Alfredo Arango García, ojalá explique por qué adjudicó casi 300 millones de pesos de manera directa a dos proveedores —Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez—, pero sobre todo por qué pagó sobreprecios en varios de los insumos, medicamentos y equipos que adquirió en el último cuatrimestre del año pasado.

Según reportes de la propia Secretaría de Salud, a las empresas de Rafael Zabalza — Grupo Naciomex, Electromedicina Integral Asere, Soluciones Integrales en Biomedicina, y Equipos y Servicios Hospitalarios Kolko— se le adjudicaron sin que mediara licitación pública 210 millones 327 mil pesos, y a las compañías de Genaro Castillo —Alfredo Nava Domínguez y Profesionales IEMC— 68 millones 24 mil pesos.

Ambos proveedores, de quienes ya nos hemos ocupado en anteriores entregas, siguen siendo los consentidos de la Secretaría de Salud. Lo eran con el primer secretario del ramo en el sexenio marinista, Roberto Morales Flores, y lo continúan siendo ahora con Alfredo Arango, pero con mayor descaro.

Otros proveedores a los que también se les hicieron compras directas —al margen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal— son Farmacias Nacionales, Juan Esperón Fuentes, Juan Catarino Hipólito y Gabriel Rico.

A Farmacias Nacionales se le adjudicaron compras directas por 12 millones 676 mil pesos; a Juan Esperón por 11 millones 885 mil; a Juan Catarino por 5 millones 26 mil pesos; y a Gabriel Rico por 3 millones 348 mil pesos.

Sin embargo, lo más delicado no son tanto las adquisiciones directas, al margen de la normatividad vigente, sino los sobreprecios que la Secretaría de Salud pagó por varios de los artículos, utensilios, medicamentos y equipos médicos que le fueron surtidos.

De los muchos productos y artículos que la dependencia encabezada por Alfredo Arango adquirió con sobrecosto, le enlisto a continuación algunos ejemplos.

Refrigeradores para vacunas, con clave 533.786.0034. Estos fueron comprados en forma directa a razón de 129 mil 500 pesos, cuando en realidad valen menos de 20 mil pesos.

De estos refrigeradores, 27 fueron facturados por la empresa Profesionales IEMC, de Genaro Castillo, en más de 4 millones de pesos; y 4 por la compañía Soluciones Integrales en Biomedicina, de Rafael Zabalza, con la factura 0088.

Espejos ginecológicos vaginales, con claves 537.375.0321 y 537.375.0305, cuyas piezas valen menos de 100 pesos, pero que la Secretaría de Salud pagó a 1,100 pesos, de acuerdo con la factura 1575 de Profesionales IEMC.

Más de 400 fórceps dentales, con 16 claves diferentes, que fueron pagados al doble o triple de su precio con las facturas 1866, 1867 y 1868 a Genaro Castillo a través de la empresa Alfredo Nava Domínguez.

Más de 40 mil jarabes multivitamínicos, por los cuales la Secretaría de Salud pagó con fondos del Seguro Popular en 2 millones 701 mil pesos, a razón de 67.50 pesos el frasco, cuando éstos mismos jarabes pueden adquirirse en el mercado a menos de 50 pesos.

La lista de productos, equipos y demás insumos es muy grande, aunque no del tamaño de los abusos y las corruptelas de los funcionarios y proveedores de la Secretaría de Salud, que ha sido una de las peores en la administración de Mario Marín Torres, primero con Roberto Morales, luego con Antonio Marín y López y ahora con Alfredo Arango.

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Simón dice:

«Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella».

Joan Baez (1941-?) Cantante estadounidense de música de protesta.

El panista Rafael Moreno Valle Rosas y el priísta Enrique Doger Guerrero volvieron a reunirse anoche por casi hora y media, en el hotel Fiesta Inn del Parque Industrial Finsa.

La reunión tuvo lugar en el restaurante Café Fiesta entre las 21 y las 22:30 horas.

El exalcalde Doger fue el primero en retirarse por la parte de enfrente del hotel; el senador Moreno Valle lo hizo minutos después por el estacionamiento ubicado en la parte posterior.

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No le falta razón a la señora Ana Teresa Aranda Orozco y a sus seguidores para cuestionar la imparcialidad de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones del PAN, Leonor Popócatl Gutiérrez.

El corazón de la legisladora local panista no sólo late fuerte y claro por el senador Rafael Moreno Valle Rosas, sino también el de su pareja sentimental, el regidor del ayuntamiento de Atlixco, Óscar Francisco Daza Ramírez, quien incluso forma parte de su equipo de operadores.

Óscar Daza fue uno de los responsables de fortalecer la estructura morenovallista desde la Secretaría de Organización del CDE del PAN, cuando ésta era comandada por Félix Hernández Hernández en la gestión de Rafael Micalco Méndez.

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Sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Los Reyes, Antorcha Campesina pagó un espectacular para denunciar al «gobierno represor de Mario Marín», y advertir que no bajará las manos en su lucha por lograr beneficios para las pobres.

A la par, miembros de la organización dirigida por Aquiles Córdova Morán reparten volantes a los automovilistas que cruzan la caseta de San Marcos o Chalco, en los que aseguran que los operadores políticos del gobernador están equivocados si creen que Antorcha Campesina se dará por vencida.

Los antorchistas, que desde hace ocho meses mantienen un plantón frente a Casa Aguayo, tienen previstas nuevas acciones de protesta para este viernes en la ciudad de Puebla y en las inmediaciones del Congreso del estado, donde el gobernador Marín rendirá su penúltimo informe de actividades.

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Ayer me fue enviada una denuncia en contra del director de Operación del Transporte de la SCT, Anuar Musalem Valencia, por diversos abusos y actos de extorsión en contra de permisionarios y operadores del transporte público de pasajeros.

Aquí parte del texto:

«En lo que va del sexenio solamente se ha dedicado a presionarnos para que entreguemos cuotas que no sabemos a dónde van a parar.

«Nuestros líderes nos han pedido cerrar la boca, pero ya no estamos de acuerdo en que todo lo arreglen arriba y el dinero lo saquen de abajo.

«Somos testigos de cómo a nosotros se nos acosa, mientras por todo el estado circulan camiones de gas, traileros, ladrilleros y piperos, sin los mínimos requerimientos de seguridad, con la amplia protección del señor Anuar Musalem, que se dice intocable, pero que no da la cara, y manda a su lugarteniente Erubén Álvarez, quien es el que cobra a nombre de él.

«¿Sabrá su patrón Valentín Meneses, que el angelito de Musalem se ha dedicado a revivir concesiones que ya estaban muertas, para luego otorgárselas a familiares o venderlas al mejor postor?

«¿Sabrá el gobernador de los más de 100 permisos diarios que vende a $1,500.00 diarios para permitir que muchos vehículos, como taxis, camiones o rutas, como la Galgos del Sur, circulen sin placas o sin papeles en regla?»

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Simón dice:

«Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo».

Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés.

Los consejeros del Instituto Electoral del Estado empezaron a discutir un proyecto de reformas al Código Electoral vigente, sin mayores alcances que corregir algunos aspectos operativos del organismo.

Entre otras cosas, los consejeros pretenden modificar el nombre del IEE, añadiéndole las palabras “de Puebla”, pues actualmente no se sabe si pertenece a ésta o alguna otra entidad; tampoco si es Instituto Estatal o Instituto Electoral del Estado.

En el anteproyecto, que ya comenzó a discutirse en mesas de trabajo, los consejeros también quieren proponer la creación de una Dirección de Planeación; eliminar el concepto de reelección para el cargo de director general del Instituto y, en su lugar, precisar que quien ocupe tal puesto puede ser ratificado por un único periodo de seis años.

Adicionalmente, los consejeros quieren que en el Código Electoral del estado se  establezca un mínimo de documentos que deben entregar los candidatos al momento de su registro, pues hoy ––según ellos–– basta con presentar una hoja con su nombre y su intención expresa de participar en una elección para que sean registrados.

Otra cuestión que también quieren incorporar en la reforma es la delimitación y alcance de las atribuciones, facultades y obligaciones del presidente del Instituto, del director general, de la Junta Ejecutiva y de la Contraloría Interna, pues la ambigüedad que hoy prevalece en la normatividad que rige a estas figuras propicia abusos, malos entendidos y una gran discrecionalidad, en perjuicio del patrimonio del máximo órgano electoral del estado.

El proyecto, se estima, estará listo dentro de dos o tres meses, para ser presentado al pleno de la LVII Legislatura del Congreso del estado.

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Este día se definirán las fechas, horas y prácticas del diplomado en campañas electorales que ofrecerán, a partir del 26 de marzo, la Universidad George Washington y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por lo pronto puedo adelantarles que el diplomado constará de más de 60 horas, que  será teórico y práctico los días jueves y viernes, durante cinco semanas por lo menos.

El costo rondará los 15 mil pesos y será impartido por profesores de la Universidad George Washington, así como por docentes e investigadores de la BUAP, a partir del último jueves de marzo.

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Trivia:

¿Quién es el político poblano, que llora lágrimas negras, por haber resultado afectado con el megafraude cometido por Stanford Fondos (unidad local de Stanford Financial Group)?
Un tip:

Su situación es tan incómoda que no está en condiciones de demandar o hacer público su caso, pues no sabría como justificar su inexplicable fortuna en dólares.

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Simón dice:
“La fortuna se cansa de llevar siempre a un mismo hombre sobre las espaldas”
Baltasar Gracián, escritor español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Si alguna institución debe explicar a los poblanos los abusos y transas que se han cometido al amparo de las 1,081 hectáreas expropiadas por el gobierno federal en la zona conocida como Angelópolis, y que fueron transferidas al gobierno del estado en 1992, a través del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, es Bancomer.

Sí, me refiero a la institución bancaria que hace las veces de fiduciario en ese fideicomiso, y cuya misión es —o mejor dicho, debería ser— la de vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto origen de esa expropiación.

La reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl (antes Solidaridad) se creó como un instrumento de ordenamiento urbano y equilibrio ecológico para la zona metropolitana de Puebla, con el propósito de dotar de vivienda de interés social a cerca de 10 mil familias.

De más está decir que de esa meta, supuestamente prioritaria, no se llegó siquiera al 1%, pues los dos únicos desarrollos que encajan en esta categoría —Vivah 98 y la colonia Gobernadores— comprenden menos de 10 hectáreas.

Por el contrario, la reserva territorial —que abarca a los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula— ha sido fuente de millonarios e inconfesables negocios de funcionarios y directivos del fideicomiso que, coludidos con empresarios y especuladores inmobiliarios, han desvirtuado los objetivos sociales que le dieron origen.

De las 1,081 hectáreas de la reserva, al menos 161 —equivalentes al 14.8%— estaban destinadas al rubro de preservación ecológica. En la actualidad el número de hectáreas con este uso de suelo suman 56, incluyendo las 24 hectáreas que hoy Ricardo Henaine Mezher pretende vender en 400 millones de pesos.

Otra meta incumplida por el Fideicomiso —y de la cual el fiduciario, es decir, BBVA-Bancomer es responsable— está relacionada con la infraestructura vial en la zona.

La propuesta original contemplaba la construcción de 263 hectáreas de vialidades; hoy, la infraestructura vial apenas llega a 100 hectáreas, lo que explica los problemas de tránsito y saturación de vehículos en las horas pico.

Paradójicamente, el sector comercial ha sido el más beneficiado. Según el Programa Subregional de Ordenamiento Territorial expedido en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz las áreas comerciales y de servicios abarcarían menos de 70 hectáreas, es decir, el 6.45% de la reserva.

Actualmente los comercios y servicios se extienden sobre 167 hectáreas y siguen creciendo, al igual que los desarrollos residenciales y arquitectónicos de tipo medio y alto, muchos de los cuales pertenecen a funcionarios del gobierno del estado y ex directivos del fideicomiso de la reserva territorial, como el ex secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del gobierno melquiadista, Federico Bautista Alonso.

De ahí la pregunta inicial: ¿Y Bancomer apá?

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El hermano del ex delegado del CEN del PRI en Puebla, Maximiliano Silerio Esparza, salió ileso de un atentado ocurrido ayer en su natal Durango, en el que murieron los dirigentes de la Unión Ganadera de aquella entidad, David Avitia Torres y Manuel Berumen Berumen.

Matías Silerio Esparza, tesorero de la Unión Ganadera, y quien viajaba en el asiento trasero de la Suburban blanca que fue atacada con fusiles AR-15 y AKA 47, fue el único sobreviviente de esa agresión del crimen organizado.

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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Para que sus críticas, aportaciones o comentarios aparezcan en este blog, haga clic aquí.

* Gastó en telefonía celular tres veces más de lo autorizado
* Emmelhainz sustituirá a Toño Quintana en la UPAEP

La discusión y análisis de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado, por parte de la LVII Legislatura local, podría marcar el Waterloo de Jorge Sánchez Morales como consejero presidente del organismo.

Si de por si su credibilidad y confianza se encuentran bastante maltrechas, lo más probable es que cuando se hagan públicas sus mentiras sobre el informe financiero que presentó en marzo, así como sus excesos y abusos sobre algunas partidas presupuestales, su posición como presidente del IEE se vuelva insostenible.

Y más ahora que algunos consejeros y representantes de partidos políticos están que trinan contra él por haberlos excluido del seminario internacional campañas electorales exitosas, que tuvo lugar los días 5 y 6 de junio en el Centro de Convenciones, y por haber presumido el patrocinio de un curso sobre Derecho Electoral en la Ibero, que el mismo personal del Instituto se pagó.

Resulta que el jueves pasado, algunos consejeros y representantes de partidos políticos, como Hugo Aguilar Díaz, se presentaron al Centro de Convenciones y no se les permitió el acceso, con el argumento que los únicos inscritos para el evento eran los consejeros Joel Paredes Olguín, Paul Monterrosas Román, Víctor Rodríguez Serrano y Rosalba Velázquez Peñarrieta, y los representantes del PRI, José Alarcón Hernández, y del PANAL, Ricardo Mosqueda Lagunes.

La descortesía los tiene furiosos.

Inconsistencias financieras

Ahora que el ejercicio presupuestal de 2007 del IEE ha empezado a ser revisado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) del Congreso del estado, han comenzado a salir también algunas contradicciones e inconsistencias.

La primera novedad es que no hay uno, sino dos informes anuales por parte de Jorge Sánchez Morales; uno de 32 páginas, que se entregó a los miembros del Consejo General, en aquella sesión del 5 de  marzo; y otro más amplio de 74 páginas, que ofrece mayores detalles capítulo por capítulo sobre la forma en que aplicó el gasto del Instituto el año pasado.

El primer informe omite, por decir lo menos, algunos excesos y abusos en que incurrió el consejero presidente del IEE.

Para muestra un botón: la partida 3152 denominada Servicio de Telefonía Celular.

A la presidencia del IEE se le fijó un presupuesto anual por esta partida de 28,565 pesos, sin embargo hasta noviembre del 2007, según una solicitud de información, la oficina de Jorge Sánchez se había gastado 93,090.97 pesos.

Es decir, en sólo dos meses (julio y agosto), el consejero presidente rebasó el tope anual autorizado para toda su oficina, según acuerdo IEE/JE-045/2007.

Este pequeño detalle no aparece en ninguno de los dos informes, sino en la contestación a una petición de información registrada bajo la clave IEE/UT/022/08.

Otra inconsistencia en las cuentas reportadas por el IEE ante el Orfise es el supuesto remanente de 1´616,153.29 pesos registrado en el ejercicio del 2007.

Este, para empezar, nunca se reintegró a la Secretaría de Finanzas y Administración, sino que fue utilizado para cubrir adeudos del 2007 por 789,994.86 pesos y un déficit presupuestal por 817,158.43 pesos.

¿Dónde quedó entonces el supuesto remanente?

EN CORTO

Será en agosto próximo cuando Francisco Emmelhainz Naveda asuma la presidencia de la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en sustitución de José Antonio Quintana Fernández, quien por 35 años ha encabezado el patronato de esta institución. 
Emmelhainz se desempeña actualmente como vicepresidente de la Junta de Gobierno.